Monitor Presidencial: Cuenta Pública

Un Manifiesto Republicano Es innegable que Chile atraviesa un momento decisivo en su historia. Tenemos que volver a discutir sobre los principios que nos nutren y los objetivos que aspiramos alcanzar como sociedad y como país. La polarización, el debilitamiento institucional, el estancamiento económico producto de años de reformas de corte socialista y los intrincados momentos que hemos atravesado, como la violencia acaecida desde el 18 de octubre de 2019 y la pandemia del COVID-19, nos demostraron la fragilidad de fundamentos como la libertad, el orden, el Estado de Derecho, la propiedad privada y la economía de libre mercado, todos los anteriores, cimientos en los que se sostuvieron las décadas más exitosas en la historia de Chile. Muchos pensaban que el progreso estaba asegurado, que la pobreza y la desigualdad continuarían reduciéndose1, los sueldos y bienestar social aumentando y que Chile seguiría siendo el país con mayor movilidad social de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sin embargo, año años de discurso y propaganda cultural lograron, pese a los incuestionables logros sociales y económicos, situar a amplios márgenes de la población en contra de este modelo de desarrollo. Esta ofensiva encontró apenas cuestionamiento entre los defensores de la libertad, quienes, ya acomodados en el sector privado, abandonaron la cultura, la política, el Estado y los medios de comunicación, eludiendo la responsabilidad que hace tiempo ya señalaba Thomas Jefferson, al explicar que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Chile no se encuentra solo en el mundo. Este escenario de desavenencias sociales es global, con especial tensión en Occidente, donde incluso Estados Unidos y Europa están viendo sus propios fundamentos republicanos colapsar ante la presión de sectores políticos que buscan cambiar de raíz todos aquellos principios sobre los que se basa la convivencia pacífica, democrática y cooperativa entre los seres humanos.

Los síntomas están a la vista, son varios y reconocibles: la intolerancia y animadversión hacia el prójimo con base a sus principios morales y éticos; el castigo progresivo a la propiedad, la persecución del éxito personal, el fomento de un estado interventor; la identificación de enemigos irreductibles como lo son la empresa privada y el sistema de mercado; la protesta violenta y el vandalismo como justificación a la trasgresión de normas e irrespeto a la autoridad; resurgimiento de un discurso falaz de corte neo-marxista de lucha de sexos, razas, orientaciones sexuales, visiones corruptas de derechos humanos, de interpretación de la ciencia, hostigamiento a la fe cristiana; políticas públicas inútiles y hasta nocivas que disparan el gasto público nacional y que han sido implementadas sin importar la oposición de amplios sectores de la sociedad civil. 1 Cfr. Sapelli, Claudio, 2014. Desigualdad, movilidad, pobreza: necesidad de una política social diferente. Estudios Públicos, 134 (otoño 2014); Véase también Ferreira, Francisco; Messina, Julián; Rigolini, Jamele; López-Calva, LuisFelipe; Lugo, María; Vakis, Renos, 2013. La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina, Washington D.C., Banco Mundial. 3

Hoy existe un severo castigo social a todo quién denuncie o no acate las «transformaciones políticas» decididas por el consenso progresista; es decir, todo aquel que no se someta y defienda su libertad. Este castigo lo pagan quienes defienden, además de la libertad, a la familia; a la pequeña empresa como motor de crecimiento, la movilidad social y generación de empleos sustentables; las fronteras seguras para tener un país ordenado y estable; el ahorro y el valor del esfuerzo; la competencia sin ganadores determinados por el Estado; la igualdad de oportunidades; el derecho a vivir seguros y la paz social. Contrario a todos esos valores, el relato sobre el cual opera aquella transformación social totalitaria que mencionamos —maquinada y liderada ampliamente por círculos académicos, medios de prensa tradicionales, grandes empresas tecnológicas, organizaciones internacionales, sectores acomodados dentro del aparato burocrático estatal, empresarios favorecidos por la política y partidos políticos tradicionales— se fundamenta en el supuesto avance hacia una igualdad y la eliminación de toda distinción entre las personas, proceso llevado a cabo de una forma radical que va mucho más allá de la igualdad ante la ley ofrecida por el Estado de Derecho. De los resultados logrados hasta el minuto en Chile, se cumple a cabalidad la advertencia hecha por Milton Friedman hace varias décadas atrás: una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos. Dicha eliminación de distinciones se basa en un modelo involucionario que en filosofía se llama «deconstrucción», el cual asume el rol preponderante en la transformación social tras un continuo fracaso del viejo marxismo por convocar a la insurrección en términos estrictamente económicos y materiales en sociedades con un continuo ascenso de las clases medias. Por vía de exacerbar la discordia en la creación de múltiples movimientos sociales de denominadas «disidencias» y «minorías» de «oprimidos» la nueva izquierda divide a la ciudadanía y propaga el discurso de exigir supuestos derechos de representación exclusivos que, eventualmente, deslegitiman toda representatividad política. Se incluyen en esta articulación ideológica todos aquellos grupos que son utilizados en función de su identidad, por ejemplo, los mal llamados «enfoques de género» o «causas» relativas a pueblos indígenas, entre otros.

Cabe destacar, además, que en virtud de lo anterior existe la emergencia de un discurso de corrección política dominante actualmente que pretende acallar voces que le resulten incómodas o intolerables, y que su propósito es evadir a toda costa el enfrentamiento honesto y racional de ideas para, en lugar de ello, cosechar una espontánea aclamación pública basada en emociones impermeables a la evidencia y la lógica.2 Queda en evidencia que estas transformaciones y la animadversión civil entre conciudadanos no tienen como principio dar ninguna ayuda real a dichas «minorías», ni mucho menos hacer del mundo un lugar mejor. Se trata, en primer lugar, de cambios enfocados a una meta de control y dirección política de la sociedad, un control y 2 Vid. Kaiser, Axel, 2020. La Neoinquisición: persecución, censura y decadencia cultural en el SXXI, Madrid, Deusto. Véase también Peterson, Jordan; Fry, Stephen; Dyson, Michael; Goldberg, Michelle, 2018. Political Correctness Gone Mad? London, Oneworld Publications. 4

dirección que requiere una gigantesca ingeniería ideológica que atenta contra la naturaleza humana y que, por ende, impera sobre la base del descontento, el malestar, la falta de sentido, el nihilismo, la ira, y otras condiciones que prolongadas en el tiempo llevan a las personas a vivir de manera insana resultando con ello que la sociedad entera se contamine, corrompa y destruya sus instituciones. Ideológicamente, este escenario requiere de una progresiva eliminación de todos los ámbitos que dan forma y sustento a la vida civilizada tal y como la conocemos, no quedando en pie ni los conceptos de libertad, familia o Estado de Derecho; por ello, es requisito lucidez para identificar aquellos puntos de conflicto político en los cuales sea transgredido algún principio anteriormente referido, o bien, aquellas causas en las cuales, de perder, estaríamos hipotecando el futuro de Chile y con ello, el de nuestros hijos. Tenemos que fijarnos, por ejemplo, y tener en cuenta las leyes que podrían dañar significativamente nuestra economía hasta aquellas que pretenden emancipar a los hijos de sus padres para intervenir en su desarrollo psíquico y ético, pasando incluso por la distorsión y eliminación de nuestros fundamentos y símbolos nacionales —todo ello prioritario en la agenda de la izquierda—. Es completamente necesario mantenerse alerta, como guardianes, en todas las áreas retomando la iniciativa para fortalecer aquello que más apreciamos: avanzar hacia un futuro mejor. La comprobación de este escenario se respalda en la evidencia de la praxis social y política, así como en el rastreo ideológico de los fundamentos y estrategias implementadas en relación a las transformaciones sociales totalitarias que hemos mencionado. El doctrinario de izquierda deconstruccionista, Michel Foucault, resumió muy bien el punto al indicar su método estratégico revolucionario: «se trata de reivindicar derechos desconocidos, es decir, declarar la guerra declarando derechos»3. Frente a este proceso político de corte igualitarista y naturaleza colectivista existe una natural resistencia, la cual emerge más desde el corazón mismo de la sociedad civil, que desde los actores institucionales estatales o los grandes conglomerados económicos y comerciales, contrario a lo que reza la propaganda que fundamenta el cambio social que promueve la izquierda. Esta resistencia civil, valiosísima, dado que descoloca y frustra los afanes propagandísticos de lucha de clases y complejiza los intentos de la izquierda por imponer sus términos sobre la sociedad, se ha encontrado, sin embargo, con problemas históricos de organización política.

Esto se debe principalmente al error estratégico cometido por la derecha «tradicional» en el tránsito de la década de 1980 a la de 1990, puesto que, influido por autores como Francis Fukuyama o Daniel Bell, creyó que la historia y las ideologías efectivamente habían terminado con la caída de la Unión Soviética y que, desde ese momento en adelante, la historia humana se reduciría a pura administración económica. Dichas tesis mordieron el polvo ante lo evidente, las creencias son el sustrato más poderoso de la naturaleza humana y en virtud de ellas todo puede ser transformado. Rose y Milton Friedman presentaron una hipótesis al 3 Vid. Foucault, Michel, 1976. Defender la sociedad. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001. p. 74 5

respecto en 1988, un año antes de la caída del muro de Berlín, en un modesto ensayo: «Un cambio importante en la política social y económica está precedido por un giro en el clima de la opinión intelectual [...] Después de un intervalo, a veces de décadas, una corriente intelectual se extenderá al principio gradualmente, luego con más rapidez al público en general y, a través de la presión pública sobre el gobierno, afectará las medidas económicas, sociales y políticas»4. Por ello, el abandono de la derecha «tradicional» —hoy llamada Chile Vamos— del mundo de las creencias, ideas y cultura fue una de las causas del dramático estado actual de cosas. Más aún, la sociedad civil, acostumbrada a un porvenir de tranquilidad y progreso —y que, por ende, no vio venir el recrudecimiento de la batalla ideológica— , confió en que los partidos políticos «tradicionales» harían un uso responsable de la administración del Estado y la democracia. Como consecuencia, los partidos de Chile Vamos fueron incapaces de hacerse cargo de los nuevos problemas ideológicos, políticos y sociales que acechaban desde los comienzos de nuestro actual milenio y, peor aún, al estar completamente asediada, sorprendida y desactualizada, estos partidos intentaron «hacer propias las banderas» de la nueva izquierda para intentar subirse a los «nuevos tiempos» y así no perder su cuota de poder e influencia, sacrificando al paso sus ideales fundamentales. Esto no quedó sin respuesta por parte de la sociedad que vio en este panorama un fracaso e incluso una traición, y así la crisis de representatividad de este sector político se sumó a la crisis general de representatividad que siente la ciudadanía respecto de todos los sectores políticos. Esta crisis de identidad y representatividad ha dañado profundamente la capacidad de maniobra que requieren las autoridades para poder ofrecer alguna salida institucional al actual quiebre político y social. En este escenario el poder político se ha vertido sobre grupos de activismo y presión vinculados entre sí y controlados por la izquierda política para llevar a cabo las transformaciones que este sector desea de forma unilateral. Así, estos grupos que operan de forma disipada y horizontal, imponen su agenda colándose a través de nuestras debilitadas instituciones y mintiéndole a la población la idea de que dicha agenda no sería, supuestamente, «ni de izquierda ni de derecha». Ahora bien, frente al colapso institucional e ideológico del sector, tanto en Chile como en el mundo ha venido extendiéndose un fenómeno por el cual grupos de la sociedad han empezado una carrera contrarreloj para revertir este proceso ruinoso y dar la batalla inspirados en los valores de la vida, la libertad, la propiedad, la trascendencia y la soberanía.

De este esfuerzo ha venido a conformarse lo que podemos llamar «Nueva Derecha», una opción política determinada a retomar la batalla cultural, ideológica y programática para retomar el camino de la verdadera dignidad humana y el desarrollo. 4 Milton Friedman y Rose D. Friedman, The Tide in the Affairs of Men, Thinking About America: The United States in the 1990s, Hoover Institution Press, 1988, p. 1. Citado en León, José, 2021. Después del Socialismo, Libertad, Caracas, Students for Liberty, 2021, p. 25. 6

Citando un estudio previo sobre esta «Nueva Derecha» es preciso destacar lo siguiente: «Un proyecto sólido de nueva derecha no debe ser mera reacción para ‘ganarle’ a la izquierda, sino que debe dar respuesta a los problemas naturales de la sociedad, fomentando ante todo un proyecto humano que priorice la excelencia individual y el bienestar de la comunidad. Ello requiere de valiosas nociones sobre qué es lo verdadero, qué es lo justo, qué es lo ético y qué es lo útil para dicho propósito».5 Evidentemente, tanto el contexto social como la naturaleza del proyecto político nacional requieren un doble esfuerzo —intelectual y político programático— que esté a la altura y que sea capaz de sostener en el tiempo un modelo de país donde efectivamente se compatibilice: primero, un desarrollo material generalizado, en el que se erradique la pobreza y en el que la modernización científica y tecnológica se dé de forma sostenible, permitiendo a más personas tener mejores oportunidades y, segundo, un desarrollo de excelencia individual que suele ser frecuentemente ignorado, ya que ni la riqueza, ni la ciencia, ni la tecnología pueden per sé llevar a cabo, y que es la meta de una vida feliz y virtuosa para las personas. Esa otra riqueza, de naturaleza espiritual, es la que en conjunto con el desarrollo material genera las condiciones para que una nación sea efectivamente próspera, y sólo un trabajo cultural enfocado en la restitución de la integridad del Ser Humano puede llevar a cabo esta proeza de la cual no podemos abstenernos. Bajo estos parámetros es que debemos pensar un proyecto realmente republicano para Chile. Proyectar un futuro a largo plazo para nuestro país puede ser un desafío abrumador e inquietante, sin embargo, es innegable que nos encontramos en uno de esos momentos de la historia en el cual la tarea es de suma urgencia y, en torno a aportes como el presentado en este libro, encontramos las aproximaciones políticas necesarias más elementales, pero, a su vez, más relevantes para enfrentar aquellos tres campos de batalla en los que confluye la defensa de nuestros valores y principios: la Libertad, el Estado de Derecho y la Familia.

El de la libertad como fuente de progreso sostenido basado en la responsabilidad y excelencia de cada uno de sus habitantes estableciendo límites al poder del Estado, al burócrata y/o al soberano aplicando el principio de subsidiariedad para delimitar su campo de su acción; el de respeto a la ley, orden y seguridad para la integridad del país, respeto a lo pactado, a la ley general abstracta e igual para todos y, finalmente, el del respeto a los valores trascendentes que consideran la vida humana y la fortaleza de la familia, entre otros muchos valores sublimes, como sustrato incuestionable sobre el que reposan tanto el orden como el progreso mencionado. Chile es un país particular en el contexto de Iberoamérica, un país con un carácter humano especial y grandes riquezas, forjado a lo largo de una historia aún breve y reciente, a través de hitos dramáticos, pero de profundo heroísmo. Ya desde la llegada a nuestro territorio del Imperio Español en el siglo XVI, los «conquistadores» se percataron de las características peculiares de nuestro territorio y, desde entonces, el chileno, que asume la herencia del mundo cristiano occidental mestizo, se comporta 5 Vid. Demian, Juan. El origen de una nueva derecha, en A. Barrientos (ed.), Nueva Derecha: una alternativa en curso. Santiago, Centro de Estudios Libertarios, 2020. p. 120. 7

entre sus semejantes con la lógica de pertenecer a un mismo pueblo, una misma aldea, una sola gran familia, superando, a pesar de lo que se diga, clases sociales y diferencias geográficas. Bien por ello puede afirmarse que dado este sentido de pertenencia tan claro y cotidiano, las crisis internas se viven de manera apasionada, puesto que las disputas que se dan entre hermanos suelen ser las más dolorosas y radicales. Durante los últimos 40 años aproximadamente, Chile experimentó un cambio impresionante, sacando a relucir un potencial de desarrollo que sorprendió a nuestros vecinos y también al mundo. Para lograr este cambio —caracterizado por la implantación de un modelo de desarrollo basado en la responsabilidad individual, y que bajo los incentivos correctos, nos puso en los pedestales más altos en distintos índices de progreso económico— fue necesaria la participación de personas que tomaron de decisiones audaces y visionarias que estaban en el sistema político e institucional del Estado; pero, también, por sobre todo, la capacidad y hambre de crecimiento intrínseca de la sociedad civil, sin cuyo esfuerzo, determinación y amor por sus familias, la implementación de cualquier sistema bondadoso habría sido completamente estéril. El exministro de Hacienda de Chile, Jorge Cauas, sostuvo acertadamente: «Los llamados milagros económicos no son tales. [...] Ellos normalmente se han producido después de situaciones de agudo sacrificio de los ciudadanos».6 No obstante, un amplio margen de la sociedad chilena no se insertó culturalmente en las características más profundas del cambio vivido, puesto que éste cambio fue, al poco andar, distorsionado y manipulado por una élite política irresponsable que maleducó por décadas a varias generaciones, dando por hecho que el progreso se daba por sí solo quedándose, simultáneamente, indiferentes ante los fundamentos sociales y morales del desarrollo. Mientras la izquierda falsificaba la historia logrando un lavado gradual de imagen al fracaso socialista que ha esparcido el terror y el hambre por todo el mundo, los partidos de derecha tradicional, tal como hemos mencionado, consideraron que los índices macroeconómicos seguirían mejorando, sin interrupción y como por arte de magia, hacia la posteridad, desconsiderando el factor humano, es decir, el de las creencias e ideas como motor de cada ser humano, el más íntimo y último de la sociedad. A pesar de lo anterior, muchos seguimos soñando, irreductibles, con un Chile que pueda llevar toda su potencialidad a su máxima expresión y que se convierta en un faro luminoso que irradie progreso y cultura alrededor del mundo; y es que, con justicia se dice popularmente que, para llegar a lo alto se ha de soñar siempre en grande.

Chile no merece proyectar pequeñeces sobre su destino. Retomar las riendas de nuestro país y hacer que sea rico espiritual y materialmente es la aspiración mínima que cualquier republicano puede sostener y sobre la cual basa su trabajo personal y político. 6 Citado en Soto, Ángel y Sánchez, Francisco, La «revolución de las libertades». A 40 años de la puesta en marcha del plan de recuperación económica chileno. En Á. Soto y F. Sánchez (comp.), El «padre» de los Chicago Boys: Arnold Harberger. Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2015. p. 24. 8

Teniendo claros los fundamentos basales de la república que soñamos, es preciso fortalecer los tres pilares por los cuales una nueva derecha republicana da curso a la proyección de políticas públicas que hacen de todas las buenas intenciones una realidad concreta, adaptada de forma adecuada y certera a las necesidades de nuestro país. Tal como el lector podrá encontrar en las próximas páginas de este libro, los principios fundamentales de Libertad, Estado de Derecho y Familia engloban bien aquellos valores respecto de los cuales una nueva derecha republicana en Chile no ha de transar, por ser los cimientos primarios e irrenunciables que requiere el país para retomar la senda hacia el desarrollo para todos sus ciudadanos, donde se logre no solo la riqueza material del país, sino también la espiritual, base de la mantención de un sistema político exitoso dable a perdurar en el tiempo y a expandir una influencia positiva en el panorama internacional. Este es el camino que el Partido Republicano, haciéndose cargo de la verdadera lucha por las ideas, ha decidido emprender, representando así un proyecto de nueva derecha republicana para nuestro país. Estos tres principios fundamentales son, también, reflejo de las prioridades de las tres tradiciones que son el soporte doctrinario de la derecha política: el Estado de Derecho, como base de una derecha republicana, preocupada de la preservación de la paz, del cumplimiento de la ley, el orden dentro de la sociedad y del respeto a la autoridad política en tanto ésta cumpla de forma pulcra y efectiva con sus obligaciones de resguardo para con la sociedad civil, y de patriotas que en cada esquina manifiestan orgullo de su chilenidad e historia; la Libertad, a su vez, es el fundamento de la derecha liberal y libertaria, preocupada de que se respete la autonomía productiva y propietaria del individuo, base ética y moral, pero, a la vez eficiente, de un mejor y más rápido desarrollo económico que beneficia a la sociedad en su conjunto; y, finalmente, la defensa de la Familia como núcleo de la sociedad en sí es uno de los principales intereses de la derecha conservadora, la cual enfoca su actuar en la defensa del más débil, teniendo una opción preferencial por el más vulnerable, en la preservación de los principios de trascendencia y altruismo que le otorgan un sentido superior a la estructura social, alejándose ésta del materialismo y la corrupción moral. Una de las lecciones más importantes que ha debido aprender la Nueva Derecha del siglo XXI es que, efectivamente, los mencionados enfoques de la derecha han tenido problemas internos y frecuentemente se han atacado entre sí por desavenencias surgidas de algunas conclusiones prácticas de las tres doctrinas.

Sin embargo, los principios fundamentales mencionados no son incompatibles entre sí; es más, un análisis honesto nos indicará que el Estado de Derecho, la libertad espiritual y material, y la defensa de la familia son complementarios, y por ende, necesaria es su ejecución programática integral para poder darle un sustrato firme a un proyecto de País que se pretenda sólido, duradero y que pueda lograr mayorías sociales que le permitan ganar elecciones. Sin afán de insistir en un diagnóstico que pueda parecer fatalista, el ataque de la nueva izquierda radicalizada a todas las instituciones republicanas sumado a la transformación social, que al amparo del sector político ha llevado a los chilenos a un contexto de incertidumbre y hostilidad política, son de tal gravedad que no basta solo 9

con una comprensión más acabada de la complementariedad de los principios de la derecha, sino que, en términos prácticos, la división política de este sector por divergencias basadas en detalles menores en un contexto de urgencia por la recuperación del país, es completamente contraproducente. Aquellos que de forma convencida y lúcida estén dispuestos a defender estos principios fundamentales — sean estos republicanos, nacionales, liberales, libertarios, conservadores o incluso socialcristianos— deben asumir que, en un proyecto republicano que contrae un compromiso de tan alta expectativa, no hay tiempo para desgastarse en diferencias de bajo calibre. Todas las fuerzas deben ser puestas estratégicamente en la construcción común de este proyecto, nadie sobra en el proceso. La nueva derecha, o derecha republicana, por tanto, es una coalición de personas provenientes de estas tradiciones complementarias que se unen con el fin de definir una ruta común. Una ruta republicana de largo aliento. 10

Nuestra Propuesta Este programa presidencial, incluye una serie de reflexiones, posicionamientos y más de 800 propuestas en diversas materias y áreas de la administración pública y de la función gubernativa. Está construido sobre la base fundamental de los diagnósticos, antecedentes y propuestas consideradas en el libro, la “Ruta Republicana”, del Instituto ideas Republicanas (2021), que sirve de base, complemento y guía para la formación y desarrollo de este programa y el gobierno en el futuro. No se incluyen todas las propuestas y las propuestas incluidas tampoco son comprehensivas y excluyentes de todas las otras propuestas que surgirán a lo largo de la campaña y que complementaran este texto, esencialmente dinámico, de proyección presidencial. Asimismo, se incluyen algunas de las propuestas de otras candidaturas presidenciales que han ido quedando en el camino y que nos parecen atingentes y destacables, no descartando, incorporar más en el futuro. Esperamos, a mediados de octubre y en plena campaña presidencial, incorporar más propuestas y ejes que los incluidos en esta propuesta y complementos que debamos ajustar e incorporar. Estamos en un punto de inflexión. Hay que detener la explosión de violencia y el reinado de la delincuencia que está transformando la vida diaria de miles de chilenos en una verdadera pesadilla. Hay que detener el avance de la izquierda que amenaza el modelo económico, político y social que ha permitido a Chile alcanzar el umbral del desarrollo y convertirse en el país líder de América Latina en todos los indicadores económicos y sociales. Nuestro mensaje es claro: creemos en la defensa y promoción de los derechos inalienables que Dios nos entregó, entre ellos la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad. Creemos en el respeto riguroso y universal del Estado de Derecho y en el deber intransable del Ejecutivo de asegurar su respeto por parte de todos. Rechazamos la violencia en todas sus formas: la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, íntimamente ligados entre sí por poderosos intereses económicos y por redes ideológicas violentas que pretenden subvertir la democracia. En las calles y en la Araucanía es urgente restablecer el Estado de Derecho para combatir y derrotar, con toda la fuerza del Estado, el flagelo de la violencia. Desde ya, debemos transformar la Araucanía desde un foco de violencia y desolación, en un polo de desarrollo económico y social. Creemos en una sociedad auténticamente libre y responsable, aquella en que el Estado asume un rol subsidiario que respeta la esfera de acción y de competencia de los privados y sus organizaciones.

Uno de nuestros principales compromisos es hacer de Chile un país libre de todas las pobrezas y de los males asociados a ella; que cada persona se desarrolle de manera autónoma y que todos los chilenos obtengan su máximo desarrollo material y espiritual posible, en igualdad de condiciones, sin caer en el asistencialismo estatal. Defendemos, resuelta y férreamente, la libre iniciativa privada en materia económica. Fomentamos el derecho de propiedad para todos. Combatimos los abusos y las 11

colusiones, vengan de donde vengan, pues la competencia es crucial para la eficiencia y para la equidad de un sistema de libre mercado. Promovemos una administración pública eficiente y responsable, que no esté concebida como botín electoral, como trinchera ideológica o como caja pagadora de servicios políticos, que acumula funcionarios y gastos gigantescos, fuente de abusos, de corrupción y de derroche de los recursos públicos. No queremos un Estado grande, sino justo y fuerte, que sea eficaz, moderno y transparente pues se financia con los recursos de todos los chilenos. No aceptamos que los políticos y los empleados públicos se conviertan en una casta de privilegiados. Nos rebelamos contra los abusos de aquellos poderosos que viven de la burocracia, pues del Estado y de los servicios públicos, esperamos honestidad y trabajo bien hecho, responsabilidad social y espíritu de servicio. Queremos un espacio donde quienes tienen un rol público miren a las personas a la cara y les digan la verdad. Mientras Chile inicia una larga pausa constituyente, donde todo está en juego, el mundo sigue avanzando y el esfuerzo de recuperación de la economía mundial ya despliega sus fuerzas. Nuestra propuesta pondrá a Chile nuevamente de pie. Daremos un golpe de timón radical a las políticas públicas para que Chile vuelva a crecer, a generar empleos, a reducir la pobreza y a lograr el desarrollo. Nuestra propuesta económica-social consiste en 5 políticas públicas claves: disminuir el gasto público; reducir impuestos y eliminar regulaciones; crear un Estado moderno al servicio de las personas; promover un aporte social sustancial de la sociedad civil y focalizar el gasto social permitiendo la libertad de elegir para todos los chilenos, especialmente en salud y educación. A partir de 2010, para financiar la explosión del gasto estatal, los gobiernos aumentaron la tasa de impuesto a las empresas en un 60%, de 17% a 27%, el alza más alta del mundo en tan corto tiempo y contraria a la tendencia mundial a rebajarlas. En el mismo período, Estados Unidos disminuyó el impuesto a las empresas de 35% a 21% y la mayoría de los países de la OCDE los redujo también. Según el “Corporate Tax Statistics” editado en 2020 por la OCDE, Chile tiene la tasa de impuesto efectiva a las empresas más alta de la OCDE y, a nivel mundial, solo nos superan la República Democrática del Congo, India y Costa Rica. Este aumento de los impuestos a las empresas, sumado al intervencionismo estatal y a una actitud antiempresa privada, desplomó la inversión desde 25% del PIB en 2012 a 20% en 2020.

El derrumbe de la inversión frenó el crecimiento económico a 1,5% promedio anual, estancando el ingreso por persona que no crece nada desde 2013. Por lo tanto, junto con disminuir el gasto fiscal, reduciremos la tasa de impuesto a las empresas de 27% a 17%, la tasa que posibilitó por largo tiempo un alto crecimiento. La disminución del gasto público implica eliminar el gasto político y las pensiones a los falsos exonerados; fusionar ministerios y subsecretarías y profesionalizar la 12

administración pública para eliminar todo tipo de clientelismo. Asimismo, las empresas estatales, si bien nominalmente de todos los chilenos, en la práctica constituyen reductos discrecionales de la clase política. Mediante un sistema de “capitalismo popular” permitiremos a todos los chilenos participar en su propiedad. El nuevo paradigma debe ser de un mejor Estado. Para ello reduciremos los trámites y regulaciones e introduciremos tecnología de punta para convertir al anacrónico Estado actual en uno digital. Instalaremos una fuerza de tarea dedicada a reducir y eliminar regulaciones que invaden la vida privada de las personas, desincentivan la inversión y retardan el crecimiento. Por cada nueva regulación, eliminaremos tres. Cada cierto tiempo, todos los servicios del Estado deberán justificar su existencia a través de un proceso de “presupuesto base cero” cuyo objetivo es evitar la inercia institucional y la inflación regulatoria. Modernizaremos el Código del Trabajo para introducir la libertad de horario, el trabajo por hora y el teletrabajo en el sector público y privado, consistentes con las exigencias y oportunidades laborales del siglo XXI. Focalizaremos el gasto público en quienes más lo necesiten. La reducción del gasto fiscal ineficiente y de los impuestos, sumada a la desregulación de la actividad económica, nos permitirá aumentar los montos que el Estado destine directamente a las personas de menores recursos para que ellas mismas elijan la educación para sus hijos y la salud para su familia. Masificaremos también la educación online a través del uso de plataformas virtuales administradas por las mejores universidades del mundo y que es mayoritariamente gratuita, o tiene una fracción del costo de la educación universitaria local. Promoveremos la reducción de los años de estudios universitarios, separando la formación base de la especialización y fomentando la educación continua a lo largo de la vida laboral. Potenciaremos el aporte sustancial de la sociedad civil por la vía de promover una filantropía inteligente a través de consolidar las leyes de donaciones en una sola que promueva la solidaridad y la generosidad. Eliminaremos todos aquellos impuestos que afectan el patrimonio personal, cuya formación ya tributó, tales como contribuciones, herencias y donaciones. Porque represento una verdadera alternativa, la izquierda ha montado una campaña para estigmatizarme como de “extrema derecha”. Para mí el extremista es quien ocupa la violencia como una herramienta política. Como lo he demostrado con hechos y palabras en 20 años de vida pública consecuente, estoy y estaré siempre contra toda violencia en política.

A los líderes mundiales que más admiro -Churchill, Reagan y Thatcher- también se les intentó en algún momento descalificar como “extremistas”, pero la Historia reveló que, por el contrario, fueron los enterradores de los verdaderos extremistas de derecha e izquierda. 13

Lo que es verdad es que nosotros decimos las cosas por su nombre y abominamos del doble discurso tan usual en la política actual. Lo hacemos porque creemos que es indispensable revalidar los principios y las convicciones de derecha que han quedado escondidas en el cajón y han sido reemplazados por la ambigüedad y la corrección política. Chile necesita, más que nunca, claridad y convicción. Necesita que se defiendan y promuevan, sin complejos, las ideas de la libertad. 14

Atrévete El concepto central de nuestra campaña está representado por esta palabra: Atrévete. Atrévete a ir en contra de lo políticamente correcto Atrévete a desafiar el consenso establecido y que a ti no te hace sentido Atrévete a elegir lo que te convence y lo que quieres en vez de conformarte con el mal menor.... Atrévete a proteger a tu familia Atrévete a defender la libertad Atrévete a restaurar el estado de derecho que hemos perdido... Atrévete a izar nuestra bandera chilena Atrévete a cantar el himno nacional Atrévete, por Chile!!! Nuestra propuesta es simple y directa: vamos a ser un gobierno de acción, no de observación. Es asumir juntos el desafío de superar los diagnósticos y darnos la oportunidad dedicarnos, con toda nuestra fuerza, a resolver los problemas más urgentes que nos aquejan. Todos los otros candidatos presidenciales, sin excepción, quieren embarcarse en un proceso de refundación y transformación radical del país. Todos ellos, cada uno de ellos, son los representantes del Apruebo, los que les dijeron a Chile que una Asamblea Constituyente iba a resolver todos los problemas del país. Y lo que pasó fue exactamente lo contrario: tenemos una Asamblea que en 90 días, ha sido incapaz de redactar UN sólo artículo y que se ha abocado, día y noche, a profundizar la división entre los chilenos y a priorizar las ideologías por sobre las urgencias sociales. Nosotros no queremos refundar. Nosotros no vamos a transformar radicalmente nada. Nosotros vamos a RECONSTRUIR un mejor Chile, REPARANDO la destrucción económica, social y política de nuestra nación y RENOVANDO las estructuras institucionales que nos permitan PROGRESAR durante los próximos 40 años. Para lograr ese objetivo, es que queremos que los chilenos se atrevan y avancemos juntos en este desafío común, de reconstruir Chile y proyectarlo hacia el futuro con una mirada de esperanza y optimismo, porque nos convoca el Bien de Chile. Tenemos prioridades y propuestas que vamos a cumplir. Nuestro no es un discurso de campaña: es una invitación a reflexionar sobre lo que fuimos y sobre lo que estamos llamados a ser como país 16

Lo que queremos como proyecto de sociedad y cómo podemos juntos recuperar ese sentido natural de bien común que nos convoca: Un Chile libre Un Chile en orden Un Chile que progresa Un Chile esperanzado. No se trata solamente de los necesarios bienes materiales que se obtienen con el emprendimiento, el trabajo y el progreso económico de Chile. Se trata también y muy especialmente de los bienes espirituales fundamentales para una sana convivencia social, que considera los valores, el respeto, el diálogo amable, nuestras creencias y la familia. Todo ello está en juego hoy, porque la izquierda tiene un programa para destruir todo lo establecido y oprimir las libertades de forma permanente. Y otros programas comparten con la izquierda un supuesto progreso de Chile que se construye a partir de la destrucción de valores sociales fundamentales. Hay programas que enarbolan las banderas de la izquierda y se resisten a defender con convicción, las banderas de la libertad, el orden y el progreso. No da lo mismo quien gana la elección. No da lo mismo quien asumirá el liderazgo del país a partir de marzo. No queremos más de lo mismo. No queremos, más de los mismos Hoy, en medio de la confusión y el desamparo; en medio del temor y la desesperanza; una vez más, es hora de responder a ese llamado y asumir juntos, el tremendo desafío de reconstruir nuestro querido Chile. Durante las últimas décadas, hemos escuchado muchas veces a los políticos y a los gobernantes decir: que no es el momento, que no están las condiciones, que no se puede hacer esto, que no se puede hacer esto otro. En las campañas prometen todo tipo de soluciones y cuando gobiernan se echan para atrás. Buscan excusas y demoran las respuestas y soluciones que los chilenos más vulnerables requieren. Sabemos que nuestro país está viviendo tiempos muy complejos. Son tiempos donde la violencia, la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico no nos dejan vivir en paz. Son tiempos también, donde la economía está estancada, la falta de empleos de calidad aumenta y la pobreza extrema se ha disparado, y donde aún millones de chilenos se sacan la mugre para llegar a fin de mes, para pagar sus deudas y viven el día a día, para cumplir con sus obligaciones. 17

Tiempos donde la salud es indigna, la educación pública deficiente y la vida en comunidad, inexistente. Y encima de todo eso, hemos vivido dos años muy dolorosos, que comenzaron con un estallido de violencia y terminaron con una pandemia que les quitó la vida a miles de compatriotas, que nos alejó de nuestros seres queridos y que nos ha llenado de restricciones, miedos, angustias e Incertidumbre. No es la falta de un programa de gobierno o planes de acción lo que ha impedido que Chile enfrente todos estos problemas. Ha sido la falta de carácter y liderazgo de nuestros gobernantes, la pequeñez de la política, la corrupción de las instituciones, la farandulización de la función pública. Todo ello nos ha impedido resolver los problemas más urgentes y seguimos perdiendo el tiempo en asuntos mucho más irrelevantes Por eso, llegó la hora de Atreverse Atreverse, a comenzar a recorrer un camino que no será fácil. Donde nos encontraremos con mucha resistencia y tendremos que tomar decisiones difíciles Atreverse, a soñar con una sociedad con más derechos, pero también, con más responsabilidades y deberesUna sociedad donde se recupere la autoridad y el respeto; donde los hijos respetan a sus padres; donde el estudiante no es igual sino subordinado a su maestro; donde la víctima tiene más protección que el delincuente; donde la policía tiene el derecho y el deber, de enfrentar a los vándalos y violentos. Atreverse, a construir un Estado fuerte, pequeño y eficiente. Un Estado donde servir es un honor y un privilegio, y no un lugar para enriquecerse. Donde el funcionario público está al servicio del ciudadano, y no al revés. Donde las regulaciones ayudan al emprendedor y no obstaculizan su progreso. Donde el objetivo sea gastar menos, y no, recaudar más. Atreverse, finalmente, es recuperar el sentido de pertenencia a una Nación que hemos perdido, pero también, a recobrar las tradiciones y los fundamentos de nuestro amor por ella. Un Nación que nos represente y convoque a todos: donde cantamos con fuerza nuestro himno nacional; donde admiramos la belleza de nuestra bandera; donde somos respetuosos de nuestras tradiciones; y donde estamos dispuestos, si fuese necesario, a dar la vida por nuestra Patria Porque Atreverse, al final del día, es un acto de rebelión y valentía. 18

¡Atrévanse! Llegó la hora de que los chilenos defendamos la libertad, recuperemos la autoridad y protejamos a nuestras familias. ¡Atrévanse! Llegó la hora, que los que amamos nuestra patria nos rebelemos ante una mayoría circunstancial que lo está destruyendo todo y empecemos, de una buena vez, a reconstruir un mejor Chile. Comencemos a Reconstruir y Recuperar el Chile que hemos perdido. José Antonio Kast Rist 19

Atrévete a Vivir en Paz La ausencia de condiciones mínimas de orden y seguridad impide a las personas llevar a cabo sus proyectos de vida, haciendo imposible el ejercicio del resto de sus derechos fundamentales. Aquello explica por qué la delincuencia se ha tornado la principal preocupación de los chilenos, tal como constataba la Encuesta CEP de noviembrediciembre del 2008. En dicha ocasión, la mayoría de los consultados afirmaban que el principal problema del país y, por ende, aquel que requería mayor atención por parte del gobierno era la delincuencia. Detrás se encontraban temas como la salud, el empleo y la educación. Más de una década después, en el último sondeo antes del estallido de violencia social y política de octubre del 2019, la delincuencia se mantenía en una primera posición con un 51% del total de menciones, nuevamente, sobre pensiones (46%), salud (34%) y educación (30%). Tamaña preocupación ciudadana instaló de manera inapelable la delincuencia en el debate público, obligando a las diferentes autoridades y gobiernos a desarrollar medidas eficaces para el control del crimen. Huelga decir que, treinta años de políticas anti delincuencia han fracasado rotundamente: en la misma medida que las cárceles se atiborran, los crímenes –y la consiguiente sensación de temor–, aumentan. Nuestra propuesta central de cambio de sistema implica que la víctima vuelva a ser el sujeto preferente de atención del Estado. Se deben destinar los esfuerzos necesarios para una prioritaria defensa de las víctimas de la delincuencia, aún por sobre los intereses de otros intervinientes del proceso penal, como los imputados. Esto implica su protección ante posibles represalias, tratamiento físico y psicológico, reparación y, ciertamente necesaria, la creación de la Defensoría Penal de las Víctimas propuesta más adelante. Demás está decir que la lucha contra la delincuencia, por su naturaleza, no pueden circunscribirse a la disuasión y a la sanción penal. Imprescindible resultan las medidas de prevención, sean a través de la intervención urbanística y social de comunidades y barrios, o por medio del aislamiento de grupos vulnerables a la contaminación criminológica. Asimismo, en el entendido que el delincuente no es un ente extraño a la comunidad, el Estado debe procurar medidas efectivas tendientes a su rehabilitación e inserción social y laboral. El Gobierno de Chile hoy no puede asegurar el Estado de Derecho a lo largo de todo su territorio. No lo puede asegurar en la Araucanía donde cientos de familias duermen por las noches sin saber si estarán vivos a la mañana siguiente, o a los camioneros si podrán llegar a salvo a sus destinos.

Desde hace años, los gobiernos han ido perdiéndole el respeto a las Fuerzas Armadas y de Orden en nuestro país. Se les ha relevado del rol fundamental que deben cumplir en proteger nuestras fronteras, nuestras calles y nuestras vidas. Esto tiene que cambiar y tiene que hacerlo de manera radical. 21

Cuando digo que tenemos que recuperar el Estado de Derecho, no nos limitamos solamente a decir que aumentaremos el número de Carabineros o que entregaremos más motos o radio-patrullas. Nuestro compromiso es ir más allá, entregando un respaldo incondicional a Carabineros e Investigaciones en la lucha contra la delincuencia. Porque si hay algo que no está bien, es que nuestras autoridades les quiten el apoyo a nuestras policías y los tengan limitados de funciones y sin legitimidad para actuar y defender a la sociedad como corresponde. Lo primero que hay que hacer es darle un respaldo total y absoluto a las fuerzas de Orden y Seguridad de Chile, quienes todos los días ponen su vida al servicio de todos nosotros y eso ya nadie lo dice, y nadie se atreve a defenderlos. Nosotros sí nos atrevemos. Para nosotros, la lucha contra la delincuencia no es una estadística más, es una misión vital. Con metas claras y con decisión, Chile puede terminar con la violencia y promover la libertad que merecen millones de chilenos que hoy viven encerrados, asustados y restringidos en sus casas. Entonces más que planes de seguridad o anuncios floridos, lo que yo voy a hacer es dedicarme, en cuerpo y alma, a combatir la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo y a usar todos los recursos disponibles y todas las fortalezas de nuestras fuerzas policiales, para perseguir, juzgar y sancionar estos crímenes y volver a hacer de Chile un lugar tranquilo, pacífico y libre. Cuando decimos todo, es todo. Lo hemos dicho otras veces y lo repito ahora: en la Araucanía necesitamos la colaboración de los militares, apoyando a las Fuerzas Policiales para terminar con estas pandillas terroristas. Lo decimos con orgullo. No le tenemos miedo a los militares y nadie debería tenerlo; todo lo contrario: estoy orgulloso de las Fuerzas Armadas y estoy seguro que junto a ellos recuperaremos la Araucanía y si es necesario, recuperaremos todos los lugares de Chile que necesitan más autoridad y orden para combatir la delincuencia y el narcotráfico organizado. Eso no es ir en contra de la ley, es usar los mecanismos legales que existen para que tengamos todas las herramientas disponibles y mandemos un mensaje claro a todos los delincuentes y terroristas: en Chile no brazos cruzados cuando terroristas quemen un camión o una iglesia, o cuando una turba que rescate a narcotraficantes de las manos de Carabineros. No aceptaremos la impunidad! Algunas propuestas en esta materia: 1. Vamos a quitar las rejas de las casas de los chilenos y las usaremos para construir más cárceles. Son los delincuentes los que tienen que vivir encerrados y no los chilenos honestos que hoy viven con miedo y desesperanza. 2.

Seremos el Gobierno que recuperará el Estado de Derecho, el Orden y la Autoridad. El que agreda física o verbalmente a un Carabinero, Policía, 22

Bombero, Gendarme o Funcionario de la Salud será juzgado y condenado, con todo el rigor de la ley. 3. Imponer con fuerza el Estado de Derecho, con efectiva igualdad de todos ante la ley. La condición básica de un progreso sólido, en comunidad y para todos, es el Estado de Derecho. Contra este principio atentan los que promueven la violencia y el terrorismo, la corrupción pública y privada, la sumisión de nuestra soberanía territorial y jurídica a países y otras entidades internacionales, etc. Es necesario reforzar el respeto a la Constitución y las leyes como un elemento imprescindible para la vida en comunidad. Sin el respeto irrestricto al Estado de Derecho, nuestro país terminará por seguir el camino nefasto de esos países que ahora están sumidos en la violencia, la corrupción, el desorden y la ilegalidad. Es en este pilar básico, el cual ha sido no sólo abandonado por la izquierda, sino que abiertamente debilitado, el sustento principal de nuestras propuestas. 4. La Narco política ya está en Chile y tiene redes desplegadas en Municipios, Parlamentos e Instituciones. Vamos a combatir la droga y mafias de la política y vamos a limpiar las instituciones para comenzar a recuperar el país de la influencia del narco. 5. Frente a la grave y permanente vulneración del estado de derecho en la Araucanía, es indispensable que las Fuerzas Armadas participen activamente en el resguardo para la recuperación del territorio chileno de manos del narcoterrorismo. 6. Apoyo total a Carabineros. Cada vez que un Carabinero sea detenido injustamente por cumplir su deber o sea asesinado por un delincuente, el Gobierno contratará al mejor abogado para defenderlo o querellarse en representación de su familia. No los dejaremos solos. 7. Todos los candidatos a elección popular, desde Presidente hasta Cores, deberían someterse a un test de drogas. El narcotráfico está matando a Chile y los chilenos tenemos el derecho a saber si quienes aspiran a representarnos se drogan y qué vínculos tienen con los narcos. 8. Vamos a defender a las víctimas y no a los delincuentes. El Estado debe reconocer que hay una víctima, familias y comunidades que afectadas por la violencia, la delincuencia y el narcotráfico. Justicia y reparación para las víctimas de la violencia. 9. Instaurar de manera permanente la convocatoria a un Comité de Seguridad Nacional que reemplace el Comité Político semanal en La Moneda y se aborde directamente la lucha contra el Terrorismo, Narcotráfico y la Delincuencia. La lucha contra la delincuencia no puede ser un esfuerzo aislado, sino que por la magnitud del problema que hoy enfrentamos debe ser un ejercicio permanente.

Al igual que cuando enfrentamos cualquier emergencia, el Gobierno debe disponer de todos los medios y la dedicación necesaria para enfrentar la 23

delincuencia y sostener esas medidas en el tiempo mientras no muestren resultados concretos. No necesitamos un Comité Político para discutir problemas de los políticos. Necesitamos generar conciencia y decisión para enfrentar la delincuencia. 10. No más Portonazos! Los crímenes hay que enfrentarlos con medidas concretas, no quedarnos como espectadores de asesinatos, robos y ataques que ocurren todos los días. Vamos a aumentar las penas de estos delitos y entregar más herramientas a las policías para prevenirlos. 11. Vamos a aumentar penas y sanciones a la violencia urbana. Los chilenos estamos cansados de la primera línea, sus destrozos y afrentas permanentes a la autoridad. Vamos a restituir el Estado de Derecho en plenitud y a obligar a los vándalos a reparar el daño que hacen. 12. Vamos a duplicar las penas y multas para aquellos vándalos que dañen o destruyan monumentos nacionales. Cárcel efectiva y multas altas que tendrán que pagar los delincuentes o sus familias. Basta de irracionalidad! 13. Vamos a combatir con fuerza la Narco-Pirotecnia Un equipo especializado de la PDI se dedicara a la investigación, incautación y sanción de la pirotecnia en los barrios capturados por el narco. Hay que ir cerrando todos los espacios de impunidad. 14. Más recursos para combatir el tráfico marítimo de Drogas. Vamos a reforzar la dotación, recursos y estrategia de la Policía Marítima y de Aduanas para detectar, incautar y cerrar el tráfico marítimo de drogas desde y hacia Chile. 15. Buscaremos colaboración activa con gobiernos de Europa y de América del Norte, para frenar el crecimiento del tráfico de drogas desde Chile. Le vamos a quitar el negocio a los narcos y alejar el peligro de la gente. 16. Rediseño de estructuras de formación policial con el objeto de incorporar nuevas tecnologías y métodos de análisis delictual y fortalecimiento de capacidades preventivas: Para esto, se efectuarán convenios con Universidades, Centros de Formación Técnica y organismos especializados, nacionales e internacionales. 17. “Fuerza de Tarea” especial dentro de Carabineros que sustituya la lógica de “chimeneas” por la de “redes neuronales” para efectos de organizar a las policías en el combate al crimen organizado: A través de una nueva fuerza de tarea especial, liviana y adaptable, se busca lograr especificidad, profundidad y eficiencia en la acción policial para combatir el citado crimen organizado.

Para consolidar la información y llevar a juicio la cadena completa del crimen, se requiere de la participación de Gendarmería, FF.AA., UAF, Registro Civil, ANI, Aduanas, Impuestos Internos y otras reparticiones públicas y privadas que tengan alguna atingencia con el crimen organizado. Para mejorar su efectividad 24

se contará con mandos rotativos representantes de estos servicios públicos y privados de carácter conjunto y que aseguren el buen funcionamiento de la fuerza de tarea y la conexión con el Ministerio del Interior. Esta nueva organización debe basarse en la actual OS7 y la BRICO, siendo parte fundamental de Carabineros y la PDI. 18. Introducción de avances tecnológicos para mejorar la gestión policial, particularmente, mecanismos de denuncia electrónica y aplicaciones en teléfonos móviles que permitan reportar emergencias o la ocurrencia de delitos. 19. Carabineros, Investigaciones y miembros de las Fuerzas Armadas en funciones internas, en tanto representantes del Estado, deben estar facultados para hacer un uso de la fuerza necesaria para el restablecimiento del Orden Público y el Imperio de la Ley. Se debe establecer una normativa y protocolos que otorguen certeza que la fuerza empleada para restablecer el orden público, sea apropiada en una situación dinámica en la cual los representantes del Estado no poseen la misma información y conciencia situacional que los agresores, de modo de no ser juzgados por haber hecho un uso excesivo de ella, judicial o administrativamente. 20. Dada la preponderancia de los crímenes informáticos, sean para efectos de desfalcos económicos, sabotajes, espionaje a redes de privados o instituciones públicas, tráfico de contenidos asociados a la explotación sexual infantil, entre muchos otros, se requiere el fortalecimiento institucional, humano y material de las Brigadas Investigadoras de Cibercrimen de Investigaciones de Chile y del Departamento OS9 de Carabineros. Proponemos la capacitación masiva de nuestras policías en el uso de tecnologías como el Big Data y el reconocimiento biométrico para el combate a la delincuencia, narcotráfico, barras bravas y terrorismo. 21. Creación de una Defensoría de las Víctimas que represente los intereses de todos aquellos afectados por el crimen que carezcan de recursos para ser asistidos por un defensor privado. El objetivo de esta nueva instancia es el ejercicio de sus derechos en juicio, protección que en el actual Sistema Procesal Penal nadie está realizando. Consecuente con el principio de igualdad ante la ley, esta nueva defensoría debe contar con al menos la misma cantidad de los recursos investigativos y financieros de la Defensoría Penal Pública. 22. La protección de las víctimas forzosamente debe incluir a los testigos pues estos son fundamentales para acreditar los hechos que les afectaron. Por esta razón es necesario otorgarles un estatus de protección y acompañamiento que induzca su participación en el proceso. Cabe recordar que, técnicamente, la víctima también es un testigo. 23. Revisión de las atribuciones de los Jueces de Garantía.

Ministerio Público. De esta forma, las atribuciones de los primeros quedaron reducidas a la revisión de la legalidad de la detención de los sospechosos y la determinación de la pena solo en caso de juicio simplificado. Si a esta situación le sumamos que los Tribunales Orales solo intervienen en casos de defensas privadas o cuando resulta evidente su inocencia, se suscita un enorme despilfarro de recursos públicos al sostener tres jueces sin mayores facultades. 24. Investigar y sancionar severamente filtraciones de información por parte de funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público. De ser reiteradas, junto al funcionario en cuestión, se deberá sancionar a sus respectivos superiores jerárquicos. 25. Se debe repensar el sistema de incentivos de fiscales y jueces para evitar el cierre anticipado e irresoluto de causas judiciales. 26. Impostergable resulta una modificación en el sistema de nombramiento de jueces, pues el actualmente vigente no asegura de forma alguna la idoneidad personal, académica e intelectual de los candidatos. Esta modificación resulta aún más urgente en el caso de los miembros de los Tribunales Superiores, Fiscal Nacional y Fiscales Regionales, autoridades electas con criterios esencialmente político-ideológicos. Para cambiar esta preocupante situación, se sugiere la creación de un sistema de nombramientos propiciado por parte de un organismo técnico completamente autónomo del poder político, instancia similar a la Alta Dirección Pública, instaurando un régimen que garantice la ausencia de conflictos de intereses, directos o indirectos, impidiendo que abogados integrantes oficien como árbitros mientras dure el ejercicio de su cargo, al menos, por ejemplo. 27. Las resoluciones de la Corte Suprema, en tanto máximo tribunal del país, se encuentran por sobre los dictámenes del resto de las cortes nacionales e internacionales. Lo anterior no aplica en materias constitucionales, en cuyo caso, la corte de última instancia es el Tribunal Constitucional. 28. Reforma radical al Poder Judicial. Uno de los grandes problemas que tiene el país es la justicia. Lenta y tremendamente desigual. La judicatura está ralentizada y se requiere innovación, agilidad y accountability en la función judicial. Chile tendrá una mejor justicia 29. La Constitución Política de la República consagra la división de poderes del Estado, correspondiendo al Poder Legislativo la creación de la ley. Por consiguiente, la creación de ficciones jurídicas por parte del Poder Judicial constituye una transgresión constitucional inadmisible. 30.

Clausura del actual Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y su reemplazo por una institución transversal dedicada a la defensa efectiva de los Derechos Humanos de todos los ciudadanos, procurando su defensa frente al accionar de organismos intermedios, personas naturales o funcionarios 26

estatales. Asimismo, debe derogarse la ley de exonerados políticos y acotar, a un tiempo determinado, los beneficios recibidos por personas que efectivamente sufrieron violaciones de derechos humanos por parte de algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden en el pasado. 31. Más cárceles para Chile y más protección y beneficios a Gendarmes. Miles de delincuentes dejarán las calles y llenarán las cárceles. Vamos a terminar con la puerta giratoria y los criminales van a trabajar para pagar su prisión Se acabó el Garantismo. 32. Los presos van a trabajar para pagar su gasto en prisión. Haremos una reforma penitenciaria radical para mejorar las condiciones carcelarias, fomentar la rehabilitación y conseguir financiamiento para efectuar estos cambios. No más celulares ni escuelas del delito. 33. Coordinación Internacional Anti-Radicales de Izquierda. Lo que está pasando en Colombia no es casualidad. Se repite modelo del estallido antisocial en Chile. Nos coordinaremos con otros gobiernos latinoamericanos para identificar, detener y juzgar agitadores radicalizados 34. Nuestros Gendarmes cumplen una labor fundamental y su trabajo es mal pagado, lleno de riesgos y no tienen apoyo. Vamos a mejorar los sueldos, a protegerlos y a darles condiciones dignas de empleo y las herramientas necesarias para trabajar seguros. 35. Dada la enorme diferencia en calidad de vida y dignidad, tanto para reos como para gendarmes, se recomienda ampliar la participación de agentes privados tanto en la construcción como en la gestión de los recintos penales, reforzando el sistema de concesiones. 36. La evidencia internacional demuestra de manera contundente lo especialmente rentable de los programas de rehabilitación, especialmente cuando son brindados a población penal primeriza. Por lo mismo, se propone la creación de una oferta programática amplia basada en el tratamiento de adicciones a drogas. Aliados estratégicos en esta labor son instancias de la sociedad civil como las iglesias católicas y evangélicas. 37. Asimismo, apremian programas de reinserción laboral y social a través de programas estructurados y basados en evidencia. Una propuesta interesante es la creación de estímulos tributarios para todas aquellas empresas privadas se instalen en recintos penales para dar trabajo y capacitación productiva efectiva a la población penal que lo desee. 38. La discriminación entre presos por motivos distintos a su pena efectiva, estado de salud o edad, son inaceptables. Debe derogarse o reestudiarse toda acción de la autoridad que haya incurrido en esta arbitraria discriminación. 27

39. Acelerar el término inmediato del SENAME y su reemplazo por dos nuevas instituciones, el Servicio de Protección de la Infancia y Adolescencia y el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente. Este último organismo, también deberá segregar delincuentes menores de edad que se encuentren con pena de régimen cerrado, semicerrado y controlado, con aquellos delincuentes primerizos. 40. Aumento de las penas y sanciones a adolescentes entre 14 y 18 años que cometan delitos graves. 41. Los niños y jóvenes bajo regímenes de protección estatal son todos iguales, independiente de la propiedad de la institución donde se encuentren. De lo anterior se desprende que la subvención debe ser la misma. Asimismo, se deberá aumentar la inversión en la asistencia de jóvenes con desórdenes mentales no graves tipo TDAH, entre otros. 42. Para evitar el contagio criminológico, se propone crear un servicio social destinado a atender niños y jóvenes vulnerables, capacitándolos en oficios útiles. En tales menesteres, resulta imprescindible la colaboración de actores privados, sean instituciones educativas como empresas. 43. Para efectos de hacer un uso eficiente, se propone la creación de una nueva instancia de Inteligencia Policial, que incorpore a todos los órganos con capacidades e información de inteligencia, como las policías, Fuerzas Armadas y Gendarmería, entre otros. Entre otras funciones, esta nueva agencia deberá sistema-tizar la información proveniente de las distintas instituciones y crear un base de datos común. 44. Mejorar los procesos de recopilación de datos administrativos y estandarizar la clasificación de los tipos de delitos, para facilitar la integración y calidad de distintas bases de datos. A partir de estos, se deben crear modelos predictivos que permitan focalizar los recursos policiales de manera eficiente y eficaz. 45. Adecuación y masificación de herramientas de análisis biométrico en aeropuertos y puntos fronterizos a partir de datos suministrados por el Conjunto Normalizado de Loci (ISSOL), el sistema operativo “I-link” y la plataforma de datos en línea I-24/7, todos pertenecientes a la INTERPOL. 46. Ampliación en las atribuciones del Estado de Emergencia. En aras de convertir este régimen excepcional en una herramienta eficaz de control en casos de grave alteración del orden público o daño a la seguridad de la nación, el Presidente de la República debe tener la facultad, junto con restringir libertades de locomoción y reunión, de interceptar, abrir o registrar documentos, y toda clase de comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención.

Por supuesto, dada la posibilidad real de hacer uso político de tan poderosa herramienta, este renovado Estado de Emergencia no deberá durar más de cinco días. La prórroga 28

requerirá de manera forzosa el acuerdo del Congreso Nacional a través de quórums calificados progresivos. Es decir, una primera prórroga solo será aceptada con 4/7 de todos los parlamentarios en ejercicio. La segunda prórroga deberá contar con 3/5 y, finalmente, una tercera con 2/3. 47. En tales circunstancias, el Presidente de la República deberá otorgar a Carabineros y Fuerzas Armadas todas las herramientas necesarias para el restablecimiento del orden público, a fin de evitar situaciones similares a lo ocurrido después del 18 de octubre de 2019 o del terremoto de febrero de 2010. 48. Las barras bravas deben ser declaradas organizaciones ilícitas. Para efectos de impedir sus actividades criminales, además, se sancionará a todos aquellos directivos de clubes que las financian, sea de manera directa o indirecta. Se sancionará, de igual manera, todos los delitos, faltas e infracciones cometidas por cualquier persona con ocasión de un espectáculo de fútbol profesional, sea en el interior del recinto deportivo o en sus inmediaciones. Asimismo, se aplicará a to-dos los hechos y circunstancias conexas a dicho espectáculo y, especialmente, a los ejecutados en el transcurso de entrenamientos, animaciones previas, celebraciones, venta de entradas, uso de los servicios de transporte público remunerado de pasajeros y desplazamientos de los equipos, de los asistentes, de los medios de comunicación y otros intervinientes a los recintos deportivos y lugares de concentración, anteriores o posteriores a un evento deportivo, que tengan como motivo o causa principal los espectáculos antes referidos. Esto se concretará modificando la “Ley de Violencia en los Estadios”. 49. El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, así como el resguardo de los datos personales, derechos consagrados en el artículo 19 numeral 4 de la Constitución, exige que los actos y acciones denominadas “funas” que atenten de manera flagrante contra estos derechos sean tipificados como delitos y sancionados como tales. 50. Elevar las penas y sanciones por delitos cometidos en contra de un funcionario de las Fuerzas de Orden y Seguridad en ocasión del cumplimiento de sus funciones policiales. 51.

Desarrollo de una Política Nacional de Atención a la Víctimas: Evaluación de la pertinencia y resultados de las distintas instituciones de protección a las víctimas como las Unidades Regionales de Asistencia a Víctimas y Testigos (dependiente del Ministerio Público), Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violen-tos, Corporaciones de Asistencia Judicial, Centros de Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos, Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (Policía de Investigaciones), Programas Violencia Intrafamiliar (Servicio Nacional de la Mujer) y programas especializados en Maltrato Infantil (SENAME). Una vez estudiado su desempeño, incluida una evaluación de la calidad de sus servicios, resultados de terapias, protección a las víctimas y satisfacción de las mismas, 29

serán objeto de modificación –en caso de desempeño deficiente– o ampliación de facultades. 52. Modificación del concepto de proporcionalidad en relación a la legítima defensa: Se deben destinar todos los recursos legales, económicos, técnicos y humanos para proteger la vida y propiedad de los ciudadanos. Mas, cuando este falla, las víctimas tienen el derecho optativo a la autodefensa. De acuerdo al artículo 10 números 4, 5 y 6 del Código Penal, se encuentran exentos de responsabilidad penal aquellos que obran en defensa de su persona o derechos, así como los de su cónyuge, conviviente, parientes consanguíneos y colaterales y, en ciertas circunstancias, extraños. No obstante, para considerarse una acción como autodefensa se requiere la presencia de 1) una agresión ilegítima, 2) la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y 3) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Resulta urgente reformular el segundo punto relativo a la “necesidad racional”, pues, es imposible aducir proporcionalidad en el uso de la fuerza en el enfrentamiento entre victimario y víctima: mientras el delincuente logró planear y preparar el crimen de manera anticipada, la víctima carece de capacidad de comprensión y cuantificación a cabalidad del ataque mientras ocurre. Víctima y victimario poseen diferentes conciencias situacionales, entendiendo por esta el conocimiento y comprensión de los objetos y eventos circundantes que determina la toma decisiones, explicando las disímiles capacidades de acción y reacción. En el contexto de un allanamiento de morada, donde de manera incuestionable ha de presumirse una intención hostil y planificada por parte del perpetrador, el morador, asediado de manera imprevista, tiene el derecho de anular la acción del intruso con todos los medios a su disposición. En síntesis, en tanto legítimo, el eventual exceso de fuerza por parte de la víctima no puede ser una limitante a su derecho a la autodefensa. 53. Una medida urgente es el término inmediato del SENAME y su reemplazo por dos nuevas instituciones, el Servicio de Protección de la Infancia y Adolescencia y el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente. 54. Focalizar mayor inversión en la reinserción de menores y mayores infractores de ley incorporando a la empresa privada en la capacitación de oficios. Adicionalmente, detectamos la necesidad de una mayor inversión en asistencia de niños y jóvenes con desórdenes mentales no graves tipo TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad), entre otros. 55. La prevención situacional busca intervenir el diseño ambiental y urbanístico del espacio público para efectos de aumentar los costos de delinquir.

Entre las medidas más recurrentes se halla la instalación de cámaras de seguridad, iluminación de vías públicas, mejora en los accesos en residencias, alarmas comunitarias, entre otras. Dado el conocimiento de los sectores más afectados por el crimen, se propone una fuerte inversión en infraestructura en las zonas más críticas de las principales ciudades del país. 30

56. Vigilancia formal: Sin duda, uno de los principales disuasivos en el espacio público es el patrullaje policial, potestad exclusiva de Carabineros de Chile. Dada la enorme demanda de seguridad pública, en el año 2000 se creó el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, «sistema de asignación de recursos policiales a las distintas unidades territoriales, más pequeñas que una comuna, sobre la base de estimaciones de demanda, que consideran no solamente la cantidad de delitos, sino que también los procedimientos policiales». La efectividad del patrullaje sugiere la extensión de este programa en determinadas zonas y horarios, ampliando cuantitativamente tanto el contingente de carabineros como sus recursos. 31

Atrévete a Gobernar Mejor El progreso económico y social de las naciones se encuentra intrínsecamente unido a su estabilidad política. Sin instituciones sólidas y modernas, reflejo de una autoridad legítima y eficiente en el uso del poder, el anhelado desarrollo será una eterna quimera para Chile. El origen de dicha legitimidad y eficiencia radica tanto en el irrestricto respeto a las leyes que protegen la vida y propiedad de los miembros de la comunidad, como en la representatividad de la voluntad popular. Chile enfrenta una severa crisis política que ha mermado la capacidad de gobernabilidad de las autoridades electas. Por el bien de la República y, por consiguiente, de la sociedad en su conjunto, debemos restablecer la normalidad institucional, devolviendo la confianza ciudadana en las instituciones. Para lograr aquello, Ideas abogamos por un diseño institucional que asegure que las autoridades políticas se aboquen a resolver las problemáticas que aquejan a los electores, antes que a implementar agendas ideológicas lejanas de las preocupaciones de los chilenos. Los republicanos proponemos cambios radicales que seguramente serán resistidos por las fuerzas del status quo estatal y político, manteniendo los aspectos positivos del sistema presidencialista, institución que ha demostrado dar la mayor estabilidad al país a lo largo de nuestra historia. Si bien es cierto que la figura presidencial se ha visto debilitada en la última década, estimamos que ello obedece en gran parte a un Congreso disfuncional compuesto por un sistema electoral que fomenta lógicas de disenso y no de consenso, dando alta representación a voces minoritarias, alineando los incentivos hacia el obstruccionismo legislativo y el revanchismo político. La proporcionalidad del sistema electoral, la baja cantidad de distritos electorales y el alto número de escaños disponibles son los factores que permiten que liderazgos radicalizados puntuales puedan “arrastrar” a personas afines que no gozan de niveles mínimos de representatividad, tornándose funcionales a la agenda de quien los llevó al poder. En el sistema político actual se ha vuelto rentable que personas con escasos principios republicanos y dispuestos a desafiar permanentemente la autoridad presidencial, entren al hemiciclo sin disposición real de diálogo, más que con sus padrinos políticos, dedicándose a replicar sus votaciones y patrocinar acusaciones sin fundamento jurídico. Todo lo anterior, qué duda cabe, contribuye a dañar la actividad legislativa y la estabilidad democrática. Por otro lado, la permanente fragmentación de fuerzas que induce nuestro sistema dificulta la formación de bloques con vocación de mayoría, desincentivando el respeto a la institucionalidad y la utilización en favor de intereses personales, partidistas o ideológicos.

En consecuencia, estimamos que los defectos de gobernabilidad y confianza institucional que padece nuestro país exigen una corrección a la forma en que se compone e integra el Congreso Nacional, especialmente la Cámara de Diputados, asegurando una conducta parlamentaria que garantice el respeto a la Constitución. Específicamente, planteamos pasar a un sistema electoral mayoritario que contemple 33

una alta cantidad de distritos (100 en total, de población relativamente similar), donde solo se proclame ganador a quien obtenga la mayor cantidad de votos del distrito respectivo. Lo anterior contribuirá a la conformación de un hemiciclo verdaderamente representativo. El Senado se reduciría a 29 miembros, cuya distribución de escaños seguiría siendo territorial y no por población. Por otro lado, nuestra propuesta incluye la creación de un nuevo organismo permanente, al que hemos llamado Alto Consejo de Estado, compuesto por personas mayores de setenta años que hayan ostentado los cargos de ministro de Corte Suprema, Tribunal Constitucional o Contralor General de la República. Este organismo, se encargará de hacer control preventivo de la constitucionalidad de los proyectos de ley, además de pronunciarse, de manera vinculante, respecto de la admisibilidad de las acusaciones constitucionales. Asimismo, reemplazará las comisiones de ética de ambas corporaciones, teniendo la facultad de multar con un día de dieta parlamentaria a los presidentes de comisión por cada día que omitan poner en tabla un proyecto de ley cuya urgencia haya sido solicitada por el Ejecutivo, entre otras atribuciones. Algunas de las propuestas: 57. Gobernar con Austeridad. Chile vive una crisis económica de proporciones y el aumento del gasto público es sideral, producto de la pandemia y el crecimiento del Estado. Vamos a profundizar radicalmente los esfuerzos por llevar la austeridad a cada rincón del Estado de Chile para reducir los gastos, costos y sobreposiciones de atribuciones y funciones, para conseguir importantes ahorros al interior del Estado. 58. Austeridad como Ejemplo. En específico, como Presidente, me comprometo a reducir mi dieta presidencial en un 50%, efectiva desde el primer día de Gobierno. Se hará, asimismo, una revisión de las remuneraciones y asignaciones de las altas autoridades del Estado y de todos aquellos que tienen altas remuneraciones, incluyendo Senadores, Diputados, Jueces y Fiscales. 59. Disminución del número de parlamentarios: Proponemos una Cámara de Diputados de 100 miembros y un Senado de 29 miembros. 60. Nuevo sistema electoral: Los diputados durarán cuatro años en sus cargos y deberán ser elegidos por un sistema electoral mayoritario uninominal, donde se elija un solo diputado por cada uno de los 100 nuevos distritos electorales, los que deberán ser relativamente homogéneos en términos de población. Este sistema tendrá la virtud de moderar las elecciones de cada distrito ya que, al haber un solo ganador, las fuerzas políticas tenderán naturalmente a consolidarse en grandes bloques que busquen construir una mayoría.

Como una segunda forma de evitar la fragmentación – y consiguiente polarización – se propone que el sistema no admita segunda vuelta. Este sistema contribuirá a personalizar y despolitizar las elecciones de cada distrito, acercando a la gente a sus representantes y asegurará la representatividad de los diputados, quienes contarán con altas votaciones. 34

61. Creación del Alto Consejo de Estado: Se creará un nuevo órgano permanente, con autonomía legal, cuya función será la de velar por la debida conducta parlamentaria. Sus miembros deberán ser mayores de 70 años que hayan ostentado los cargos de ministro de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional o Contralor General de la República. Este órgano efectuará un análisis preventivo de constitucionalidad a los proyectos de ley presentados. Asimismo, se pronunciará res-pecto de la admisibilidad de las acusaciones constitucionales y reemplazará a las comisiones de ética de ambas cámaras. Finalmente, sancionará la inobservancia de las urgencias legislativas del Poder Ejecutivo, multando a los presidentes de cada comisión que no pongan en tabla los proyectos cuya urgencia hubiere dispuesto el Ejecutivo (se sugiere un día de dieta por cada día de atraso). 62. Escala Única de Remuneraciones: Proponemos que las remuneraciones del sector público se concentren en una escala única que se encuentre indexada al sueldo medio del sector privado (según cálculo del sistema previsional) y cuyo escalafón más alto no pueda ser mayor a diez veces la mediana de sueldo del sector privado. 63. Digitalización: Es de suma relevancia aumentar la capacidad de los equipos humanos, avanzando en la transformación digital del Estado. Asimismo, la regulación de los e-government son oportunidades para el teletrabajo en un mundo global, exigiendo una cultura en la Administración Pública sobre la transformación digital, creando ecosistema de datos tanto en gobiernos regionales como locales. Para ello, se debe implementar convenios con países altamente avanzados en dichas políticas como son Australia, Singapur o Estonia (una de las sociedades digitales más avanzadas del mundo), coordinando, reformando y capacitando todos los niveles de gobierno, además de mejorar la gestión pública. 64. Tamaño del Ejecutivo: Consolidación de carteras ministeriales: Debemos terminar con la expansión burocrática del Estado. En las últimas décadas, su crecimiento ha sido exponencial, por lo que proponemos una agresiva estrategia de consolidación de carteras ministeriales para pasar de los actuales 24 ministerios a 12. Lo anterior se lograría manteniendo la actual configuración de seis, a saber, Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores, Hacienda, Trabajo y Salud; mientras los otros 17 se fusionan dando origen a las seis nuevas carteras. 65. Transparencia total en la comunicación presidencial. Proponemos un modelo distinto de Gobierno, transparente y directo para abordar contingencias, los éxitos y fracasos de la gestión Ante cada hecho, denuncia, problema o inquietud, el Presidente responderá con urgencia 66.

Reducir al menos un 10% la dotación de personal de la Administración Pública, mediante el cese de funciones de los funcionarios a contrata y honorarios que 35

han sido asignados solo por motivaciones políticas o vínculos familiares. Junto con ello, proponer una normativa mucho más estricta para la contratación en el sector público y la extensión del Sistema de Alta Dirección Pública a instituciones y niveles donde hoy no está presente. 67. Reducir, a lo largo de toda la Administración Pública, en al menos un 20% los gastos asociados a viáticos, viajes, bienes y servicios de consumo, automóviles, horas extraordinarias, informes y estudios, etc. Chile tiene que promover un Estado austero y eliminar los privilegios enquistados en la administración del Estado. 68. Ley y Reglamentación Anti “Pituto”. Prohibir la contratación directa de familiares en el Estado mediante el establecimiento de requisitos de concursos públicos para la postulación de personas con vínculos de parentesco con Diputados, Senadores, Autoridades de Gobierno, etc. 69. Establecer una Unidad de Cumplimiento que dependa directamente del Presidente de la República y que coordine, haga seguimiento y controle la gestión gubernativa y el funcionamiento de los Ministerios, Servicios y Agencias conforme a los objetivos del Gobierno y las metas establecidas en el programa de Gobierno. Dicha Unidad deberá implementar un modelo de gestión transparente y abierto a la ciudadanía, con participación de las organizaciones no gubernamentales y entidades de auditoría gubernamental para promover una acción eficaz y efectiva de la labor del ejecutivo. 70. Academia de Servicio Civil para todos los funcionarios públicos que verifique requisitos de ingreso, permanencia y expulsión del Sistema Público. El servicio civil debe concentrar no sólo los concursos de alta dirección sino tener injerencia en toda contratación y evaluación al interior del Estado. En medida en que centralizamos el cumplimiento de requisitos y estándares de desempeño, quitaremos la discrecionalidad de jefes de servicio que se ven tentados a relajar las obligaciones y a contratar a amigos, conocidos, o familiares. 36

Atrévete a Defender nuestra Soberanía La política exterior de Chile es el conjunto de las decisiones públicas, abiertas o reservadas, que toma su gobierno en relación con los demás actores del sistema internacional y en función de los intereses nacionales explícitos e implícitos que el país ha definido en el tiempo. Su principal objetivo es la defensa de los intereses permanentes de Chile en el exterior, afirmando y ejerciendo nuestra independencia, expresada en nuestra soberanía, integridad territorial y política. La política exterior es un Bien Público al cual acceden todos los chilenos por igual. Todos los Estados del globo son iguales en naturaleza y derechos. Las entidades colegiadas internacionales y sus burocracias, creadas por los mismos Estados, son temporales, subordinadas, y están al servicio de los miembros titulares del sistema de naciones. Se desprende de lo anterior que la Constitución y las leyes chilenas deben tener precedencia sobre pactos o tratados internacionales aprobados y ratificados por Chile. Chile respeta el Derecho Internacional sosteniendo a la vez el principio de Supremacía Soberana. En consecuencia, entendemos la pertenencia a regímenes específicos de Derecho Internacional como voluntaria, condicionado al respeto de los legítimos intereses de Chile y, por tanto, subordinado a su Constitución. Asimismo, la política exterior de Chile no es neutra. Hay estados que contribuyen al orden y seguridad tanto nacional como internacional, y otros que los desestabilizan. Chile se identificará con aquellas democracias, que protegen la libertad y derechos de sus ciudadanos, que contribuyen a la estabilidad y prosperidad global. Entre los objetivos chilenos relevantes están la protección comprehensiva del Medio Ambiente, la defensa amplia de los Derechos Humanos y la promoción de los principios democráticos republicanos. El liderazgo internacional de Chile se obtendrá por la solidez de sus instituciones y de su democracia, por la credibilidad y coherencia de sus relaciones exteriores, por el respeto a los asuntos internos de otros Estados, por la disposición a crear regímenes internacionales que contribuyan al proteger el interés propio y de los otros asociados. Esta imagen estará al servicio de los intereses de Chile en el comercio y finanzas mundiales, al reforzamiento de los lazos culturales con países afines y al entendimiento entre las grandes potencias de las cuales depende la paz mundial. Consecuentemente, potenciaremos la inserción económica de Chile en la economía mundial, modernizando los tratados de libre comercio, crearemos una agenda de valores democráticos y culturales, así como una red de consultas estratégicas y seguridad.

Habrá una nueva matriz para nuestra política exterior, por la consolidación de una realidad económica nacional moderna, la mayor incidencia del comercio internacional, la emergente estructura de poder en el sistema internacional y a los nuevos riesgos externos e internos que enfrenta Chile. Esta matriz dará prioridades que redistribuirá las misiones diplomáticas, evaluará y mitigará las vulnerabilidades del comercio exterior, redefinirá las relaciones con las OO.II. y las ONGs, en fin, estudiará los desafíos emergentes de la política internacional que tendrán eventual incidencia en el bienestar de la sociedad chilena. 38

Algunas propuestas en esta materia: 71. La política de apertura económica externa ha llegado a una fase de estabilización, que requiere ser revisada y perfeccionada. Por ejemplo, los acuerdos bilaterales vigentes y futuros con países emergentes, para continuar abriendo mercados, eliminar las barreras pararancelarias, proteger y respetar equitativamente la propiedad intelectual de las partes, compatibilizar normas de protección ambiental y, en general, acordar normas de interés bilaterales. 72. En esta línea, proponemos reforzar la vinculación de Chile con Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Alemania, como cabeza de la Unión Europea, como socios políticos estratégicos. También propiciamos estrechar vínculos con países del Asia Pacífico, por su creciente importancia económica. 73. Un terreno más promisorio y conocido es la activa participación chilena en los organismos multilaterales que tratan temas de seguridad internacional. En ese terreno tiene capacidad para contribuir a acuerdos multilaterales que neutralicen los efectos más perniciosos de los conflictos, en particular en organizaciones como la OEA y en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde le ha tocado ser electo conforme a procedimientos establecidos. 74. No obstante, un aspecto importante en el tema de la seguridad es evitar que actores políticos nacionales busquen alianzas transnacionales con el objeto de aumentar sus probabilidades de llegar al poder en Chile, e incluso hacerlo de manera irreversible. Un grave peligro es la tendencia histórica de regímenes subversivos como Cuba y Venezuela de apoyar por medios ilegales y ocultos a grupos y partidos políticos de la extrema izquierda chilena, frente a lo cual nuestros gobiernos electos han mostrado extrema debilidad y tolerancia. 75. Chile debe restablecer y hacer valer el principio de la Supremacía Soberana, por cuanto las organizaciones internacionales y sus burocracias son el resultado de decisiones colectivas de los estados contratantes y que no puede haber tutela de ellas sobre los entes que les dieron origen. Producto de la lógica de las organizaciones burocráticas, que con el tiempo tienden a crecer, aumentar funciones, asumir facultades y generar misiones propias, el sistema internacional ha experimentado una hipertrofia funcionaria de sus organizaciones colegiadas que lentamente se han transformado en supranacionales. Como resultado, hay una proliferación de funcionarios no electos que se inmiscuyen permanentemente en los asuntos internos de Chile, en alianza con otras entidades no gubernamentales, chilenas y extranjeras, que han creado su propia agenda de control político, económico y cultural. 76. La Constitución y las leyes chilenas deben tener precedencia sobre pactos o tratados internacionales aprobados y ratificados por nuestro país.

Chile respeta el Derecho Internacional sosteniendo a la vez el principio de Supremacía Soberana. En consecuencia, entendemos la pertenencia a regímenes específicos 39

de Derecho Internacional como voluntaria, condicionado al respeto de los legítimos intereses de Chile y, por tanto, subordinado a su Constitución. Se denunciará el Pacto de Bogotá por ser un instrumento que se ha mal empleado, menoscaban-do la soberanía y autodeterminación de Chile. 77. Caso especial merece la situación de la FLACSO, entidad de pretendido carácter académico, que desde hace décadas ha derivado en el activismo político y en el refugio laboral de ex políticos nacionales y extranjeros. Esta entidad será notifica-da del fin de sus operaciones en nuestro país. 78. La política exterior chilena no es contraria a la cooperación internacional y tampoco lo es a la existencia de organismos internacionales que faciliten el entendimiento político, la difusión del conocimiento, el progreso material y espiritual de la humanidad. La vocación de contribuir en los organismos técnicos, financieros y legales de las organizaciones internacionales continuará y será reforzada donde sea procedente. 79. Hay un estancamiento de los recursos materiales destinados al MINRREE en las últimas décadas. Mientras el Ejecutivo creció en otras reparticiones, en el mismo período se abrieron un 50% más de embajadas, sin que se haya ampliado la planta del Servicio Exterior en cuatro décadas. El fortalecimiento de las áreas económicas fue oportuno y necesario, pero no justifica este déficit. Con este nivel de demandas, faltan funcionarios aptos para atender todas las necesidades diplomáticas. Como contrapartida la carrera funcionaria y política en el MINRREE será incompatible con cargos posteriores en organizaciones supranacionales. 80. Los funcionarios de nuestra diplomacia y la planta profesional deberán internalizar y enfrentar con una mejor preparación los nuevos desafíos provenientes del medio internacional. Las amenazas a la independencia nacional llegaron a nuestras puertas y atentan contra la Supremacía Soberana. Delicados asuntos, como el tratamiento de los Derechos Humanos; la inmigración; la política laboral; la política indígena, para nombrar las más sobresalientes, requieren con urgencia determinar y neutralizar su efecto destructivo sobre nuestra integridad republicana. Será preciso determinar el grado de manipulación y distorsión que han tenido estas políticas y que escaparon al control soberano de Chile y su ciudadanía, al evolucionar para convertirse en agendas de movimientos transnacionales ideologizados y de sus aliados antidemocráticos locales, orientados a hacerse ilegítimamente del poder. 81. Romper relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela. Chile no puede seguir subsidiando políticamente a regímenes dictatoriales de América Latina. Nuestro país debe liderar, con el ejemplo, el restablecimiento de la democracia y la libertad en esas naciones. 82. Retiraremos a Chile del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

tiene como miembros a Venezuela y Cuba, las dictaduras más sangrientas de América Latina. No seremos cómplices! 83. Racionalidad en la participación en tratados internacionales y presencia diplomática. Se promoverá la participación de Chile en tratados internacionales que apoyen su desarrollo económico-social y se denunciarán aquellos que afecten dañinamente su soberanía. 41

Atrévete a Regionalizar Chile El sobredimensionamiento de la burocracia estatal ha llevado a que en la última década se hayan creado tres nuevas regiones (Arica y Parinacota, Los Ríos y Ñuble), llegando a 16 regiones. Esta fragmentación territorial, lejos de empoderar a las regiones, ha contribuido a su pérdida de poder frente al omnímodo peso de la Metropolitana de Santiago. Nuestra propuesta considera la mantención del Estado unitario, sin embargo, consideramos que la democratización de la elección de representantes locales que ejecuten el presupuesto es un proceso consistente con el principio de subsidiariedad y que, bien manejado, puede generar efectos positivos frente al actual sistema que, sin haber sido implementado aún, se avizora como problemático atendida la cohabitación del Gobernador y el Delegado Presidencial. Estimamos que hay que tomar una posición decidida, bien por el sistema como existía, plenamente centralizado, o tomar una ruta más arriesgada pero que efectivamente empodera a las regiones con más autonomía, más democracia y por ende más libertad. 84. Gobierno en Terreno. Al menos una semana al mes, el Presidente y algunos Ministros se trasladaran a las regiones a vivir, en terreno, los desafíos de las distintas localidades de la región, para construir soluciones reales y no a través de diagnósticos remotos. 85. Una vía para otorgar mayores atribuciones a las regiones, compensando el desequilibrio poblacional de los territorios sobre la Región Metropolitana, consistirá en crear adicionalmente macro-regiones y evaluando la eliminación de la figura de provincias, que en la actualidad no tiene mayor utilidad práctica: «Es necesario crear macrorregiones para que la entrega de poder a autoridades regionales desconcentre el poder de forma efectiva. Chile debiera tener alrededor de 7 macro-regiones para que su concentración poblacional sea similar al país medio de la OCDE», como complemento a las regiones ya existentes. 86. Convocatoria anticipada a elección regional cumplidos dos años de mandato del Gobernador: Esta es una facultad muy drástica del Presidente de la República, frente a un Gobernador Regional que no le permite implementar su plan de gobierno. Para efectuar la destitución, el mandatario debería contar con el apoyo de 2/3 de la Cámara de Diputados y dos senadores de la Región. Por supuesto, una medida como esta poseerá importantes costos políticos para ambas autoridades: por una parte, el presidente debe tener presente que, si el gobernador en ejercicio, que podrá participar en la nueva elección, resulta victorioso, la medida habrá sido muy impopular y posiblemente reflejará una amplia oposición a la gestión del mandatario.

Por otro lado, el gobernador no podrá eludir tan simple-mente sus responsabilidades o entorpecer innecesariamente al presidente, pues sabrá que en cualquier momento el primero podrá llamar a elecciones y su cargo penderá de la voluntad de la gente. 43

En el caso de gobiernos altamente impopulares, la medida tenderá a favorecer al gobernador desafiante, pero estimamos que esto incluso podría ser positivo, dado que la ratificación de su mandato aumentará su responsabilidad política local, tendiendo a aminorar la del líder del Poder Ejecutivo. 87. Terminar con las provincias: Evaluamos seriamente terminar con la existencia de las provincias, en tanto unidades territoriales intermedias de carácter independiente de la del Gobernador Regional, transformándolas en oficinas con capacidad de coordinación entre las diversas comunas. 88. Ingresos y Rentas de los Gobiernos Locales: Actualmente, los municipios son actores pasivos que dependen de los traspasos del Gobierno Central y de gravar actividades de clara identificación local, careciendo de mecanismos expeditos para rentabilizar su potestad sobre la administración de los bienes nacionales de uso público. Estimamos que los municipios debieran tener la facultad de generar recursos propios para la satisfacción de necesidades locales, valiéndose de las herramientas económicas que existen actualmente en el país, sujetándose a las mismas reglas que tienen los privados. La propuesta, en síntesis, es que los municipios puedan invertir sus rentas, pero sin entrar a administrar dichas inversiones. 89. Regionalización de la Salud: Se desarrollará un programa innovador de concesiones de población por áreas geográficas para la entrega de servicios integrales de salud a la población adscrita. Una forma de hacerlo podría ser impulsar programas que hoy son muy parciales, como el “Proyecto Áncora” de la PUC, transformándolos en programas integrales de salud a cambio de la cápita que reciban. 90. Soluciones en cada región: FONASA podrá licitar o concesionar población por áreas geográficas coordinado con los respectivos Servicios de Salud, mediante sistemas capacitados que proporcionen servicios integrales de salud. Los médicos podrán organizarse en PYMES para responder a las necesidades de la población en salud primaria (similar al sistema inglés de GP). 91. Diseñar un sistema de subsidios a la demanda, que rentabilice la operación de empresas regionales en comunas de bajos ingresos. 92. Establecer una coordinación estrecha con las municipalidades, que permita desplegar la infraestructura indispensable para el desarrollo de las telecomunicaciones. Ello es posible si se asegura la compartición de infraestructura (torres, postes, canalizaciones subterráneas, etc). 93. Facilitar el establecimiento de empresas en las regiones, aprovechando sus ventajas comparativas para la generación de trabajos, impulso económico y de emprendimientos que fortalezcan a estas ciudades y sus regiones. 44

94. Nueva política de patentes municipales que exija que estas se paguen en cada lugar en que se realicen las faenas y/u operaciones. 95. El desafío en el ámbito de descentralización cultural, junto con mejorar la infraestructura cultural regional tanto a nivel público como privado, es aumentar los incentivos para impedir la migración de profesionales, artistas, artesanos, gestores, entre otros, a las ciudades por falta de recursos. Crear incentivos que promuevan la migración a regiones desde la capital. Proteger y difundir la cultura local de cada territorio para potenciar la identidad y pertenencia. Abrir oportunidades para nuevas industrias creativas regionales. 96. Es necesario dar continuidad al proceso de integración de las comunidades a lo largo de todo Chile. Es importante el rol que deben cumplir los gestores culturales regionales a lo largo del país para unificar, informar y potenciar todo tipo de proyectos culturales, especialmente en las áreas donde no hay cobertura de internet. Estos gestores están encargados de guiar e interactuar con las comunidades para que logren acceder a los fondos estatales o a fondos privados, o al aprovechamiento de programas ofrecidos a través de las Municipalidades. Estos monitores podrían ser estudiantes part time, quienes capaciten y acompañen a los distintos miembros de la comunidad en el proceso de postulación a concursos públicos y privados. 97. Fortalecimiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y establecimiento de mecanismos para garantizar el buen uso de los recursos.7 98. Reorganización de los municipios. Ellos son las instituciones del Estado más próximas a las ciudadanas y ciudadanos. Deben ser dotados de recursos suficientes para llevar a cabo sus tareas, junto con entregársele más atribuciones. En este sentido, proponemos avanzar hacia un reagrupamiento y concentración de las comunas, para fortalecer sus cuadros humanos y sus recursos. 99. Modificación al Fondo Común Municipal, para establecer un mayor aporte fiscal directo desde el Estado, que incluya la fijación de un piso mínimo por habitante y otro variable para población transitoria. 100. Mejoramiento de la conexión de las zonas sur y austral, así como la renovación y el fortalecimiento de la red ferroviaria como mecanismo de integración al interior del país. También debemos ser capaces de explorar los diversos corredores existentes, así como las instalaciones ya existentes de infraestructura, en especial en la zona norte y que pueden ser un catalizador de los mecanismos de vinculación intrarregionales. 101. Incremento de las inversiones públicas, los incentivos tributarios y el fomento a la inversión privada en las zonas extremas. Tenemos un gran desafío 7 Propuestas 102 a 106 del programa presidencial del ex candidato Mario Desbordes Jiménez (2021) 45

territorial, ya lo hemos señalado, nuestro país debe ser uno y cada chileno sentir que es parte de éste, para lo cual, mediante diversos sistemas de políticas públicas, fortaleceremos cada rincón del territorio, para que nadie sienta que su situación es distinta al resto de sus compatriotas. 46

Atrévete a Defender Chile El principal objetivo de la Defensa Nacional es proteger a Chile de la amenaza de una agresión armada externa o interna. La Defensa Nacional, por tanto, permite asegurar el desarrollo en paz y libre de interferencias de nuestra sociedad. La Defensa es un bien público que se distribuye por igual entre todos los chilenos. Específicamente, corresponde a nuestra Fuerzas Armadas la defensa externa de la República. Asimismo, constituyen un importante elemento de respaldo de la Política Exterior, contribuyen a la seguridad interna, asisten en catástrofes naturales y sanitarias, además de funciones específicas, como colaborar en elecciones. Finalmente, el rol de las FF.AA. también incluye la participación, junto a las Fuerzas de Orden, en el control de otras amenazas internas, que tienen componente internacional, como la trata de blancas, el tráfico de drogas, el tráfico ilegal de inmigrantes, entre otros, y de acuerdo a la ley. La tarea de formular y dirigir la Política de Defensa es el rol principal del Ministerio de Defensa, pilar central sobre el cual descansa la Defensa. Esto quiere decir, desarrollar y ejecutar el Plan Estratégico Nacional. Planificar y coordinar la acción conjunta de las Fuerzas Armadas a través del Estado Mayor Conjunto; realizar los planes nacionales de contingencia y los planes de movilización; aprobar y tramitar los presupuestos de las Instituciones Armadas, entre otras funciones. El cargo de Jefe de Estado Mayor Conjunto debe alcanzar el nivel jerárquico de las comandancias en jefe de las Fuerzas Armadas para mejorar la función racionalizadora pasando a retiro al final de mandato. Respecto a la asignación de recursos, el criterio fundamental es la suficiencia. Determinar la cuantía de estos recursos es una decisión del Ejecutivo realizado con la asesoría del ministerio del ramo y del EMCO. El ciclo parte con las propuestas de las instituciones armadas, que determina las capacidades requeridas, las que en el tiempo se reflejan en un nivel presupuestario refrendado por el Poder Legislativo. Las FF.AA. y de Orden son las poseedoras exclusivas de las armas en Chile. Ningún grupo o asociación política o de otro orden podrá tenerlas. Una Ley de Control de Armas protege el derecho de las personas a tener armas individuales. Es necesario que la autoridad encargada del control de armas tenga los instrumentos para calificar claramente el uso subversivo o terrorista de las mismas. Algunas propuestas en esta área: 102. Queremos una Defensa que siga proveyendo la seguridad que las FF.AA. nos han brindado por décadas.

Por tanto, se requiere que sus profesionales lo sigan haciendo con dedicación e integridad vocacional; que se desarrollen más y mejores procedimientos del Ejecutivo para asignar eficientemente recursos a proyectos viables y eficaces; que el Poder Legislativo comience a familiarizarse y tomar responsabilidades con las necesidades permanentes de la Defensa; en fin, que la ciudadanía conozca mejor el valor a veces intangible de la seguridad externa y no deba lamentar su falta en el futuro, cuando más la necesite. 48

103. El criterio para definir cuánta defensa necesitamos es Suficiencia. Dicho criterio estará dado por la estimación de los niveles de capacidad militar requeridos para producir Disuasión Convencional en el contexto regional. La disuasión es la política estratégica por excelencia de las democracias: busca el status quo, al no atacar a nadie en particular; no pretende territorios ajenos ni busca obtener posiciones hegemónicas; demanda alcanzar un nivel de capacidad acotado. Esto es pro-ducto del consenso democrático y tiene presente los intereses de otros estados, implementándose de forma transparente. La ciudadanía y los demás países la conocen o pueden verificarla. Las tareas asignadas por la disuasión, determinará las capacidades requeridas y la estructura de fuerzas. Siempre habrá espacio para la eficiencia, la disciplina presupuestaria y la inversión. 104. El Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas deberán fijarse al menos dos objetivos, ambos necesarios para conseguir un grado de flexibilidad operativa y autonomía internacional que beneficiarán al país: el primero, preparar y mantener fuerzas de reserva capaces de duplicar sus efectivos desplegables ante una emergencia nacional o internacional. Las tareas serán diferentes para cada una de las ramas de las FF.AA. 105. La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) tendrá una nueva dependencia en la estructura de la Defensa, con mayor presupuesto y facultades para acometer el nuevo papel de las reservas. De esta manera el Ejército deberá mantener una fuerza de reservistas equivalente al número de sus efectivos, la Arma-da lo hará con un contingente de una Brigada plus, principalmente de Infantes de Marina, y la Fuerza Aérea con el equivalente a una brigada, incluidas tres compañías de artillería antiaérea, una compañía de pilotos de combate de reserva y otras de Infantería de Aviación. 106. En segundo lugar, se unificará una política a nivel ministerial, como parte de una política de carácter nacional, en un instructivo Presidencial a concretarse en el lapso de una década, consistente en que el material de combate más importante de cada una de las ramas de la defensa, por ser principalmente extranjero y por consideraciones de carácter político-estratégicas y de soberanía nacional, será seleccionado rigurosamente a fin de asegurar la debida independencia, compatibilizado con las necesidades logísticas de largo plazo, pero con mantención y modernización local y que estas fuentes no pondrán cortapisas al empleo soberano de esos medios. 107. Se ha iniciado un proceso de potenciamiento de las funciones de dirección y control financiero, económico y logístico del Ministerio de Defensa sobre las instituciones de las FF.AA., el cual debe continuar aceleradamente. 108.

La modernización y racionalización de este Ministerio deberá consolidarse al establecer el control positivo sobre las finanzas, adquisiciones y gastos de las instituciones por parte del Ministerio, el que incluirá una definición de las tareas 49

que corresponden en estas materias al ministro de Defensa y las subsecretarías de Defensa y de Fuerzas Armadas. 109. Las FF.AA. seguirán siendo administradas, conducidas y entrenadas por sus respectivos comandantes en jefes. Ellos tendrán como misión primordial preparar a las instituciones para estar en la mejor forma posible con los recursos materiales y humanos que el Estado ha puesto bajo su mando. 110. Simultáneamente, las tres ramas de las fuerzas armadas se dedicarán a preparar también a ciertos componentes de sus fuerzas para actuar en situaciones de catástrofes naturales y de emergencias territoriales, conducentes a prevenir, paliar neutralizar los efectos más nocivos de esas emergencias, para lo cual desarrollarán doctrinas específicas para este propósito. 111. La centralización de la Defensa tenderá a que los medios se empleen en forma conjunta, siempre respetando la necesidad de suficiencia y el aporte operacional que cada integrante hace respecto de las posibilidades de su equipamiento y de su misión específica. Una vez resuelto este requisito, se podrá avanzar sobre los aspectos del empleo eficiente de los recursos financieros y de los medios. La eficiencia se obtiene al aplicar criterios de racionalización de recursos para evitar el despilfarro y optimizar funciones, pero debe cuidarse que quienes apliquen tales patrones sepan claramente en qué consisten los principios doctrinarios y estratégicos que aseguran que la fuerza armada no pierda su eficacia como instrumento al servicio del poder del Estado. 112. Un importante paso se dará en dirección de la centralización de la Defensa, la que debería obedecer a una optimización de las capacidades militares, con un orden de batalla moderno y eficaz. Buscaremos la progresiva interoperabilidad de las FF.AA., efectivamente conjuntas, complementarias y con la mínima duplicidad de esfuerzos. Actualmente la Jefatura del EMCO no tiene suficientes atribuciones para coordinar y racionalizar el desarrollo de las fuerzas y sus misiones. Es preciso que su rango jerárquico ascienda y quede en condiciones de relacionarse con las jefaturas de la FFAA en un plano de igualdad. 113. La Subsecretaría de Defensa, aparte de las funciones que le otorga la Ley 20.424, se hará cargo de planificar la adquisición de sistemas de armas para las tres instituciones y aquellas que en el futuro sean comunes, mediante un riguroso sistema de desarrollo de fuerzas orientadas a satisfacer las necesidades estratégicas. 114. Los funcionarios civiles del Ministerio tendrán una carrera estructurada, que será equivalente en formación profesional, rango y autoridad a la del escalafón de oficiales de las FF.AA. 115. Reestructuración de la carrera y sistema de pensiones de las FF.AA.

permanencia y egreso del sistema, estableciéndose carreras parciales y asignando un porcentaje creciente de personal con carreras permanentes. El ingreso será centralizado y por instituciones. 116. Se adecuará la estructura de remuneraciones del personal de planta a las condiciones del mercado y se modificará la Ley de Plazas, que es insuficiente para los requerimientos del cuadro permanente de las FF.AA. 117. Los cambios propuestos incluyen un substantivo aumento de los aportes previsionales, los cuales irán a cuentas individuales, junto a un seguro por retiro involuntario anticipado, el que se hará efectivo al momento de jubilar, manteniendo el actual bono indemnización de retiro. Este nuevo sistema eliminará la disposición vigente de no reconocer pensión al retiro previo a los 20 años de carrera. 118. Proponemos crear una comisión especializada en pensiones que estudie la factibilidad y el costo de llevar adelante este proyecto a la brevedad posible. 119. Se estructurará un cuerpo de reservistas entrenados y dotados de equipamiento en las tres ramas de las FF.AA., capaces de ser llamados a las filas en materia de días por la DGMN. Estas reservas serán mantenidas y entrenadas en número y equipamiento de acuerdo a los requerimientos de cada institución, incluyendo parte del personal recientemente llamado a retiro. 120. Colaboradores en materias de seguridad pública. Las Fuerzas Armadas, en casos justificados y como medida estrictamente excepcional, podrán colaborar en materias de seguridad pública cuando les sea requerido a fin de luchar contra el terrorismo y el narcotráfico. 51

Atrévete a Erradicar la Corrupción Existe un consenso extendido que la actual falta de probidad obedece a un proceso de corrupción y malas prácticas que invadió a la sociedad chilena, particularmente, a la Administración Pública, las municipalidades, los Tribunales y el Congreso. En los últimos 30 años, con la aparición de síntomas visibles de corrupción se empezaron a tomar medidas legislativas. Esto fue gatillado por los casos de las ventas a futuro de CODELCO, el desmalezado a un costo desproporcionado de los jardines de la refinería de Concón, las enajenaciones fraudulentas de ONEMI en el período Aylwin (1990-1994), los casos de los regalos de monedas de oro del director de la Casa de Moneda. Posteriormente se modificó la antigua Ley 18.575 de 1986, por una nueva iniciativa, la Ley 19.653 de diciembre de 1999 llamada “Ley de Probidad Administrativa”, que introduce el concepto de probidad. A pesar de esta medida, la corrupción no cedió. Los casos “coimas” (Revisoras Automotrices), GATE (empresa que pagaba sobresueldos a los empleados del MOP), PROCHILE (pago de falsos honorarios), indemnizaciones (de ministros y altos funcionarios que no renuncian voluntariamente), entre otros, ocurridos al inicio de la administración de Ricardo Lagos, vino a reflejar que el problema no estaba controlado. Es más, durante ese período se hace patente el fenómeno de la “feudalización de la política”, referido a la captura de ciertas reparticiones administrativas por parte de los partidos de la Concertación, llevando adelante lo que algunos observadores llamarán la “democratización de la corrupción”. Quedó en evidencia que la corrupción permeaba todos los ámbitos y, en particular, los más bajos de la administración estatal, es decir, los municipios. En el 2002, el Instituto Libertad y Desarrollo indicaba que, de 282 denuncias de corrupción, 169 ocurrieron en municipalidades. Sin embargo, la base de los casos de corrupción continuaría ampliándose. Bajo el gobierno Piñera I se denunciaron las irregularidades municipales; el Caso Penta por delitos tributarios y financiamiento ilegal de candidatos (2014) y el caso de colusión de pollos de los supermercados (2014). Durante la segunda administración Bachelet, la situación empeoró. Se conoce el caso Caval (2014-2015), que involucra al hijo de la presidente y el caso SQM (2015) de delitos tributarios, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de campañas.

Penta y SQM se convierten en casos célebres, que involucran empresas y campañas políticas, pero lo más grave aún estaba por venir: la administración Bachelet II detuvo al SII en sus investigaciones. La lista se amplía con: los falsos exonerados políticos (2015), las licencias médicas fraudulentas y el incumplimiento de las becas médicas (2016), las jubilaciones irregulares de 592 funcionarios de gendarmería (2016); las casas fiscales en Bío-Bío (2017), los pagos irregulares de municipios (2017), entre otros. Finalmente, en diciembre de 2018 estalla un escándalo que revela una conexión entre el mundo del narcotráfico, la Municipalidad de San Ramón y el Partido Socialista. Dicha situación se agrava aún más cuando sale a la luz el vínculo entre militantes activos y una red de narcotraficantes locales, según el diario El Mostrador, titulando el reportaje: “La influencia del narcotráfico en el PS”. 53

En resumen, la corrupción alcanzó diversos ámbitos de la actividad fiscal, semifiscal y particular bajo todas las administraciones, incluyendo la política partidista. La sociedad en su conjunto aparece entonces gravemente contaminada. La confianza pública, evidentemente, no se circunscribe a la relación de los ciudadanos con las instituciones del Estado, sino también a la protección de los consumidores frente a eventuales abusos por parte de empresas privadas en la provisión de bienes y servicios. Si bien esta última es una relación entre privados, corresponde al Estado la protección legal del consumidor, previniendo arbitrariedades y garantizando su libertad de elegir. Pese a lo anterior, en Chile, la protección del consumidor tiene un rango simplemente legal. Esto limita las acciones constitucionales, impidiendo otorgar al ciudadano común, en su rol de consumidor, el resguardo que posee cuando se desenvuelve en otras áreas de la vida social, en las que la Constitución reconoce determinadas garantías en su favor. El sistema de cambios y devoluciones de productos está muy atrasado frente a las posibilidades que otorgan las nuevas tecnologías y los mayores estándares de calidad que se puede exigir a la logística de los proveedores. Es necesario alinear nuestra legislación del consumo con los estándares más avanzados en materia de garantías postventa y responsabilidad por productos defectuosos. La confianza es un sustento indispensable para la cohesión social, mientras la probidad es esencial para que exista confianza. La verdad como máxima moral se refleja en principio fundamental: pacta sunt servanda (“lo pactado obliga”). Este principio refuerza la necesidad social de que las personas se relacionen de un modo honesto y coherente. Así, existe castigo moral, criminal y civil al fraude, imponiéndose responsabilidad civil a quienes actúan de manera contradictoria con el hecho propio. La urgente e indispensable recuperación de la confianza y la cohesión social nos exige liderar un cambio cultural profundo que focalizaremos en algunas de las siguientes propuestas: 121. La fase preventiva hoy está diseminada de manera inorgánica entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno (CAIGG), Consejo para la Transparencia y la Contraloría General de la República (Contraloría). Esta función preventiva debería concentrarse en una Nueva Entidad autónoma que resulte de la fusión entre la UAF, el CAIGG y el Consejo para la Transparencia, dejando a la Contraloría solo con una revisión contralora ex post. 122. Perseguir la corrupción pública y privada de manera implacable.

Nuestro gobierno perseguirá duramente los casos de corrupción en el ámbito público y privado, especialmente mediante castigos efectivos y el fortalecimiento de la Contraloría General de la República, las Superintendencias y los mecanismos de denuncias ciudadanas seguras y confidenciales. 54

123. Declaración Universal de Intereses y Patrimonio Extenderemos la aplicación de la DIP a todos los funcionarios públicos sin distinción y exigiremos mayor detalle y antecedentes de la misma. Vamos a descubrir quien viene a servir y quien viene a “servirse” del Estado 124. El objetivo de la Nueva Entidad es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores públicos, incluida la judicatura, como también los privados de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos (LA), corrupción o delitos funcionarios (DF) y financiamiento del terrorismo (FT). Adicionalmente, esta agencia promoverá y difundirá el principio de transparencia, el derecho de acceso a la información pública y siempre velando por el cumplimiento de la normativa vigente referente a la prevención de delitos, probidad, transparencia y buenas prácticas. 125. Para mejorar la evaluación del gasto fiscal, es necesario exigir a los organismos públicos, con sanción administrativa efectiva e información de buena calidad para evaluar los factores claves de gestión. El análisis de gastos públicos y cumplimiento de procedimientos debería mejorarse a través del empleo generaliza-do de Big Data e inteligencia artificial, a cargo de la Nueva Entidad, para lo cual se contará con un presupuesto específico. 126. Respecto de la fase contralora, la propuesta es reducir al mínimo el trámite de toma de razón. Su intervención preventiva es una de las principales fuentes de dilación e incertidumbre en la gestión pública. Todo se dificulta porque “la Contraloría lo va a rechazar”. La legalidad de la actuación de los organismos del Estado debería ser revisada con posterioridad por los tribunales de justicia. El control preventivo genera grandes costos transaccionales para los ciudadanos y la implementación de programas de gobierno. 127. Para posibilitar la disminución del retraso producto de la cuasi eliminación del trámite de toma de razón, se le exigirá a todo organismo del Estado contar con un Modelo de Prevención del Delito, un canal de denuncia y con “Transparencia Total” en la aplicación de buenas prácticas. Se fortalecerán los Modelos de Prevención del Delito contemplados en las Leyes 20.393 y 19.913. 128. Para fortalecer la institucionalidad de la Contraloría se propone la creación de un órgano colegiado, un “Consejo Contralor”, que maneje los destinos de la institución. No podemos depender del buen juicio de una sola persona. 129.

Adicionalmente proponemos que toda empresa proveedora del Estado debe declarar a sus beneficiarios finales, quiénes son sus socios, accionistas y controladores con un monto igual o superior al 10% de participación, también sus eventuales conflictos de intereses y su relación de parentesco o negocios con funcionarios públicos. Esto debe ser parte de las bases de licitación —y figurar en la base de datos para poder consultar y consolidar— y la información debe 55

ser actualizada a lo menos una vez al año por el proveedor. Esta información será puesta en línea y podrá ser fácilmente consultada por todo habitante de Chile. 130. Promover y hacer asequible el sistema de denuncias existente, transparentar su expediente, investigarlas de manera efectiva y hacer valer las responsabilidades por medio del Consejo de Defensa del Estado, protegiendo al denunciante y evaluando eventuales incentivos a la denuncia. Para incentivar las denuncias de soborno, cohecho y otras faltas graves a la probidad se creará un amplio sistema de incentivos a la denuncia, por la vía de compensar al denunciante con un porcentaje de los montos involucrados y que la parte condenada deberá pagar al fisco. 131. Generaremos el concepto de “Contraloría Ciudadana” el cual, entre otros, reemplazará la actual página web de transparencia. Este proyecto implicará que la ciudadanía podrá tener acceso a toda la información necesaria para fiscalizar el uso de los recursos del Estado y de todas las ONG, organismos estatales autónomos, colegios profesionales, sindicatos, consultoras y empresas que reciben financiamiento estatal. 132. Potenciaremos liderazgos éticos y de colaboración positiva en organizaciones de la sociedad civil, exigiendo estándares mínimos de buenas prácticas a las empresas, fundaciones, gremios, colegios profesionales, clubes deportivos y organizaciones civiles en general. 133. Transparencia a las ONGs. Estas organizaciones han creado ámbitos de acción que no están bajo el escrutinio oficial ni ciudadano. Se sabe poco cómo operan en Chile, en particular aquellas con agenda política: cómo gastan sus fondos, dónde o cómo los obtienen y con muy escasos controles. Todas ellas deberán someterse a un sistema eficaz de fiscalización de su actuar por medio del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia. 134. Destinaremos recursos prioritarios para implementar talleres anuales y acotados de formación cívica correctamente diseñados, con relatores muy bien seleccionados, para formar a los profesores de Chile de todas las asignaturas pertinentes a la formación cívica y ciudadana (de preescolar a universitaria). 135. Propondremos un sistema integral de protección de víctimas, testigos y denunciantes de corrupción, el que incluirá, entre otras cosas, dar protección a los denunciantes en sus lugares de trabajo y en la vida particular, a fin de no ser objeto de hostigamiento por distintos medios, acoso laboral, despidos, acoso a sus parientes o cualquier tipo de represalias. 136.

Incorporar a los Partidos Políticos constituidos dentro de los sujetos obligados de cumplir con la normativa vigente de prevención de lavado de activos, financiar al terrorismo o cualquier delito precedente de estos (Ley 19.913, art.3o). Todo partido político debe contar con un Sistema de Prevención de 56

Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) y altos estándares éticos, los que serán exigidos por normativas de los entes fiscalizadores. 137. Implementar un modelo de prevención de delitos en los partidos políticos y ONGs, mediante la designación de un oficial de Cumplimiento, supervisado por un comité ad hoc, quienes tendrán facultades y recursos definidos para este efecto. Estas autoridades establecerán un sistema de prevención de delitos, que incluirá políticas, procedimientos, identificación de riesgos, y definirá controles, canales de denuncia, sanciones y capacitación del personal. 138. Los partidos políticos deberán publicar la nómina de los beneficiarios y comisionistas finales de sus gastos, donaciones e inversiones. La participación de militantes en calidad de vocales de mesa en un acto eleccionario, en contravención a lo dispuesto en la ley, significará la posterior anulación de los resultados de la mesa en cuestión. 139. Crearemos un registro universal transparente de beneficiarios finales de todo traspaso de fondos públicos o especies, cualquiera sea su fuente y cualquiera sea su uso. Incluirá, entre otros, la nómina de propietarios, beneficiarios de fideicomisos, usufructuarios, concesionarios, arrendatarios legatarios, etc., de las personas jurídicas registradas en Chile y declaradas por nacionales en el extranjero. Todas las relaciones económicas, laborales y de parentesco, entre RUT de personas naturales y de estas con jurídicas serán registrados y estarán conectadas en línea. 140. Desarrollar en el Ejecutivo y Legislativo, simultáneamente, una agenda de transparencia presupuestaria que comprenda la apertura de todos los pasos del ciclo presupuestario, desde la formulación, tramitación hasta la evaluación, modificando para este efecto la Ley 19.913. 141. Proponemos un cambio profundo en el Sistema de contrataciones de Alta Dirección Pública (SADP). Este cambio incluirá, entre otros, modificaciones en la conformación del consejo, nuevos criterios de selección, diferentes normas de aplicación del principio de responsabilidad del estatuto administrativo, capacitación en normas y principios de ética y transparencia, cursos de calificación previos aprobados –equivalentes a los del Ministerio de RR.EE. y Defensa– y declaración reformulada del historial personal. Una vez reformado, todas las jefaturas de departamentos del Ejecutivo deberán contratarse bajo el Sistema de ADP. 142. Revisaremos el sistema de sanciones administrativas, en especial los casos de transgresiones a la probidad, aumentando su severidad y las penales cuando corresponda.

Unificaremos los estándares de cumplimiento de las obligaciones de las Declaraciones de Intereses y Patrimonio entre los poderes del Estado y se establecerán mecanismos más eficaces de fiscalización y control. 57

143. Promoveremos algunas inhabilidades que mejorarán la probidad: los fiscales regionales, el Fiscal Nacional y el Contralor General quedarán inhabilitados para ocupar cargos públicos, por dos años a contar de su retiro. No se podrán presentar a cargos de elección popular los parientes y relacionados hasta segundo grado, en los mismos distritos o comunas, de los funcionarios en ejercicio en cargos de elección popular. Los concejales y consejeros regionales quedarán inhabilitados para ser contratados en los municipios de la misma región donde fueron electos. 144. Regular el paso de funcionarios entre el sector público y el privado y viceversa, por labores realizadas en el sector regulatorio, fiscalización o alta decisión, estableciendo un período de abstención de seis meses. Se buscarán mecanismos compensatorios para estos exfuncionarios, así como de fórmulas de seguimiento y control. 145. Incorporar a los municipios en el cumplimiento efectivo de las obligaciones de probidad y en el desarrollo de una cultura de la integridad y probidad, desarrollando un plan nacional de apoyo dependiente del Ministerio del Interior. 146. Las autoridades del Ejecutivo con sueldos mayores a cierto monto y/o hasta el nivel de director de departamento, deberán declarar todas las relaciones de parentesco y por afinidad con funcionarios en el Estado hasta el tercer grado, no pudiendo contratarlos en su repartición y deberán declarar su participación en sociedades propias y de sus parientes que realicen contratos con el Fisco. 147. Serán publicados en un boletín específicamente editado para este efecto, todos los RUT que reciben sueldos, honorarios de los fondos del Estado por cualquier concepto. Todos los convenios vigentes del Fisco, tanto de los organismos centrales, regionales, empresas descentralizadas y municipales, con personas naturales y jurídicas, incluidos sus asociados y cónyuges, serán publicados, incluyendo los pagos realizados y pendientes. Este sistema facilitará el intercambio de información sobre cuestiones fiscales y de lavado de dinero, de acuerdo con los estándares internacionales para el cumplimiento de las normas del GAFI y el Foro Global de Intercambio de Información. 148. Los miembros del Parlamento, el Presidente de la República, los ministros de Estado y los miembros del Poder Judicial no podrán ser socios de empresas que proveen o asesoran al Estado, ni podrán crear o asociarse a empresas de lobby o participar como directores de empresas que hacen contratos con el Estado una vez retirados del Congreso, Ejecutivo o Tribunales por un lapso de un quinquenio.

Buscaremos establecer sanciones que incluirán la cesación en el cargo si un diputado o senador promueve o vota asuntos en el Congreso que interesen directa o personalmente a ellos, a sus sociedades o a sus parientes cercanos, así como también por el uso indebido de asignaciones parlamentarias o por utilizar formas de financiamiento electoral ilegal. 58

149. Impulsaremos que los Tribunales de Justicia se incorporen dentro de los organismos obligados a contar con un Sistema de Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Art.3 de la Ley 19.913) y protocolo de identificación, y prevención y sanción de malas prácticas. Los tribunales deberán contar con Manual de Prevención de Delitos de Lavados de Activos, Financiamientos del Terrorismo, Cohecho y todos los delitos precedentes. 150. Propondremos que los tribunales cuenten con canales de denuncias internos y externos que garanticen la confidencialidad y anonimato del denunciante, con mecanismos de incentivos en pagos porcentuales a las multas devengadas para que la denuncia sea precisa y su enmienda eficaz. 151. Todos los miembros del Poder Judicial sobre cierto grado, incluyendo el personal a contrata y honorarios, así como los administrativos, deberán declarar y enumerar todos sus parientes hasta el cuarto grado de consanguineidad y afinidad, independiente de la relación que ellos tengan con ese poder. 152. Todas las designaciones del Poder Judicial para notarios y conservadores y para cualquier cargo que les corresponda realizar tendrán como limitación no poder conferirlos a parientes en los grados indicados. Existirá un archivo accesible al público con todas las relaciones de parentesco de los miembros del poder judicial con los otros dos poderes del estado y todo cargo que dependa en parte de este Poder tales como Notarías, Conservadores, entre otros. 153. Debemos otorgar un rango constitucional a la protección al consumidor, estableciendo como un rol primordial del Estado en todas las decisiones políticas que puedan afectar a las personas en su papel de consumidores. 154. Se creará una Comisión de Trabajo que presente un proyecto de “Código del Consumidor” en un plazo de dos años, con el objetivo de terminar con la dispersión normativa y con las controversias entre la LPC y otras leyes que amparan a los consumidores debiendo estar en un mismo cuerpo legal. Esta nueva normativa debe agrupar aquellas que sancionan la interrupción de suministros básico como electricidad, gas o agua potable; las que garantizan la calidad de los alimentos; las que tratan sobre las rotulaciones obligatorias; calidad de la construcción; entre muchas otras. La comisión debe recoger la experiencia internacional al codificar la legislación sobre el consumo, modificar el ámbito de aplicación de la Ley, considerando, exclusivamente, la habitualidad en el proveedor y la condición de destinatario final en el consumidor y terminar con distinciones innecesarias como consumidor/usuario y productos/bien/servicio. 155. Modificaremos el sistema de garantías de los productos defectuosos, incentivando la transparencia y competitividad en los sistemas privados de garantías, adaptables a los intereses de cada consumidor. 59

156. Por último, debemos otorgar autonomía al SERNAC. Su director será designado por concurso público, con el voto conforme de los tres poderes del Estado. Sus cargos superiores deben ser inamovibles por ocho años, y someterse a estándares internacionales en materia de conflictos de interés. El SERNAC podrá relacionarse directamente con cualquier autoridad y organismo del Estado, sin requerir la aprobación de un ministerio. Las acciones en defensa de los consumidores que hoy ejerce este servicio deben radicarse en los mismos consumidores, actuando personalmente, en grupos o representados por las Asociaciones de Consumidores. El SERNAC deberá fiscalizar las AACC 60

Atrévete a Recuperar la Araucanía y Arauco Chile, la Araucanía y Arauco necesitan reconocer su historia y reconciliarse con el pasado, sin quedarnos anclados en él y tener voluntad para proyectarnos hacia el futuro con proyectos compartidos. La invitación es a reparar los errores y avanzar hacia un futuro de progreso, con mayor armonía y justicia. Los chilenos somos una sola nación, pero nuestras raíces provienen tanto de culturas indígenas como europeas. Todas las sociedades del mundo son el resultado de sucesivas oleadas de inmigraciones que, a lo largo del tiempo, van dando forma a la cultura nacional de cada país. Las diferentes etnias se reconocen como una sola nación cuando habitan el mismo territorio y tienen, consiguientemente, intereses y objetivos sociales compartidos. La Araucanía y Arauco han sido largamente postergados y el país debe aplicar en la región una política de Desarrollo Rural. Queremos lograr un desarrollo más equitativo entre el centro del país y las regiones. La macrozona de la Araucanía (incluida la Provincia de Arauco) ha sido especialmente postergada. Proponemos fomentar el desarrollo agropecuario de la macrozona, pero agregando un componente social mediante políticas explícitas de desarrollo rural. En concreto, proponemos: (i) Mejorar el bienestar social de la población rural, focalizando recursos regionales y sectoriales, con miras a lograr un acceso generalizado a: educación y salud intercultural de calidad, un sistema de salud adaptado a las necesidades del sector rural, a la vivienda en el marco de ordenación territorial, y a los servicios sociales que administran las municipalidades; (ii) conectividad vial en caminos rurales; (iii) conectividad en telecomunicaciones; (iv) mejorar la calidad del servicio eléctrico en los sectores rurales; (v) agua potable rural; (vi) mayor cuidado de las Áreas Silvestres Protegidas y las aguas y (vii) posicionar la Araucanía como un destino turístico internacional. Desde el primer atentado incendiario registrado en Lumaco el 1 de diciembre de 1997, la Araucanía y Arauco han experimentado una escalada de terrorismo incompatible con el Estado de Derecho. Los crímenes terroristas hieren el alma de Chile, por lo que aspiramos a que se haga justicia y restablezca la ley y la paz. El Terrorismo debe atacarse de frente, correspondiendo al Estado crear una Ley de Reparación para quienes se han visto afectados. Además, debe prohibirse la entrega de tierras y todo beneficio gubernamental a quien haya sido partícipe de algún acto violento o ilegal. En esa línea, se debe modificar y perfeccionar la actual Ley Indígena, especialmente en lo que se refiere a la libertad de elección sobre la propiedad individual o colectiva.

Por otra parte, planteamos que se debe paralizar la compra de tierras hasta que se determine el menoscabo total a las comunidades indígenas con títulos de merced y comisario, así como también explorar métodos de compensación alternativos. Finalmente, creemos importante: (i) Entregar respaldo efectivo a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI), expresado en el restablecimiento de las facultades que les otorga la ley y en presupuestos, recursos humanos y tecnológicos; (ii) Reformular los órganos de Inteligencia; (iii) Revisar y poner al día la legislación pertinente, en especial la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del Estado; (iv) Llevar a cabo todo proceso judicial e investigación de Fiscalía a una corte ubicada a más de 500 62

kilómetros de lugar donde ocurrieron los hechos; (v) Sancionar ejemplarmente el activismo judicial en casos de alta violencia o connotación terrorista. Algunas propuestas: 157. Revisar la Ley Indígena, en aras de alcanzar una mayor precisión en la definición de “indígena” (Título I, párrafo 2) y de “comunidad indígena” (Título I, párrafo 4); mayor precisión en el concepto de “tierras indígenas”; menor discrecionalidad en la asignación de tierras por parte de la CONADI, en particular, revisar el Art. 20 (b) a la luz de la experiencia, no asignando tierras a quienes utilizan la violencia. 158. Denunciar el Convenio 169 de la OIT. Esta norma internacional es un instrumento nulo, por emanar de un organismo sin competencia en materia indígena, e ideológico que con frecuencia ha servido para frenar obras de progreso para las regiones de Chile, como pequeñas centrales hidroeléctricas, embalses de agua, obras de vialidad y muchas otras. 159. Respaldo efectivo a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI), expresado en el restablecimiento de las facultades que les otorga la ley y en presupuestos, recursos humanos y tecnológicos. 160. En el contexto del conflicto en la Araucanía y Arauco, la persecución de delitos terroristas exige la utilización de agentes encubiertos, entregas vigiladas y de testigos protegidos. 161. Asimismo, en casos de alta connotación pública, debe existir la obligación de optar por tribunales alejados geográficamente de la zona en conflicto. 162. Se presentará una ley de reparación para todas aquellas víctimas de violencia terrorista. 163. Se corregirá la Ley Antiterrorista con el objeto de definir con claridad los tipos de delitos susceptibles de ser considerados como tales. Establecidos estos, dada su naturaleza contraria a la dignidad humana, se deberán incluir técnicas especiales de investigación que permitan la identificación de los partícipes con medios de prueba idóneos. Los delitos terroristas deben tener la calidad de imprescriptibles. 164. Expresa prohibición de adquirir y entregar tierras a todos quienes participen en tomas ilegales y usurpaciones. 165. Urge acabar con los pagos de peajes ilegales, considerándolos robos con intimidación. En aras de desincentivar su institucionalización informal, se establecerán sanciones tanto a quien paga (“agente inductor”) como al delincuente o terrorista. 63

166. Reformular la inteligencia policial: Ello se podría unir a medidas en la línea de la creación de un Consejo Superior de Inteligencia. Este Consejo tendría la misión de obtener información que ayude al Estado a combatir al crimen en sus distintas formas (espionaje, intervenciones subversivas, otras) y particularmente, el crimen organizado. A lo anterior, debe sumarse la reestructuración de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), como el brazo operativo del Consejo Superior de Inteligencia. La ANI debería estar integrado por especialistas en inteligencia provenientes de las tres ramas de la FF.AA., de Carabineros y la PDI. 167. Crear un Registro Público de Víctimas de la Violencia que individualice a todos aquellos que han sufrido las consecuencias del conflicto en la Araucanía. Los criterios a usar para el ingreso a este Registro deberán ser consensuados con la Unidad de Víctimas de la Fiscalía Regional. 168. Creación por ley de un Fondo de Reparación de las Víctimas de la Violencia destinado a paliar los daños materiales y psicológicos que estas acciones producen. Este fondo, administrado por una Comisión de Reparación, será financiado por la Ley de Presupuesto de cada año en el ítem correspondiente a la Comisión de Reparación de Víctimas, dependiente del Ministerio de Justicia. Este Fondo debe contar con recursos suficientes y por un cierto número de años que garanticen que los afectados podrán recuperarse de los perjuicios sufridos. 169. Revisar y poner al día la legislación sobre atentados terroristas, en especial la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del Estado. 170. Mejorar el bienestar social de la población rural: Ello implica orientar una mayor cantidad de recursos regionales (FNDR) y sectoriales a financiar: (i) Acceso generalizado a educación de calidad. (ii) Revisar el Programa de Educación Intercultural Básico (PEIB) del Ministerio de Educación a fin de aumentar los contenidos de la cultura mapuche, especialmente su historia y cosmovisión. (iii) Adaptar el sistema de salud a las necesidades del medio rural con atención oportuna, de calidad y especializada. Nuevamente, debe haber acceso a la medicina tradicional Mapuche. (iv) Facilitar el acceso a la vivienda en el marco de una ordenación territorial, con infraestructura, equipamiento y conectividad física y digital. (v) Mejorar el acceso a los servicios sociales en el medio rural vía las municipalidades, reconociendo las particularidades sociodemográficas con programas e instrumentos financieros capaces de satisfacer las necesidades de la población rural. 171.

Conectividad física: Plan de Pavimentación Rural, coordinado con el Ministerio de Obras Públicas, en los caminos de orden terciario a fin de acelerar la productividad predial y la reconversión productiva de los habitantes rurales. 172. Telecomunicaciones: Promover y mejorar la conectividad de las telecomunicaciones, fijando los componentes del sistema, así como sus características y estándares mínimos tanto en calidad y cobertura, así como también la diversidad de oferentes. 64

173. Energía eléctrica: Asegurar el servicio de energía eléctrica en los sectores rurales, en los que son frecuentes los cortes de servicio que pueden durar días en reponerse. 174. Agua Potable Rural: Ejecutar los proyectos de Agua Potable Rural con plazos acotados (tipo fast track), para hacer efectivo el derecho humano fundamental de las personas del campo de recibir agua potable y sana en su casa, terminando así con el abastecimiento mediante camiones aljibes. 175. Cultura e identidad: Promover la cultura, identidad, lengua y tradiciones de la cultura indigena, a través de organizaciones privadas sin fines de lucro y organizaciones estatales. Facilitar y poner en el calendario regional el We Tripantu (Año Nuevo Mapuche), el Nguillatún (rogativa para pedir que los proyectos futuros se realicen en prosperidad) y otras celebraciones de índole recreativa, religiosa y costumbrista Mapuche. 176. Áreas Silvestres Protegidas y aguas: Aumentar y descentralizar los presupuestos destinados a CONAF y ONEMI para mejorar las condiciones de trabajo de brigadistas en el combate de incendios y cancelar daños a familias afectadas. Cuidar la riqueza conformada por una rica flora y fauna silvestre, entre ellas, la Araucaria araucana, especie sagrada de la etnia mapuche y los sistemas hidrológicos y escénicos naturales de gran valor educacional, cultural y turístico. 177. Posicionar la Araucanía como destino turístico internacional: La Araucanía tiene volcanes, lagos, termas y una gran belleza paisajística. Tiene fama de lugar para deportes de montaña, pesca, canotaje, trekking, y otras actividades al aire libre. Proponemos (i) transformar el Cerro Ñielol en polo turístico, cultural y ambiental, promoviendo la instalación de museos y plazas ceremoniales Mapuche, junto con otras atracciones turísticas alusivas a esa cultura; (ii) ejecutar un Plan de Descontaminación del Lago Villarrica y monitorear los demás recursos de agua dulce; (iii) mejorar la infraestructura de los cinco parques nacionales ubicados en la Región: Conguillio, Villarrica, Huerquehue, Nahuelbuta y Los Paraguas y (iv) dar forma a la Ruta de las Termas mediante una red de caminos pavimentados de alto estándar, que permitan un acceso expedito a todas ellas. 178. Rebaja focalizada de la tasa impositiva: Se propone una rebaja impositiva de primera categoría para todas aquellas empresas de la región que utilicen mano de obra local, propuesta que debe priorizar ciertas áreas estratégicas como el turismo, la agroindustria o las energías renovables.

Lo anterior como alternativa preferida a una rebaja generalizada para toda empresa de la región. 179. Mercados competitivos: Velar por la competitividad en los mercados de rubros tradicionales, es decir, leche, carne, granos. Debe haber una Comisión de Distorsiones activa y que actúe oportunamente y de oficio. 65

180. Plan de Fomento Frutícola Regional: La frontera de cultivos frutícolas ha llegado al sur de Chile, de forma que hay plantaciones de frutales en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. La fruticultura genera más empleos productivos que la forestación, más ingresos que ninguna otra actividad económica y distribuye territorialmente sus ingresos mejor que ninguno otro rubro. Además, se aprovecha el cambio climático en favor de la pequeña agricultura mapuche, lo que es clave para ayudar a desarmar las condiciones de pobreza que alimentan el conflicto. Se propone formular un Plan de Fomento Frutícola, con la participación de BancoEstado, CONADI e INDAP, con plazos especialmente diseñados que permitan a las plantaciones llegar a producción, y tasas de interés preferenciales que faciliten la competitividad. Los principales beneficiarios de este programa deben ser los pequeños y mediados productores, en su mayoría, las familias mapuches que podrían mejorar sus condiciones de vida gracias a la agricultura familiar campesina. Mas, no cuentan con “espalda” financiera para esperar los 3 o 5 años en que un huerto frutal entra en producción, a diferencia de los cultivos tradicionales que son anuales. 181. Acelerar las obras de embalses de aguas para regadío: Dado que la disponibilidad de agua es muy superior a sus demandas, es urgente abordar las obras de Reposición del Canal Imperial, la construcción del Canal Toltén sur y el Embalse Río Blanco con el Canal Victoria-Traiguén-Lautaro, velando por mantener sus caudales ecológicos para respetar el cuidado del medio ambiente y a las comunidades ubicadas aguas abajo. 182. Perfeccionar la aplicación de la Ley 18.450 a través de la Comisión Regional de Riego que fomenta la inversión privada en riego a pequeños y medianos productores, con presupuestos especiales para la Araucanía, permitiendo así incrementar las plantaciones de frutales mediante un uso más eficiente del agua. Ello conduce a más empleos productivos, ampliar la matriz productiva de la Región y obtener ingresos regionales superiores. 183. Depreciación instantánea a las inversiones: Proponemos extender el beneficio tributario contemplado en la reforma efectuada en febrero de 2020 por 20 años más. 66

Atrévete a Crecer con Fuerza Entre 2007 y 2020, la clase política aumentó el gasto público desde 17% a 30% el PIB. Paralelamente, a partir de 2010, los gobiernos aumentaron la tasa de impuesto a las empresas en un 60%, de 17% a 27%, el alza más alta del mundo en tan corto tiempo y contraria a la tendencia mundial a su rebaja. Por ejemplo, Estados Unidos disminuyó el impuesto a las empresas de 35% a 21%. Chile tiene la tasa de impuesto efectiva a las empresas más alta de la OCDE y una de las más altas del mundo, solo superado por la República Democrática del Congo, India y Costa Rica. Este aumento de los impuestos a las empresas, sumado al intervencionismo estatal, desplomó la inversión que, entre 2013 y 2020, cayó del 25% del PIB al 20%. El derrumbe de la inversión frenó el crecimiento económico a 1,7% promedio anual, estancando el ingreso por persona que no varía desde el 2013. Los altos impuestos y las crecientes regulaciones asfixiaron al sector privado, reduciendo la capacidad del stock de capital físico y humano, tecnología y productividad (PIB tendencial) a solo 1,5% de crecimiento económico anual. Lo anterior repercute directamente en la población, estancando el ingreso per cápita de nuestros compatriotas, frustrando sus sueños de bienestar social. Chile debe revertir esta situación y abrir espacios para volver a crecer y generar empleo. El plan económico que plantea propender a la generación de un marco de incentivos a la movilización de las capacidades endógenas y la creatividad humana, apoyándose en cinco grandes pilares: reducción del gasto público, creación de un Estado moderno al servicio de la persona humana, reducción de impuestos, eliminación de regulaciones que ponen freno a la inversión y el empleo, así como también potenciar la sociedad civil y disminuir barreras de entrada para PYMEs, que constituyen la máxima expresión de inventiva e impulso emprendedor de los chilenos y, por consiguiente, creadora de empleos estables y motor de la movilidad social. Esta propuesta se sustenta en cinco pilares claves: reducir el gasto público; crear un Estado moderno al servicio de las personas; disminuir impuestos y eliminar regulaciones que atentan contra la inversión y el empleo; promover una pujante Sociedad Civil; y focalizar el gasto social en los que más lo necesitan sin desincentivar el trabajo. Disminuiremos el gasto fiscal por lo menos al nivel que nos permita reducir la tasa de impuesto a las empresas –de 27% a 17%– y el I.V.A.

–de 19% a 17%–, medidas tendientes a aumentar la inversión privada de 19% a 28% del PIB. Gracias a esta alza, Chile crecerá a tasas de 5% a 7% anual, duplicando en una década nuestro ingreso por persona, cruzando el umbral del desarrollo. Para lograr un Estado fuerte y moderno, junto con avanzar hacia la digitalización gubernamental, eliminaremos el gasto político, los programas estatales ineficientes, los ministerios y embajadas redundantes y la duplicidad de múltiples organismos públicos. En una segunda etapa, tanto para personas como para empresas, estudiaremos sustituir los impuestos a la renta percibida por impuestos a la renta gastada, es decir, a la renta que no fue ahorrada ni invertida. 68

Focalizaremos el gasto del Estado y aplicaremos un Impuesto Negativo a la Renta del 17%, consistente en un ingreso adicional para las personas cuya renta fluctúe entre el sueldo mínimo y el límite exento de impuestos de $680.000 mensuales. Modernizaremos el Código del Trabajo para introducir la libertad de horario, el trabajo por hora y el teletrabajo, cambios coherentes con las exigencias y oportunidades laborales del siglo XXI. Eliminaremos los impuestos y regulaciones a las donaciones para promover una Sociedad Civil pujante e iniciaremos un capitalismo popular con las empresas del Estado que convierta a los chilenos en dueños directos de su patrimonio. Masificaremos la educación online a través de plataformas virtuales administradas por las mejores universidades del mundo, mayoritariamente gratuitas. Proponemos que el gasto directo en Salud se pague al hospital o clínica, pública o privada, que las personas libremente elijan. El pago del ingreso por el impuesto negativo y los subsidios del Estado a las personas por sus gastos educativos y sanitarios, se realizarán a través de una Tarjeta Social personal. Así aseguraremos que cada chileno escoja libremente las instituciones de educación y de salud que desee. Diseñaremos un sistema de Cuentas de Ahorro de Salud para capitalizar los ahorros individuales en la juventud –típicamente sana– y usar los recursos capitalizados en edades más avanzadas, junto a un seguro para enfermedades catastróficas que cubra gastos extraordinarios. Algunas medidas: 184. De forma prioritaria, se busca eliminar todos aquellos impuestos que afectan el patrimonio personal tales como contribuciones, herencias y donaciones. En estos casos existe una doble tributación en tanto el patrimonio de las personas se forma con flujos de rentas que ya pagaron impuestos. Además, al ser impuestos sin relación alguna con los flujos que generan las personas, tienden a tornarse más onerosos a medidas que estas envejecen. 185. Aplicar un Impuesto Negativo a la Renta de 17% para personas cuyos ingresos vayan entre el sueldo mínimo ($320.500 a marzo del 2020) y el límite exento de impuestos ($680.000 aprox., a la misma fecha). 186. Establecer descuento de los impuestos pagados de hasta $15.000 mensual por cada menor de 18 años a su cargo. 187. Los trabajadores obtendrán un mínimo del 2% de las utilidades de las empresas (o el equivalente obtenido del EBITDA). Esto se logrará a través del fortalecimiento de la Ley de Gratificaciones. Las empresas descontarán hasta el 2% de sus utilidades del pago de impuestos al Fisco. 188. Aumento de incentivos al ahorro para contribuyentes. 189. Reducir I.V.A. de 19% a 17%.

Junto a la rebaja en 2 puntos porcentuales (19% al 17%), se propone un mecanismo progresivo de beneficio directo a la población general. En tanto principal costo tributario de los chilenos, especialmente aquellos más pobres, resulta totalmente injusto que estos no gocen de sus 69

beneficios. Para tales efectos, se propone que, en el mediano plazo, solo el 10% de estos recursos sean ocupados por el Estado en sus gastos operacionales, mientras el 7% restante pase a financiar directamente las cuentas de ahorro personales de pensiones de los consumidores 190. Eliminar paulatinamente impuestos al patrimonio tales como contribuciones, donaciones y herencias. Se ajustará el Fondo Común Municipal de forma que no sean estos quienes vean menoscabado sus ingresos. 191. Revisión de la forma en que los municipios cobran por sus servicios. 192. Eliminación de impuesto de timbres y estampillas y su reemplazo por cobro de I.V.A. a los servicios financieros. 193. Reducir la tasa de impuesto a las empresas al 17%. 194. Las utilidades reinvertidas por los dueños no pagarán impuestos. 195. Integrar el sistema tributario en un 100%. 196. Eliminar prácticamente todas las exenciones tributarias especiales, con excepciones en pequeñas empresas. 197. Respecto a la modernización del mercado laboral, resulta imperativo la introducción de la libertad de horario, el trabajo por hora y el teletrabajo. El mundo avanza velozmente de la mano de la tecnología y Chile está quedando retrasado en materia de flexibilidad laboral en tanto se continúa anclado en lógicas y legislaciones paternalistas y arcaicas. 198. Por último, junto a la reducción del tamaño del Estado y los impuestos, es menester eliminar las regulaciones estatales que limitan la inversión y el empleo. Esto incluye racionalizar las normas ambientales y las regulaciones que afectan la creación de nuevas empresas y nuevos proyectos. 199. Creación de una task force especial dedicada a reducir y eliminar regulaciones que invaden la vida privada de las personas, desincentivan la inversión y retardan el crecimiento. 200. Sobre el gasto público ineficiente, entre otras medidas, se propone eliminar el gasto político-electoral; fusionar ministerios y subsecretarias; eliminar y reducir SEREMIs; reestructurar servicios como SENCE y las Aduanas; profesionalizar la administración pública con miras a eliminar todo tipo de clientelismo, patronazgo y sinecura; disminuir drásticamente el número de embajadores y cónsules desde los 170 actuales a no más de 40; eliminar aranceles a la importación, entre otros. Cada cierto tiempo, todos los servicios del Estado deberían justificar su existencia, proceso conocido como “sunset clause” y cuyo objetivo es evitar la inercia institucional y la inflación regulatoria. 70

201. Potenciaremos una pujante Sociedad Civil por la vía de consolidar las leyes de donaciones en una sola que permitirá que los aportes de empresas a fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, aprobadas por el Estado, serán gasto no rechazado y deberán contar con la aprobación de 2/3 de los accionistas o socios. 202. También desarrollaremos políticas que permitan el ingreso de empresas medianas al Mercado de Capitales y la participación de los trabajadores en la propiedad de sus empresas. Específicamente, se creará el Programa “Yo también soy dueño”, consistente en otorgar un porcentaje de la propiedad de una empresa a sus trabajadores a cambio de beneficios tributarios. 203. Respecto a las empresas estatales, si bien nominalmente de todos los chilenos, en la práctica constituyen reductos discrecionales de la clase política. Para efectos de traspasarlas de manera real a la población, se creará un sistema de capitalismo popular que permita a todos los chilenos participar en la propiedad de compañías como CODELCO, ENAP, ENAMI, Ferrocarriles del Estado o TVN. 204. Las transferencias, tanto por concepto de Impuesto Negativo como por subsidio a la demanda de servicios educativos y sanitarios, se realizarán a través de una Tarjeta Social personal e intransferible a la usanza de los instrumentos plásticos de entidades bancarias y financieras. De esta forma, el Ingreso Mensual Garantizado se depositará directamente en la cuenta de los beneficiados, otorgándoles una efectiva libertad de decisión sobre su consumo discrecional. 205. Políticas para aumentar el empleo formal juvenil, subsidiando cotizaciones: Es ampliamente sabido que las mayores tasas de desempleo se presentan en los rangos etarios juveniles y adultos mayores. Ello afecta por un lado a las contribuciones tempranas al sistema de pensiones, es decir, aquellas que poseen mayor efecto multiplicador en el resultado de la pensión recibida al jubilar. Esto debe enfrentarse desde dos direcciones. La primera, a través de generar subsidios al empleo juvenil, permitiendo que una mayor cantidad de jóvenes se incorporen al mercado laboral. Pero también, a través de entregar subsidios de cargo del Estado para la contribución individual a jóvenes desempleados que permitan apuntar a una pensión mínima, aliviando la carga futura para el Estado. 206. Políticas para aumentar el empleo formal de mayores de 60, para postergar su retiro: La mejor forma para mejorar las pensiones es postergar la edad de jubilación, razón por la cual el Estado debería promover el trabajo de los adultos mayores con incentivos. Asimismo, a quienes postergan la edad de jubilación, se les debería permitir mayor flexibilidad laboral, de tal manera que puedan seguir trabajando, pero con una carga más liviana. 207.

Incentivos al empleo formal: Una forma en que las mujeres pueden aumentar sus pensiones son el otorgar un subsidio a los empleadores que contraten formalmente a mujeres, equivalente a las cotizaciones previsionales, las que deben ser pagadas por el empleador. 71

208. Establecer en todos los contratos de trabajo una indemnización por años de servicio a todo evento: El actual Código de Trabajo establece una indemnización por años de trabajo solo cuando la desvinculación es decidida por la empresa. Si el trabajador renuncia en forma voluntaria (porque tiene una mejor oferta de trabajo, por ejemplo), la empresa no está obligada a indemnizarlo. Ello crea una relación laboral que confabula contra la productividad, ya que cuando un trabajador quiere irse hará sus mejores esfuerzos para ser despedido, esfuerzos basados en un trabajo mal realizado. Una indemnización a todo evento cambiaría las cosas en favor de una mayor movilidad laboral y la consiguiente competencia entre empresas por retener a sus trabajadores más talentosos y productivos, aumentando la productividad al tener trabajadores motivados e interesados en la producción de la empresa. 209. Flexibilidad Laboral: Debemos generar el marco legal adecuado para la contratación de mano de obra en jornadas parciales o en forma temporal, con el fin de absorber aumentos puntuales de la demanda de mano de obra, ofreciendo, además, la posibilidad de ejercer una labor remunerada en función de su disponibilidad de tiempo. Este marco legal regulará elementos tales como indemnizaciones, plazos, jornada de trabajo, y aportes a fondos de pensión y salud de cuenta del trabajador. Adicionalmente, permitiría la reducción de la informalidad en la contratación al regular aquellos tratos a tiempo parcial. 210. Modelos de gestión orientados a valorar el rendimiento por objetivos: La forma de remuneración más frecuente en las empresas es por tiempo trabajado y, con menos frecuencia, por tarea hecha, especificada en tiempo de entrega y calidad del trabajo solicitado. Favorecemos progresar en dirección a pagar con base en esta última fórmula, en la medida que el tipo de empresa lo permita, de manera que el trabajador vea un estímulo al trabajo bien hecho en tiempo y forma. 211. Aplicación de un modelo que equilibre la vida personal con la vida laboral del trabajador: Ello requiere establecer en los protocolos de la empresa (i) flexibilidad en las horas de entrada y salida, (ii) complementario a lo anterior y en forma pactada, el teletrabajo, que permita el trabajo desde el hogar en ciertos horarios y días; (iii) valorar la dedicación y disponibilidad del trabajador, mediante bonos específicos; (iv) fomentar un entorno de trabajo saludable, mediante beneficios recreativos (ej. campos deportivos) y servicios de bienestar proporcionados por la empresa. 212. Agencia de Evaluación de Políticas Públicas que revise (ex Post) grandes proyectos de Gobierno (pasados y presentes), con miembros independientes y expertos en diversas áreas para evaluar la factibilidad, costo y proyecciones de las políticas públicas a implementar. 213.

Establecer una legislación para hacer efectiva la responsabilidad de los altos directivos del Estado en el desarrollo de malas políticas públicas. El estándar de Ministros, Subsecretarios y Jefes de Servicio no puede limitarse a hacer promesas 72

sin argumentos o a proyectar resultados que no se condicen con la realidad. Junto con mejorar el estándar técnico de la elaboración y evaluación de las leyes y reglamentos, se requiere que las altas autoridades sean responsables de sus actos, rindan cuenta y pueda hacerse exigible esa responsabilidad de manera concreta mediante un régimen nuevo de sanciones, inhabilidades e incompatibilidades para ejercer funciones hacia el futuro. 214. Reforma a la Dirección de Presupuestos y establecimiento de las evaluaciones de programas con carácter vinculante. Se necesita revisar el modelo de sectorialistas de la DIPRES y revisar asimismo el modelo de incentivos de gestión por resultado, analizando la efectividad de la medición del desempeño en el aparato del Estado. Asimismo, es urgente establecer la obligatoriedad de los resultados de la evaluación de programas para evitar que sigan subsistiendo programas de baja calidad y de dudosa efectividad. Programa mal evaluado, programa terminado. 215. Fortalecer la Fiscalía Nacional Económica. La mejor defensa del modelo económico social que rige en Chile es proteger su funcionamiento, promoviendo la libertad y la competencia como ejes del libre mercado. En ese sentido, y a partir de los escándalos públicos de la última década, es que resulta necesario aumentar los recursos, dotación y atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica para mejorar la fiscalización, investigación y sanción de los atentados contra la libre competencia. 216. Fortalecer el Tribunal de la Libre Competencia. En línea con lo anterior, se requiere un tribunal con más recursos para hacerse cargo no sólo de las causas y poder juzgarlas adecuadamente, sino que también, para que pueda proponer los ajustes que requiera la legislación y la regulación, permitiendo una fiscalización más efectiva que prevenga este tipo de conductas y fortalezca la competencia. 217. Aumentar las penas y multas para los delitos que atentan contra la libre competencia. Creemos en la libertad y en la competencia y es por ello que defendemos que el mejor mecanismo para prevenir los delitos como la colusión y las prácticas monopólicas está en elevar las sanciones y las consecuencias de estas conductas. 218. Información y acceso a mercados. Mejorar la información y haciendo más competitiva a la agricultura formal sobre la informal. Utilizando herramientas de datascience, se trabajará en desarrollar un sistema de información confiable de precios de compra y venta de productos silvoagropecuarios, insumos, exportaciones e importaciones que permitan a los productores contar con las herramientas necesarias para la correcta toma de decisiones. Con la información se podrá optar a distintos compradores o proveedores. Como ejemplo, en la industria lechera un agricultor contará con datos del precio de compra de las industrias procesadoras con lo que podrá negociar de mejor forma.

Minimizando la asimetría en la cadena. Información sobre oportunidades en mercados internacionales para promover el desarrollo de la agricultura local. 73

219. Más competencia en el Mercado de Pago Electrónico. En la línea de fortalecer la competencia en todo el mercado, r de ponerle fin al monopolio de Transbank, generando mejores condiciones para los usuarios y una mayor penetración del dinero en sectores donde estos beneficios están postergados. 220. Más competencia e información Bancaria. La inmensa mayoría de los usuarios desconoce la información que recibe y no está preparado para enfrentar adecuadamente a un Banco a la hora de negociar un crédito, entender los cobros y mejorar las condiciones del servicio contratado. 221. Designar al Subsecretario de Hacienda como Delegado Presidencial para la reducción de Regulación Gubernamental quien, de manera temporal y con amplias atribuciones, deberá proponer un plan para reducir las regulaciones administrativas excesivas y los trámites burocráticas existentes, con foco especial en los sectores energéticos, construcción, medioambiental y minería. Esta agenda, que será presentada dentro de los primeros 100 días, busca reducir la burocracia estatal y disminuir los tiempos de demora en la aprobación de proyectos de inversión del sector privado. 222. Moratoria de Regulaciones. Replicando experiencia comparada, establecer una regla de oro para la futura legislación y regulación que se implemente por iniciativa del Ejecutivo. Por cada regulación nueva, se deben eliminar dos regulaciones antiguas. De esa manera, se crea un desincentivo a la generación de regulaciones y un incentivo a la desburocratización. 223. Transparencia y promoción de la información y su gestión. Eliminación de asimetrías de información de oportunidades, facilitando la innovación, y aumento de la eficiencia de los organismos del Estado para asegurar la acción fluida de las personas, empresas y organizaciones intermedias. Se propone la generación y uso de herramientas de Big Data (eGobierno y Data Chile). 224. Promover convenios colaborativos entre el aparato público y el sector privado, para la validación de la capacidad de crédito de las personas y la facilitación de trámites en la esfera privada (arriendos, compraventas, transferencias) que, a partir de la información pública y las autorizaciones respectivas, permita facilitar el intercambio y adquisición de bienes y de créditos. 225. Reforma al Sistema Registral de Notarios y Conservadores, eliminando trámites innecesarios, reformando el sistema de nombramientos, fomentando la competencia y digitalizando los procesos para facilitar la transferencia y el registro del dominio y desburocratizar el desarrollo productivo. 226.

Conformar una ambiciosa Agenda de Inversiones en Infraestructura para Puertos, Aeropuertos, Cárceles, Hospitales, Embalses y Carreteras a lo largo de todo el país, mediante el cual se genere un polo de inversión privada, de recuperación económica y de desarrollo estratégico para el país. 74

227. Generar incentivos para que las empresas hagan innovación y desarrollo apalancadas en organizaciones con capacidades técnicas y científicas. Los estímulos o incentivos tributarios para la inversión han sido poco efectivos en promover la innovación con impacto significativo en la complejidad y variedad de la producción industrial; al contrario, esta ha disminuido sistemáticamente en Chile. Se propone establecer incentivos orientados a la innovación y al trabajo asociativo con organizaciones que cuenten con capacidades científicas y técnicas (universidades, centros de formación técnica, institutos del estado, empresas) que cuenten con infraestructura de laboratorios de investigación, ensayos y medición en general. 75

Atrévete a Recuperar la Educación En lo que se refiere a la educación, el proyecto republicano buscará profundizar la libertad de educación y el derecho preferente de los padres, y eliminar de esta forma toda discriminación arbitraria del Estado ante la elección de la educación, buscando, desde dicho proyecto, la excelencia, competencia y la calidad. La educación es un proceso inherente del ser humano, ya que a lo largo de toda la vida vamos adquiriendo y aplicando valores, costumbres y conocimientos. En todas las épocas y sociedades el ser humano se ha organizado para que sus descendientes aprendan todo aquello que les va a permitir insertarse, participar y contribuir en la comunidad de la cual forman parte, con la esperanza de que logren una plena realización personal y la felicidad. Es en este contexto que a lo largo del desarrollo de la humanidad se fueron instalando los sistemas formales de enseñanza. En Chile, fue la familia, hasta bien entrado el siglo XIX, la educadora por excelencia de niños y jóvenes. Una vez constituida la República, se organizó un incipiente sistema de educación formal al alero del Ministerio que en esa época se llamó de Justicia e Instrucción Pública. La organización inicial del sistema de educación formal se forjó en torno a los debates acerca de su independencia de la Iglesia Católica o no, la cual había tenido toda la autoridad en el área educacional desde la Conquista hasta los orígenes de la incipiente República. Al momento se optó por un sistema estatal y laico. Posteriormente, la actividad educacional en el país se fue desarrollando en paralelo con los acontecimientos políticos. En la historia de la educación en Chile se puede observar que el sistema estuvo siempre en los discursos y sueños de las autoridades, no obstante, en los hechos, la mayoría de las veces recibió pocos aportes con motivo de las guerras y disputas internas, las cuales desviaban los recursos a asuntos considerados más urgentes. Actualmente el sistema se rige por la Ley General de Educación (2009). La Ley divide los períodos de enseñanza en cuatro: parvulario, básica, media y superior, y de estos solo la básica y media son obligatorias. Asimismo, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza se encuentran en la actual Constitución Política del Estado. Respecto de la cobertura, en Chile el 99% de niños que tienen entre 6 y 14 años asiste a la enseñanza básica y el 87% de los/las jóvenes entre 14 y 18 años a la enseñanza media. El sistema escolar atiende a un total de tres millones de niños aproximadamente. Desde el 18 de octubre de 2019, el país vive una gran crisis política y muchos ciudadanos sienten una gran incertidumbre respecto del futuro.

En el ámbito educacional el debate se centra hace un año respecto del retorno a clases presenciales de los niños a los establecimientos educacionales. A consecuencia de la pandemia por COVID 19 algunos niños podrían llegar a cumplir dos años sin pisar su establecimiento educacional. Y solo recibiendo clases vía telemática. Algunas propuestas: 77

228. El Estado debe garantizar acceso a educación inicial y escolar gratuita a todos los chilenos. Además, debe proveer acceso a financiamiento a los estudiantes para su educación terciaria en función de los recursos que tenga a disposición 229. Las instituciones deben entregar información objetiva y verificable y el Estado proveer de instrumentos accesibles para verificar el cumplimento de los objetivos, tanto los propios como los de la sociedad. 230. El Estado debe crear las condiciones jurídicas y materiales, por medio de financiamiento público e incentivos económicos, para que la sociedad civil organizada abra, organice y mantenga establecimientos educacionales. La diversidad otorgaría a las familias, ente formador por excelencia, reales opciones de elegir. El Estado verificará el cumplimiento de los objetivos prometidos por las distintas instituciones, así como el logro de los objetivos mínimos de cada nivel. 231. El Estado, en materia parvularia, debería asegurar una amplia oferta de establecimientos con proyectos educativos diversos, en todos los sectores del país, lo más cerca de los hogares posible. Ciertamente, y coincidente con lo planteado, los padres y apoderados deberían participar de manera activa y permanente en aquellos primeros –y fundamentales– años de vida, incluyendo la promoción de mejores prácticas entre las familias, así como en la mejor administración de las instituciones. 232. Dado que no todos los padres, apoderados o tutores poseen el mismo acervo cultural, resulta imprescindible que existan instancias de entrenamiento y formación mínimos, principalmente a través de actividades comunes que permitan a las familias transferirse unos a otros conocimientos y buenas prácticas de crianza. Una forma efectiva de incentivar tanto la participación como la capacitación, sería que el resto de las políticas sociales, con especial consideración de la vivienda y salud, estuvieran encaminadas a fortalecer la familia y su rol educativo, estableciendo requisitos comunes e interrelacionados. 233. Toda institución educativa que reciba fondos públicos debería contar con un directorio o junta formada, en parte, por padres y apoderados, con cargos de duración limitada, que evalúe la gestión de la institución. De lo anterior se desprende que el Estado limita su labor de gestión y control, actuando más como facilitador, promotor y fiscalizador. 234. El sistema de evaluación debe, además, incluir a niños, apoderados, profesores y asistentes de educación. Fundamental resulta recalcar que la evaluación debe contar con criterios de mejora continua, nunca punitivos, pero sin duda correctivos en el tiempo. 78

235. Los principios de libertad de enseñanza también han de ser aplicados en la Educación Superior. Para ello se propone eliminar la segmentación tradicional, forjada de manera histórica por autoridades afincados en el sistema (específicamente, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas) para capturar el financiamiento estatal. 236. Las instituciones deben ser autónomas, con gobiernos corporativos afines a sus propios proyectos educativos, sin intervención gubernamental alguna. Conjuntamente, se propone la eliminación de diferencias entre universidades estatales y privadas, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. 237. La libertad de instituciones y programas educativos permitiría el término de carteles de gremios y especialidades, siendo el mercado laboral quien determinará la apertura y cierre de programas. 238. La pandemia y cuarentena nos ha aleccionado en cuatro aspectos insoslayables en la construcción de políticas públicas educativas en el futuro. En primer lugar, la profunda interconexión del mundo. La mera propagación del coronavirus es muestra elocuente que los problemas son cada día menos locales. La formación del futuro debe forjarse en una profunda comprensión de dicha interrelación, abogando por una constante colaboración a nivel global. 239. Urge una profunda modificación del rol del profesor. La incorporación de nuevas tecnologías y didácticas no constituyen meros cambios en la entrega de conocimiento: la actual revolución digital implica la redefinición en la propia labor del educador, quien pasa de ser un “experto” que vierte, cual líquido, su sabiduría a los estudiantes, a tener un rol adicional de facilitador del uso y juicio de las nuevas tecnologías y conocimientos. 240. En este entorno global en perpetuo y acelerado proceso de cambio, existen ciertas habilidades imprescindibles, cualidades que no eran apreciadas en modelos educativos anteriores. Particularmente importante, mirando hacia el futuro, es la creatividad, comunicación, colaboración, empatía e inteligencia emocional. 241. El sistema educativo debe aprovechar de manera intensiva el conjunto de herramientas de tecnología remota disponibles. 242. Vamos a conducir la obsoleta educación chilena al siglo XXI, entregándole a jóvenes y trabajadores herramientas digitales, técnicas innovadoras, conocimientos transversales y habilidades interpersonales pertinentes para enfrentar los desafíos y oportunidades de un mundo globalizado en constante cambio. 243. Mejoraremos la educación pública empoderando a los municipios y sus directores: La propuesta de la izquierda que busca desmunicipalizar la educación, solo pretende agrandar el Estado, centralizando la educación de los 79

niños más vulnerables y sin mejorar la calidad de nuestras escuelas y liceos. Necesitamos empoderar a los alcaldes y directores, para que lideren cambios positivos con nuestros niños de cara a la comunidad local. Serán las propias familias el centro del desarrollo educativo, en un eje triangular de soporte al niño, donde concurren padres, profesores y directores, todo lo anterior bajo la guía y respaldo de sus autoridades locales. 244. Más información es más libertad. Los padres, como titulares del derecho preferente a educar a sus hijos, son los primeros colaboradores de nuestra educación pública. Para que puedan llevar a cabo este rol tan importante, urge que los padres y apoderados cuenten con toda la información posible a fin de conocer las reales condiciones de aprendizaje de sus hijos. Es por esto que los resultados académicos de todos los establecimientos, así como las evaluaciones de profesores y directivos que enseñan a sus hijos, serán conocidas por todos los padres y apoderados a fin de que, en libertad, puedan exigir a su escuela, liceo o municipalidad, las mejoras que ellos por derecho merecen. 245. Mejorar los estándares de la docencia parvulario, básica y media. Se elevarán los requisitos de ingreso a las carreras de Pedagogía, tanto en idoneidad psicológica como de mérito académico, según el estándar más exigente. Aumentarán los criterios de evaluación de los docentes y se aumentarán los incentivos económicos para premiar a los buenos docentes que decidan hacer clases en escuelas y liceos vulnerables. 246. Foco en inglés. Impulsar con fuerza la enseñanza del inglés y abordar este desafío desde múltiples perspectivas (escuela, cines, televisión pública), para que junto a las familias podamos darle más oportunidades de aprendizaje y práctica a los niños. 247. Fomento de Educación Media Técnico Profesional. Promoveremos fuertemente la educación dual, pues estamos convencidos que sólo se puede aprender a través de la experiencia. Fomentaremos además la integración de los Liceos Técnico Profesionales con las universidades de su región respectiva. 248. Atención integral a los niños en nuestras escuelas. Para poder involucrar a la familia, a los profesores y a los directores de los establecimientos en fin al mayor desarrollo material y espiritual poniendo al niño en el centro, urge contar con equipos multidisciplinarios para atender a alumnos y sus familias (asistente Social, Psicólogo, psiquiatra, terapeuta), ya sea en sus propios colegios y liceos o bien centros de derivación. 249. Derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones y libertad de enseñanza.

Asegurar el derecho de los padres a elegir no solamente el establecimiento educacional para sus hijos, sino que impedir que se adoctrine por la fuerza a niños sobre diversas ideologías. Todo padre tiene un derecho constitucional a educar a sus hijos en sus valores, creencias y toda forma de vida buena. Lo anterior constituye además un derecho vinculante a la oposición de la 80

aprobación del “matrimonio homosexual” y la opción de adopción, protegiendo el “interés superior del niño” el cual está constituido por el derecho de todo niño a tener un papá y una mamá. 250. Plan Nacional de Lenguaje: Plan de lectura formativa nacional en las escuelas, liceos y universidades que incluya el ensayo, novela, historia, disciplinas científicas, la fe, filosofía, las artes y ciencias sociales. Incentivo al hábito lector mediante concursos regionales y nacionales de escritura, oratoria y debate. 81

Atrévete a Sanar a los Chilenos El derecho a la vida y la protección de la salud son derechos inalienables del ser humano y, por tanto, todo chileno debe tener acceso a la mejor prestación médica posible, independiente de su sexo, edad o ingresos. El titular del derecho a la salud es la persona, por lo cual el Estado y sus prestadores están a su servicio. Como el titular del derecho a la salud es la persona, los gobiernos deben procurar que estas accedan a la mejor atención posible, privilegiando siempre las preferencias de las personas y el uso eficiente de los recursos. Dado que la elección del sistema de salud debe considerar las decisiones de los ciudadanos, así como la elección del prestador de salud debe considerar el bienestar del enfermo, es el Estado, acorde a su realidad económica, quien velará porque las personas ejerzan de manera efectiva estos derechos. Para tales efectos, se concurrirá de manera subsidiaria si fuese necesario, independiente de la naturaleza jurídica o propiedad del prestador. Las personas tienen el deber de cuidar de su propia salud, realizando todas las acciones preventivas que estén a su alcance como, por ejemplo, elegir una alimentación saludable y realizar deporte. A su vez el Estado debe coordinar y controlar, las acciones de medicina preventiva de manera permanente en toda la población. Estas acciones van desde el control sanitario del Medio Ambiente para efectos de prevenir los riesgos para la salud de la contaminación física, química y biológica, hasta medidas de promoción y prevención de enfermedades específicas de las que se disponga de herramientas de protección primaria o secundaria. Asimismo, el Estado debe resguardar la calidad, aporte de valor y eficacia de los servicios otorgados por los distintos prestadores de salud. Para eso, en primero lugar, el Estado debe abogar por perfeccionar la competencia del sector. Aquello implica la eliminación de prácticas que aumentan artificialmente los precios de bienes y servicios médicos, sean estos público-privados o entre privados como aquellos gestados entre laboratorios, distribuidoras y farmacias; laboratorios y algunos médicos; aseguradoras y clínicas particulares; etc. En segundo lugar, a nivel de regulación sanitaria y económica, se propone el fortalecimiento tanto del Instituto de Salud Pública (ISP) como de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), instituciones fundamentales para resguardar la calidad, aporte de valor y eficacia de los servicios otorgados por los distintos prestadores de salud. Se debe fortalecer las herramientas de control y transparencia pública de los resultados clínicos y calidad en sus respectivas áreas.

En el sector de la salud, la libertad de elegir y un Estado al servicio de la persona humana, son la piedra angular; los recursos públicos deben ser utilizados de manera efectiva, eficiente, donde el creciente gasto estatal en esta área debe ser revisado y sometido a evaluación. Las propuestas en salud tendrán pilares fundamentales basados en conceptos como: flexibilidad, autonomía, regionalización, calidad, transparencia total, avanzando además en la incorporación de tecnologías de información para optimizar los procesos de gestión. Algunas propuestas: 83

251. Establecer la Salud como prioridad gubernamental y dotar al Ministerio de Salud con facultades excepcionales para enfrentar la crisis de las Urgencias de los Hospitales y los atrasos de las Listas Auge. Desde que asuma el gobierno, se hará un seguimiento real y efectivo de cada uno de los pacientes del sistema público, generando una trazabilidad de sus consultas y evolución en cualquier punto de la Red Pública. 252. Separación de funciones: Separar la función rectora del Ministerio de Salud, de la gestión de una compleja red de establecimientos de salud de diferentes niveles de complejidad. 253. Disminuir la espera en el ingreso de pacientes hospitalizados de la red pública. Terminar con hospitalización en pasillos de urgencia, box ambulatorios o sillas de ruedas. Para ello es fundamental aumentar el número de camas críticas y tener un diagnóstico claro de las capacidades existentes y las que se necesitan. 254. Desarrollar Telemedicina en zonas remotas (control médico remoto de pacientes para el 10% de la población que vive en áreas rurales). Bajar costos de atención médica, disparados en muchos hospitales públicos (especialmente en zonas rurales) por escasez de médicos generales y de familia.(ejemplo: monitoreo de presión arterial, ritmo cardíaco, peso y niveles de azúcar en la sangre de los pacientes a grandes distancias, mediante aplicación de sensores y otros dispositivos). 255. Autonomía: Se deberá crear entidades autónomas regionales, (o una entidad nacional) alejadas de las decisiones de política contingente, que administren las redes estatales de salud y coordine con la APS. Unas especies de “Holding de Hospitales Estatales”, con presencia y ámbito de acción regional y participación de la comunidad en su control. 256. Implementar Big Data en administración de salud pública. Mantener más pacientes sanos con menos dinero, por medio del manejo de datos y analítica. Solución multisciplinaria de médicos, ingenieros, economistas y tecnólogos, trabajando juntos para mejorar la salud pública. Aplicar programa del MIT (algoritmos que potencian tratamiento de enfermedades, incluyendo diabetes), combinando aprendizaje mecánico y registros médicos electrónicos (1,7 millones de chilenos -12,3%- padecen diabetes). Reducción de costos médicos, vía Big Data en Fonasa y analítica economicista que mida en hospitales los retornos de gasto en salud para descubrir mejores prácticas y alinear incentivos para mejorar la calidad de la atención que se proporciona. Abriendo acceso a la tecnología de alta calidad a los servicios de salud, para todos. 257.

Facultades para ejercer la autonomía: Dichas entidades, deben tener facultades amplias para reorganizar su red orientándola en la búsqueda de las soluciones más eficientes para atender a la población. Deberá generar instancias de colaboración público-privada, asociarse, permitir la autogestión de hospitales, 84

licitar prestaciones o servicios, contratar y/o comprar servicios de salud integrales para la población. Toda la red estatal debe estar abierta a usuarios de seguros privados, implementando sistema de cobros ad hoc, cumpliéndose el principio de no discriminación. 258. El rol crucial del Ministerio de Salud se orientará a la rectoría y definición de políticas públicas en salud. Definirá normas, estándares y políticas de vigilancia, para prevenir y monitorear enfermedades evitables y promover hábitos saludables en la población y un medio ambiente sano. A través de la Superintendencia de Salud, monitoreará y controlará tanto a prestadores de salud como aseguradores y empresas concesionarias. Velará por la transparencia de las cifras financieras y, principalmente, por la existencia de sistemas de acreditación y monitoreo de los resultados clínicos, tanto de los prestadores públicos como de aquellos privados 259. Transparencia total: Se da facultades a la Superintendencia de Salud para recabar y publicar información referida a precios y resultados clínicos de los diversos prestadores de salud, clínicas, hospitales, centros médicos, laboratorios, con el propósito de otorgarle más transparencia al mercado de la salud. También la superintendencia deberá supervigilar y publicar los resultados de los establecimientos estatales y concesionados. 260. Nueva y mejor infraestructura: El fortalecimiento de la salud pública, junto a las reformas administrativas referidas, requiere de la creación de nueva y mejor infraestructura tanto en centro de médicos primarios como hospitales de alta complejidad. La periódica escena invernal de cientos de pacientes atendidos en pasillos de urgencia, box ambulatorios o sillas de ruedas resulta inaceptable. 261. Reconocimiento profesional: Ciertamente, la más moderna infraestructura de poco sirve sin la existencia de profesionales de la salud. Además de la mejora retributiva y el fomento del desarrollo profesional, debemos buscar el reconocimiento y la mayor autonomía profesional a través de un modelo de relación laboral flexible, que albergue una pluralidad contractual y de servicio, que permitan el desarrollo profesional individual y colectivo. Lo anterior con respeto a la autonomía de los distintos centros de salud y la selección del personal que determinen. La evaluación profesional debe estar basada en la gestión por competencias y los incentivos puestos en el desempeño, la formación continua, logro de metas de gestión y el desarrollo de una carrera profesional no ligada exclusivamente a la antigüedad ni a la promoción jerárquica. 262. Desarrollo de una política de telemedicina masiva, que permita utilizar al máximo la capacidad profesional existente, en miras de la revolución industrial 4.0.

Por medio de aquella, se aumentará el volumen de atenciones y cobertura a territorios remotos, pero de gran importancia geopolítica para la nación, cuya población actualmente encuentra grandes dificultades para acceder a la atención en salud. 85

263. Se creará una corporación abocada a la administración de las Licencias Médicas, instancia autónoma de FONASA, ISAPRES y Mutuales de Seguridad encargado de financiar y administrar el otorgamiento de este beneficio, con cargo a una prima aplicada al empleador de aproximadamente un 1,5% de la renta con el tope imponible. Esta nueva instancia se encontrará bajo la supervigilancia de los Ministerios de Salud y Trabajo. 264. Urge una reforma a la estructura del COMPIN que unifique todas las oficinas en un servicio descentralizado, autónomo y con patrimonio propio, encargado de arbitrar los conflictos existentes en el otorgamiento de las licencias médicas, dependiente del Ministerio de Salud y sujeto a responsabilidad civil y rendición de cuentas. Tan urgente como lo anterior es digitalizar los procesos y ofrecer una plataforma de trámites on line, que evite la exposición de personas enfermas y acorde a las tecnologías actualmente existentes. 265. Soluciones médicas completas: FONASA será un seguro estatal, que comprará servicios médicos para su población beneficiaria. La compra de “soluciones médicas” deberá efectuarse al sector público o privado dependiendo de quien ofrezca las mejores condiciones de servicios médicos para la población. FONASA será financiada por cotizaciones obligatorias más un aporte fiscal directo. 266. Salud moderna y tecnológica: Se crea una organización no gubernamental, autónoma, técnica, participativa, de innovación y nuevas tecnologías ETESA para dirimir técnicamente los nuevos procedimientos que se incorporen al Arancel FONASA y en los planes de salud existentes. 267. La transparencia da seguridad: Sabemos la dificultad que representa para los usuarios poder elegir con adecuada información el mejor seguro de salud disponible para sus necesidades, por lo tanto, es imperioso regular a los seguros privados, mejorando los instrumentos que proporcionen una mejor competencia y transparencia en sus precios y servicios. Se definirán 5 líneas de Planes de Salud, las que deberán ofrecer obligatoriamente los aseguradores públicos y privados. 268. Piso mínimo asegurado: Existirán obligaciones de cobertura mínima para seguros. Se establece una siniestralidad (devolución en beneficios directos) mínima para las ISAPRES (puede ser 85%). 269. Colaboración público-privada, sin discriminación: Los seguros públicos o privados, podrán contratar servicios médicos en la red pública o privada, y se fomentará la contratación mediante sistemas que fomenten la mayor eficiencia y agreguen valor al gasto. 270. Fondo de Compensación por Riesgo (FCR) para asignar los subsidios que requieran las personas para ejercer su derecho de opción en salud. La Superintendencia de Salud hará los ajustes y ordenará las transferencias de dicho 86

FCR. Mediante este sistema FCR, se hace posible un Subsidio para Salud, portable, que permite materializar la capacidad de elección del sistema de preferencia de las personas. Se evitarán poblaciones cautivas como las que hoy tiene FONASA. FONASA será un competidor más que recibirá a las personas que se financiarán mediante el Subsidio para Salud financiado con el Fondo de Compensación de Riesgos. El objetivo del FCR es permitir una mayor cohesión social en el sistema de salud. Las personas que deseen afiliarse a seguros privados o a FONASA, podrán recibir subsidios ajustados por ingresos, sexo, edad y estado de salud, para que accedan a 4 o 5 Planes Universales estándares. Los subsidios se asignarán a las personas y no a FONASA como es ahora, de tal forma que exista libertad de elegir sistema y aumente la equidad y justicia en la asignación de subsidios estatales. 271. No más beneficiarios cautivos: Las personas que reciben subsidios estatales ajustados por riesgo del FCR, podrán moverse entre las diferentes entidades o seguros que ofrezcan los Planes de Salud Universal en un periodo ventana que establecerá la ley bianual. 272. Desarrollo con prudencia: Los cambios se deberán hacer paulatinamente. Se deberá establecer una hoja de ruta para hacer una transición ordenada que no genere problemas financieros ni operacionales. Para ello, se deberá hacer pilotos y avanzar en forma progresiva tanto en la reorganización de la red pública como en la asignación de subsidios a las personas. Inicialmente, un mecanismo de Compensación de Riesgos (subsidios portables) permitirá que paulatinamente personas que deseen elegir los seguros privados se trasladen y alivien al Estado de entregarle servicios de salud. 273. En términos de regulación de los procedimientos y certificación de medicamentos por parte del Instituto de Salud Pública (ISP), se propone la homologación del registro de productos genéricos de países con idénticas o mejores controles de calidad y farmacovigilancia. Lo anterior no tiene más norte que evitar replicar el trabajo, sea este el registro sanitario o reporte de fiscalización, realizado por una agencia extranjera de confianza, como son la F.D.A. o la E.M.A. 274. Asimismo, se sugiere reglar adecuadamente el procedimiento de certificación de bioequivalencia con plazos y etapas claras para todos quienes decidan certificarla. Lo anterior requiere, de manera forzosa, el fortalecimiento tanto del I.S.P. como del ANAMED, de manera de hacer los procesos tanto de registro y certificación de bioequivalentes, como de fiscalización y farmacovigilancia más expeditos. 275. El funcionamiento eficiente de cualquier mercado exige la existencia de información.

El ISP debe procurar el desarrollo de una política pública robusta de producción, organización y difusión de información del mercado de medicamentos. El ISP debería proveer información a los médicos, capacitándolos sobre nuevos aportes científicos, estudios sobre nuevos fármacos, informes de 87

farmacovigilancia, etc. Además de los profesionales de la salud, también deben recibir información pacientes y dispensadores. 276. Existirá la obligación legal de transparentar la estructura de costos, tanto del medicamento efectivo como de la ganancia por dispensación. 277. Respecto al pasado punto, se sugiere establecer un monto fijo por concepto de dispensación, suma dejada a la competencia de las mismas farmacias. Esta medida desincentivaría la dispensación de productos de un laboratorio por sobre de otros (traspasando el costo de adquisición a los consumidores). 278. Urge remover algunas de las restricciones de venta directa de medicamentos en otros establecimientos comerciales que no sean farmacias. Existe razonable evidencia empírica que desmiente probables cuadros de sobreconsumo mayores a los actuales por parte de la población. 279. En el mercado público, en tanto se adquieren productos con los recursos de la nación, se recomienda regular de manera detallada y estricta la elección y compra de medicamentos clínicos, así como la creación de instrumentos que transparentes dichas compras al público en tiempo real sea para programas ministeriales, confección de arsenales de salud, hospitales u otro ente público. 280. Censo nacional TICS y aplicaciones interactivas: Se realizará un censo nacional que evalúa que TICS se están utilizando a nivel nacional, quienes las están utilizando, así como la calidad de ellas y el impacto real en la mejora de la salud de la población. Luego de lo anterior se propone desarrollar TICS interactivas a las que no solo acceda el personal de salud, sino que puedan interactuar directamente con los pacientes, como por ejemplo agendamiento de horas médicas o autoevaluaciones de salud. 281. Programa Gran Salud: Se creará un servicio dependiente del MINSAL encargado generar políticas de integración de datos médicos, que oriente y regule la captura de datos desde todos los prestadores públicos y privados, así como la modernización de los sistemas de información del DEIS para adaptarlos a una plataforma de Big Data. Tal servicio debe trabajar y analizar esta información con el objetivo de investigación operativa para el monitoreo de las intervenciones y las políticas de salud pública. Uno de los principales productos de esta sistematización de datos debe ser la conformación de una “Ficha Clínica online” que conecte al paciente con su médico. La ficha en comento permitirá optimizar el uso de infraestructura en caso de saturación en una parte y sobreoferta en otra, por ejemplo, el uso eficiente de la capacidad total de pabellones, disminución de listas de espera, entre muchas otras. La privacidad de los datos debe ser protegida con los más altos estándares conocidos, como por el ejemplo el HIPAA compliance utilizado en EE.UU. 282.

Hospital Digital: Para salvar las brechas de acceso y atención a servicios médicos, dificultadas por la particular geografía de nuestro país, se dará prioridad al 88

desarrollo de sistemas de telemedicina, que permitan hacer llegar atención médica primaria y especializada a cada lugar de Chile. Para ello, se propone aprovechar las capacidades y recursos humanos de atención de salud local con hospitales y centros universitarios con la complejidad y capacidad técnica de especialización médica y disciplinar de salud. 283. Salud Mental Positiva: La salud mental es una de las deudas permanente de los gobiernos hacia los chilenos, destinándose apenas el 2% del total de gasto público en salud. Este programa busca fortalecer el modelo comunitario en la prevención, tratamiento y rehabilitación en personas con enfermedades mentales. Salud Mental Positiva se hará cargo de todas las personas desde la gestación hasta nuestros adultos mayores. La prevención de patologías de salud mental logra una importante disminución en otras patologías médicas, por lo que una buena implementación de este punto ayudará a disminuir el gasto general en salud. La colaboración público-privada tendrá como foco central la prevención, fomentando conductas de autocuidado en varios niveles de la comunidad, mejorando el acceso de toda la población hacia profesionales del área. A nivel de tratamiento y rehabilitación, se facilitará el acceso a atención de salud secundaria y terciaria como el número de camas y profesionales para estos objetivos. 284. Años Dorados: Se propone crear una instancia de servicios especiales para la Tercera Edad para todos quienes tengan 65 años o más. Este beneficio permite a las personas elegir entre los aseguradores un seguro que contempla coberturas especiales en medicamentos, enfermedades propias de la vejez y un plan especial, incremental, de cuidados de largo plazo (Long Term Care). El Plan de Salud Universal para Adultos Mayores, subvencionado y regulado por el Estado, según ingreso y estado de salud, podrá ser tomarlo en FONASA o ISAPRES. Es un plan cerrado, con copagos máximos definidos. Con diversos beneficios obligatorios para FONASA e ISAPRES y según preferencias, como cobertura de medicamentos ambulatorios no contemplados en plan o seguro de vida o seguro de cuidado especiales para no valentes, entre otros. El GES es el motor que permite la confección de este plan, pues se mejorarán los beneficios del GES para el Adulto Mayor, con beneficios especiales para ese grupo. Las aseguradoras no pueden rechazar ni discriminar, pero reciben compensación según riesgo del asegurado. 285. Sonríe siempre: Sonreír es gratis, pero tener dientes sanos no. Se crea un Servicio Odontológico, financiado con un aporte deducible de los empleadores y de organizaciones. La afiliación a este seguro será exclusivamente colectiva para evitar comportamientos oportunistas. El Seguro será público y privado y lo regulará la Superintendencia de Salud. 286.

Alimentación para el siglo XXI: Revisaremos las bases fisiológicas y científicas de los programas de alimentación saludable, dada la cada vez mayor evidencia de que el consumo excesivo de carbohidratos no complejos, incluidos en la actual pirámide de alimentación e implementadas por ejemplo en los colegios a través 89

de la JUNAEB, son grandes responsables de la epidemia de obesidad, síndrome metabólico y sus derivados diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y enfermedades cardiovasculares. 287. Programa de prevención del VIH y enfermedades de transmisión sexual: Hasta la fecha se ha visto el fracaso absoluto de los programas enfocados exclusivamente en métodos de barrera y genitalidad, para la prevención de infecciones de transmisión sexual. Se creará el programa integral de sexualidad que comprenda las dimensiones físicas, psíquicas y espirituales de la sexualidad. 288. Modernización de la salud laboral: La calificación errónea de una enfermedad profesional (EP) como enfermedad común, además de la tardanza en la pesquisa, prevención y mejoría, impacta negativamente en el uso racional de recursos para salud. Las Mutuales de Seguridad requieren una mayor competitividad, puesto que, en 50 años, no se ha creado ninguna entidad nueva y sus resultados especialmente en materia de EP son discutibles. Las EP no resueltas por la salud laboral, son tratadas por FONASA o ISAPRES. Las finanzas del seguro de salud no laboral respectivo (FONASA o ISAPRES) se ven afectadas por el costo de las atenciones médicas asociadas y de las licencias médicas. En efecto, la prima de los seguros de salud de la seguridad social −FONASA e ISAPRES− no contempla como contrapartida en beneficios la cobertura de las EP. La ley establece que esos costos deben ser de cargo de la Mutual de Seguridad. En cualquier caso, lo más grave es que al no intervenir la salud laboral, se pierde la oportunidad de actuar preventivamente en el lugar de trabajo, ejerciendo la labor preventiva que evitaría la ocurrencia de una patología laboral. Otro problema que se debe resolver son los tratamientos de EP de tardía aparición, cuando el trabajador ya ha abandonado por años su puesto de trabajo. Si bien algunos casos se han resuelto en los Tribunales, la ley requiere una modernización para prever estas circunstancias. 289. Disminuir en el menor plazo posible la atención, diagnósticos, procedimientos y cirugías atrasadas durante la pandemia. 290. Plan Especial COVID, de apoyo a las personas que sufrieron los efectos de la pandemia. Este contemplaría apoyo médico y psicológico, telemedicina, kinesioterapia y otras acciones relacionadas con la recuperación de la salud física y mental de aquellas personas que sufrieron COVID. El plan tendrá especial consideración en los efectos en la salud mental de la población. 291.

Crear plan de promoción a la natalidad, incentivando la natalidad vía impuestos según número de hijos; beneficio a padres, a partir del 3er hijo (postulación a subsidios); pilar solidario de maternidad (costo compartido en Isapres para mujeres en edad fértil, subiendo prima a hombres. 292. Promover una nueva Política de Salud Mental. La tasa de suicidios sigue subiendo y nos coloca en los primeros lugares de la OECD, particularmente en 90

los jóvenes. Debemos redoblar los esfuerzos por dar más apoyo, orientación y recursos para enfrentar estas enfermedades. 293. Trato digno en el Servicio Médico Legal. Urge mejorar la infraestructura, atención y acompañamiento a personas que van al SML a retirar a un familiar o amigo 91

Atrévete a Jubilar con Dignidad Entendemos que es por medio del trabajo y el esfuerzo que el individuo se potencia y progresa, tanto espiritual como materialmente. Es, por tanto, su deber el desarrollar al máximo sus talentos y capacidades en la búsqueda permanente de la propia felicidad. Desde nuestra concepción, cada persona tiene un principio inherente que guía el curso de su existencia; debe existir un propósito que propulse la orientación humana hacia sus metas y, por consiguiente, un cúmulo de elecciones individuales y personalizadas en virtud de la realización y satisfacción propia. La Seguridad Social es el sistema que las sociedades establecen con el propósito de cubrir los riesgos que enfrenta el individuo y su familia respecto a su capacidad de autosustentarse desde el nacimiento hasta su muerte. Todo ciudadano al nacer adquiere el derecho a los beneficios de la Seguridad Social, en función de las características y requisitos que la sociedad establezca para ellos. El sistema de pensiones, como un instrumento dentro de la Seguridad Social, se concibe con un único objetivo de hacer frente a la vejez, la muerte prematura y la incapacidad laboral, financiado en forma contributiva y sus beneficios proporcionales al aporte del trabajador o empleador durante su vida laboral. Asimismo, las personas tienen la responsabilidad de prever dichas dificultades de la vida, mientras el Estado tiene la obligación de establecer un sistema universal, justo, solidario y eficiente que permita a todos los chilenos optar a este para cubrir estos riesgos. El sistema de pensiones debe ser uno de Ahorro Individual sin componentes de impuestos al trabajo y el Estado debe tener la posibilidad de premiar, promover y demandar el ahorro obligatorio (mediante contribuciones iguales para todos y no discriminatorias), fomentarlo (vía impositiva) y premiarlo (vía aumento de aporte estatal). El aumento de la edad promedio de la población y sus malos resultados en Chile y el mundo hacen inviable un sistema de reparto que se base en impuestos al trabajo, además de afectar en mayor medida a los sectores medios y bajos de la población. Las personas son dueñas de la totalidad de sus ahorros, debiendo estos ser usados de manera exclusiva para el fin que fueron realizados. El Estado no puede expropiar estos ahorros ni directa ni indirectamente, ni permitir que se desvíen al consumo presente ni a ningún otro destino distinto del financiamiento de las pensiones. El sistema de ahorro individual se basa en estos principios, pues, aunque establece una obligación de ahorro mínimo, promueve el ejercicio de la libertad individual, poniendo incentivos para que las personas hagan su máximo esfuerzo de ahorro durante su vida activa.

A partir de este, construyen el capital necesario para financiar la pensión, permitiéndoles, a su vez, decidir libremente el monto del ahorro, la institución administradora, la edad de jubilación, la alternativa de pensión y otras decisiones relevantes. Considerando que se trata de un ahorro obligatorio y forzoso, este debe cubrir niveles básicos de protección, dado que la tasa de ahorro incrementa el costo del trabajo y, por 93

lo tanto, afecta el empleo. Es precisamente la falta de empleo formal el mayor causante de las bajas pensiones, como consecuencia de la baja densidad de cotizaciones y el menor ahorro que esta genera. En aras de enmendar esta situación, se deberían promover sistemas complementarios de ahorro voluntario, con los adecuados incentivos tributarios, buscando siempre las mayores tasas de reemplazo posible. En este mismo sentido, se rechaza cualquier idea que disminuya los incentivos al ahorro para efectos redistributivos, pues ellos redundarían en encarecer el sistema, desincentivos al empleo formal, al ahorro y regresividad. Asimismo, el sistema vigente permite que los ahorros individuales, fruto del esfuerzo de la vida activa, sean administrados por empresas privadas, dando una oportunidad a la libre iniciativa privada de ofrecer sus servicios de administración, la cual debe protegerse como atributo natural de las personas y como sustento para la libertad y creatividad, sin perjuicio del uso responsable de los bienes que cada propietario debe darle. Tal como ello es relevante, también lo es asegurar la competitividad del sistema, que redunde en comisiones competitivas para los trabajadores y que esto se transforme en mejores pensiones. La irrestricta defensa de la libertad de personas y cuerpos intermedios para realizarse de la forma más completa posible, sin obstáculos ni regulaciones innecesarias, fortalece la idea de un Estado que controle, supervigile, regule, apoye y subsidie –jamás sustituya– la iniciativa privada. Lo anterior es particularmente importante, en tanto el acceso libre e igualitario a la protección social constituye un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución Política de la República. El Estado no puede permanecer indiferente frente a quienes han quedado marginados del progreso. Por esta razón, el sistema de pensiones debe complementarse con un buen sistema de Seguridad Social, asegurando un nivel de pensiones mínimas o solidarias, que garanticen un nivel básico de subsistencia, pero sin que ello sea un desincentivo al deber de cada individuo de preocuparse de su futuro. Consideramos fundamental que este resguardo estatal sea financiado con recursos generales de la Nación y no por la vía de impuestos al trabajo, que desincentivan el empleo y son regresivos. Nuestra candidatura, sin ambigüedades, defiende las cualidades del actual sistema de pensiones. Sin embargo, también somos críticos al desempeño del Estado en tanto regulador, cuya desidia para corregir y reformar de manera oportuna el sistema ha decantado en su actual descrédito ciudadano. Por tal razón, consideramos necesario su mejora y perfección, corrigiendo sus deficiencias, a través de las siguientes propuestas: 294.

Subir el pilar solidario o reemplazarlo por una pensión básica universal, financiada con recursos generales y no con impuesto al trabajo: Subir las pensiones más bajas mediante el pilar solidario puede ser una forma de hacer que el sistema de pensiones sea más solidario. Independiente de quién financia las cotizaciones, si estas no incrementan la cuenta individual del cotizante, ello constituye en los hechos un impuesto al trabajo, que en definitiva causa 94

desempleo y/o menores remuneraciones y es regresivo, por lo que proponemos que todos los componentes del Pilar Solidario se financien con cargo al Presupuesto Nacional. Un impuesto al trabajo, lejos de ser una herramienta solidaria, es una carga regresiva, pues afecta en mayor medida a los sectores asalariados de medianos y bajos ingresos, puesto que el desempleo afecta mayoritariamente a los sectores más desposeídos y pocos trabajadores de altos ingresos cotizan por más del tope imponible, mientras las rentas empresariales y del capital derechamente no cotizan. 295. Una alternativa a fortalecer el Pilar Solidario, sería reemplazar el actual sistema por una Pensión Básica Universal, que se devenga a los 65 años para todos los residentes, financiada con ingresos generales de la Nación, de un monto por definir, en función de las disponibilidades fiscales, con algún sistema de transición entre ambos. Consideramos esta alternativa más coherente que el actual Pilar Solidario, pues evita los desincentivos al ahorro para la vejez de este último, que premia a quien nunca cotiza y castiga a quien ahorra, incentivando también la informalidad. Esta propuesta elimina el aumento de las cotizaciones obligatorias de 6% que se ha propuesto, que desincentiva el empleo, más aún si esta lleva un componente de reparto. Como se ha mencionado, el origen de las bajas pensiones se encuentra en el poco tiempo de cotizaciones y la incapacidad de los gobiernos y el sistema político para adecuar las variables oportunamente y esta es una solución para enmendar los errores. De esta forma se dispondría de un sistema que cubre las necesidades básicas, barato de administrar, y un ahorro forzoso que incentiva a obtener mejores pensiones. 296. Complementar las pensiones apalancándolas con las viviendas e inmuebles: La vivienda e inmuebles constituyen el principal patrimonio de muchos adultos mayores. Consideramos que ellos deberían tener la posibilidad de disponer de su patrimonio para disfrutarlo en vida. Se propone, para quienes sean dueños de una propiedad, poder optar voluntariamente a mejorar su pensión, a partir del año 10 después de jubilar. Se plantea contemplar un sistema eficiente del tipo hipoteca revertida o una línea de crédito con garantía hipotecaria, si el jubilado prefiere dejar en herencia dicho bien raíz. 297. Seguro de expectativa de vida por grupos: Actualmente existen tres alternativas para pensionarse a la edad de jubilación: renta vitalicia, retiro programado y una combinación de ambas.

Se propone crear una cuarta opción, en que las personas que opten por retiro programado, puedan elegir compensar los riesgos de sobrevivencia entre grupos de más de mil personas de similares características, disponiendo de los fondos heredables, de modo que los que viven menos financien a los que viven más y así todo el grupo puede optar por una mayor pensión que la alternativa de renta vitalicia y evitar que las personas longevas les vaya bajando el retiro programado. 298. Ahorros acumulados de trabajadores que tienen entre 5 y 15 años de cotizaciones al momento de pensionarse: El saldo de ahorros acumulados a la fecha de pensionarse de personas que registren cotizaciones entre 5 y 15 años, se 95

propone destinarlo prioritariamente a pagar la pensión que le corresponda de acuerdo a los años cotizados, vía retiro programado, hasta la extinción del saldo. Desde esa fecha en adelante, el Estado debe asumir el pago de la pensión correspondiente. 299. Ahorros acumulados de trabajadores que tienen menos de 5 años de cotizaciones al momento de pensionarse: A aquellos afiliados que tengan menos de 5 años de cotizaciones y que no tengan beneficio de pensión solidaria de algún tipo, se propone permitir retirar 100% de sus ahorros a la fecha de jubilación. 300. Subir la cotización: Aun cuando la principal razón de las bajas pensiones no es la cotización, estimamos que es necesario subir en 4% la cotización para pensiones, desde el 10% actualmente vigente, para financiar el aumento de la vida promedio de la población. Este aumento debe ser gradual, pero debe ir a la cuenta del afiliado. Sin perjuicio de lo anterior, se debería establecer una fórmula automática de indexación de las tasas de cotización, de modo que cada vez que suban las expectativas de vida, determinadas por la Comisión de Mercado Financiero, se ajuste la tasa de cotización o algún otro mecanismo automático y objetivo. Lo anterior no sería necesario, en el corto plazo, con nuestra propuesta anterior de implementar la Pensión Básica Universal, pues todo el ahorro del 10% complementaría las pensiones y subiría el nivel general de todas las pensiones, compensando de paso el efecto del aumento que ha habido en las expectativas de vida. Nuevos aumentos de las expectativas de vida, que probablemente ocurrirán, deberían implicar aumentos de los ahorros forzosos. 301. APV por defecto: Esto significa que las personas al entrar al mundo laboral quedan automáticamente inscritas en el APV y se pueden salir haciendo el trámite correspondiente. 302. Crear un subsidio para aumentar el ahorro al nacer de los más pobres: Otorgar un subsidio de 1 millón de pesos al nacer, depositado en la cuenta APV de los niños del 20% más pobres de la población, sin posibilidad de retiro hasta la jubilación, financiado por el Estado. Esto generaría una pensión de unos 300 mil pesos, si no se aportara nada más durante su vida. 303. Otros incentivos de ahorro para niños y adolescentes: Para los niños y adolescentes crear incentivos y campañas para que ahorren en ese periodo de sus vidas, a través de los padres, abuelos, parientes o los empleadores de estos. 304.

Incentivos al ahorro voluntario conectando con Subsidio de vivienda: Permitir que el ahorro voluntario en APV pueda ser utilizado para enterar el pie de una vivienda, libre de impuestos a la renta, le da a este mecanismo de ahorro una tangibilidad interesante para su desarrollo y cercanía con las personas. La vivienda debe quedar gravada con segunda hipoteca por los impuestos adeudados, de modo que, si la vende antes de cierto periodo, salvo que la cambie por otra, en cuyo caso se vuelve a gravar. 96

305. Seguro de desempleo debe cubrir el pago de cotizaciones: El seguro de desempleo debe cubrir el pago de cotizaciones de los trabajadores, con el objeto de disminuir las lagunas previsionales en tales momentos. 306. Supervisar y controlar el pago de cotizaciones por parte de los empleadores: Las Administradoras y la Superintendencia de Pensiones, en conjunto con la Inspección del Trabajo, deben actuar en el control irrestricto del pago de las cotizaciones previsionales por parte de los empleadores controlando y cobrando la morosidad. 307. Que todas las asignaciones sean imponibles y evitar elusión: Es necesario que todos los ingresos relacionados al trabajo estén afectos al pago de cotizaciones, tanto de salud como de pensiones. Esto debe aplicar para cualquier trabajador dependiente que recibe asignaciones no imponibles de movilización, colación, zona u otras, como también a los trabajadores a honorarios, ya sean del Estado o del sector privado. 308. Incentivos a postergación de edad de retiro: El sistema de ahorro individual proporciona incentivos a la responsabilidad del individuo ya que este puede gozar de los frutos de sus esfuerzos que se hagan durante la vida laboral, por lo que quienes puedan trabajar por períodos de tiempo más largo y con la mayor densidad de cotizaciones posibles tendrán mejores pensiones. Lo anterior, implica que deben establecerse “incentivos” o “premios” a la postergación de la edad de retiro de las mujeres. 309. Subir la edad de jubilación de las mujeres en un año para las mujeres que entran a la fuerza de trabajo: En países como Dinamarca y Holanda no existe discriminación entre hombres y mujeres y una forma que tienen de ajustar las expectativas de vida crecientes es aumentar la edad de jubilación de los que recién entran a la fuerza de trabajo, tanto para hombres como mujeres. Por ejemplo, a las mujeres que entran a la fuerza de trabajo en 2022 se les podría subir la edad de retiro a 61 años. A las que entran en 2023 se les subiría a 62 y así hasta igualar la edad de retiro con la de los hombres. Esto es fundamental para dar la señal de corregir una discriminación negativa que hoy existe en contra de las mujeres. 310. Separar administración financiera de la administración operativa: Consiste en identificar y separar las actividades que actualmente desarrollan las AFP y que se refiere, por una parte, a invertir los recursos del fondo y llevar las cuentas individuales, y, por otra, a recaudar, cobrar cotizaciones, pagar pensiones, atender afiliados en oficinas y cualquier otra actividad administrativa que por ley le corresponde a las actuales AFP. Se propone que las AFP separen estas dos actividades y creen dos tipos de sociedades de giro exclusivo: las Administradoras de Inversiones y las Administradoras de Recaudación y pago de pensiones.

El trabajador deberá elegir libremente tanto la Administradora de Inversiones como las de Recaudación y pago de Pensiones. 97

311. Participación de mercado máxima: Naturalmente se podría pensar que las administradoras de inversiones deberían proliferar y llegar a ser tantas como las compañías de seguros de vida o las administradoras generales de fondos, por lo que podría establecerse una participación máxima de 10% en un plazo de 3 años, desde su implementación. Por su parte, las administradoras de recaudación y pago de pensiones podrían ser menos, por tratarse de empresas con economías de escala, por lo cual la participación máxima podría ser de 40%, dentro del mismo plazo, con el objeto de asegurar un mínimo de 3 empresas. 312. Evitar conflictos de interés entre Compañías de Seguros y AFP: Se debe evitar los conflictos de interés de las actividades de Administradoras de Recaudación y Pago de Pensiones, Administradoras de Inversiones y de las Compañías de Seguros de Vida, de modo que no se induzca a los trabajadores a elegir determinados productos, como asimismo la venta cruzada de servicios. 313. Mayores exigencias de informar y educar por parte de Administradores: Actualmente se obliga el envío de una cartola trimestral con las cotizaciones aportadas y el saldo de la cuenta de ahorro individual. Sería necesario exigir que esta información se envíe mensualmente. En la actualidad, con los sistemas y tecnologías disponibles, el envío de cartolas mediante sistemas electrónicos es posible a muy bajo costo. En la cartola se deben agregar permanentemente mensajes sencillos destinados a educar a los afiliados respecto de sus derechos y obligaciones, tales como: el sueldo imponible informado por el empleador, cotizaciones pagadas, dinero depositado en la cuenta de ahorro individual, pago de comisiones, pago de seguro de invalidez y sobrevivencia, propiedad del ahorro, AFP solo administran, caso de fallecimiento o invalidez, libertad para cambiarse de administradora, inembargabilidad, etc. Con esta información reiterada mensualmente, el nivel de conocimiento del sistema debiera mejorar considerablemente y nadie podría objetarla como propaganda y se podría implementar muy rápido, si se hiciera por circular de la Superintendencia de Pensiones. 314. Importancia del ahorro: no hay pensiones sin ahorro; pensiones bajas con ahorro bajo; pocos años de ahorro o cotizaciones lleva a bajas pensiones: Adicionalmente a los aspectos básicos del sistema, que deben ser informados permanente y ampliamente, la Superintendencia debería, asimismo, regular cómo las Administradoras informen sobre la importancia del ahorro previsional, no solo a los afiliados y cotizantes, sino a los trabajadores en general, estableciendo criterios para definir medios y canales, dependiendo de los mensajes que se quieran transmitir para audiencias diferentes.

Particularmente, tanto la Superintendencia de Pensiones como las AFP deberían informar a los afiliados y público en general, mensualmente, el número de años cotizados por los pensionados y sus pensiones promedio, de modo que los trabajadores tomen conciencia de los resultados de cotizar poco. 98

315. Educación previsional: La Superintendencia debería exigir a las Administradoras realizar programas de educación y capacitación previsional dirigidos a personal de recursos humanos de las distintas empresas. 316. Dar Seguridad al Sistema de Ahorro para mejorar la confianza y seguridad de no expropiación: Es fundamental dar seguridad a los trabajadores que sus ahorros están protegidos y que nadie se los va a quitar. La sensación actual de que los políticos los pueden utilizar para sus propios fines genera desconfianza y la posibilidad de una corrida que sería muy nociva para el sistema y el país en general. 317. Supervisión: Sin perjuicio de su rol de supervisión general del sistema, la Superintendencia debe velar que la política de información antes descrita se cumpla y se logren los objetivos de informar mejor a los trabajadores. Asimismo, el resto de las obligaciones que se impongan también debería fiscalizarse su cumplimiento para asegurar que la información fluya hacia la gente. 99

Atrévete a Desarrollar Chile El colapso de las economías centralmente planificadas del siglo XX demostró, de manera irrefutable, que el motor de todo sistema productivo y, por ende, del desarrollo social, descansa en la empresa privada. Para que esta prolifere requiere de condiciones tales como la libertad de emprendimiento, la propiedad privada, respeto del Estado de Derecho y promoción de la libre competencia, principios enmarcados en lo que denominamos Economía Social de Mercado. En el particular caso de Chile, la presencia y abundancia de materias primas, especialmente recursos mineros, otorga una serie de ventajas comparativas susceptibles de ser explotadas eficientemente por agentes privados. Debemos focalizar esfuerzos en agregar valor a nuestras riquezas naturales y propender a la fabricación inteligente, aprovechando las oportunidades de mercado y la Revolución Industrial 4.0 actualmente en curso. Ante tales desafíos, corresponde al Estado, junto con la provisión de un marco jurídico e impositivo simple y claro, estimular la inversión, investigación y desarrollo de nuevas empresas y tecnologías. A modo de ejemplo, se puede facilitar la formación de ecosistemas industriales mediante la implementación programas de capacitación de capital humano en lenguaje digital, la coordinación de cadenas de abastecimiento, difusión de prácticas productivas, la identificación y eliminación de “cuellos de botella” que bloquean la innovación, como también obras complementarias de infraestructura. Por supuesto, el tránsito hacia una economía innovadora no puede dejar a los trabajadores no calificados atrás. Para tales efectos, se debe facilitar su tránsito hacia las tecnologías necesarias para ser parte de la referida Revolución Industrial 4.0. Para ello, reconvertiremos la mano de obra no especializada a través de una adecuada capacitación en tecnologías de la información y digitalización. Fomentaremos significativamente la “Educación Dual”, es decir, la formación que combina la instrucción en institutos con entrenamientos prácticos en empresas. Paralelamente, se apoyará la creación de instituciones de educación a nivel técnico que permitan contar con mano de obra calificada, especialmente en temas de transformación digital, automatización, robótica, administración y gestión de personas. Sin embargo, para ser plenamente efectiva, la actualización en conocimientos y habilidades requiere una correlativa modernización de nuestro anquilosado régimen laboral. La productividad de los trabajadores aumentará por medio de cambios en los contratos laborales tales como la flexibilidad de la jornada laboral, la indemnización a todo evento, la promoción de la meritocracia mediante el estímulo del trabajo bien hecho en tiempo y forma y, en síntesis, el adecuado equilibrio entre la vida personal y laboral.

El arribo de la industria local a la mentada Revolución Industrial 4.0 será una quimera sin un acabado desarrollo de las Tecnologías de la Información (TICs) a nivel nacional. Las TICs son herramientas indispensables en el funcionamiento de una sociedad moderna y Chile necesita estar al día en los avances que esta industria experimenta continuamente. Para ello, proponemos fomentar la investigación y desarrollo en TICs, asegurar competencia en el mercado, facilitar el desarrollo de la industria de telecomunicaciones y favorecer el desarrollo de redes. 101

En relación a la producción minera, anhelamos que “el sueldo de Chile” llegue efectivamente a todos los ciudadanos, sin la intermediación de la burocracia estatal, para lo que proponemos aplicar una política de Capitalismo Popular. Las empresas del Estado deberán emitir acciones que podrán ser adquiridas por todos los ciudadanos mayores de edad que deseen participar de la propiedad de dichas empresas, las que se cancelarán con cargo a sus dividendos. Finalmente, no es concebible el desarrollo económico SIN sustentabilidad, cuidado del Medio Ambiente y responsabilidad social. Profundizaremos las políticas existentes de industrialización con la responsabilidad social, mitigación de pasivos ambientales, uso responsable del agua y la energía, y el desarrollo armónico de las comunidades. Del mismo modo, procuraremos eliminar toda contaminación proveniente de los efluentes del proceso industrial y minero. 318. Garantizar la libertad de emprendimiento mediante un apego irrestricto al Estado de Derecho, la propiedad privada, la libre competencia y el libre comercio, en un marco de apertura al comercio internacional. Mantener y profundizar los Tratados de Libre Comercio con todos países del mundo. 319. Incentivar la inversión mediante exenciones tributarias a las empresas que reinviertan utilidades en las propias compañías. 320. Atraer inversión extranjera mediante convenios con el Estado que establezcan un marco tributario y de retiro de utilidades que dé seguridades a los inversionistas. 321. Revisar la legislación antimonopolios y las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Libre Competencia, de manera de aumentar la seguridad de libre competencia en los mercados. 322. Modernizar el aparato del Estado chileno, conectándolo en red e informatizando todos sus servicios, en particular, aquellos que son necesarios para la creación de empresas. 323. Adhesión explícita a la Revolución Industrial 4.0: La RI 4.0 requiere la formación de redes de distintos sectores productivos que se integran en un ecosistema. La complejidad de este proceso invita a que el Estado actúe como articulador y ponga a disposición recursos públicos para implementar la digitalización de la industria. Las políticas de desarrollo industrial no se establecen en forma espontánea y requieren una acción decidida del Estado que estimule el emprendimiento y diseñe una hoja de ruta que muestre con claridad la opción por la RI 4.0. 324. Focalizarse en programas colaborativos de sectores industriales (ecosistemas) y no en sectores específicos: No aplicar una política de escoger sectores ganadores 102

(“picking the winners”) por la vía de la focalización de subsidios en sectores seleccionados a nivel central, por especialistas de gobierno. La lógica de la política está orientada a utilizar instrumentos y subsidios intraindustriales focalizados en programas de entrenamiento colaborativos, la coordinación de cadenas complejas de abastecimientos, la difusión de las mejores prácticas productivas del sector y la identificación y eliminación de cuellos de botella que bloquean la innovación. Como parte de los programas, el Estado podrá complementar con las inversiones públicas que se necesiten (por ejemplo, carreteras, infraestructura portuaria, etc.). 325. La aplicación de políticas específicas que incentiven el ingreso a la R I 4.0: Estas son (i) Depreciación Acelerada de las inversiones en tecnología, equipos, maquinaria vinculadas a la RI 4.0, incluyendo activos intangibles (software y sistemas de TI); (ii) subsidios a la tasa de interés de créditos bancarios para compra de tecnología 4.0; (iii) programa de becas para formación de personal en tecnología 4.0; (iv) mantención y profundización de convenios con centros internacionales de investigación aplicada como CSIRO, Fraunhofer, entre otras. 326. Introduciremos un nuevo concepto del proceso manufacturero, mediante el que definimos como la producción bienes que acumulan información a medida que se producen y complejizan. A mayor transformación, mayor acumulación de información; por tanto, no siempre su aspecto externo es indicativo del valor agregado en dicho producto. 327. Capacitación de Capital Humano: Capacitación de trabajadores, pasantías para jóvenes, reentrenamiento de trabajadores, entre otras. Dado que vamos a un mundo digital, toda la sociedad se tiene que digitalizar. Además, para entender y operar la Industria 4.0 es un prerrequisito que todos los trabajadores estén digitalizados. La digitalización es el equivalente del siglo XXI a la alfabetización de los siglos XIX y XX e implica aumentar el potencial de cada persona y de toda la sociedad. 328. Complementario a lo anterior, nos proponemos aumentar significativamente el número de liceos técnico-profesionales vinculados a la industria y que imparten “educación dual”, es decir, formación que se desarrolla en salas de clases y también en empresas industriales. Esta metodología se introdujo en Chile en 1992, siguiendo el modelo alemán, y existen liceos industriales que imparten formación en distintas especialidades, como son: Elaboración Industrial de Alimentos, Electricidad, Mecánica, Agrícola, entre otras.

Estos liceos están sustentados en la actualidad por la Fundación Chile Dual, con la participación del Banco de Chile, SK, Nestlé, Addeco, Enaex, CGE, Epiroc y la SOFOFA. En total hay en la actualidad 229 liceos con formación dual en todo Chile. 329. Análisis de la viabilidad financiera de las empresas del Estado: Las empresas del Estado son 32, muchas de las cuales no tienen viabilidad económica y son una carga financiera para las cuentas fiscales. Se propone evaluar cada caso desde el punto de vista de su factibilidad económica y social, vendiendo aquellas que se 103

demuestren no viables, ofreciendo un plan de retiro a sus trabajadores de acuerdo a la Ley. Se excluyen de esta política las empresas que son estratégicas para la seguridad nacional (FAMAE, ASMAR, ENAER). 330. Programa de oferta de acciones de empresas del Estado a la ciudadanía: Se propone ofrecer un porcentaje de la propiedad accionaria de las empresas con viabilidad económica a chilenos mayores de edad, con límites en la adquisición individual de forma de atomizar la propiedad. Las acciones se entregarán de manera gratuita, y estas serán pagadas vía la retención de sus futuros dividendos hasta la extinción de la deuda. 331. Financiamiento de empresas del Estado mediante la venta de bonos convertibles: Complementario al programa anterior, se propone que las empresas del Estado con viabilidad económica financien inversiones con la venta de bonos convertibles8. En este caso, una proporción del valor nominal del bono podría financiarse con la retención de la renta pactada en el documento. Al término del plazo pactado en el bono, el poseedor tendría la opción de recuperar el valor nominal del mismo en dinero o en acciones. 332. Crear fondos concursables para investigación en tecnología industrial, patrocinados y financiados por empresas privadas y aportes de CORFO, que haga además uso de los recursos generados por el pago del royalty minero y a los cuales sea posible acceder mediante concursos abiertos, con foco en el desarrollo de aplicaciones susceptibles de ser aprovechadas por la industria en el corto plazo. 333. Acorde con lo anterior, se proveerán créditos CORFO con tasas de interés preferenciales, para ayudar a la reconversión de fábricas e instalaciones industriales. 334. Toda actividad económica y, particularmente, la industria manufacturera y minería se compromete con la comunidad nacional a promover la sustentabilidad de largo plazo: Esto incluye crecimiento económico con cero huellas de carbono y pasivos ambientales, explotación sostenible de los recursos naturales, responsabilidad frente a las generaciones presentes y futuras e inclusión social. 335. Uso del agua y la energía: Compiten por estos recursos la minería con la agricultura, el turismo y la vida en los centros urbanos. Postulamos formular un plan armónico de uso de estos, como centrales hidráulicas para generar energía, agua para riego, procesos mineros y consumo humano. 336. Desarrollo armónico de comunidades: Las comunidades donde se desarrollan actividades económicas (industria manufacturera, minería, otras) deben ser consultadas en cuanto las externalidades positivas y negativas que experimentan. Un proyecto sustentable debe ser medido por el correcto uso de 8 El bono convertible es un activo financiero de renta fija en el que se concede al poseedor del mismo la posibilidad de canjear el valor nominal de su título por acciones, a un precio previamente fijado.

los recursos naturales, humanos, y su interacción con su entorno y las medidas de mitigación de externalidades negativas contempladas, con la participación activa de los gremios mineros e industriales. Proponemos que las industrias manufactureras y mineras paguen sus derechos municipales en las comunas donde se realizan sus faenas productivas o extractivas, para traer el beneficio de sus aportes a las comunidades residentes. 337. Diversificar la producción minera de Chile: Avanzar en la explotación de otros minerales, como uranio, cobalto, selenio, indio y otros, que nos permitan no depender solamente del cobre y molibdeno y enfrentar mejor los mercados, transformando a CODELCO en una empresa minera diversificada. 338. Mejorar los mecanismos de formación de empresas filiales de CODELCO bajo la forma de “Asociaciones con terceros”: El Código de Minería permite la formación de sociedades entre CODELCO y empresas privadas, que se constituyen como filiales y en cuyos directorios participan directores o ejecutivos de la minera estatal. En la actualidad existen filiales en distintos rubros, que van desde mineras, de energía eléctrica, desarrolladoras de nuevos usos del cobre, investigación y tecnología, hasta plantas de procesamiento de minerales, puertos y entidades de salud. Proponemos privilegiar esta fórmula, que introduce la racionalidad de la empresa privada en la gestión de la industria minera, con el consiguiente aumento de eficiencia y rentabilidad. 339. Reconvertir las refinerías estatales (ENAP): La conversión de las actuales refinerías hacia una industria petroquímica que permita utilizar el conocimiento y la capacidad del talento local, junto con generar una industria que permitan favorecer el desarrollo de otras empresas de nicho, o capaces de producir suministros para la minería, donde existe un alto consumo de derivados del petróleo que son importados en su totalidad, permitiría aprovechar esos recursos en apoyar otras áreas de la industria, generando empleo, una potencial oferta exportable de alto valor y trascender a la vida útil de los yacimientos en explotación. 340. Una política estatal, de terminar con la contaminación producida por las empresas estatales y privadas que no sufren multas ni sanciones por contaminar. 341. La reorientación de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) como promotor de la transferencia de tecnología: ENAMI debe transformarse en un ente promotor de una minería más moderna, sustentable y de mayor valor agregado, con una política de fomento dirigida a levantar una pequeña y mediana minería más moderna y eficiente, con un mayor nivel de profesionalización. 342.

Implementación de plantas de tratamiento a cargo de ENAMI: Revisar las plantas que tiene ENAMI para convertirlas en instalaciones que agreguen valor a las producciones de la pequeña minería y dotarlas de la tecnología necesaria y suficiente para otorgarle la competitividad necesaria para su participación en el mercado. 105

343. Crear, a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, un Instituto Milenio de Investigación y Desarrollo en TICs, con financiamiento estatal y privado. El financiamiento privado asegura que la investigación se conduzca en forma estratégica y relevante, y también, que los avances tecnológicos logrados sean adoptados por la industria. 344. Apoyar la posibilidad de fuentes de financiamiento de nivel internacional para las empresas de telecomunicaciones que se comprometan con el desarrollo vigoroso del sector. 345. Estimular a niveles universitarios y técnicos la formación de profesionales especializados en las nuevas tecnologías de Telecomunicaciones y TI, considerando materias como 5G (el futuro 6G), Internet de las cosas (IoT), Inteligencia artificial (IA), Smart Cities, blockchain, SD WAN y otras del mismo orden. 346. Revisar críticamente la legislación y el funcionamiento de las instituciones antimonopolios con miras a evitar la constitución de monopolios o duopolios de grandes operadores internacionales. 347. Crear las condiciones normativas adecuadas para aumentar la competencia en servicios móviles (parte fundamental del futuro de las telecomunicaciones), aprovechando mejor el espectro de radiofrecuencia asignados, mediante el fortalecimiento de los Operadores Móviles Virtuales (OMV), que contratan redes a los operadores con red. 348. Modificar el sistema de otorgamiento de concesiones y permisos, en plazos menores, en términos genéricos y no por cada tipo de servicios, dando certeza jurídica por el lapso de la concesión o permiso otorgado. 349. Establecer una coordinación estrecha entre las entidades del Estado y municipalidades para permitir que se pueda desplegar la infraestructura indispensable para el desarrollo de las telecomunicaciones. En este orden de cosas es necesario estimular la compartición de infraestructura física ubicada en el exterior (torres, postes, canalizaciones subterráneas, adosamiento a edificios, cruces de ríos, traviesos, etc). 350. Establecer una relación fluida de cooperación entre la autoridad, SUBTEL y los operadores, considerando el inmenso desafío que supone el crecimiento de la demanda y los profundos cambios en la tecnología que exige el mejor de los aportes de todos los actores de la industria. 351. Planificar cooperativamente, autoridad y operadores, materias como ciberseguridad, contribución a la represión de la delincuencia, sistema de llamados de emergencia y otras materias que son de interés social. 106

352. Gestionar con SUBTEL y Municipalidades un plan de retiro de elementos de red en desuso por seguridad para las personas y eliminar la contaminación visual. 353. Promover la coordinación y generación de iniciativas municipales para soterrar redes en ciertas avenidas o lugares de las distintas ciudades. 354. Propiciar la creación de la modalidad “Portabilidad de acometida”. 107

Atrévete a Emprender sin Barreras La envergadura que tienen las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como expresión de inventiva e impulso innovador de los individuos por antonomasia es destacable, y por ende, son el principal motor de movilidad social y creador de empleos sustentables en el tiempo. Las MIPYMES representan en Chile el 78% de las empresas del país, empleando al 52% de la mano de obra nacional. Pese a lo anterior, las grandes compañías, representando apenas el 1,1% del total de entidades productivas, concentran el 86% de las ventas totales. Tamaña diferencia no resulta inocua, en tanto son las PYMEs y no las grandes empresas, algunas anquilosadas en lógicas de defensa corporativa que distorsionan el funcionamiento del libre mercado, la base fundamental de una economía que prepondera la libertad y la responsabilidad individual. Nuestra propuesta se fundamenta en la generación de condiciones claramente favorables para las PYMES. Entre ellas se incluyen: (i) Formación de Distritos Industriales, esto es, conjunto de pequeñas y medianas empresas independientes pero vertical y horizontalmente articuladas entre sí, todas especializadas en un mismo sector o cadena productiva, capaces de producir cantidades de calidad exportable; (ii) Facilitación de la formación de empresas y reducción de trámites y burocracia; (iii) Programas de formación en gestión (“mentorías”) para emprendedores y de trabajadores especializados, a través de “formación dual” y convenios con CFTs en programas de aprendices; (iv) Modificación del régimen tributario de PYMES: contabilidad simplificada, depreciación instantánea, tributación con base en retiros y dividendos pagados sobre rentas percibidas, crédito contra impuestos finales del 100% del Impuesto de Primera Categoría. Asimismo, se propone que las PYMEs queden automáticamente integradas a las cámaras de comercio de sus regiones, con cargo a la Patente Municipal y rebajar la Base Imponible en un 100% de las Utilidades reinvertidas en la empresa sin tope. Del mismo modo, Impuesto 0% para empresas con ventas anuales menores de 25.000 UF (micro y pequeñas empresas), eliminación del Impuesto a la Herencia para las micro y pequeñas empresas. (v) Fortalecer la Libre Competencia y las normas vigentes para los organismos que la deben amparar, y así impedir la concentración de los mercados, y favorecer la incorporación de oferentes y empresas en toda industria relevante. Chile muestra una gran concentración de la oferta, en que las empresas grandes (1,1% del total) realizan el 86% de las ventas. Esto sugiere una posición dominante de las grandes empresas y el riesgo de estar frente a mercados oligopsónicos.

Las micro, pequeñas y medianas empresas son un sector importante desde el punto de vista socioeconómico, ya que genera el 43% del empleo. El financiamiento bancario está principalmente dirigido a la gran y mediana empresa. Las micro y pequeñas empresas acuden poco al sistema bancario, probablemente porque los instrumentos existentes son demasiado caros y deben financiarse con recursos propios o aumentos de capital. No obstante, en los últimos dos años y en gran 109

medida como ayuda para contrarrestar los efectos depresivos de la pandemia de COVID19, se han creado una serie de programas de financiamiento PROPYME, que ha mejorado el acceso de las PYMES a fuentes financieras. Sobre los factores que limitan el desarrollo de las empresas, las PYMES concuerdan en que la competencia y una demanda limitada son los principales factores que les impide aumentar sus tamaños, y consideran que sus actuales escalas de producción son las adecuadas. También acusan una baja disponibilidad de trabajadores calificados, lo que afecta en mayor medida a las empresas grandes respecto de las PYMES. Las empresas chilenas enfrentan mercados muy informales, caracterizado por el atraso en las fechas de pago, clientes que cambian las condiciones pactadas y abundancia de acuerdos verbales. Esta informalidad introduce un factor de riesgo en el mercado, encareciendo las operaciones y, en general, transformándose en un escollo para el desarrollo de las empresas. Es un hecho que todas las grandes empresas fueron una PYME en sus comienzos. Para ilustrar el punto, bastan dos ejemplos: Falabella y Cencosud. Falabella nació como una sastrería ubicada en Santiago, fundada por el inmigrante italiano Salvatore Falabella en 1889. Actualmente es una tienda por departamentos con sucursales en todo Chile y con locales en Argentina, Perú, Colombia y México. Además, ha expandido sus actividades al sector financiero, con el Banco Falabella. Cencosud se inicia como un supermercado abierto en el barrio Estación de Temuco, en 1960, por los hermanos Paulmann, de origen alemán. Poco después se expande a varias ciudades del sur, como la cadena de supermercados “Las Brisas” y, posteriormente, abre el primer hipermercado Jumbo en Santiago. En la actualidad Jumbo opera en todas las ciudades de Chile y varias de Argentina y Perú. Además, la familia Paulmann es dueña de supermercados Santa Isabel, tiendas por departamentos Paris y Johnson, tiendas de mejoramiento del hogar bajo la marca Easy, centros comerciales y servicios financieros. Estas historias de éxito son poco frecuentes debido a que la mayoría de las PYMES tienen corta vida y no prosperan. El Sueño Republicano es ver florecer la empresa privada en Chile y para ello creemos que debe haber un apoyo preferente a las PYMES. En concreto, algunas propuestas: 355. Formación de Distritos Industriales, producción de volumen y calidad exportable: Proponemos lograr escalas de producción exportable mediante la formación de distritos industriales, fomentados mediante exenciones tributarias por tiempos definidos.

Los distritos industriales son una aglomeración territorial de pequeñas y medianas empresas independientes pero vertical y horizontalmente articuladas entre sí, todas especializadas en un mismo sector o cadena productiva, que gozan de economías externas provenientes de un fuerte arraigo a una comunidad regional. 356. Facilitación de la formación de empresas y reducción de trámites y burocracia. 110

357. Revisión crítica del portal para creación de empresas oficinavirtual.cl. Se propone que el portal oficinavirtual.cl ofrezca la asistencia de un ejecutivo para tramitar la creación de nuevas empresas y que todos los trámites se hagan en línea, con la excepción de aquellos que, por ley, requieran firma ante notario. 358. Simplificación para la demostración de certificación de origen para efectos de pagos de aduana. 359. Llegar a todas las regiones con mentorías en gestión de empresas: Aumentar la cobertura regional de los programas de mentorías en gestión de empresas, que están radicados solo en las regiones Metropolitana y de Los Lagos. Para ello, proponemos alianzas entre universidades regionales, organismos intermedios (cámaras de comercio, asociaciones gremiales industriales) y CORFO. 360. Programas de formación de trabajadores especializados: Una de las claves para el éxito de las empresas es contar con trabajadores capacitados y productivos. Para ello se debe fortalecer y aumentar la Educación Dual. Actualmente existen 229 liceos técnico-profesionales que imparten “educación dual”, es decir, formación que se desarrolla en aulas y con prácticas profesionales en empresas industriales, pero son claramente insuficientes. Proponemos aumentar significativamente el número de liceos técnico-profesionales con formación dual y revisar los programas de formación de manera de asegurar que la formación en aulas se complementa con experiencias prácticas útiles para alumnos y empresas. 361. Paralelamente, se crearán convenios de formación especializada (“aprendices”) con Centros de Formación Técnica (CFTs). Actualmente existen CFTs que ofrecen formación profesional en muchas especialidades de interés para PYMES, como son, por ejemplo, Mecánica Automotriz, Técnico en Obras Civiles, Técnico en Redes Eléctricas, Técnico en Calidad Alimentaria y muchas otras. Proponemos que la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH) formule un Programa de Aprendices, consistente en la aceptación de alumnos en práctica profesional, provenientes de aquellos CFTs que acepten revisar sus programas de formación para alinearlos mejor con las necesidades de las empresas. Este programa tendría el doble beneficio de iniciar el acercamiento de jóvenes trabajadores con futuros empleadores y asegurar una mejora continua de la formación profesional de los trabajadores. 362. Modificación del régimen tributario de PYMES: Un clima favorable a la creación de empresas requiere un tratamiento fiscal que las favorezca en sus etapas iniciales.

Para ello, en primer lugar, se revisará el Régimen PROPYME, cuyas actuales normas, establecidas en la Ley 21.210, contemplan la contabilidad simplificada, depreciación instantánea, tributación con base en los retiros y dividendos pagados sobre rentas percibidas, crédito contra impuestos finales del 100% del Impuesto de Primera Categoría. Se propone rebajar la Base Imponible en un 100% de las Utilidades reinvertidas en la empresa, sin tope. Esta rebaja en la actualidad es de 50% y con un tope de 5.000 UF. 111

363. Una segunda medida tributaria es el Impuesto Cero de Primera Categoría para las micro y pequeñas empresas. Las empresas con ventas anuales inferiores a 25.000 UF (las micro y pequeñas empresas) se acogerán al régimen PROPYME establecido en la Ley 21.210 pero se les aplicará una tasa de Impuesto de Primera Categoría de 0%. 364. En tercer lugar, se eliminará el Impuesto a la Herencia para las micro y pequeñas empresas. Las empresas con ventas anuales inferiores a 25.000 UF (micro y pequeñas empresas) son empresas familiares y consiguientemente, deben ser heredables a la familia sin pagar el Impuesto a la Herencia, que disminuye el patrimonio de la empresa familiar. 365. Por último, las PYMES son, en la mayoría de los casos, empresas ubicadas en barrios y dependen muy importantemente de la calidad de los servicios comunales (ejemplo, Aseo y ornato de espacios públicos, iluminación de calles, etc). Por ello se propone que el 10% de las patentes municipales que pagan las PYMES sean puestas en un fondo municipal para proyectos comunales y que las organizaciones gremiales de PYMES propongan y elijan proyectos a ser financiados por estos fondos. 366. Fortalecer y modificar la Libre Competencia: Revisión de la legislación antimonopolios de Chile, que data de 1973, y la reglamentación vigente para el Tribunal de Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, de manera de favorecer la incorporación de oferentes e impedir la concentración excesiva. 367. Transparentar el plazo de pago de facturas: En general, velaremos por un sistema que proteja a la PYME propendiendo que el pago efectivo se realice lo antes posible. En relación a las grandes empresas y el Estado, siempre cuando sea factible y a conveniencia de la PYME, favoreceremos el pago pasando y pasando (pago contado). En la actualidad, la Ley 21.131 establece que toda factura debe ser pagada en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde su recepción, dando la posibilidad de un plazo mayor siempre que sea negociado por escrito entre las partes. Concretamente, planteamos que todas las empresas tengan la obligación de mensualmente indicar en sus páginas Web los plazos de demora en el pago de las facturas recibidas el mes anterior, eliminar la posibilidad de plazos mayores a 30 días, actualmente prevista en la ley y revisar hacia el alza los intereses por mora de pago. 368. Defensoría de PYMES: Las PYMES frecuentemente enfrentan oligopsonios los que, aprovechando posiciones dominantes en los mercados, imponen reglas que vulneran la libre competencia.

Proponemos la creación de un organismo de arbitraje, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de informar, educar y proteger a las PYMES de las posiciones dominantes que imponen grandes empresas con poder oligopsónico. Un ejemplo orientador de este organismo puede ser la Grocery Code Adjudicator del Reino Unido. 112

369. Créditos de Inversión y de Capital de Trabajo: Se ampliarán los recursos disponibles en los programas de crédito de BancoEstado y CORFO y se revisarán los instrumentos disponibles (CORFO, MiPyme, CORFO PAR Impulsa, créditos BancoEstado Microempresas, otros) para acercarlos a las PYMEs. 370. Fondos de Garantía para Pymes: Se ampliarán los recursos y se revisarán los instrumentos de garantías disponibles (CORFO Fogain, CORFO Cobex, CORFO Crece, FOGAPE, otros) para respaldar el acceso a financiamiento bancario y no bancario (empresas de factoring, cooperativas de crédito, otras). 371. Subsidio CORFO para contratar compañías de calificación riesgo y facilitar el ingreso al mercado de capitales: Para acceder al mercado de capitales (es decir, compañías de seguros, fondos de inversión) emitiendo bonos o efectos de comercio (bonos de duración menor a un año) se necesita contar con calificaciones de riesgo otorgadas por terceros, usualmente, grandes compañías como Moodys, S&P o Fitch, lo que resulta altamente costoso pues, junto al costo monetario de asociados, se debe crear información según estándar IFRS de manera periódica. Se propone un subsidio CORFO para contratar una clasificadora externa de riesgo. Asimismo, la CORFO debe asistir a las empresas medianas en la implementación de los sistemas de información y contables necesarios para generar la información que requiere un rating externo de riesgo. En la medida que las empresas incorporen estos en sus operaciones diarias, el monto del subsidio disminuirá paulatinamente. 372. Financiamiento de compra de Tecnología de Información: Crédito contra pago de impuestos del formulario 29 (PPM, IVA y retenciones) para adquisiciones y desarrollo de tecnología de información, cuando estos son adquiridos por PYMES. Para quienes están exentos de IVA el crédito termina en una rebaja en el global complementario a través del crédito al PPM. 373. PYMEs asociadas a las Cámaras de Comercio: Las cámaras de comercio dan apoyo a las empresas asociadas en información, tecnologías de información, negocios internacionales, formación de recursos humanos y solución de controversias comerciales. Son organismos regionales, pero están integradas en red a lo largo del país, contando además con nexos con organismos similares en otros continentes. Se propone que todas las PYMEs queden automáticamente asociadas a las cámaras regionales de comercio, financiadas con cargo a la patente municipal. 374.

Establecer en todos los contratos de trabajo una indemnización por años de servicio, a todo evento: Una indemnización a todo evento cambia las cosas en favor de mayor movilidad laboral y la consiguiente competencia entre empresas por retener a sus trabajadores más talentosos y productivos, lo que aumentará la productividad al tener trabajadores motivados e interesados en la producción de la empresa. 113

375. Servicios de bienestar en PYMES: Facilitar la asociación de PYMES para la obtención de seguros complementarios de salud y sala cuna para los hijos de trabajadores. 376. Capacitación Laboral SENCE: La capacitación debe ser una elección del trabajador en acuerdo con la empresa. 114

Atrévete a un Progreso Sustentable Los seres vivos disponemos de energía solar radiante, que activa la naturaleza, evapora y libera agua, produce alimentos y provee calor directo. Esta energía es la emisión de partículas y ondas que resulta de la transformación de la materia (fusión de elementos livianos reunidos en estrellas así como fisión y decaimiento de elementos pesados en planetas, antes formados en estrellas de segunda generación) y se proyecta o acumula en la atmósfera, agua, tierra y biomasa o en medios tecnológicos destinados a capturarla mediante repulsión electromagnética, la que es convertida en derivados del petróleo, electricidad o calor, para finalmente permitirnos movimiento, calor o luz, enfocados idealmente en la producción de bienes y servicios competitivos de alcance global o local. El sueño humano es poder satisfacer la creciente demanda de energía y electricidad de la población al menor costo, con una mínima infraestructura y consumo de materiales, el mínimo uso de suelo, y bajos impactos a la biósfera, desde la extracción de los recursos energéticos naturales hasta la disposición final de los sistemas y los residuos de la conversión, que permita tanto a las generaciones actuales como a las futuras satisfacer sus necesidades, es decir asegure un desarrollo sustentable. Chile debe mantenerse integrado a la sociedad que habita nuestro planeta, accediendo a recursos energéticos y materiales globales, regionales y locales y, junto con conocimientos tecnológicos, aprovechar los beneficios productivos de la conversión de energía a la vez que minimiza sus externalidades. Así, será posible transformar materias primas en bienes y servicios útiles para todos. Para recuperar y mantener la competitividad internacional de los sectores de manufactura y servicios, el sector energía debe propender a adoptar sistemas que permitan precios futuros más bajos, estables y predecibles. Proponemos un sector energético robusto, flexible, competitivo y eficiente. Consideramos que el sistema debe diversificar las fuentes primarias y tecnologías, así como sus actores. En electricidad, se debe asegurar un sistema de generación libre, de oferta variada, eficiente, resiliente a eventos de la naturaleza, de bajo impacto ambiental en su ciclo de vida y con una distribución robusta, efectiva y ajustada a la demanda, focalizado en el bienestar del consumidor final y en la promoción de la competitividad internacional de los sectores productivos. Chile debe tomar decisiones de largo plazo abandonando las “modas” energéticas que las señales políticas cortoplacistas entregan a los agentes económicos. Eso implica, entre otros aspectos, considerar toda fuente de energía primaria, incluyendo hidráulica, renovables, nuclear, geotérmica y carbón limpio, sin exclusiones arbitrarias.

Todas las fuentes tienen serias ventajas y preocupantes desventajas que deben sopesarse para lograr el objetivo descrito con lo mejor de cada una. Para ello, la política regulatoria y las señales que se entregan al mercado deben ser consistentes con una visión de largo plazo. El bienestar de los chilenos y su seguridad energética serán nuestra prioridad. Nos ocuparemos para que las familias resuelvan sus necesidades de combustibles y 116

electricidad al menor costo e impacto ambiental, con variedad en la oferta disponible y un alto grado de continuidad. Después estarán los intereses de organismos internacionales, ambientalistas, empresas o gremios. En consonancia con lo anterior, apoyaremos la adopción de comercializadores para dar libertad de elección a los usuarios. Esta iniciativa de desintegración vertical de la comercialización de electricidad, junto a la penetración del teletrabajo, exigirá otra relación entre consumidores residenciales y distribuidores, que aseguren servicios confiables, estables y asequibles para una creciente capacidad y futuras oportunidades. Velaremos por una mejor calidad del servicio y una mayor estética en la distribución. La medición inteligente abrirá nuevas oportunidades siempre que reduzca el costo de los usuarios. Planteamos iniciar un recambio acelerado de cocinas y calefactores a leña, por electricidad, gas natural, pellets u otros, facilitando su adopción. La leña es el tercer combustible más usado y está arraigado en los hogares, hospitales y PYMEs del centrosur, pero su mala combustión afecta la salud de las personas en las ciudades. Esto se sumará al fomento de instalaciones solares térmicas domiciliarias, nuevas reglas de construcción sustentable y programas de aislación de viviendas usadas. Chile debe plantearse el desafío de la independencia energética en el largo plazo. Para esto, proponemos reducir progresivamente la dependencia del petróleo crudo, relevar el gas natural por su oferta y autonomía, aumentado la conversión a electricidad e hidrógeno para el transporte y la minería. Evaluaremos el aporte de gas no convencional según su viabilidad ambiental y económica. En materia de transporte, queremos hacer del transporte un servicio amplio, eficiente, económico y no contaminante. Chile usa el 36% de la oferta energética en transporte, principalmente diésel, con una parte de transporte eléctrico, en trenes metropolitanos en zonas urbanas ciudades, y algunos trenes de carga. Reduciremos la contaminación de material particulado del aire y la contaminación por ruido, aumentando significativamente el uso de energía eléctrica en el transporte, mediante un rediseño progresivo de los medios y modos de transporte, tanto de carga como de pasajeros, para larga distancia y en las ciudades, permitiendo aligerar la dependencia energética y mejorar la competitividad nacional. Algunas propuestas: 377. Aplicaremos inteligencia tecnológica para adoptar un sistema diversificado y confiable, robusto y predecible para el usuario final, quién será nuestra prioridad. Defenderemos la seguridad, la libre competencia y el cuidado eficaz al medio ambiente, sin prohibir ni privilegiar tecnologías, y sin patrocinar a proveedores ni operadores; guiado y regulado por el gobierno para lograr las mejores prácticas empresariales.

Creemos necesario rediseñar nuestra matriz energética y explorar nuevas fuentes de energía nacionales con el usuario final como nuestra meta principal. 117

378. Reducir la dependencia y riesgo geopolítico del petróleo crudo en la matriz energética, reemplazándolo progresivamente por electricidad y gas natural. Para ello, se avanzará en la identificación de la existencia nacional de gas no convencional en el sur del país, como nuevo recurso primario, solo o juntos a terceros países, identificando riesgos y beneficios. 379. Abordar el potencial hidroeléctrico del país, hoy cifrado en casi 16 GW, el que podría cubrir todo el consumo eléctrico actual en el país. Se evaluarán en forma dinámica las tendencias hidrológicas de mediano y largo plazo, conjugando las necesidades de consumo de sociedad con el cuidado del medio ambiente, salvaguardando los derechos de aguas necesarios para la inversión, en especial para proyectos hídricos medianos y pequeños, junto con otras necesidades humanas, turismo, agricultura y otras. Se vigilará el uso especulativo de ellos. 380. De igual modo, se ahondará en la caracterización de fuentes geotérmicas para avanzar su generación eléctrica y su masificación en procesos térmicos para usos industriales. 381. Aprovecharemos y planificaremos el uso de las fuentes más importantes de producción eléctrica sin emisiones del mundo como son la hidroelectricidad y el uranio, con recursos perdurables. La primera goza de gran potencial en el país para funcionar a cualquier hora, mediante centrales de pasada y de embalse. La segunda exhibe los mejores atributos de seguridad y factor de utilización para el futuro, con mínimo material residual entre las formas de generación, optando por la introducción de modernos sistemas de pequeña capacidad unitaria, que se convertirán en el mediano plazo en alternativas viables y seguras. 382. Profundizaremos la evaluación y aplicación de tecnologías para la producción de biomasa de tercera generación para el transporte, como para procesos industriales y producción eléctrica. De esta manera se caracterizará la capacidad nacional de BECSC9 y CDC10 así como las posibilidades reales de su aplicación en los NDCs11. 383. Propiciaremos el desarrollo de todas las tecnologías de conversión eléctrica en un contexto de libre competencia y flexibilidad, que defina un balance entre un sistema diversificado con las mejores opciones, sin subsidios ni beneficios, orientado a obtener precios finales que contribuyan a la competitividad de los distintos sectores productivos del país. 384. Eliminaremos el uso de carbones de mala calidad en la generación termoeléctrica a carbón y adoptaremos medidas de abatimiento de gases contaminantes en las actuales o nuevas plantas termoeléctricas, forzando el cierre y desmantelamiento de aquellos sistemas que no cumplan los estándares, 9 BECSC: Bioenergía con Captura y Secuestro de Carbono. 10 CDC: Captura Directa de Carbono.

despejando sus terrenos para otros usos energéticos o generales, previa descontaminación. 385. Toda nueva termoeléctrica que cumpla regulaciones exigentes deberá usar carbón de alta calidad y baja humedad, en régimen ultra supercrítico o gasificación integrada, o la mejor tecnología disponible. Se adoptarán medidas de captura y secuestro de emisiones antropogénicas o cierre de las principales plantas térmicas, en el caso de que se valide fehacientemente la postura climática dominante, que hasta ahora no se aprecia, pues se basa en simples correlaciones recientes. 386. Evitaremos las consecuencias de una salida acelerada de centrales térmicas de corta edad por supuestas razones climáticas, pues Chile produce una fracción ínfima de los gases de efecto invernadero y un cuarto de la oferta eléctrica depende de estas centrales que dan inercia al sistema. Las unidades termoeléctricas que se aproximan al término de su vida útil podrán sustituirse si mantenemos o diversificamos los recursos energéticos. 387. Proponemos recuperar el rol de la hidroelectricidad como una garantía de estabilidad del suministro de largo plazo, agregando inercia al sistema y contribuir a la disponibilidad de agua para el consumo humano y el desarrollo agrícola. Chile posee abundante agua y debe gestionar su flujo al mar, tiene poco sentido construir los muy necesarios embalses, solo para consumo agrícola y humano, pudiendo simultáneamente producir energía limpia y barata. 388. Esperamos prepararnos técnica y científicamente para la futura generación eléctrica basada en la fusión de deuterio y de litio que abunda en Chile, amplificando su valor comercial en varios órdenes de magnitud, aparte de recuperar el gasto en investigación y desarrollo. Ya hay grupos de investigación y desarrollo capaces de realizar experimentos con algunos tipos de sistemas de plasma. 389. Proponemos aumentar la participación de fuentes geotérmicas y adoptar tecnologías para su conversión en electricidad hasta un cuarto de su potencial nacional, susceptible de incorporar procesos de calor industrial. Chile exhibe alta actividad tectónica, lo que supone un alto potencial para la generación geotérmica estable y sostenida, susceptible de emerger robustamente, cuyo riesgo exploratorio debemos reducir. Un posible camino es desarrollar estas fuentes en conjunto con proyectos mineros en el Norte Grande. 390. Proponemos un desarrollo compatible y responsable de energías durables, cuidadosas con el Medio Ambiente, minimizando el uso de suelo y los residuos futuros, previniendo inestabilidades en la transmisión afectando a los usuarios. Chile posee recursos naturales, como viento y radiación solar, que tienen gran potencial, aunque producen electricidad intermitente.

Hoy se han expandido rápidamente a cerca del 30% de la generación eléctrica, aunque pueden provocar incertidumbres de estabilidad si sigue aumentando su participación, 119

ante rampas de salida solar de más de 1 GW por hora, que obligarán a adoptar más sistemas de respaldo y más redes de transmisión. Apoyaremos también el desarrollo de varias formas de almacenamiento de energía remuneradas, como es el caso del bombeo hidráulico e hidrógeno, vitales para compensar la intermitencia de la red eléctrica con sistemas durables y así estabilizar su operación. En particular identificaremos sitios prioritarios para bombeo hidráulico, liberando a la hidroelectricidad de cumplir ese rol. 391. Reducir o convertir parcialmente las refinerías del país —coherente con la reducción en el uso de derivados del petróleo— hacia la producción de otros productos, como el hidrógeno y amoníaco para su utilización en el transporte y en sectores industriales, así como para el enriquecimiento de hidrocarburos. Las instalaciones no convertibles o en desuso deberán ser desmanteladas previa descontaminación. 392. Avanzaremos en la interconexión eléctrica, con una carretera sólida, protegida, de alta capacidad, para mejorar la seguridad del suministro energético nacional, incluyendo la opción de interconexión vecinal y con ello comercializar electricidad desde regiones con capacidad excedentaria. Se simplificará la obtención de servidumbres y los trazados de transmisión, dando certeza en la tramitación y construcción, adoptando la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), para identificar y coordinar la sustentabilidad ambiental. Se facilitarán líneas de transmisión submarinas y subterráneas en ciertas zonas sensibles. La transmisión zonal de alta tensión será del más alto estándar de seguridad, prestando un servicio amplio y de calidad, para promover la economía local y facilitar la conexión de renovables de pequeña escala. 393. Asegurar una remuneración justa por el uso de las redes de distribución eléctrica con base en sus activos, con inversiones adecuadas e independientes del flujo eléctrico por las redes con una tasa de rentabilidad que refleje los riesgos asociados y mantenga los incentivos en la expansión del sistema de distribución para llegar a todos los usuarios finales. Concretaremos la separación de la distribución de energía eléctrica de su comercialización para lograr la competencia en la compraventa de electricidad, lo que permitirá la oferta de productos y tarifas que beneficiarán a los usuarios finales con simetría de información, la que será gradual respetando los contratos entre los diferentes actores del sector. Se aplicará la medición inteligente del consumo eléctrico y afianzar junto con los clientes nuevas ofertas que se traduzcan en oportunidades para aumentar y mejorar el uso de electricidad residencial, completando mediante procesos transparentes en el recambio del medidor para conveniencia de los usuarios, facilitando la generación distribuida. 394.

Mejoraremos prioritariamente la seguridad y resiliencia en todos los sistemas eléctricos de generación y de transmisión de servicio público del país frente a eventos extremos previsibles de la naturaleza, como sismos, tsunamis, erupciones y avalanchas, así como para potenciales amenazas, como atentados, sabotajes y accidentes. 120

395. Apoyaremos el desarrollo de iniciativas de generación eléctrica en lugares de difícil acceso para proveer electricidad a las familias que aún no la tienen, mediante instalaciones de autogeneración de los clientes o expandiendo la red rural. Se analizará la conveniencia de otorgar subsidios totales o parciales entre clientes en caso de familias muy vulnerables. 396. Aplicaremos normas para aumentar la eficiencia energética en la construcción residencial e industrial del país, en especial el centro y sur, que reduzcan la demanda de climatización y mejoren la calidad del aire, promoviendo materiales de baja transmitancia térmica para la envolvente interna y externa. Paralelamente ampliaremos la participación de electricidad en los sectores finales, mediante incentivos a la manufactura avanzada y políticas de salida de la leña, diésel y parafina de la climatización, mejorando la calidad del aire y la salud. 397. Fomentaremos la cogeneración, calderas de condensación y colectores térmicos, en industrias y en sectores comerciales, con el objetivo de mejorar significativamente la eficiencia térmica, reducir la demanda de otros combustibles y bajar los costos nivelados de climatización. Promoveremos una progresiva conversión de climatización residencial a gas natural en la región de Magallanes por calefacción eléctrica y eficiencia energética para liberar a la empresa ENAP de los subsidios de gas previamente asumidos. 398. Aumentaremos el uso de electricidad en múltiples sectores, elevando en al menos 150 kWh por año por persona, para llevar el aporte eléctrico al 25% del total en tres lustros. Se hará énfasis en la minería, en especial en las empresas con participación estatal, incluyendo autogeneración mediante recursos durables en reemplazo de los derivados del petróleo, actualmente usados en los vehículos de transporte de minerales y en procesos térmicos de beneficio. 399. Fomentaremos la investigación tecnológica y la materialización de programas piloto para adoptar las tecnologías más avanzadas de generación y conversión eléctrica, tales como la energía mareomotriz, undimotriz, oceanotérmica acoplada a sistemas térmicos, solares avanzadas, así como la fusión nuclear, en laboratorios o centros nacionales de investigación. 400. Ampliar las redes de transporte público subterráneo de Santiago en al menos 40 km en los próximos 15 años, para mitigar la congestión urbana y reducir el uso de hidrocarburos en las ciudades, incluyendo una línea de metro al Aeropuerto. Además, introduciremos redes de transporte subterráneo en el Gran Concepción y hacia el norte en Viña del Mar.

Habrá una creciente electrificación del transporte público de las principales ciudades para bajar la participación de hidrocarburos, fomentando el desarrollo de la infraestructura que facilite el ingreso de la movilidad eléctrica urbana cuando los vehículos logren precios de mercado. 121

401. Reevaluaremos un tren eléctrico rápido de pasajeros (300 km/h), entre el Aeropuerto AMB y Viña del Mar, y conexiones expeditas hacia otras redes de Santiago, Valparaíso y satélites, así como la concesión de un tren eléctrico de pasajeros y carga de media velocidad (200 km/h) entre Santiago y Puerto Montt, reemplazando parte del transporte terrestre y aéreo. 402. Reponer la velocidad máxima en la ciudad en 60 km/h para una mayor eficiencia energética y menor tiempo de viaje, segregando en forma adecuada y segura a los ciclistas, a la vez que se incorporarán tecnologías de inteligencia artificial para la gestión en línea del tráfico de modo que redunde en la reducción de los tiempos de viaje y el consumo de energía. 403. Mejorar la efectividad logística de los terminales marítimos existentes y crear otros nuevos de mediano tamaño, para inducir mayor cabotaje nacional desde Arica a Punta Arenas, habilitando en especial el transporte de carga al sur, reduciendo la demanda de transporte terrestre longitudinal, junto a una creciente capacidad de construcción naval. 404. Promover la participación transparente de los diferentes grupos de interés en el desarrollo del sector eléctrico y en el desarrollo del proceso regulatorio, con el objetivo de lograr una regulación transversal estable que se adapte en forma flexible y con la mínima tramitación a las nuevas tecnologías que ofrezca la mayor independencia de la política. 405. Modernizar la Dirección General de Aguas (DGA) y la institucionalidad relativa al recurso hídrico que permita una mejor gestión de este recurso y salvaguarde los derechos de agua, evitando la especulación, para el desarrollo ágil de inversiones en las obras hidráulicas para la generación, la agricultura, asegurando el consumo humano y el cuidado medioambiental. 406. Consolidar la modernización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y otros agentes del Estado para garantizar una mayor seguridad de las personas, mediante una mejor fiscalización de la actividad, de los mecanismos de compensaciones y multas, así como la vigilancia de la calidad, la mejora continua y el cuidado de los recursos del Estado. 407. Modernizar de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), hacia un ente regulador único, separado de las actividades de producción, investigación y promoción de la energía nuclear. Será un regulador efectivo de la seguridad nuclear y radiológico, posibilitando con ello una futura regulación y fiscalización independiente de la nucleoelectricidad. 408.

Promover la existencia de laboratorios nacionales dedicados a la investigación básica en energía, especializados en el desarrollo de tecnologías transversales y materiales, así como la investigación aplicada en eficiencia energética, fusión y fisión termonuclear, tecnologías durables, movilidad avanzada, fósiles limpios y conversión energética, dependiente de las autoridades que dirijan la 122

investigación, para contribuir a revertir el escaso aporte a la I&D en general con investigación en energía. El desarrollo económico del país está fuertemente correlacionado con el desarrollo en energía sustentable, por tratarse de un bien intermedio que atraviesa transversalmente toda la actividad humana. Asimismo, fortalecer la educación en energía de profesionales, académicos y diferentes niveles comunitarios. 409. Comprometer a las autoridades ambientales en simplificar la tramitación ambiental, para lograr certeza en el desarrollo de nuevas instalaciones, así como reducir los costos, tiempos y complejidad de los procesos de evaluación del impacto ambiental de la infraestructura energética, manteniendo el estricto cumplimiento de protección al medio ambiente. 410. Promover un organismo que lleve las actuales funciones del Panel de Expertos a un rol más allá de resolver desacuerdos entre firmas eléctricas, determinación de costos, precios y peajes de los servicios eléctricos, para el buen funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado de todas las formas de energía, incluyendo sus aspectos accionarios y financieros. Revisar las reglas que dejaron para el Estado el petróleo y el litio y que liberalizó la exploración de uranio. En este caso, se busca modernizar a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) para mejorar su desempeño técnico, económico y ambiental, permitiendo la participación del sector privado en la exploración y explotación de recursos energéticos 411. Revisar en forma continua el mapa nacional de vulnerabilidad energética en viviendas que no acceden a electricidad y otros insumos energéticos, evaluando necesidades regionales para focalizar proyectos de apoyo, en especial después de los efectos de largo plazo de la pandemia sanitaria y la crisis económica asociada a eventos de violencia política. 412. Aceleraremos la transición hacia la electromovilidad desplegando una red de estaciones de carga a través de alianzas público/privada, adoptando vehículos eléctricos en el sector público y entregando incentivos para su adopción en el transporte privado. 413. Mejoraremos la eficiencia energética de todos los edificios públicos, certificando al menos al 80% de estos, generando ahorro fiscal, produciendo externalidades positivas a toda la sociedad e incentivando el desarrollo de la industria del retrofit energético. 414. Fomentaremos soluciones de energía distribuida, donde los mismos usuarios puedan generar su energía y contribuir a los mercados energéticos locales, reduciendo el costo energético y generando ingresos por servicios locales de energía. 415. Aceleraremos el desarrollo e implementación de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, facilitando la materialización de proyectos a través de una 123

Evaluación Ambiental Estratégica que reduzca los plazos de desarrollo de los proyectos, mejorando las condiciones socio ambientales, y aportando fondos públicos para la realización de estudios piloto.12 416. Aceleraremos el desarrollo e implementación de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, facilitando la materialización de proyectos a través de una Evaluación Ambiental Estratégica que reduzca los plazos de desarrollo de los proyectos, mejorando las condiciones socio ambientales, y aportando fondos públicos para la realización de estudios piloto. 417. Chile: potencia mundial en Hidrogeno Verde: Estableceremos las regulaciones y gobernanza que permita atraer e impulsar las inversiones necesarias para que Chile se convierta en productor global de Hidrógeno Verde y el más competitivo. Tenemos condiciones únicas! 12 Propuestas 419 a 423 tomadas del programa presidencial del ex candidato Ignacio Briones Rojas (2021) 124

Atrévete a Proteger el Medioambiente El Medio Ambiente es nuestra principal fuente de recursos, por tanto, su disponibilidad y sustentabilidad constituye una prioridad para toda comunidad. Concebimos por sustentabilidad la capacidad natural y variable de los ecosistemas de producir recursos y procesar efluentes sin deteriorarse. El desarrollo sustentable debe tener, como principal norte, asegurar la satisfacción de las necesidades y calidad de vida, tanto de las generaciones presentes como futuras. De lo anterior, se desprende que el desarrollo económico y la protección medioambiental deberían ser consideradas fuerzas complementarias. Es importante recalcar que el cuidado del Medio Ambiente atañe a todos los miembros de la sociedad, siendo fundamental la existencia de una responsabilidad ambiental activa por parte de todos. El cuidado del ecosistema debe tornarse praxis cotidiana y parte constitutiva de nuestra educación y cultura. Lo anterior implica que la fiscalización de la normativa que haga posible el cuidado del Medio Ambiente no debe distinguir entre entidades públicas o privadas. En Chile, con triste frecuencia, se suceden desiguales sanciones a empresas privadas, mientras compañías estatales de rubros afines dejan pasivos ambientales por incumplimientos reiterados de las mismas normativas. Independiente de lo anterior, la responsabilidad ambiental incluye consecuentes medidas de reparación, compensación y mitigación por el daño ambiental causado. La protección de la biota y los ecosistemas existentes resultan fundamentales para el cuidado de la vida humana. Esto implica un cambio con respecto a la importancia y prioridad que tiene el análisis del impacto social de los proyectos para nuestro país, ítem que debe ser adecuadamente ponderado con el análisis del impacto ambiental. Es decir, dentro de las políticas públicas, el desarrollo sustentable no debe perder de vista al ser humano. Por supuesto, aquello implica la defensa del principio de responsabilidad ambiental, tanto en el ámbito empresarial, como gubernamental, comunitario e individual. La responsabilidad ambiental, en términos generales, se define como la abstención de provocar daños significativos a la naturaleza y asegurar su sustentabilidad. Para efectos de una internalización real, se propone ampliar dicha definición a la comprensión que el cuidado del Medio Ambiente es tarea de la sociedad en su conjunto, siendo necesario generar conciencia gubernamental, empresarial, colectiva e individual, como un valor fundamental e integral de su quehacer cotidiano. Asimismo, la responsabilidad ambiental incluye consecuentes y proporcionales medidas de reparación y/o compensación por el daño ambiental causado.

El Medio Ambiente y su relación con la calidad de vida de las personas, comprenden el cuidado de la calidad del aire, conservación del suelo y acceso al agua, manejo de los recursos hídricos, biota, ecosistemas, mantención de adecuados niveles de ruido y contaminación lumínica, paisajes armoniosos, generación de insumos materiales y energéticos (fuentes de impacto), y disposición de residuos (sumideros de impacto), de un modo sustentable. 126

Una estrategia fundamental para asegurar un adecuado manejo sustentable de los recursos es la aplicación del concepto de eco-inteligencia, consistente en el análisis técnico-científico del ciclo de la vida, en la evaluación de proyectos y gestión ambiental. Otras estrategias relevantes son la remediación de las áreas de sacrificio o pasivos ambientales, compensación por los daños causados y fiscalización efectiva y eficaz. En síntesis, todas las medidas tendientes al desarrollo sustentable y la adecuada administración de los recursos naturales, entendiendo que estas siempre están abocadas a asegurar la calidad de vida de las personas en el largo plazo, deben ceñirse a los principios de responsabilidad ambiental, ecointeligencia, remediación, compensación y fiscalización. Una adecuada calidad de agua, suelo y aire es vital para la conservación de los ecosistemas, el cuidado de la vida de las personas y el desarrollo de actividades económicas que sustentan al país. Especialmente alarmante es la situación del agua: el 76% de la superficie nacional se encuentra afectada por la sequía, desertificación y suelo degradado. Es urgente generar un Nuevo Código de Aguas que refuerce el concepto de distribución proporcional del recurso en épocas de sequía, evitando lo que sucede actualmente en algunos casos: que faltando una Junta de Vigilancia o Asociación de Agua Subterránea que gestione, los dueños de los derechos de aguas (“aguas arriba”) consumen todo el recurso, dejando en cero el caudal ecológico y el acceso a los agricultores “aguas abajo”13. Debemos fortalecer la regulación del uso del agua para su óptimo aprovechamiento cuando se produce escasez, asegurando no solo el abastecimiento para agua potable, sino también el caudal ecológico y el uso de todos aquellos que poseen derechos de agua, sean estas subterráneas o superficiales. Siempre debe existir una Junta de Vigilancia para la cuenca u hoya hidrográfica, que garantice un acceso proporcional al agua, y CAS cuando existan derechos constituidos en los acuíferos. Además de respaldo técnico gubernamental para una adecuada gestión. Por otra parte, se debe mejorar el sistema de patentes “por no uso del agua”, orientado a evitar la especulación y el acaparamiento de los derechos de agua, pero que constituye un incentivo perverso que castiga al que no ejerce su derecho en época de sequía. Tampoco considera adecuadamente eventos como los aluviones o cambios en el mercado exterior, colocando una pesada carga financiera adicional a los agricultores, ya afectados por alguna de las mencionadas catástrofes.

Existen en Chile muy pocas plantas desaladoras debido a su alto costo, pese a que podrían constituir una importante fuente de agua, en especial en el norte del país, solucionando la escasez de agua potable y permitiendo el desarrollo de cultivos. 13 En el mapa “Juntas de Vigilancia” del Atlas del Agua se pueden apreciar todas las cuencas y principales cursos de aguas superficiales de nuestro país y si cuentan o no con una Junta de Vigilancia establecida. En DGA. Atlas del Agua, Chile 2016. Santiago: Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas, 2015. p. 123. 127

El suelo es un recurso fundamental para sostener la vida, proporciona los nutrientes primarios para la vida vegetal, actuando como base para el desenvolvimiento y hogar de miles de millones de animales. Contrario a lo que podría suponerse, el suelo no es un recurso renovable dentro del ciclo de una vida humana: un centímetro de suelo puede tardar cientos de miles de años en formarse y desaparecer por la erosión en un período de un año. Las malas prácticas agrícolas y forestales, agotan los nutrientes del suelo, lo que supone su degradación, acidificación y erosión. Asimismo, el suelo puede mitigar el sostenido aumento del CO a través de la retención 2 de carbono y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo la mayor reserva de carbono orgánico terrestre (más del doble de la cantidad almacenada en la vegetación). A lo anterior hay que agregar que alberga la cuarta parte de la diversidad biológica del planeta: miles de millones de microorganismos, hongos, insectos, gusanos y pequeños animales habitan en él. A pesar de tamaña relevancia, impactando directamente en la biodiversidad y el abastecimiento de alimentos de la población, los suelos se encuentran bastante desprotegidos en el aspecto legal, desprotección que ha permitido un sostenido deterioro por efecto de la erosión, desforestación y pérdida de materia orgánica, desbalance de nutrientes, pérdida de biodiversidad, compactación, acidificación, salinización natural y antropológica, contaminación y acumulación de sustancias, sellamiento producto de la construcciones civiles, inundaciones por cuerpos de agua contaminadas, uso agrícola con tecnología nociva, inadecuada eliminación de residuos urbanos e industriales, entre muchas otras. A pesar de estas herramientas, Chile es uno de los países con mayores tasas de degradación del suelo, razón por la que es imperioso avanzar hacia una regulación ambiental más robusta, efectiva y que permita la conservación y el uso sustentable del suelo, minimizando la erosión, la desertificación y la producción de sedimentos. La contaminación del aire es considerado «el principal problema ambiental para los chilenos, con un 38.4%, seguido de la basura y suciedad en las calles (20,7%), los perros vagos y sus excrementos (7,4%), la congestión vehicular (6,6%) y el cambio climático (4,2%)»14. Si bien existen suficientes normas de emisión atmosférica y calidad del aire (siempre susceptibles de ser mejoradas), el principal problema yace en una inadecuada fiscalización y control. Ciudades como Santiago, Coyhaique y Temuco presentan graves problemas de contaminación atmosférica, sobre todo en el invierno.

Esto además de los desastres ambientales en comunas como Puchuncaví, Tocopilla y el pueblo de María Elena, entre muchos otros. Las principales causas de la contaminación atmosférica en el país son las emisiones por transporte e industrias, generación de energía con base en combustibles fósiles y carbón y el uso de leña para calefacción. El uso intensivo de la leña en el sur de Chile es un problema de alta contaminación en ciudades como Osorno y Temuco. 14 Publicación del Ministerio del Medio Ambiente, 10 abril 2017. 128

Recientemente, se ha desarrollado una iniciativa para el desarrollo de tarifas especiales de calefacción en zonas saturadas de contaminación a leña. La reducción busca equiparar el costo de la electricidad con el de la leña con el fin de poder motivar el cambio por parte de las personas como una forma de reducir la contaminación, disminuyendo el costo de calefacción. El mecanismo se basa en ofertas especiales de energía por parte de los generadores a precios más bajos y preferentemente de energías renovables. Esto con la adecuada gestión y coordinación por parte de las empresas distribuidoras. Dependiendo del ambiente afectado, el ruido se clasifica en dos tipos: ocupacional y ambiental. La presente propuesta abarca únicamente el ruido ambiental. Dormir es una necesidad básica para el ser humano, ya que permite restablecer funciones psíquicas y físicas esenciales para un pleno rendimiento. Por ello, descansar las horas suficientes manteniendo un sueño profundo es fundamental. En ello influyen tanto la contaminación lumínica como el ruido. Sobre este último, existen distintas fuentes de sonido no controladas adecuadamente, tales como recintos de recreación nocturna. El exceso de ruido también en es un problema que puede afectar la biodiversidad, especialmente en algunas especies más sensibles. Las cuales requieren a veces períodos de adaptación a la generación de un proyecto dentro de su hábitat. También resulta fundamental el desarrollo de políticas para la descontaminación ambiental de ecosistemas dañados en nuestro país, muchos absolutamente abandonados. Es indispensable elaborar medidas de remediación, mitigación y control y detención de impactos ambientales negativos y significativos, mejoramiento el Medio Ambiente y la calidad de vida de las personas. De manera específica, se debe poner fin en un plazo prudente a las llamadas zonas de sacrificio: lugares, ciudades o comunas que han sido contaminados por material particulado, lluvia ácida, gases tóxicos (dióxido de azufre, de nitrógeno, metano entre otros), filtración de percolados mineros a suelos y aguas superficiales y subterráneas, ecosistemas marinos dañados y grandes áreas de pérdida de suelo fértil y ecosistemas nativos. Tales daños afectan de igual manera flora y fauna, suelos, aire, aguas, actividades económicas (silvoagropecuarias y turismo) y graves perjuicios a salud de las personas de localidades impactadas.

Principales problemas a tratar son el caso de tranques de relaves mineros abandonados y, en general, lugares inadecuados de disposición de residuos industriales como, por ejemplo, la zona costera de Chañaral, y emisiones no controladas de plantas mineras, industriales y energéticas, como el complejo industrial de Ventanas que ha afectado toda la comuna de Puchuncaví. Otros ejemplos, los casos de Chuquicamata y María Elena (contaminada con polvo con sílice, que provoca la enfermedad de silicosis de los mineros); mal manejo de sustancias peligrosas, como en los casos de Arica y Antofagasta, donde hay personas con graves problemas de salud por bioacumulación de arsénico y plomo; o pérdida de ecosistemas marinos por extracción industrial de algas, como lo sucedido en las playas de Quintero. También el derrame de petróleo y residuos industriales líquidos han afectado aguas continentales, como en el caso del río Cruces. 129

Otro aspecto importante para nuestro país es el adecuado control de la contaminación lumínica. Chile posee uno de los mejores cielos del mundo, proyectándose que para el año 2025 concentrará cerca del 70% de la infraestructura astronómica mundial. La regulación de la contaminación lumínica es necesaria para la protección de la salud y calidad de vida de las personas y ecosistemas, además del respeto y valoración de la investigación científica y disminución del sobreconsumo de energía. Finalmente, dado que los residuos dañan la calidad de los suelos, aire, agua y biodiversidad, la promoción de la reutilización, recirculación y reciclaje resulta imperativa para la protección del Medio Ambiente. Es necesario avanzar a una adecuada disposición de los residuos líquidos, tanto domiciliarios como industriales. Se estima que existe suficiente normativa, no obstante, falta flexibilizar algunas normas conforme a la realidad de cada región –por ejemplo, en el norte, las aguas poseen mayores niveles de arsénico y sales en forma natural que lo exigido en las normativas–, flexibilizar las posibilidades de disposición final y aumentar la fiscalización. Las normas existen y son exigentes, mas no se cumplen por ausencia de capacidad y/o voluntad de la autoridad para aplicarlas. Están comprobados los nefastos efectos del microplástico en los ecosistemas acuáticos, terrestres y marinos. Esto sin mencionar los problemas sanitarios y de grave riesgo de gases tóxicos de los “rellenos sanitarios” de nuestro país. Es absolutamente necesaria la reducción de la generación de residuos y el mejoramiento de su gestión y disposición final, tanto para residuos comunes, como peligrosos. Nuestra propuesta busca, tomando en consideración la información y evidencia científica disponible, adecuar todas las actividades económicas a una gestión y manejo sustentable en el tiempo, protegiendo la biodiversidad dinámica de acuerdo a la realidad específica de nuestro país, teniendo como principios fundamentales a aplicar, la protección de la calidad de vida de las personas, la ecointeligencia, la remediación, la compensación, la responsabilidad y la fiscalización. El cuidado del Medio Ambiente y la política ambiental deben basarse íntegramente en investigación científica y análisis técnicos de los ciclos vitales. Las políticas ambientales deben armonizar la protección y desarrollo sustentable del Medio Ambiente con los intereses y necesidades de la ciudadanía, puesto que el Estado, en última instancia, se encuentra al servicio de la persona humana. Resulta altamente antidemocrático e ineficiente que las autoridades antepongan la agenda de minoritarios grupos de presión ambientalistas o intereses económicos, por sobre el resto de la población y/o lo que la ciencia y la experiencia empírica indican.

A modo de ejemplo, si la contaminación del aire es considerada, con gran diferencia, el principal problema ambiental de los chilenos, importantes esfuerzos del Estado deberían estar destinados a la solución de esta problemática. De manera específica, abogamos por un cambio con respecto a la importancia y prioridad que tiene la Evaluación del Impacto Social de los proyectos de inversión para nuestro país. Este ítem se debe balancear con el Estudio del Impacto Ambiental. Dentro 130

de las políticas públicas, el desarrollo sustentable nunca debe perder de vista al ser humano. Dada la grave sequía y estrechez hídrica que atraviesa el país, proponemos hacer un uso eficiente y estratégico del recurso, incorporando nuevas formas de almacenamiento y fuentes, para efectos de compatibilizar el abastecimiento de los usuarios intensivos con la disponibilidad de agua para la conservación de la biodiversidad. Entre estas medidas, cabe destacar el fomento e incentivo del uso de aguas desalinizadas, construcción de embalses, recargas de acuíferos, tecnificación masiva del riego agrícola y carreteras hídricas. Chile debe desarrollar planes concretos y eficaces para poner fin a las llamadas “zonas de sacrificio”, entendiendo por estas, localidades o comunas que concentran gran cantidad de industrias contaminantes. Tales comunidades, en su gran mayoría pobres y/o vulnerables, son expuestas de manera deliberada y discriminatoria a material particulado, lluvia ácida, gases tóxicos (dióxido de azufre, de nitrógeno o metano), entre otros. Nuestro suelo no es un recurso renovable. Un centímetro de suelo puede tardar miles de años en formarse, desapareciendo rápidamente por la erosión. Malas prácticas agrícolas y forestales agotan sus nutrientes, lo que supone su degradación, acidificación y erosión. Por ello, Chile debe avanzar en una Ley General de Suelos. Fortalecer las políticas de protección de nuestra biodiversidad y avanzar en la regularización de las principales industrias que la afectan. Se deben aumentar y mejorar las áreas silvestres protegidas, marinas y terrestres, así como los sitios prioritarios de biodiversidad. Lo anterior incluye el fomento, mejoramiento y mayor protección de los Parques y Reservas Nacionales. Debemos Implementar, con urgencia, acciones conducentes a una drástica reducción de incendios forestales y la consecuente pérdida de enormes cantidades de hectáreas de bosques y ecosistemas naturales, únicos de nuestro país. También urge la implementación del Programa Chile Limpio, caracterizado por el mejoramiento de la gestión de residuos. También se debe avanzar en una Ley de Uniformidad de Materias Primas que permita, por ejemplo, solo el uso de PET para las botellas y productos de empaque, de modo de facilitar su reciclaje a gran escala. Debemos controlar la contaminación atmosférica, y extender el impuesto verde a las principales actividades económicas generadoras de gases contaminantes. Lo anterior se plantea dentro de un contexto de fuerte baja general de impuestos para personas jurídicas y naturales y reducción del tamaño del Estado. Algunas de las medidas específicas son: 418.

Crear la Ley de Responsabilidad Ambiental (incluyendo ecointeligencia), aplicable a todos los actores (personas naturales, jurídicas y gobierno), y a todas 131

las actividades, no solo aquellas susceptibles de ingresar al SEIA. El enfoque de la Ley no será punitivo, sino que está orientado a la promoción y formación de una cultura ambientalmente amigable y responsable en la sociedad en su conjunto. 419. Mejorar la dotación y la capacidad técnica del Ministerio del Medio Ambiente y organismos relacionados, en especial su gestión técnica y ambiental. 420. Mejorar la Dirección General de Aguas y las áreas técnicas del Ministerio de Obras Públicas. 421. Mejorar la coordinación de competencias entre órganos del Estado, evitando las injerencias disfuncionales del escalón político. 422. Racionalizar, simplificar y unificar los permisos ambientales sectoriales necesarios en proyectos de inversión productiva mediante la unificación de criterios/exigencias a nivel nacional, respetando siempre las características propias de cada región. 423. Mejorar la Ley de tenencia responsable de mascotas, adaptándola más a la realidad nacional (cultural y económica). Entre dichas mejoras, se contempla avanzar en los Reglamentos faltantes, mejorando su real implementación e incorporando mayor apoyo y recursos a las municipalidades para el chipeo/identificación y esterilización de mascotas; considerar planes municipales para atacar los problemas de salud y seguridad que conllevan para la población. 424. Despolitizar la evaluación ambiental, especialmente las instancias de la comisión de evaluación y comité de ministros, y que la Resolución de Calificación Ambiental sea otorgada por el SEA. Aumentando así la ecuanimidad y predictibilidad del sistema. 425. Racionalizar el SEIA, a través de adecuados mecanismos que permitan su focalización en lo relevante a ser evaluado, especialmente el “screening” y el “scoping”, para que así este instrumento sea eficiente y efectivo. 426. Robustecer la evaluación ambiental y aumentar la predictibilidad del SEIA, mediante la constante actualización y complementación de las guías de evaluación ambiental para los distintos tipos de proyectos, aplicando el concepto de ecointeligencias y ampliando las áreas de influencia de los proyectos cuando sea necesario, de manera de evaluar su verdadero impacto ambiental y humano, y establecer criterios mínimos de mitigación, compensación y control de los impactos ambientales. 427. Estandarizar, dentro de lo posible, las multas por daño ambiental de la Superintendencia de MA, según criterios conocidos, y promover la compensación, mitigación y remediación. 132

428. Buscar sistemas de regulación, de modo tal que las compensaciones hacia las comunidades afectadas, y negociaciones fuera del SEIA, sean principalmente ambientales y no económicas. 429. Promover un liderazgo positivo, mejorando el sistema de autodenuncia, disminuyendo las multas en los casos en que no haya un daño ambiental significativo o a la salud de las personas. Generación de guías para evaluación de daños significativos conforme el tipo de industria y las características del entorno. 430. Evitar el uso de recursos del Estado en evaluación ambiental de proyectos que no se ejecutarán, mediante la creación de un test de viabilidad técnicoeconómica. 431. Fortalecer la educación en Medio Ambiente, así como en las tecnologías subyacentes a niveles comunitarios, profesionales y académicos. 432. Incorporar dentro de los planes de estudio escolar la biodiversidad propia del país, región y localidad, destacando las especies amenazadas. 433. Desarrollar una cultura a nivel municipal sobre el cuidado al Medio Ambiente y el conocimiento técnico de la disciplina. 434. Mejorar la actual promoción de actividades productivas y oportunidades preservando los paisajes, la naturaleza, lugares de interés, cuidando la calidad de las aguas y el suelo. 435. Implementar un sistema de sello obligatorio de envases utilizados en la industria alimentaria, especificando el tiempo que requiere para ser degradado en el ambiente. 436. Aumentar las áreas protegidas procurando que todo ecosistema endémico de Chile posea al menos un área protegida con superficie suficiente para su preservación. Para ello será necesario generar un catastro público y oficial de las especies que los componen, manteniendo siempre actualizado su estado de conservación. 437. Aumentar la implementación de nuevas áreas protegidas, tanto públicas, como privadas, hasta cubrir los ecosistemas de todas las especies amenazadas en Chile, frenando su avance hacia la extinción. 438. Conforme los dos ejes anteriores, alcanzar la meta de un 30% del territorio nacional continental, cubierto por áreas silvestre protegidas, y un 10% del territorio marítimo costero continental, cubierto por áreas marinas protegidas (Reservas y/o Parques marinos). 133

439. Declarar todos los humedales de la zona Norte de Chile (IV Región hacia el norte) como sitios prioritarios de biodiversidad, proceso que incluiría algún tipo de compensación a sus dueños, dependiendo de las restricciones que se generen. 440. Aumentar la cantidad de humedales protegidos en todo el territorio nacional puesto que poseen una alta biodiversidad y son sitios de anidación y hábitat de numerosas especies, muchas de ellas, migratorias. 441. Promoción, desarrollo y cuidado de los Humedales Urbanos, convirtiéndolos en centros de esparcimiento y educación ambiental para la ciudadanía. Plan de declaración de humedales urbanos, de modo que accedan a la protección que la ley actualmente les brinda, mejorando su infraestructura y protección frente al avance inmobiliario. 442. Creación de un Fondo Monetario con aportes voluntarios para mantención del SNASPE. 443. En vez de crear un nuevo Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, buscar alternativas para la necesaria mejora y financiamiento de CONAF y SERNAPESCA, evitando mayor burocracia y duplicación de labores. Asimismo, se debe incentivar la participación de privados en inversión en infraestructura y aprovechamiento turístico. 444. Fortalecimiento de las iniciativas público-privadas y privadas de conservación. 445. Mejorar la infraestructura turística en las SNASPE, con enfoque al logro de una mayor valorización y conocimiento por parte de la población. El turismo en las SNASPE puede llegar a ser una importante fuente de recursos, necesarios para su mantención, monitoreo, estudio y protección. 446. Aumentar la protección de los sitios prioritarios de biodiversidad y establecer límites a las distintas actividades que en ellos se realizan y que por sus características no requieren ingresar normalmente al SEIA, conforme el tipo de ecosistema y sus propias y únicas características de disponibilidad de fuentes de agua, degradación del suelo y condiciones para el turismo, minería y agricultura. La idea es que se puedan desarrollar actividades productivas de baja escala sin ingresar al SEIA, pero sin dañar la biodiversidad del sitio. Es muy importante que se consideren impactos de escala, puesto que muchas pequeñas intervenciones pueden terminar generando un significativo daño ambiental. 447. Dado el sostenido aumento en los incendios forestales, con la consecuente pérdida de flora y fauna, reservorios de agua continental, ecosistemas únicos de nuestro país y avance de la desertificación, resulta imperativo intensificar las sanciones a los responsables de dichos incendios, especialmente, aquellos intencionales. 134

448. Creación de un programa de reducción de incendios forestales que incluya análisis de causas, soluciones y trabajo conjunto con empresas relacionadas con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. A lo anterior, se agregaría la prevención de accidentes de tránsito que generan incendios forestales y educar y generar conciencia colectiva en la población. 449. Vigilancia aérea permanente con drones de tecnología avanzada (y satélites a futuro), con partidas de acción inmediata para su control por parte de la CONAF. 450. Avanzar en el proceso de clasificación de especies, incluyendo organismos de la microbiota (fito y zoo plancton) vitales para la conservación de ecosistemas críticos tanto en humedales y cuerpos de aguas continentales, como en los océanos. Poseemos muy poco avance en el conocimiento de la biodiversidad de numerosas especies del Reino Protista (bacterias, protozoos) y varios grupos de invertebrados. Por ende, se colocará especial énfasis en ellos. Por ejemplo, a través de fondos concursables para universidades e institutos de investigación, que permitan avanzar en estos procesos. 451. Desarrollar un nuevo reglamento de clasificación de especies introducidas e invasoras, así como planes de control y protección de los hábitats y especies afectadas. 452. Proteger los ecosistemas marinos a través del mejoramiento de los reglamentos y normativas asociadas a la pesca industrial, extracción de recursos marinos y acuicultura (por ejemplo, extracción de algas protegiendo los ecosistemas, efecto en mareas y del recurso mismo; promoción de químicos biodegradables en acuicultura, transparencia en uso de antibióticos, densidad, flujo mínimo de corrientes y mejoramiento de infraestructura para evitar escapes). 453. Estudiar consecuencias del desarrollo de acuicultura en aguas marinas frente a SNASPES y evaluar las consecuencias ambientales de su futura renovación. Establecer una distancia mínima obligatoria a las SNASPES, como una franja marina de exclusión, determinada con base en parámetros científicos. 454. Avanzar hacia un adecuado ordenamiento espacial del litoral, incluyendo restricciones de protección ambiental a los procesos de macrozonificación del borde costero. 455. Reglamentar el tratamiento y disposición de los desechos provenientes de la acuicultura, incluyendo, control en línea de los parámetros ambientales de las agrupaciones de concesiones. 456.

Integrar el valor intrínseco de la biodiversidad en los servicios ecosistémicos con el objetivo de mejorar la efectividad de las distintas estrategias de protección y uso sustentable de la biodiversidad, incorporando la educación y la participación ciudadana desde una perspectiva biocultural. La educación fomenta la conservación de la naturaleza al hacernos conscientes de nuestro entorno, 135

mientras que la participación involucra a los ciudadanos como un actor más en la toma de decisiones, procurando la aplicación efectiva de las estrategias de conservación de la biodiversidad. 457. Compartir la responsabilidad de las iniciativas de conservación con los usuarios locales, incorporando a la ciudadanía en el “nuevo modelo conservacionista” basado en la responsabilidad individual y conjunta, la ciencia y la experiencia empírica. 458. Incorporar en el sistema educativo un programa nacional a nivel ministerial de fomento de la conservación de la naturaleza, haciendo conscientes a los individuos de su entorno desde etapas prebásicas; promoviendo que los niños se involucren en su cuidado, y desarrollando en ellos la capacidad de disfrute. 459. El Código de Aguas deberá considerar dentro de la distribución proporcional del uso de los derechos de agua en épocas de sequía, un porcentaje mínimo garantizado para el caudal ecológico y consumo humano (priorizando un monto mínimo para consumo humano per cápita). 460. Considerará un nuevo sistema para el cálculo del caudal ecológico. Este no será un simple porcentaje del caudal total, sino que el verdadero caudal necesario para la subsistencia de los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados al sistema hidrológico, determinado para cada cuenca en específico y, con base en criterios científicos, conforme los propios ciclos naturales y las necesidades mínimas de subsistencia de la biodiversidad asociada. Se deberá avanzar progresivamente en su estimación. 461. De modo de garantizar la distribución proporcional de los derechos de agua en épocas de sequía, se deberán constituir de manera obligatoria Juntas de Vigilancia en cada cuenca del país que posea derechos de agua constituidos, de modo tal de garantizar una adecuada gestión de los recursos hidrológicos. 462. Además de esto, se proveerá de apoyo científico y técnico profesional a las Juntas de Vigilancia, de modo de realizar una gestión ambientalmente sustentable y eficiente del recurso. 463. El otorgamiento de derechos de agua deberá considerar las graves sequías de los últimos años. No se deben otorgar derechos de agua que a futuro no existirán por largos períodos de tiempo debido a las sequías. El caudal total no corresponde al simple promedio de los caudales de los últimos 25 años. El caudal total deberá incluir también una estimación de los efectos futuros del cambio climático y la conservación del caudal ecológico definido anteriormente. 464. Se disminuirán las patentes por no uso de agua los primeros años (evitando incentivo perverso de uso de agua no necesario), y se añadirá un aumento progresivo y anual a partir del sexto año de no uso, (evitando así la especulación y acaparamiento de los derechos de agua).

el pago de dichas patentes los períodos en que la zona se encuentre declarada en estado de catástrofe por sequía. 465. No se considerará para el pago de patentes por no uso de derechos de agua, los años en que haya ocurrido alguna catástrofe natural en la cuenca. 466. Explorar otros instrumentos de asignación de derechos de aprovechamiento de agua, que sean por períodos de tiempo asignados a la actividad que quiera hacer uso de ellos. 467. Generar un sistema nacional en línea de información y control de uso de agua mediante la incorporación gradual de flujómetros digitales. 468. Incorporar la protección de la calidad de agua de los acuíferos 469. Junto a los glaciares, la nieve también actúa como reservorio crítico de agua en el planeta y sustento de los ecosistemas. Los glaciares y nieves eternas son parte fundamental e integral del sistema hidrogeológico. Existe muy escasa información pública y privada sobre los glaciares en Chile y debemos avanzar en su estudio y conocimiento. Fácilmente se puede comenzar con análisis satelitales de glaciares y nieves eternas y posteriores estudios público-privados, para luego desarrollar una política destinada a su preservación. 470. Ley para el manejo sustentable y protección de los glaciares y nieves eternas. 471. Manejo integrado de cuencas hidrográficas y protección de los ecosistemas hídricos, cuya degradación no solo provoca pérdida de la biodiversidad, sino también desastres naturales que aumentan el déficit hídrico. 472. Generar información y establecer redes de monitoreo de las cuencas de todo el país. Falta información, principalmente de las cuencas subterráneas, y además de integrar la información pública y privada de las distintas cuencas hidrogeológicas del país, en especial en el Norte de Chile. 473. Establecer una red de monitoreo de las principales cuencas hidrogeológicas de cada región, con información en línea disponible al público general, priorizando las provincias con escasez y/o con una alta brecha hídrica. 474. Apoyar la adaptación al cambio climático, reduciendo los efectos de la sequía mediante el desarrollo conjunto de tecnologías de desalación, junto a la gestión y reciclaje de aguas. 475. Incentivar el uso de desaladoras para generación de agua industrial y de riego, especialmente en el centro-norte del país. 137

476. Generación de sistemas de almacenamiento de aguas lluvias del llamado invierno altiplánico, fenómeno que ocurre todos los años en el Norte del país, y que permitiría almacenar aguas provenientes del Amazonas para uso agrícola. 477. Promover como parte de la solución a la sequía, el almacenamiento de agua en cuencas subterráneas y reinyección de aguas superficiales (antes de su desembocadura al mar y respetando el caudal ecológico). 478. Incentivar la explotación de aguas subterráneas para compensar la escasez y brecha hídrica. Este recurso se encuentra actualmente subutilizado por falta de información y gestión gubernamental. 479. Evaluar carreteras hídricas, que permitan llevar agua desde sectores con niveles históricos de excedencia a otros con escasez hídrica. 480. Fomentar la recarga artificial de acuíferos, estrategia poco desarrollada aún en nuestro país. 481. Aumentar el uso eficiente del agua en la agricultura: promoción, capacitación y subsidio de técnicas de riego por goteo y otros de alta eficiencia. 482. Exigir la realización por parte de las respectivas Seremis de Salud de un stress test a todas las sanitarias del país, documentando condiciones de riesgo de diseño y fuera de diseño que pudieran alterar el suministro de agua y su calidad. 483. Construcción de nuevos embalses, con una evaluación ambiental integral. 484. Así como existen planes reguladores para las ciudades y usos de suelos, se requiere regular las actividades silvoagropecuarias, promoviendo un uso conforme a los recursos hídricos disponibles, las épocas de sequía y garantizando el uso de agua para consumo humano y el caudal ecológico. 485. Desincentivar la ganadería y plantación de especies de alto consumo hídrico, en las regiones/provincias con baja oferta hídrica superficial y subterránea. O en las cuales la brecha hídrica sea muy alta. En compensación, se deben promover/incentivar las actividades silvoagropecuarias de especies de bajo consumo. 486. Es necesario generar medidas para evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por patógenos o lixiviación de fertilizantes y plaguicidas. Regular tipo de fertilizante, cantidades y forma de uso, e incrementar las fiscalizaciones en relación a la producción de desechos contaminantes del agua. Así como también generar incentivos para el desarrollo de agricultura sustentable e implementación de “buenas prácticas” o protocolos asociados. (Ejemplos de incentivos: exención de impuestos, depreciación acelerada, préstamos blandos, subsidios). 138

487. Promover la bioagricultura o agricultura orgánica. 488. Normativa de condiciones e infraestructura mínimas de tranques de relaves, de modo de evitar la infiltración en napas subterráneas y disminuir el riesgo de quiebre en diques. 489. Establecer normativas con respecto a las medidas de remediación, investigación de accidentes con consecuencia de derrames de combustibles fósiles, y procedimientos para la industria de generación eléctrica y transporte terrestre y marítimo con base en combustibles fósiles. 490. Se requiere generar criterios para la evaluación hidrogeológica de los proyectos que ingresan al SEIA, incorporando la gestión integrada de cuencas, el cálculo de los derechos de agua existentes, asegurar el acceso a agua potable de la población en épocas de sequía y garantizar el caudal ecológico, incluyendo sus variaciones estacionales (y con un nuevo sistema de cálculo, más conservador y que considere las graves sequías de los últimos años). Se debe realizar un análisis de impacto sinérgico. 491. Incorporación obligatoria de pozos de monitoreo alrededor de los puntos de extracción de aguas o salmueras, y en los acuíferos o cuerpos de aguas superficiales, posibles de ser afectados, de acuerdo al área de influencia del proyecto, incluyendo monitoreo de las recargas superficiales y subterráneas de dichos cuerpos de aguas y las áreas superficiales. Esto porque los modelos hidrogeológicos, por muy fidedignos y robustos, son solo eso, modelos: la experiencia ha demostrado que existen múltiples factores que pueden generar al final un impacto ambiental significativo, no considerado en el proceso de evaluación en el SEIA. 492. Modernización de la DGA y de los entes técnicos del Ministerio de Obras Públicas (MOP). 493. Aumento de recursos y profesionales técnicos para apoyo de las Juntas de Vigilancia y CAS. 494. Reforzar y complementar la Mesa Nacional del Agua incorporando representantes no solo políticos, sino también del mundo privado, y de todas y cada una de las regiones del país; incluyendo la participación de universidades y científicos destacados del área en Chile y en el mundo. Explorar su institucionalización como apoyo permanente al MOP 495. A pesar de que es clave para la sobrevivencia de la biodiversidad y los ecosistemas, el secuestro y almacenamiento de carbono, el crecimiento de biomasa (y la consecuente reserva de agua) y la producción de alimentos, Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no cuentan con una regulación que prevenga la erosión, evite distintos tipos de contaminación y promueva un 139

ordenamiento territorial destinado a enfrentar el cambio climático y la desertificación. 496. Se debe regular la protección y conservación de los suelos, especialmente aquellos que sustentan ecosistemas delicados, como el caso de los Bosques Nativos en el sur y los suelos agrícolas. La idea es que puedan ser utilizados, pero promoviendo la sustentabilidad. Lo que incluirá: (i) Elaboración de normas para detener la contaminación del suelo por metales pesados producto de descargas de desechos, y percolados o escurrimientos. (ii) Avanzar urgentemente en el inventario nacional de los relaves mineros, incluyendo su superficie y volúmenes totales, estado de conservación, así como las zonas susceptibles de inundación e infiltración, a fin de tomar medidas preventivas ante eventuales catástrofes sanitarias y medioambientales. (iii) Realizar planes de prospección, conducentes a una revisión y complementación al catastro de suelos agrícolas existentes, para precisar sus efectivas capacidades de uso y orientar a los agricultores sobre el patrimonio que poseen y custodian. (iv) Realizar inventario de los suelos agrícolas y forestales erosionados, tanto por efecto de prácticas de manejo agrícolas como ganaderas y forestales, para precisar sus capacidades de uso y orientar a los propietarios para realizar prácticas de recuperación y conservación, e incorporarse a los planes nacionales existentes de recuperación.(v) Incorporar la conservación biocultural y métodos científicos y tecnológicos que amplíen el espectro de variables socioecológicas investigadas, promoviendo la inclusión de las visiones ecológicas propias de las distintas expresiones culturales y de grupos étnicos de nuestro país. 497. Generar una política agrícola sustentable de largo plazo, incluyendo integración cultural. 498. Toda iniciativa agrícola tendrá que partir resolviendo la localización, tamaño y tecnología y, desde ahí, levantar el proyecto a la escala conveniente y con la logística más adecuada. El gran inconveniente es que la agricultura en general y la Agricultura Familiar Campesina, en particular, son proyectos en marcha, con localización, tamaño y elementos generales de tecnología predefinidos. De ahí la dificultad de dar una mirada ambiental desde una lógica sistémica e integral con un enfoque más sustentable e integrado a la formulación de nuevos proyectos agrícolas. 499. Por lo anterior, es necesario invertir en el estudio de alternativas para integrar una agricultura sustentable al sistema agropecuario actual, sin generar desmedros económicos en los empresarios y microempresarios del agro. Por supuesto, se deben hallar formas para financiar esta transición, la que debiera ser de largo plazo y en etapas. 500.

Ordenamiento forestal que refleje intereses continentales, regionales y locales. 501. Reducir el impacto por daño mecánico a través de medidas preventivas durante el avance y el término de las operaciones en el manejo específico de los árboles 140

(asegurar direcciones de caída durante el derribo, una buena planificación de los carriles y brechas de acceso), obligación de capacitar a los trabajadores forestales en técnicas de trabajo de bajo impacto y disminución de las distancias de arrastre, entre otras acciones. 502. Mejorar el cumplimiento real de los sellos de certificación del sector forestal en Chile (el Forest Stewardship Council). Por ejemplo, debiendo renovarse en forma anual por organizaciones independientes externas, con costo a las mismas empresas. 503. Fomentar e intensificar la coordinación de las actividades forestales entre instrumentos e iniciativas internacionales relacionadas con los bosques y establecer una cooperación eficaz. 504. Perfeccionar la aplicación de programas amplios de ordenación, conservación y desarrollo sostenible de los bosques. 505. Establecer y estandarizar medidas de ordenación forestal sostenible para reducir el impacto a nivel mecánico y sistémico. Equilibrar los intereses públicos y privados, las necesidades de las generaciones presente y futura y los beneficios ambientales y económicos. 506. Determinar que entidades estarán a cargo del establecimiento de estas medidas. 507. Determinar mecanismos de implementación de medidas, respecto a plazos e inversión. 508. Existe un compromiso de parte de la Corporación Nacional de Madera, que sostiene que las empresas forestales desarrollarán un manejo de la actividad forestal que concilie la producción con el respeto al entorno y la biodiversidad. Esto podría efectuarse con el 70% de las plantaciones certificadas como “voluntarias” en materia de manejo sustentable. 509. Ingreso de proyectos agrícolas de tamaño industrial (con base en volumen de productividad) al SEIA. 510. Capacitar agricultores y profesionales encargados de proyectos a nivel nacional y regional. 511. Establecer foros y capacitaciones internacionales para mantener constante retroalimentación. Programas de becas. 512. Incentivar a través de subsidios la práctica de estas nuevas formas desarrollo agropecuario sostenible. 513. Ampliar y mejorar programas existentes para el desarrollo sustentable. 141

514. Incrementar las fiscalizaciones sanitarias a empresas del agro en relación a la producción de desechos contaminantes del suelo y del agua. 515. Usar sistemas tecnológicos de monitoreo de bosque a nivel mundial, involucrando a la población en general, estudiantes y científicos, sobre el estatus de los bosques y su comportamiento respecto al cambio climático, al deterioro ambiental y la disponibilidad de agua. 516. Las emisiones de complejos industriales deberán ser adecuadamente fiscalizadas, para que cumplan con las normativas vigentes. 517. Exigencia de sistemas de abatimiento de material particulado y captación de gases tóxicos para nuevos proyectos. 518. Programa sistemático de fiscalización de la instalación y funcionamiento de los sistemas de monitoreo y control en línea. 519. Excluir del SEIA los proyectos que consistan exclusivamente en abatimiento y reducción de emisiones atmosféricas, definiendo un nuevo instrumento de evaluación, que permita garantizar el cumplimiento de la normativa existente. 520. Generación de normas de calidad del aire y olores para actividades silvoagropecuarias, orientadas a resguardar la salud y calidad de vida de las poblaciones aledañas. 521. Regulación de emisiones por uso de pesticidas que generen riesgos para la salud de las personas. 522. Plan de revisión de gasoductos para la disminución de emisiones de gases tóxicos por pérdidas en tuberías (que transportan metano con un poco de butano, etano, etc). 523. Mejorar legislación con respecto a las pérdidas en tuberías que transportan fluidos o gases peligrosos, oleoductos y gasoductos, estableciendo la obligatoriedad de sistemas de control de fugas, con la consecuente emisión de gases tóxicos, y pérdida de materia prima para generar energía (por ejemplo, tuberías de gas natural). Esto se puede lograr mediante sistemas computacionales de monitoreo y planes de contingencia. Las empresas dueñas de las instalaciones deberán ser responsables por el monitoreo, debiendo reportar a la autoridad gubernamental correspondiente. 524. Explorar la factibilidad de aumento del impuesto verde, solamente para emisiones de gases contaminantes tóxicos provenientes de fuentes fijas (óxidos de nitrógeno y óxidos de sulfato, metano y derivados del petróleo) y material particulado PM2,5. Esto acompañado de estrategias que permitan asegurar la estabilidad del sistema de generación eléctrica, un adecuado respaldo para el abastecimiento del país y costo final a los usuarios. 142

525. Evitar compensaciones del impuesto a las industrias energéticas más contaminantes y utilizar la recaudación del impuesto para compensar las emisiones atmosféricas, y/o mejorar la calidad de aire en la misma región en la cual se generan. 526. Explorar la extensión del impuesto verde a la generación de desechos y las principales actividades económicas, generadoras de gases contaminantes a gran escala. Para ello se deberán desarrollar estudios de ciclo de vida de cada industria y establecer su real tasa de emisión a largo plazo, incluyendo las materias primas y emisiones producidas en su generación, plan de cierre y disposición final. Todo esto, analizando en forma ponderada la interacción entre instrumentos comando y control, y económicos. 527. Promover soluciones tecnológicas nuevas para el control de ruido en locales nocturnos. 528. Exigir a autopistas de alta velocidad barreras de ruido en sectores residenciales de alta densidad poblacional o áreas con protección oficial para efectos del SEIA. 529. Facilitar sistema de denuncia y fiscalización con sistemas de monitoreo, de modo que las multas sean automáticas, y no se requiera la presencia de carabineros. 530. Desarrollo de programas de remediación de los principales pasivos ambientales del país, incluyendo con especial énfasis planes de desarrollo compensatorio para las comunas de Puchuncaví y Til Til, creando un polo turístico, agrícola o residencial. 531. Apoyar el Plan Nacional de Tranques de Relaves actual. Generar herramientas no solo para que las comunidades cercanas puedan prevenir situaciones de emergencia, sino también para que puedan enfrentar problemas de contaminación ya existentes, y hacer denuncias efectivas cuando corresponda. 532. Aumento de fiscalización programado para tranques de relave mineros que generen lixiviados tóxicos y planes de descontaminación asociados. 533. Auditar los Planes de Descontaminación vigentes. 534. Generación de una normativa nacional, solo para alumbrado público y luces LED exteriores, que proteja la biodiversidad y calidad de vida de la población de todo el país. No solo la actividad astronómica. 535. La base de la economía nacional es la exportación de materias primas. En el mismo contexto, se deben ver los residuos, susceptibles de ser transformados en recursos para nuevos usos, productos y energías. Además de la protección del Medio Ambiente, este nuevo concepto constituye un beneficio económico con 143

generación de empleo. Con tal objetivo, se deben promover los ciclos cerrados o circulares, a través de REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR y RECUPERAR. 536. Provisionar soluciones a la futura generación de residuos peligrosos provenientes de las principales industrias generadoras. Por ejemplo, resolver una problemática que puede ser grave: la proliferación sin control de baterías en desuso, hoy provenientes mayoritariamente desde celulares y laptops y, en un futuro cercano, desde el transporte eléctrico y las instalaciones de las llamadas energías “limpias”; a través de la recuperación de litio, cobalto, níquel y otros metales de valor, desde dichas baterías. 537. Promover mediante incentivos los procesos circulares dentro de las industrias. 538. Incentivos a optimización de procesos existentes y reducción de insumos en la industria. 539. Muchos productos son desechados porque fallan y no pueden ser reparados. El plan es subsidiar los proyectos que reutilizan los productos, financieramente y con educación técnica. Microempresas ejemplares son Remar o la Fundación Basura, entre otras. En los Países Bajos, con una población similar a la chilena, existe una cadena de reutilización con 1.500 tiendas y ventas on-line. 540. Legislar e incentivar el uso de cenizas provenientes de Termoeléctricas (abono, cerámica, cemento, etc.). 541. Respecto a las botellas plásticas, se propone sumar una Ley de Uniformidad de Materias Primas que permita, por ejemplo, solo el uso de PET para todas las botellas y productos de empaque. Similar tratamiento debería tener el metal (Ley de Beneficio Económico) y vehículos motorizados (Ley punto de recolección sucursal de autos de la misma marca). 542. La idea es subsidiar las plantas de tratamientos en las principales ciudades en el país y también los puntos limpios que existen en Chile, excepto los que son relacionados a empresas del retail y supermercados. 543. Utilizar sistemas de producción de Energía a partir de residuos domiciliarios (sistemas Waste to Energy), que permiten la obtención de electricidad, y la recuperación de metales y gases como metanol y etanol. A continuación, se listan los residuos principales para reciclar y con enfoque de mejoramiento: 544. Basura a energía eléctrica. Se debe aplicar una ley que sanciones botaderos de basura y fomente, alrededor de los grandes centros urbanos, la instalación de plantas que quemen la basura con alta tecnología para generación de energía eléctrica. De esta manera se evita generación de metano y contaminación de tierras productivas o para el uso de industria y viviendas. 144

545. Gasificación de basura. Este sistema genera gases industriales para su comercialización. 546. Basura orgánica para generar biogás y biofertilizante. Se debiera generar una ley para la industria de alimentos y agropecuaria, de modo tal que trate sus desechos orgánicos para formar compost y biogás. Un ejemplo a imitar, en cuanto a la transformación de basura en energía, es el caso de la ciudad de México. 547. Desarrollar planes de educación de la población en estos temas, así como programas de limpieza que incluyan a la comunidad, promoviendo la responsabilidad grupal e individual. 548. Desarrollar planes de promoción de reutilización, recirculación y reciclaje de residuos. 549. Intensificar la fiscalización y sanciones a vertederos ilegales y disposición de basura en lugares no permitidos. 550. Identificación de basura con aplicación de Smartphone, donde la misma población haría el reporte. Usar la actual infraestructura de recolección de basura. 551. Disponer la basura con sistemas de reciclaje en cada barrio y ciudad. 552. Programas de limpieza de ciudad usando la ciudadanía, como colegios, clubes deportivos, universidades, organizaciones de reincorporación social, presos por delitos menores. 553. Programas de limpieza de mares y cuerpos de aguas superficiales. Desarrollo de convenios para utilización de la nueva tecnología de Boyan Slat. 554. Desarrollo e investigación para búsqueda de soluciones tecnológicas viables para el problema de contaminación acuífera por microplástico. 555. Generar alternativas de disposición adecuadas y suficientes para aceites lubricantes, neumáticos, aparatos electrónicos y domésticos, de modo tal de entregar alternativas para factibilizar el cumplimiento de las obligaciones a empresas y municipios, establecidas por la Ley REP. 145

Atrévete a Recuperar nuestra Agricultura La agricultura representa un sistema de vida y cultura para más de un cuarto de la población chilena. Por tanto, el Estado debe preservarla. Además de su relevancia económica, la agricultura tiene importancia alimentaria, ecológica, geopolítica y en la mantención de nuestras tradiciones. Consideramos que los agricultores son los custodios irremplazables de nuestro suelo orgánico y que son esenciales para la preservación de los recursos productivos y naturales de Chile. A los mismos se les deberá respetar su pleno y total derecho de propiedad creando medidas que le protejan y garanticen su buen uso. Asimismo, estos actores son los principales usuarios del agua, recurso natural fundamental, sobre el cual tienen un legítimo derecho, que se debe fortalecer, respetar y hacer respetar. Presentamos con satisfacción el notable progreso de las últimas décadas en fruticultura, viticultura, ganadería y forestación, que unidas al resto de la industria alimentaria aportan el 26% de nuestras exportaciones, potenciado por el desarrollo de tecnologías de riego, almacenaje y frío, infiltración de acuíferos, construcción de embalses y redes hídricas, entre otras. Por otra parte, no desconocemos que hay problemas a resolver en el Agro, como, por ejemplo, enfrentar el cambio climático, los procesos de erosión de suelos, la desertificación, contaminación, ausencia de puertos y aeropuertos adecuados, concentración de pobreza, uso ineficiente del agua, falta de adaptación a tecnologías sustentables y sostenibles, la criminalidad y el terrorismo en diversas regiones, etcétera. A partir de lo anterior, planteamos seis grandes áreas de acción para el futuro: (i) reforzar el rol socioeconómico del mundo rural; (ii) los agricultores consagrados como custodios del suelo agrícola; (iii) la necesidad del desarrollo e implementación de un plan hídrico nacional, ejecutando una impetuosa política de construcción de embalses para el consumo humano, el riego, la energía e industria; (iv) un proyecto de apoyo a la Propiedad Familiar Rural y a la PYME agrícola, reconociendo al suelo agrícola como la base del sistema agroecológico que sustenta la flora y fauna del país; (v) la renovación del Sector Forestal; y (vi) consolidar a Chile como potencia agroalimentaria, mejorando nuestra productividad, exigiendo reciprocidad a nuestros socios comerciales en el mundo, aplicando trazabilidad a todo producto agrícola y, finalmente, fortaleciendo las agencias de apoyo estatal. 556.

Bienestar Social de la Población en el Medio Rural: Consideramos que la provisión de bienes y servicios como agua potable, vivienda de calidad y educación, deben adaptarse a las particularidades socioculturales y territoriales de los espacios rurales. Para este fin consideramos que los municipios rurales deben ser los principales administradores de este proceso. Lo anterior también implica (i) entregar acceso generalizado a educación de calidad. (ii) Adaptar el sistema público de salud a las necesidades del medio rural con atención oportuna, de calidad y especializada. (iii) Facilitar el acceso a la 148

vivienda en el marco de una ordenación territorial, con infraestructura, equipamiento y conectividad física y digital. (iv) Promover el acceso a los servicios sociales en el medio rural vía las municipalidades, reconociendo las particularidades sociodemográficas con programas e instrumentos capaces de satisfacer las necesidades de la población rural. (v) Continuar con el Plan de Pavimentación Rural en los caminos de orden terciario, coordinado por el Ministerio de Obras Públicas, a fin de acelerar la productividad predial y la reconversión productiva de los habitantes rurales. Y (vi) Promover y mejorar la conectividad de las telecomunicaciones, fijando los componentes del sistema, sus características y estándares mínimos, tanto en calidad, cobertura, así como también la diversidad de oferentes. 557. Sustentabilidad Medio Ambiental del Territorio Rural: Los objetivos específicos de este ámbito son la Biodiversidad, Servicios Ecosistémicos y Paisaje. Concretamente, esto implica promover y financiar a nivel de las regiones, con fondos concursables, la investigación y monitoreo de la biodiversidad para incrementar los conocimientos y mejorar su conservación y uso sustentable. Actualizar las estrategias sectoriales vigentes a fin de mejorar la protección, restauración, reparación, remediación y mitigación de los ecosistemas de interés público, cuando corresponda. Para ello, es necesario un nuevo paradigma que incorpore a los agricultores en este esfuerzo conservacionista. El mero “interés público” no es suficiente para preservar el paisaje, los recursos de los contribuyentes deben ser empleados eficientemente para proteger la biodiversidad. Solo los propietarios están en el centro de esta misión porque conocen mejor sus terrenos y tienen un motivo para preservar sus cualidades. A raíz de lo anterior, los recursos públicos deberán canalizarse a través de la gestión de los privados. 558. Se destinarán recursos fiscales para que esas personas, naturales o jurídicas, continúen cumpliendo esa labor de forma sostenida. Además, promoveremos la identificación y caracterización de los paisajes naturales y seminaturales de Chile, a fin de integrarlos en las políticas sectoriales. Asimismo, se incorporarán los agricultores como principales gestores, propietarios y custodios, quienes deberían sentirse responsables y orgullosos de disponer, informar y sensibilizar al público sobre el valor y el resguardo del mismo. 559. Es preciso avanzar en el creciente proceso de aceptación internacional de que las especies de flora y fauna, que conviven con la población humana o son influidos por esta, deben buscar un camino para «pagar su derecho a existir y prosperar en manos de sus guardianes».

Con ese objetivo, deben ser debidamente regulados por la autoridad mediante la generación de parques temáticos y otros emprendimientos de aprovechamiento en la flora y fauna. 560. En esta dimensión, se vuelve necesario que la División de Recursos Naturales del SAG experimente un importante cambio en los criterios de preservación y aprovechamiento de especies nativas e introducidas. Esto, con tal de que abandonen las medidas prohibicionistas y, al mismo tiempo, se revise el impacto 149

de la sobrepoblación de las especies nativas y exóticas, la cual se ha generado producto de la actividad humana. 561. Por último, debemos promover el trabajo en redes intersectoriales, interinstitucionales y de alianzas público-privadas, lideradas por las municipalidades rurales, con el fin de desarrollar programas de educación ambiental. Los que a su vez contribuyan a reconocer las características del entorno físico e incentiven el compromiso de participar activamente en las iniciativas que genere la ciudadanía. En este ámbito se considera la incorporación de las Buenas Prácticas Agrícolas y Forestales, las certificaciones, Acuerdos de Producción Limpia, entre otras, y los instrumentos de Medio Ambiente, como gestión de residuos, mantención del paisaje, áreas verdes, manejo sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad. 562. Patrimonio Rural: Identificar, valorar, conservar y recuperar el patrimonio natural, histórico-artístico, prácticas y costumbres locales, fomentar su mantenimiento y desarrollo. ¿Cómo?, a través de programas sectoriales a cargo de las regiones administrativas, financiados con fondos concursables. 563. Identidad Cultural: Valorar la identidad de cada cultura y zona geográfica propendiendo a una agenda de participación e integración. Promover el valor y protección de la cultura, identidad, lengua, tradiciones y valores mediante un convenio entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de las Culturas, e incorporando los ítems anteriores a planificación económica y social. Promover la preservación de prácticas culturales de distinta índole recreativa, religiosa y costumbrista, como el rodeo chileno, la fiesta del Cuasimodo, los bailes religiosos, las Mingas, los festivales folclóricos, las fiestas de las cosechas, la confección de productos artesanales, la protección de la propiedad intelectual a la denominación de origen, etcétera. 564. Los agricultores serán los principales actores del desarrollo armónico del territorio agrícola chileno y, junto con dirigir un dinámico sector productivo, traerán prosperidad al mundo rural, conservarán sus recursos naturales y cultivarán sus tradiciones. 565. Cada predio agrícola o forestal (>1 HRB) deberá contar con un catastro al día de los diferentes suelos y la flora exótica y nativa presente, indicando su estado de conservación, incluyendo el porcentaje de materia orgánica que contiene y un plan de manejo si lo hubiera. 566. El criterio de explotación de los recursos vegetales y fauna se fundará en el principio de “generación sostenible de recursos vegetales y animales para su preservación, pagando el derecho a ser conservados por parte de sus administradores”.

En otras palabras, el custodio de estas poblaciones podrá explotarlos racionalmente, cuidar su preservación y la diversidad medioambiental existente en aquella zona. 150

567. Los recursos hídricos, de superficie y subterráneos prediales, también serán monitoreados y conservados de acuerdo a planes generales de manejo de hoyas hidráulicas. 568. Optimizar los recursos y fuentes de agua: Proponemos reevaluar el catastro hídrico en todo el país y estimar sus tendencias, tanto para generación eléctrica como para consumo humano y de riego. Asimismo, introducir un proyecto general de desalación del agua de mar en la Zona Central y Norte Chico del país, mediante la ósmosis inversa o aprovechando el calor residual de la capacidad termoeléctrica instalada. Esto será a su vez, parte de un Plan de Gestión Hídrica en las cuencas más relevantes del país, con infraestructura de canalización, pequeños embalses, sistemas de acumulación e infiltración de napas subterráneas. Se tendrá presente el valor del bosque nativo como protector y regulador del recurso hídrico en las cuencas hidrográficas y su efecto beneficioso en la protección de suelos y de la biodiversidad. 569. El plan de embalses de uso consuntivo también considera introducir el almacenamiento hidráulico para la generación de energía eléctrica, donde las condiciones lo permitan. La idea es confirmar la resiliencia de los embalses actuales y futuros frente a eventos extremos de la naturaleza, como sismos y avalanchas, y así imponer medidas de seguridad física e informática en todas las instalaciones estratégicas de agua a cargo de las empresas sanitarias, siendo reguladas por el Ministerio de Obras Públicas. 570. Una política de aporte energético con base en hidroelectricidad llevará a mantener una adopción adecuada de tecnologías de conversión de energía renovable junto con los respectivos sistemas complementarios de almacenamiento y transporte, a fin de crear un abastecimiento fluido en el tiempo. 571. Para aumentar la oferta hídrica será conveniente reincorporar planes exitosos del pasado, adoptar sistemas de captación de aguas de niebla en la cordillera costera y sistematizar un plan nacional permanente de siembra de nubes entre las regiones de Atacama y Bío-Bío. La evidencia científica indica que, en promedio, esta técnica aplicada en forma permanente aumenta en un 15% las precipitaciones. 572. Facilitar las alternativas técnicas de impulsión de agua desalada hacia los sectores de consumo, tanto para la población en el Norte Grande como para la minería de cobre. Pensando en futuras necesidades y oportunidades de incorporar más terrenos al riego, se vuelve necesario un esfuerzo en evaluar las exigencias técnicas, económicas, sociales, energéticas y ambientales de la captación de agua en la zona sur del país, para así transportarla a la Zona Central y Norte Chico. 573.

Transporte de agua: Facilitar las alternativas técnicas de extracción, impulsión y conducción de agua desalada hacia los sectores de consumo, tanto para la 151

población en el Norte Grande como para la minería de cobre. Pensando en futuras necesidades y oportunidades de incorporar más terrenos al riego, se vuelve necesario un esfuerzo en evaluar las exigencias técnicas, económicas, sociales, energéticas y ambientales de la captación de agua en la zona sur del país, para así transportarla a la Zona Central y Norte Chico. 574. Usos terminales del agua: El objetivo es aplicar los avances tecnológicos más recientes en la materia, junto con introducir especies agrícolas que consuman menos agua y tengan una mejor capacidad de adaptación al clima. Ante esto, consideramos valioso el papel de la Comisión Nacional de Riego (CNR), entidad que deberá continuar apoyando la ampliación y tecnificación del riego en el agro, particularmente en la fruticultura, viticultura, horticultura y cultivos tradicionales, lo que repercutirá en un ahorro del recurso. Durante los meses de invierno se deberá aplicar un plan nacional que permita el almacenamiento ad hoc del agua de riego. Esta sería administrada por las mismas comunidades de riego y, finalmente, el agua sería redirigida a zonas agrícolas deficitarias o introducida a las napas subterráneas, a fin de aumentar su disponibilidad en primavera-verano. Asimismo, es de vital importancia elevar la capacidad de prevención, protección, mitigación y gestión de los incendios forestales e industriales, a modo de reducir el consumo de agua. 575. En cuanto al ahorro de agua, a nivel de las grandes empresas consumidoras y municipios, se fomentará la reducción del consumo a través de campañas especiales, en al menos un 5%. Eventualmente, las descargas de agua residencial e industrial se reciclarán para la reutilización municipal, rural o minera aguas abajo, adoptando tecnologías de medición, tratamiento y sanitación. 576. Aspectos Organizacionales: Buscaremos mejorar la dotación y capacidad técnica de la Dirección General de Aguas, así como la calidad de su gestión técnica y administrativa. Con la institucionalidad necesaria, se coordinarán las competencias entre los órganos del Estado, se planificará, asignará, protegerá y fiscalizará el recurso, además de resolver conflictos. Por ello, es trascendental transparentar el sistema actual de asignación de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas y su gestión, procurar difundir sus ventajas y compatibilizar el interés público. Igual de importante es implementar una Política de Recursos Hídricos, que destaque las prioridades en el uso de las aguas, bajo el contexto de la presente crisis hídrica.

Esas prioridades estarían dadas en el siguiente orden: primero, la creación de nuevos embalses para consumo humano, luego el riego agrícola, el uso industrial y finalmente la generación eléctrica. 577. En cuanto a las áreas inundadas, estas deberán ser objeto de sustitución de la cubierta vegetal y carbono neutrales, siendo más expedita la expropiación de estos terrenos. Para eso se perfeccionará la legislación pertinente. Finalmente, a modo complementario, se mejorarán aspectos de gestión de las incertezas sobre suministros, acumulación de derechos no consuntivos, conflictos ambientales y costos de transacción. 152

578. Los permisos y estudios de impacto ambiental requeridos en proyectos de inversión productiva que contemplen el almacenamiento o demanda de agua deberán simplificarse y unificarse. Asimismo, se buscará fortalecer la educación y el uso responsable en recursos hídricos y tecnologías subyacentes, tanto a niveles comunitarios, profesionales, como académicos. Una formación que, inclusive, servirá para encontrar actividades u oportunidades de mejor uso del agua, como los proyectos financiados por fondos concursables, otorgados por la Comisión Nacional de Riego (CNR). Finalmente, se espera aumentar la investigación y desarrollo tecnológico en materias relativas a la predicción y gestión del agua. Esto, en un plazo de 10 años. 579. Fortalecer la Empresa Familiar Rural: Será una prioridad el financiamiento y la mejora tecnológica de las Empresas Familiares Rurales (EFR). El Ministerio de Agricultura, en conjunto con los Ministerios de Economía y Hacienda, crearán las condiciones para dar apoyo técnico y financiero a las necesidades de los agricultores en general, y pequeños en particular. Se evaluarán los actuales programas de INDAP según sus resultados y pondremos énfasis en aquellos exitosos. Asimismo, aumentarán los “Programas de regularización de títulos de propiedad de la tierra”. Esto, con tal de favorecer el acceso de los agricultores a mejores posibilidades de financiamiento. 580. Fomentaremos Alianzas Productivas para incrementar el número de participantes en la agricultura familiar, en los mercados internos de alto valor y también en mercados exportadores. Buscamos tener asesoría técnica proporcionada por la Empresa, financiamiento y precios garantizados desde el inicio de la producción. Esto se canalizará a partir de un Plan de Certificación de competencias para consultores INDAP, lo que garantizará la calidad de asesoría técnica para la agricultura familiar. 581. Todo el Agro con acceso a capacitación: Buscaremos asignar recursos y modernizaremos los Sistemas de Capacitación para los trabajadores rurales en materias productivas diversas. La educación financiera para el agricultor pequeño será uno de los focos de acción principales. Los asistiremos con información técnica que les permita mejorar sus decisiones. El SENCE tendrá programas especiales para este sector y considerará estímulos por asistencia a cursos de capacitación. 582. Servicio financiero para las PYMEs: Según la definición de CORFO, PYME se define como una empresa con ventas entre 2.401 y 25.000 UF anuales, y que emplea entre 6 y 200 trabajadores. Criterio que coincide, en líneas generales, con empresas agrícolas medianas las que producen en predios de 12 a 40 HRB. 583.

Tomando esto en cuenta, iniciaremos la creación de productos financieros para medianos agricultores, a través de Banco del Estado y con la banca comercial, promoviendo créditos a mediano y largo plazo, en $/US$ y UF con tasas competitivas, más años de gracia y plazos adecuados, adaptándose a los ciclos 153

de producción propios del sector. Asimismo, estudiaremos la habilitación regulatoria en SBIF y SVS para que las AFP y Compañías de Seguros puedan participar en compras de letras hipotecarias y/o Mutuos para financiar compras de predios agrícolas, beneficiando a agricultores interesados en adquirir propiedades a largo plazo. 584. Implementaremos sistemas facilitadores de factoring que permitan agilizar procesos de flujo de caja. También se pondrá énfasis en el uso de seguros agrícolas, frente a cambios climáticos y afectación de cultivos frutales, ganado, apícola y forestales. Para eso, incorporaremos nuevos aseguradores, reaseguradoras, y así ampliaremos las coberturas, con tal de poder transferir riesgos asociados a los agricultores medianos. 585. Otro punto a considerar es el Sistema de Trazabilidad Animal, con cambios que tienen aplicaciones adicionales. Uno de ellos sería en la banca. Es decir, no solo serviría dicha información como garantía para créditos ganaderos, sino también para favorecer las exportaciones de ganado e identificar los planteles mejoradores de genética. Sobre ese mismo hecho, consideraremos cambios científicamente inocuos en el uso de promotores de crecimiento y modificaciones en el sistema PABCO, entre otros. En cuanto a la banca, impulsaremos el uso de líneas para recambio de variedades frutícolas, las que dependen de cada agricultor y sus producciones, a fin de mantenerlos en el frente de la innovación varietal. 586. Asociatividad: Aumentaremos el número de los GTT (Grupos de Transferencia Tecnológica), ampliando la cobertura y poniendo las herramientas de capacitación tecnológica. Esto, a fin de generar un apoyo mutuo en los procesos productivos y en la venta de productos. 587. Fomentaremos un nuevo plan para impulsar la creación de cooperativas productivas. Esto, usando la legislación vigente y modificándose en lo que sea pertinente, en particular en el sector ganadero, vitivinícola y frutícola, para que se beneficien de las experiencias exitosas del pasado, adopten criterios gerenciales de eficiencia y cuenten con apoyo estatal para lograr las primeras etapas de fundación y puesta en régimen. 588. En esta misma dirección, se financiará con fondos regionales concursables la creación de Asociaciones de Productores por rubro, para canalizar mejor los intereses e iniciativas de los pequeños y medianos agricultores. Implementaremos tecnologías para tener mejor uso de la conectividad en el agro. Buscaremos las mejores plataformas de comunicación para llegar con información clave, a tiempo y de forma pertinente a los agricultores y agroindustria. 589.

En esa línea, impulsaremos el funcionamiento del Registro Voluntario de Contratos Agrícolas No 20.797 para acceder a mercados de mayor valor, mejor financiamiento, usar mercados futuros y reducir el riesgo comercial. 154

590. Garantía fiscal y gravámenes regresivos: Reevaluaremos y mejoraremos el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), el que garantiza un porcentaje de los créditos de corto y mediano plazo otorgados a los pequeños y medianos agricultores, que no cuentan con garantías o son insuficientes. Estimularemos nuevas líneas de “Emprendedores en el Agro” a través de Banco del Estado, CORFO, Cajas de Compensación, Compañías de Seguros y otras instituciones que se interesen en levantar fondos para nuevos emprendedores en el Agro, considerando para ello Investigación y Desarrollo (I&D), como también nuevos productos. 591. Del mismo modo, promoveremos el uso de Garantías CORFO por parte de actores no bancarios y proveedores para que financien el uso de tecnologías e innovación en el agro, así como recursos para cumplir con certificaciones de calidad. 592. Realizaremos un examen a la política de gravámenes y tasas hereditarias en el agro. La agricultura de predios medianos (12-40 HRB) en Chile, como en países desarrollados, es usualmente administrada por propietarios en la tercera edad. Y solo dos factores explican la sobrevivencia de estas empresas: el régimen de renta presunta y la tasación fiscal reducida de los predios rústicos, en especial en los de inferior calidad de suelos. Consideramos que estos dos regímenes deben continuar en el tiempo, dentro de márgenes bien definidos, por ser un importante factor de dinamismo del sector. Últimamente, el SII ha desconocido la tasación fiscal predial para cursar la Posesión Efectiva al fallecer el empresario. Esto obliga a los herederos a aceptar un valor más alto, generando impuesto de herencia, que usualmente ellos no están en condiciones de cancelar y les obliga a vender el bien raíz. 593. El Sector Forestal es un todo integrado: Mejoraremos la organización del sector forestal y sus instituciones, en línea con el rol social, ambiental y económico del Bosque Nativo y las Plantaciones Forestales. Esto otorgará el valor que merece a los bosques nativos y plantados existentes en Chile. 594. Lideraremos la discusión política sobre la nueva institucionalidad que necesitamos, particularmente en una CONAF pública, y los ajustes en los instrumentos de fomento que se deben implementar para lograr un mejor desarrollo de todos los actores relevantes. El BN será el pilar básico y estratégico para la mitigación y adaptación del cambio climático, enfocado hacia la captura de gases efecto invernadero, la producción sostenible y la prevención de desastres naturales. 595.

Fortalecer nuestros Bosques Nativos: Las necesidades y compromisos del Estado de Chile en materias ambientales, requiere incrementar la superficie de bosques con plena capacidad productiva. Apoyamos la proposición de diversas entidades privadas de que es posible incorporar 4 millones de hectáreas mediante manejo 155

diversificado de la producción, en un lapso de tres décadas, duplicando nuestro PIB forestal. 596. Enfocaremos el Bosque Nativo desde la perspectiva económica social y ambiental. Se revisará la ley 20.238 del Bosque Nativo y sus reglamentos a modo de poner fin a la “crisis de los planes de manejo” que esta legislación ha causado, hecho denunciado por la Alianza. 597. En coordinación con el Ministerio de Energía, proponemos un plan de reemplazo progresivo de la leña por pellets, gas y electricidad, como principales fuentes térmicas en los hogares del sector rural centro y sur, en un lapso de una década, para disminuir la presión sobre el Bosque Nativo. 598. Para este efecto, también se dispondrá dentro de los planes sociales mejoras en la aislación térmica de los hogares campesinos. Esto como componente estándar del subsidio habitacional. 599. Habrá un compromiso del sector forestal con el desarrollo ambiental de Chile. Se buscará mitigar el Cambio Climático y se aplicarán acuerdos internacionales, — tales como el Programa de Reducción de Emisiones del Fondo del Carbono, aprobado en Washington—, en materia de reducción de emisiones: siendo algunas de ellas ligadas al uso de la tierra, para lo cual Chile se comprometió a eliminar al año 2030. El esquema de pagos se basará en resultados medidos en reducción y/o captura de toneladas de carbono en el ámbito forestal, para lo cual el Bosque Nativo presenta un gran potencial, tanto en el suelo como en la cubierta vegetal. 600. Prevenir y disminuir los daños causados por Incendios Forestales: Proponemos tramitar la Ley de Prevención y Control de Incendios Forestales. Continuar con el Plan de Reforestación para las hectáreas afectadas por los incendios del año 2017 (270 mil hás. de plantaciones forestales y 30 mil hás. de bosque nativo, fueron afectadas por estos incendios). De esta cifra, se estima que el 50% corresponde a medianos y pequeños propietarios forestales. 601. Como medida complementaria, se prohibirá la quema de rastrojos agrícolas en un plan a cinco años, para prevenir tanto el deterioro de suelo agrícola, como disminuir los riesgos secundarios de los incendios forestales, los que de acuerdo a CONAF representan el 10% de los siniestros. 602. El Estado Apoya y Fomenta: Creemos en la optimización del uso de los suelos forestales, modificando la ley para permitir la desafectación de suelos beneficiados por el DL 701. A más de 40 años del inicio de la ley, parte de estos suelos han logrado su recuperación, lo cual permitiría su reconversión a uso agrícola. 603.

Desarrollar la asociatividad y comercialización: Cerca del 50% de las plantaciones se encuentran en manos de pequeños y medianos propietarios cuyas superficies 156

no tienen una escala que permita financiar una faena de cosecha, lo que los pone en una condición de desventaja al momento de comercializar sus bosques. Otro tanto sucede en la industria maderera, donde existe un gran número de pequeños aserraderos que carecen de los recursos y tecnología necesarios para enfrentar la competencia en el mercado de la madera en buena forma. 604. Desarrollaremos un programa de apoyo CORFO para los propietarios de predios forestales y las Pymes madereras, cuyo objetivo será la asociatividad y colaboración. Lo que les permitirá enfrentar de mejor manera el establecimiento y manejo de sus plantaciones o los procesos industriales. 605. Se buscará modificar la ley de rentas del sector forestal, para que las patentes municipales de esas empresas se paguen en las comunas en donde están los activos, en proporción a su valor y no donde operan las casas matrices. En el caso de las empresas forestales grandes y medianas, pagarán donde tienen sus bosques nativos, sus plantaciones y sus plantas procesadoras. Corresponde a una demanda muy sentida en las regiones y beneficiará a los habitantes rurales entre las regiones del Maule y Aysén. 606. Convertiremos a Chile en la potencia agroalimentaria del hemisferio sur en relación a su superficie agroforestal. Esto, gracias al esfuerzo mancomunado de sus agencias fiscales en colaboración con los productores. Las exportaciones silvoagropecuarias se caracterizarán por su calidad, predictibilidad, inocuidad y balance carbono positivo. Los productores se beneficiarán de un sistema de garantía de equidad frente a los productos importados en lo referido a subsidios, calidad certificada y trazabilidad. 607. Un Aparato Estatal al servicio exportador: Apoyo real y efectivo a exportadores de alimentos y maderas. Agregados Agrícolas al servicio de los agricultores y empresas de alimentos. Es necesario potenciar a los Agregados Agrícolas, mejorando su gestión y dotándolos de recursos, con tal de que puedan actuar con eficacia. 608. También se establecerá un mejor mecanismo de control sobre ellos y una estrecha coordinación formal con los Agregados Comerciales, y con ProChile. Esto beneficiará a los exportadores que buscan llegar con sus productos a los principales mercados, que es donde tenemos Agregados Agrícolas. 609. SAG, DIRECON, PROCHILE, ODEPA, CORFO Y MINSAL al servicio de los exportadores de alimentos y maderas. Los agregados agrícolas cumplirán una función de “antena o vigilancia tecnológica” observando y trayendo al país en tiempo real los avances que ocurren en el ámbito de los alimentos.

Este será el buzón por el cual deben entrar las solicitudes de revisión, corrección, mejoras o eliminación de normativas por parte de los privados (gremios o particulares). 610. Generar conversaciones entre los servicios públicos relacionados a temas alimentarios (SAG – MINSAL) para revisar los puntos a modernizar, coordinar y 157

compartir responsabilidades de fiscalización. Será deseable una adecuación fiscalizadora internacional, que genere las condiciones de intercambio comercial que hagan efectiva la reciprocidad, a fin de homologar las normas imperantes en Chile con aquellos países con tratados de libre comercio, hecho que no siempre ocurre. Esto es evidente en los sistemas de trazabilidad local; nuestros socios comerciales no cumplen y las autoridades chilenas no asumen. 611. Finalmente, se promoverán programas de investigación y desarrollo con universidades y centros académicos que se traduzcan en patentes en áreas como tecnología agropecuaria, razas, semillas, mejora de procesos, recuperación de suelos, uso alternativo de desechos, etc. 612. Continuidad, Diversidad Productiva y Muchos Exportadores: Los alimentos serán exportados todo el año, sin paros en puertos. Lo que se hará factible con una Ley larga de Puertos, indicando al sector alimentos como rubro sensible. Este tema está pendiente y existe inquietud por el rol crítico que juegan los alimentos perecibles y frecuentes “paros” en temporadas de exportaciones. Ante tal panorama, se asignarán tres importantes tareas al SAG: (i) Los agroquímicos y semillas de calidad a tiempo para uso de los agricultores. La idea es rediseñar el mecanismo de ingreso de variedades, de homologación de pesticidas, productos veterinarios y vacunas, obligando a dar tiempos breves de respuesta y corregir el exceso de exigencias que hoy tiene el SAG. (ii) Sanidad y control externo/interno en viñas para mejorar competitividad internacional. Primero, será combatir y eliminar (en el largo plazo) el virus de la clorosis del enrollamiento, la que envejece prematuramente las vides; segundo, realizar un control efectivo sobre la pureza varietal de los vinos exportados y promover una ética productiva empresarial; tercero, establecer una tasa compartida por el fisco y los exportadores por caja de vino exportada, para financiar investigación, publicidad y seguros nacionales ligados a contratos internacionales. (iii) Mejor monitoreo de plagas amenazantes de alto riesgo, controlando el mayor tráfico de personas que ingresan a Chile. Diseñar sistemas para enfrentar plagas amenazantes de alto riesgo. A pesar del mayor tráfico de personas que viajan hacia Chile, no existen presupuestos para monitoreo de plagas y enfermedades con presencia en países limítrofes. 613. Más productos y más empresas exportando al mundo alimentos y maderas: Reforzar al SAG y a Direcon en el Programa “diplomacia sanitaria”, destinado a acelerar las autorizaciones sanitarias de productos agrícolas y aumentar el número de mercados que reciben nuestros alimentos.

Se mejorará la relación e interacción entre Direcon, ProChile, SAG, Odepa, Corfo y sector privado. Además, se impulsará la asociatividad de medianos productores con el fin de estimular exportaciones de productos locales, bajo una identidad geográfica definida por el INAPI. Implementar cabalmente la plataforma de Exportaciones SICEX, ya que la certificación electrónica del SAG no ha estado operando, ocasionando demoras y dificultades en destino. 158

614. Los medianos y pequeños agricultores podrán exportar directamente sus productos: Se impulsará la exportación de productos de nicho, con especial fomento a la agricultura orgánica. Los organismos públicos involucrados en el proceso de producción (INDAP) y de exportación (SAG, Direcon y ProChile), se coordinarán de manera efectiva para trabajar en las iniciativas de este grupo. Asimismo, el plan es reforzar programas de Imagen País como bien público, sobre todo en los mercados de destino. Las preferencias arancelarias ya no son suficientes. El Estado debe facilitar tareas y cumplir el rol articulador. 615. Se estudiará en profundidad, y con miras a conseguir resultados en el corto plazo, transferir la Subsecretaría de Pesca al Ministerio de Agricultura. La cual, por razones ajenas a la especialidad productiva del sector pesquero y a las realidades de la ecología marina, en 1974, se creó dependiendo de un ministerio con el cual tiene poco en común. 159

Atrévete a Mejorar tu Barrio y Comunidad Es necesario un equilibrio de largo plazo en nuestras urbes, donde se genere una distribución equitativa de los recursos, con oportunidades de trabajo y calidad de vida en todas las regiones del país, impulsando el desarrollo sustentable de ciudades intermedias en cada una de las regiones, permitiéndonos proyectar nuestras urbes. Para ello, el presente documento incorpora impulsar el desarrollo de ciudades intermedias sustentables y resilientes, capaces de brindar a sus habitantes las oportunidades laborales, económicas y educacionales que se esperan de las urbes modernas, con medio ambientes sanos, que ofrezcan una buena calidad de vida para sus habitantes y resguarden el suelo agrícola y los recursos naturales. Nuestras ciudades deben ser variadas, representando las particularidades climáticas, geográficas y la forma de vida y costumbres de sus habitantes. Es necesario aprovechar las ventajas competitivas de cada una, resguardando sus recursos naturales y productivos, facilitando y potenciando su desarrollo. Asimismo, ante la afectación recurrente por desastres naturales, se hace perentorio potenciar los proyectos de mejoras y distribución equitativa de áreas verdes, infraestructura y edificaciones resilientes, que valoren, protejan y funcionen en armonía con los ecosistemas existentes. Nuestra proposición a continuación se cimienta en los siguientes ejes: (i) la mejora de los programas de vivienda social, de clase media y de integración urbana, los que incluirán habilitación de terrenos fiscales céntricos, hoy sin uso, licitando estos para la construcción de proyectos de uso mixto. (ii) El impulso de la diversificación y el aumento del programa de subsidio al arriendo, con una amplia a la oferta, convirtiéndolo en una opción moderna y competitiva, tanto en el ámbito estatal como a través de la oferta privada, conjuntamente creando y fomentando los programas de ahorro conducentes a la obtención de la vivienda propia. Finalmente, (iii) un subsidio al mejoramiento y adaptación de las viviendas de personas mayores, manteniendo su integración con su entorno, preservando la identidad en una comunidad con un entorno reconocible y en un contexto social intergeneracional. Es en las ciudades donde se evidencia el cumplimiento o incumplimiento de los valores que nos rigen como sociedad. Las ciudades manifiestan esos valores en sus realidades sociales, medioambientales, económicas y en la calidad de vida de la población del país. Los ciudadanos tienen derecho a vivir en entornos que ofrezcan una buena calidad de vida. Hablar de la ciudad constituye un compromiso político tangible que no debemos eludir. Buscamos fomentar el desarrollo sustentable y resiliente de los centros urbanos con el impulso al desarrollo de las ciudades intermedias.

Que nuestras urbes alcancen un equilibrio y transición gradual entre las áreas metropolitanas, ciudades intermedias, urbes pequeñas y pueblos, fomentando la descentralización efectiva del país, a través de la mejora de las ciudades, la distribución equitativa de los recursos y oportunidades y mejorando con ello el entorno urbano como la calidad de vida de sus habitantes. 161

Reconocemos en el suelo agrícola un valor intransable, por tanto y en virtud de conservar y mantener este preciado bien es que proponemos una adecuada planificación del suelo urbano, con el fin de no atentar contra un recurso que nos garantiza la subsistencia. Todo lo anterior requiere la implementación y mejora de programas tanto de integración urbana y habitacionales innovadores que permitan revertir el déficit habitacional. Proponemos mejoras para lograr la accesibilidad universal para todos los habitantes, tanto en nuestras ciudades como de los edificios y viviendas, en conjunto con mejoras normativas que aseguren la puesta en valor del patrimonio urbano y rural de pequeñas localidades para evitar el éxodo urbano y la extensión de las urbes. Todas las propuestas tienen como base fundamental lo siguiente: Sustentabilidad y Medioambiente: Todo proyecto urbano, sean estos en pueblos, ciudades intermedias o áreas metropolitanas debe distinguirse por su cuidado del medioambiente y el uso y promoción de tecnologías y recursos limpios, en suma, un desarrollo sostenible que asegure la continuidad de la calidad de vida futura. Calidad de Vida: Definiremos soluciones óptimas de desarrollo, ordenamiento, transporte y mejoras de estética urbanística para todas nuestras ciudades cabeceras de región. Impulsaremos el desarrollo de las ciudades que hagan realidad el objetivo de un medioambiente saludable, servicios cercanos, transporte digno, accesibilidad universal, áreas verdes y de esparcimiento adecuado, viviendas y barrios integrados a las tramas urbanas. Concretamente, algunas propuestas en esta área: 616. Impulso al desarrollo de ciudades intermedias: A través del impulso al desarrollo de las ciudades intermedias buscamos generar oportunidades a lo largo del país, fortaleciendo y consolidando los beneficios y atractivos particulares de las ciudades intermedias en equidad de condiciones, ofreciendo un desarrollo urbano sustentable en lo económico, social y medioambiental y optimizando así la calidad de vida para sus habitantes. 617. Planos reguladores revisados periódicamente y actualizados que sistematicen y puedan concertar los objetivos de los distintos ministerios (transporte, comunicación, energía), con las políticas de desarrollo urbano y que promueven condiciones de densificación para regular la expansión y que atiendan a la diversidad, identidad y necesidades locales. 618. Para la Región Metropolitana, proponemos revisar el PRMS 100 y ajustar sus exigencias a las reales posibilidades, con el objeto de que permita el uso de estos terrenos, tan necesarios para el desarrollo de la ciudad, sometida a una excesiva escasez de terrenos y altos precios. 619.

Provisión de infraestructura de transporte que promueva la independencia de esas ciudades intermedias y su comunicación directa con el resto del mundo, para lo cual se requiere inversión en aeropuertos, puertos, transporte urbano e 162

interurbano que cumpla con los estándares internacionales de las ciudades intermedias. 620. Provisión equitativa y pertinente de bienes, de servicios e infraestructura pública de primera clase, tales como universidades e institutos técnicos avanzados, transporte, hospitales y colegios emblemáticos, vivienda de calidad, comunicación, cultura y esparcimiento, centros y parques urbanos que compitan en atributos e identidad local con aquellos de la región metropolitana. 621. Mejoras para impulsar las ciudades intermedias en cada una de las regiones fomentando también el desarrollo sustentable, para que puedan brindar a sus habitantes las oportunidades de ciudades modernas, con medioambientes sanos y buena calidad de vida, permitiéndonos proyectar nuestras urbes en el siglo XXI. 622. Impulso al desarrollo de ciudades resilientes a los desastres naturales: En preparación para enfrentar los desastres naturales, se busca promover respuestas locales a la situación que afecten a las ciudades y sus alrededores, a través de la permanente evaluación y actualización de la información respecto con la vulnerabilidad de la infraestructura local y trabajo con autoridades locales, comunidades, empresas, universidades y centros de estudio, en virtud de generar respuestas innovadoras y atingentes a la situación local. 623. Potenciar los proyectos de infraestructura, edificaciones resilientes y áreas verdes, que valoren, protejan y funcionen en armonía con los ecosistemas existentes. 624. Desarrollar una planificación urbana y regional integrada, capaz de comunicarse fluidamente con otros ministerios y departamentos gubernamentales, diseñando estrategias y actuando en unísono cuando la situación así lo requiera. 625. Generar lineamientos que guíen las decisiones y que tengan la capacidad de, con una mirada país, gestionar y distribuir los recursos de forma equitativa y de acuerdo con las políticas que impulsan el desarrollo resiliente de las ciudades. 626. Impulsar centros de investigación que generen conocimiento sobre los desafíos naturales locales y con ello promuevan el emprendimiento y la identidad del lugar, agregando además el valor de un conocimiento único y particular que sirva de incentivo para colaboraciones nacionales e internacionales. 627. Investigar y mejorar los lineamientos constructivos y urbanos para que estos den mejor respuesta a los desafíos específicos del lugar. 628. Todo proyecto ciudad, sea este en pueblos, ciudades intermedias o áreas metropolitanas debe distinguirse por su cuidado del medioambiente y el uso de tecnologías y recursos limpios, en suma, un desarrollo sostenible que asegure la continuidad de la calidad de vida futura. 163

629. Mejoras a los barrios, sus áreas verdes y recreacionales para que promuevan la integración urbana: 630. Como medida para la integración urbana impulsaremos la consolidación de los barrios en comunas postergadas, donde estos se integren a la trama urbana de la ciudad a la vez que conformen sus propios centros, con los servicios correspondientes, transporte de calidad, áreas verdes y espacios de recreación. 631. Inclusión en los presupuestos del costo de mantención y reparación de las áreas verdes e infraestructura. 632. Impulso a la creación de infraestructura verde que contemple el aumento de parques, plazas y espacios con infraestructura para la recreación (canchas deportivas, piscinas, skate parks) permitiendo elevar en el corto plazo los índices de acceso a áreas verdes de los sectores más desprovistos. 633. Mejoras a la vivienda social y de clase media: La vivienda social y de la clase media se adaptarán a las necesidades crecientes de confort ambiental y social de la era postindustrial, insertas en una nueva realidad urbana, dotadas de accesibilidad logística, seguridad, con infraestructura de recreación y esparcimiento, en un entorno limpio, que promueva la salud de sus habitantes, digno e integrado a la trama urbana. 634. Impulso a la mejora de los programas de vivienda social e integración urbana (subsidios DS-49, DS-01 y DS-19, actualmente DS-16): La vivienda debe estar integrada a la ciudad en su totalidad, promoviendo la libertad de elección de acuerdo con las preferencias del ciudadano en cuanto a tipologías de servicios, trabajo y relaciones familiares y sociales, evitando de esta forma la formación de guetos, estigma y discriminación 635. Los subsidios deben entregarse a los beneficiados y no a la oferta, con montos superiores a los que más lo necesitan, permitiendo así una integración silenciosa y no discriminatoria de los sectores vulnerables, emergentes y medios con acceso a los mismos barrios gracias a los subsidios diferenciados. 636. Para conseguir la eficiencia de los procesos de inversión es fundamental tanto la libertad de elección como la libertad para proponer proyectos de inversión que promuevan la creatividad de arquitectos e ingenieros para ofrecer las mejores soluciones de vivienda y barrios a sectores vulnerables, emergentes y medios, en un marco regulatorio más competitivo, en beneficio de toda la población. 637. Nuevos lineamientos de diseño arquitectónico y urbano, junto a modificaciones a la gestión de la adjudicación del subsidio a la vivienda social, para que esta se integre en su totalidad al conjunto residencial, no permitiendo que exista diferencia alguna que pueda generar discriminación hacia sus ocupantes. 164

638. Nuevos lineamientos de diseño arquitectónico que incorporen el diseño y mantención de áreas verdes comunes, azoteas verdes en los edificios y espacios abiertos privados, tales como balcones o patios y zaguanes, en concordancia con las condiciones ambientales de cada lugar. 639. La gestión de los subsidios y asignación de la vivienda social debe ser tratada con la confidencialidad y probidad al que todo ciudadano tiene derecho. 640. Generación de programa estatal de subsidio al arriendo: Impulsaremos un nuevo programa para la provisión de departamentos y viviendas sociales de arriendo subsidiado que elevará la oferta de arriendo. Para esto se impulsará el desarrollo de un programa moderno y competitivo, de propiedad del estado, administrado a través de concesionarias y por lo tanto sujeto a la competitividad de su gestión. Además, se dará mayor impulso a un programa similar en el sector privado el que ya existe, pero que no ha tenido mayor éxito. 641. Un programa de subsidio elástico al arriendo. Dependiendo del ingreso de los arrendatarios, estos deberán contribuir con un mínimo de 20% y hasta un 100% del valor comercial del arriendo si sus ingresos así lo permiten. 642. Programa de incentivo al ahorro a través de un programa que retribuya al arrendatario por el buen cuidado del inmueble y su entorno, por mantenerse al día en el pago del arriendo y/o costos asociados. La retribución se realizará a través de la devolución de un porcentaje del arriendo pagado en un periodo determinado de años, utilizable hacia la compra de una vivienda propia. 643. Fortalecimiento de una Ley de arriendo sólida que proteja equilibradamente tanto al arrendador como al arrendatario, de modo que existan inversionistas de todo tipo, especialmente institucionales, que inviertan en inmuebles para el arriendo sin que la cobranza sea una dificultad. 644. Habilitación de terrenos fiscales céntricos, hoy sin uso, licitando estos a empresas para la construcción de proyectos habitacionales que incluyen departamentos o viviendas estatales destinadas al arriendo subsidiado. Proveyendo de esta forma con opciones habitacionales en sectores urbanos ya consolidados, bien servidos e integrados, a la vez activando los centros urbanos y la economía a través de la generación de empleos. 645. Implementación de accesibilidad universal. 646. Cambios y cumplimiento normativos y de lineamientos de diseño que aseguren que nuestras permiten su uso a los residentes a lo largo de todo el ciclo de la vida, como un derecho que contribuya a su inclusión y goce de todo lo que ella ofrece. Para ello deben ser accesibles, permitiendo la circulación, el uso de espacios y edificios públicos y privados sin necesidad de asistencia y de manera autónoma. 165

647. Cambios normativos y de lineamientos de diseño que aseguren la accesibilidad a los edificios y espacios públicos y permitan su uso por todos los ciudadanos de nuestro país, habilitando el acceso de manera segura y fluida, eliminando barreras y garantizando su uso. 648. Generación de un Programa de Subsidio para la aplicación de condiciones de accesibilidad universal en edificios y espacios públicos y fortalecer la fiscalización en cuanto al cumplimiento de la normativa respectiva. 649. Generación de un subsidio al mejoramiento y adaptación de las viviendas de personas mayores, con el objetivo de mantener su integración con su entorno, preservando su identidad en una comunidad con un entorno reconocible y en un contexto social intergeneracional. 650. Generación de un Programa de Mejoramiento y adaptación de Viviendas de Personas Mayores, “Envejecer en Casa”. 651. Generación y fomento de un programa de Co-Housing en viviendas de personas mayores. La incorporación de un estudiante universitario que requiera vivienda en un hogar de persona mayor a cambio de asistencia en trabajos específicos como aseo, preparación de alimentos y/o compras, fomentando el envejecimiento en el lugar, la intergeneracionalidad, la alianza con la educación superior, el apoyo mutuo, el mejoramiento de la calidad de vida y evitar el desarraigo. 652. Políticas y fondos de financiamiento: Definir programas y fondos concursables para obtención de financiamiento para: (i) Detección y Puesta en valor, (ii) Conservación, (iii) Reparación, (iv) Intervención y (v) Renovación urbana en áreas protegidas 653. Reconocer el papel subsidiario del Estado en la protección patrimonial como un ente Subsidiario y Promotor de la Conservación y puesta en valor. 654. Programa para la conservación y activación de los centros urbanos (históricos, fundacionales) de las ciudades intermedias de Chile. 655. Definir áreas patrimoniales de conservación y no congelamiento, asociada a cambio de normativa inmediata. La normativa debe promover vivienda por sobre el uso habitacional consignados en los instrumentos reguladores, servicios y usos no degradantes, evitar además la expulsión de los habitantes originales. 656. Apoyo del Estado con fondos concursables, subsidios o similar, mas no hacerse propietario de cada inmueble patrimonial. Explorar sistemas de aportes a cambio de usos públicos de inmuebles privados (similar a estadios o clubes vs. Contribuciones) 166

657. Revisar Ley de donaciones para favorecer la recuperación de edificios o entornos patrimoniales. 658. Permitir que los fondos patrimoniales no solo sean utilizados en inmuebles, sino espacios públicos. Convenios con municipalidades. 659. Generar Ley de aportes al espacio público vinculado con el Programa de Mejoramiento de Barrios y con énfasis (o posibilidad de acción) en áreas patrimoniales. Que no solo se inviertan estos recursos en vialidad y/o áreas afectas por las obras inmobiliarias. 660. Definir áreas verdes patrimoniales, detectar, declarar y proteger. Explorar Carta de Florencia sobre Jardines Históricos (1982) sobre protección de áreas verdes, considerar parques urbanos, parques privados, arboledas. 661. Identificar y colaborar con SERNATUR en impulsar las Rutas culturales, no solo como patrimonio inmaterial, sino arquitectónico. 662. Gestión en Bienes Nacionales para identificar inmuebles patrimoniales, con el fin de dar uso a través de instituciones. 663. Penalización de la destrucción de áreas verdes públicas. 664. Fomentar la organización paisajística y por barrio de las ciudades. 665. Mejorar, aumentar y mantener áreas verdes y parques recreacionales en ciudades. 666. Aumentar los m2 de áreas verdes y de esparcimiento obligatorios por m2 construido en nuevos proyectos. 667. Incentivar el electrificado subterráneo para nuevos proyectos urbanos. 668. Integración en Vivienda. Garantizar acceso universal a vivienda para grupos excluidos: Personas en Situación de Calle, Migrantes en situación irregular y grupos estancados. Localización y recuperación: Allegados, Campamentos, Microcampamentos y Personas Inhábiles, entre otros. 669. Fin a los Campamentos. La inmigración ilegal desatada y el enorme impacto de la pandemia han provocado un aumento enorme en los campamentos a lo largo de todo Chile. De la misma forma, la pobreza extrema ha aumentado considerablemente. Es urgente que este objetivo no quede desplazado de la agenda pública y como Gobierno nos comprometemos a ponerlo como una urgencia fundamental. 670. Construcción de Parques Urbanos. Designar un comité multidisciplinario que aborde la necesidad de identificar áreas críticas donde se puedan desarrollar 167

proyectos de parques urbanos que permitan mejorar la calidad de vida de las ciudades, especialmente las más contaminadas. 671. Mejorar el porcentaje de superficie de parques urbanos por persona en las comunas más pobres. Se utilizarán mecanismos de compensación de proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y se actualizará y terminará la tramitación del proyecto de ley que uniforma los distintos regímenes de incentivos a las donaciones, incluyendo la temática ambiental y de calidad de vida. 672. Renovación Urbana. Vivir en una ciudad limpia debe ser una realidad para todos los chilenos, independiente de su condición social. Fomentaremos la limpieza de las ciudades y la renovación de fachadas, el retiro de escombros y basuras, la generación de parques y zonas de juegos para niños en todas las comunas del país. 673. Mayores sanciones a grafiteros y daños a la propiedad pública. Hay zonas del país que parecen tomadas por bandas de grafiteros o que sufren, de cuando en cuando, la violencia y la destrucción de pandillas o de manifestantes. Incrementaremos las penas y la fiscalización de la comisión de estos delitos para prevenir la ocurrencia de estos hechos. Además, haremos responsables a los padres de los menores que cometen estos actos vandálicos para que contribuyan también a terminar con estos hechos. 674. Elevaremos el estándar de los nuevos Barrios Sociales. Lo público no puede ser sinónimo de baja calidad o hacinamiento. Haremos un esfuerzo y convocaremos a expertos y a la sociedad civil a que nos ayude a desarrollar barrios dignos para las personas y sus familias, que incluyan áreas verdes, espacios mínimos y que sean accesibles. 168

Atrévete a Proteger a las Familias La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, constituyéndose en el lugar privilegiado para el refuerzo y promoción del sentido trascendente y la formación de la persona en valores y virtudes que contribuyan a la buena convivencia en sociedad. De aquello se desprende que nadie está en mejor posición para velar por el interés de los hijos que sus padres, quienes tienen la responsabilidad ineludible de cuidarlos, nutrirlos y educarlos. Lo anterior incluye la elección de valores y la educación cívica, religiosa y sexual implícitos en el proyecto educativo que elijan libremente para sus retoños. El Estado, por su parte, debe hacer todo a su alcance para proteger y fortalecer la familia, apoyando a los padres en su responsabilidad de cuidado, protección y educación de sus hijos. Sobre este particular, todos los progenitores y tutores que lo requieran contarán con un subsidio para acceder a la institución de educación de su preferencia. Asimismo, las diferentes reparticiones gubernamentales deben tener una mirada de familia incorporada en el diseño e implementación de todas sus políticas públicas. Proponemos una mirada similar respecto a la política hacia la mujer. Por supuesto, aquello implica el término del Ministerio de la Mujer para ser transformado en representaciones horizontales internas de cada ministerio. Así las cosas, por ejemplo, toda política de vivienda debe contener consideraciones para la familia, la mujer y la infancia en su desarrollo y ejecución. La protección de la maternidad y la infancia constituye un deber fundamental de la sociedad en su conjunto, siendo el Estado de Chile, en tanto articulador de las decisiones vinculantes, el encargado de crear condiciones materiales y culturales para la promoción del cuidado y bienestar de madres, infantes y adolescentes. Los derechos básicos de la infancia comprenden, primordialmente, aunque no de manera exclusiva, derecho a la vida, nombre y nacionalidad, cuidado de la plena integridad física y psíquica (excluyendo, por ende, todo tipo de violencia física, económica, psicológica y sexual), acceso a la salud, seguridad social, educación y cultura, alimentación equilibrada, refugio pertinente, convivencia familiar y comunitaria y derecho a la recreación y la libre expresión. Evidentemente, el Estado no debe reconocer diferencia alguna entre niños nacidos dentro o fuera del matrimonio o acuerdo de unión civil. El apoyo y asistencia estatal debe incluir a las madres solteras para facilitar la crianza y educación de sus hijos, asegurando que la maternidad no sea impedimento para su propia educación formal y vida laboral. Cabe destacar que son los menores de edad los sujetos de derecho.

Toda decisión tomada por el Estado respecto a los niños y niñas, especialmente aquellos que están bajo su custodia, debe considerar exclusivamente el bien superior del infante. Lo anterior implica dejar como secundario los intereses del propio Estado o los anhelos que terceros mayores de edad puedan legítimamente sostener. Consecuentemente, como caso particular ejemplificador, afirmamos que no existe el derecho a adoptar: el derecho existente es el del niño a ser adoptado por la pareja que más le convenga, para ser protegido, asistido, formado y llevado a la vida adulta. 170

Finalmente, defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Todos los seres humanos tenemos derechos inalienables que ninguna persona o mayoría pueden quitar. Derogaremos la ley que posibilita el aborto, dictada durante el gobierno de la Expresidente Bachelet. En el intertanto, reivindicamos el derecho de personas naturales y jurídicas a la objeción de conciencia. Algunas propuestas en esta línea: 675. Conciliación del trabajo doméstico con el trabajo en el mercado laboral: Para esto apoyaremos, en los sectores que se pueda, el teletrabajo y la flexibilidad de horarios, facilitando con ello que ambos padres puedan organizar mejor sus tiempos en sus trabajos tanto fuera como dentro de casa. En esta misma línea, daremos un enérgico impulso para avanzar en cobertura nacional de jardines infantiles. 676. Políticas de familia con una mirada sistémica, que reconozca la multidimensionalidad de la familia: Miraremos críticamente las políticas de apoyo a la maternidad y a la familia, revisando tanto el monto de los subsidios involucrados, como la funcionalidad de los instrumentos empleados. También propondremos nuevos apoyos a la familia, como un subsidio que financie el cuidado de los hijos en casa por parte de los abuelos y parientes. 677. Las políticas de familia deben tener foco principal en los niños: Esto significa que todos los niños, sean ellos nacidos dentro del matrimonio como fuera de él, tendrán los mismos beneficios sociales y serán reconocidos en las políticas de familia. Este principio está vigente en Chile en la actualidad, nosotros proponemos mantenerlo y reforzarlo. 678. Asimismo, defenderemos la vida desde la concepción. Derogaremos la ley que posibilita el aborto y reivindicamos el derecho de personas naturales y jurídicas a la objeción de conciencia. 679. Coherente con lo anterior, respaldamos el derecho de los niños de vivir en familia, sea esta la nuclear o, subsidiariamente, una familia adoptiva: La ley que regula la adopción es del año 1999 y se ha demostrado que hace complejo el proceso y alarga innecesariamente los tiempos del trámite de adopción. Revisaremos esta ley, buscando hacerla más ágil en sus tiempos de tramitación, pero siempre teniendo a la vista el beneficio del niño. 680. Gran importancia también adquiere defender la patria potestad de los padres y su deber de escoger el tipo de educación que debe darse a sus hijos: Respetamos la libertad de los padres para elegir la educación escolar de sus hijos dentro un marco aprobado por el Estado en materia de enseñanza, y de transmitir la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Para la libre elección escolar proponemos hacer entrega de recursos a los padres, a través de la “Tarjeta Social” descrita en el documento de Plan Económico, que 171

les proporcione más y mejores alternativas de proyectos educativos para sus hijos. 681. El Estado debe organizar sus políticas públicas siempre en torno a la familia: La familia es el “núcleo fundamental de la sociedad” y cada programa a su favor, va en beneficio de la sociedad como un todo. Estimamos que un Ministerio de la Familia y Desarrollo Social, que incorpore distintos Servicios, será una entidad más integrada, efectiva y eficiente para los fines propuestos. El acceso de las personas a todos los programas y beneficios de incentivo a la natalidad, matrimonio, etc. será mucho más expedito. 682. Ofrecer incentivos económicos a las parejas casadas: Proponemos subsidiar los planes de salud para la pareja casada, de manera que sean más baratos que los planes individuales. En la misma línea, revisaremos la Ley de la Renta de manera que las parejas casadas que hagan declaraciones conjuntas tengan una reducción tributaria, respecto de la declaración individual. Similarmente, revisaremos la legislación de herencia, favoreciendo la herencia que recibe el cónyuge sobreviviente casado legalmente. 683. Favoreceremos cursos de preparación al matrimonio: La experiencia internacional de cursos prematrimoniales realizados por terapeutas y psicólogos ha sido positiva. 684. Mejorar la detección e identificación de problemas de SMP. Durante y después del embarazo. 685. Promover una respuesta adecuada de los servicios/programas actuales, y dar espacio para nuevas soluciones/herramientas. 686. Mejorar el acceso a atención y tratamiento oportuno y eficaz. 687. Trabajar los estigmas asociados a SMP: (i) apoyar a las madres que temen informar problemas de salud mental y (ii) ampliar la apertura de los obstetras y pediatras para involucrar a otros profesionales de ser necesario. 688. Crear conciencia social acerca de la prevalencia de los problemas de SMP y de las oportunidades para acceder a apoyo, que considere distintos medios informativos 689. Importancia de disponibilidad de profesionales acreditados/capacitados en SMP a todo nivel de atención del país. 690. Incorporar en mallas curriculares materias relacionadas a SMP para los profesionales del área. 691. Crear conciencia pública sobre la importancia de un buen desarrollo de la infancia temprana y del rol clave de los padres en esta etapa. 172

692. Fortalecer los canales de comunicación, proveyendo diferentes canales a los padres con el objetivo de que todos puedan acceder oportunamente. Por ejemplo: plataformas tecnológicas (celulares, sms, etc.), trabajo con comunidades locales (iglesias, centros de padres), entre otros. 693. Mejorar los servicios de navegación para los padres: Para que conozcan y utilicen las herramientas de información y los servicios existentes de manera simple, clara y oportuna. 694. Sistema Integral de Cuidado de hijos e hijas en edad pre-escolar para padres y madres trabajadoras, en reemplazo de la sala cuna actual. La madre o el padre recibirá un monto mensual para el cuidado, ya sea en sala cuna, salas de cuidado comunitarias o cuidadoras particulares.15 695. Ampliaremos la cobertura del programa de cuidados de 4 a 7 años a todas las comunas del país, y ampliaremos el acceso para que tanto madres y padres puedan acceder al beneficio. 696. Fomento la participación laboral de la mujer en sectores productivos altamente masculinizados a través de mesas de trabajo con el sector privado e instituciones como el SENCE. 697. Apoyaremos, en conjunto con el Ministerio de Ciencia, la incorporación y el desarrollo de mujeres en carreras científicas (mujeres en STEM) a todo nivel, a través de un trabajo en la educación básica, media y superior. 698. Empoderaremos a las mujeres en el uso de la tecnología, creando un programa de Mujeres en STEM en el Servicio Nacional de la Mujer, que permita a miles de mujeres tener programas de alfabetización digital, acceso y uso de tecnología, programación, entre otros. 699. Implementaremos un programa de capacitación laboral para mujeres privadas de libertad, fomentando el acompañamiento en la reinserción y la sensibilización en las organizaciones del ámbito laboral. 700. Reformularemos la actual legislación de pensiones alimenticias para evitar la violencia económica, donde el Estado tendrá un rol activo en el cobro de esta y se creará un subsidio para familias con hijos pequeños que están en situación de vulnerabilidad. 701. Potenciaremos un programa de acompañamiento para mujeres víctimas de violencia, potenciando las redes familiares, que incluya al menos: escolarización inmediata de hijos/as de mujeres víctimas, acompañamiento en salud mental, 15 Las propuestas entre los números 698 a 707, son tomadas del Programa Presidencial del excandidato Ignacio Briones (2021) 173

acompañamiento legal, licencia médica por casos de violencia de género, residencia de emergencia, entre otros. 702. Implementaremos un plan de participación política Integral de mujeres, que permita un incremento efectivo de la participación de mujeres en cargos de representación política y social. 703. Apoyaremos la formación de redes de mujeres, acciones que permitan la articulación y generación de redes (networking) entre distintas organizaciones y asociaciones que tienen como propósito la equidad de género en la sociedad 174

Atrévete a Construir un Chile más Accesible Existen grupos cuyo nivel de vulnerabilidad requiere de intervenciones focalizadas tendientes a lidiar con sus necesidades específicas y características particulares. Para tales efectos, se entenderá por vulnerabilidad como el «proceso multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencia de situación externas y/o internas». Es decir, la vulnerabilidad surge de la interacción entre condiciones internas y el conjunto de oportunidades que ofrece el entorno. Susodicho conjunto se refiere, primordialmente, al acceso a empleo, protección social y derechos ciudadanos que permitan a los individuos y sus familias alcanzar o mantener niveles adecuados de vida. El Estado, en tanto árbitro final en la asignación de bienes sociales valorados, debe procurar la entrega de herramientas compensatorias a todos aquellas personas y comunidades cuyas especificidades puedan decantar en el menoscabo de la seguridad, autonomía o ejercicio de derechos cívicos. Evidentemente, aquello no implica incentivar el paternalismo acrítico propio del socialismo de Estado, sino, por el contrario, convertirlos en sujetos activos de derecho con capacidad de opinar y decidir tanto en el diseño de medidas de asistencia o compensación como de su eventual ejecución y evaluación. Lo anterior resulta especialmente importante cuando se considera que las personas de grupos vulnerables se encuentran lejos de ser una minoría: alrededor de 2,9 millones de chilenos lidian a diario con la discapacidad, variando desde los casos más leves hasta grados severos. Independiente de la naturaleza de la dificultad personal, la evidencia empírica establece de manera vehemente que ajustar el entorno a las necesidades de las personas en situación de discapacidad permite una total integración social. Similar ocurre con la vejez, grupo que, según el Censo del 2017, alcanza las 2.260.222 personas, equivalente al 16,2% de todos los habitantes del territorio nacional. Si bien el envejecimiento resulta inevitable ante el inexpugnable paso del tiempo, las condiciones de este sí varían enormemente a partir del acceso a servicios de salud, cuidados sociales, acompañamiento e inclusión social. Sin duda, uno de los grupos que requiere mayor protección y asistencia por parte de la comunidad son los niños, niñas y jóvenes.

De manera preferente, el cuidado de estos corresponde a las familias, mas, en tanto seres humanos titulares de sus propios derechos (entiéndase, derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo), el Estado debe garantizar el respeto a la integridad de los menores a través de la creación de condiciones jurídicas, económicas, culturales y sociales necesarias para que padres y tutores cumplan cabalmente con su rol de protectores de la integridad física, emocional, moral y social de los infantes. Asimismo, corresponde al Estado cobijar a todos aquellos niños, niñas y jóvenes carentes de una red de apoyo familiar adecuada, abogando siempre por su cuidado en ambientes que fomenten su salud, respeto y dignidad. Penosamente, el Estado de Chile ha incumplido sistemáticamente con esta última función, transgrediendo de manera 176

flagrante e inaceptable los derechos humanos de miles de niños vulnerables al interior de los recintos administrados y/o asociados al Servicio Nacional de Menores (SENAME). Al respecto, se propone modificar de manera íntegra el sistema de protección de menores, con preeminencia absoluta del interés superior del niño, la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo menor vulnerado. Toda sociedad está compuesta por múltiples individuos de las más diversas cualidades: no es posible que estas se constituyan en origen de discriminación o exclusión arbitraria, siendo deber del Estado fomentar las condiciones de diseño universal y entrega de herramientas y cuidados a los grupos en riesgo social. 704. Educación Inclusiva: En la actualidad Chile mantiene un sistema educativo que diferencia entre educación regular y otra destinada a estudiantes con “Necesidades Educativas Especiales” (NEE). Este último, a su vez, contempla dos alternativas: las Escuelas Especiales, instituciones que atienden exclusivamente a niños con discapacidad sensorial, intelectual, motora, relacionales, comunicativa y trastornos específicos del lenguaje, y los Establecimientos con Programas de Integración Escolar (PIE), para niños con dificultades del aprendizaje o en situación de discapacidad. 705. Una medida inmediata será fortalecer el rol de los Programas de Integración Escolar, aumentando las horas, optimizando los recursos con los que se cuenta y mejorar la fiscalización del uso de los mismos por los sostenedores, sea estos públicos o privados. Dado que los recursos existen, mas, están siendo destinados a otros fines, deben ser encauzados hasta alcanzar tutorías que contemplen casi el 50% de la carga horaria. 706. Respecto a los contenidos propiamente tales, urge modificar las bases curriculares pues los estudiantes en situación de discapacidad se enfrentan a una sobrecarga de contenidos que tiende a marginarlos. Pese a constituir un apoyo efectivo a los niños, siendo valorado positivamente por los padres, en términos prácticos, los alumnos PIE siguen siendo segregados, conformándose en “islas” al interior de los distintos establecimientos. Esto obedece a que la clasificación de las “Necesidades Especiales de Aprendizaje” (NEA), de acuerdo los criterios del Decreto 170, poseen una perspectiva médica, no educativa. Por esto, las NEA son clasificadas como “permanentes” y “transitorias”. Una aproximación educativa, por el contrario, debería diferenciar entre necesidades “comunes” o “individuales”. 707. A su vez, la derogación del Decreto 170 permitirá reponer el apoyo itinerante de especialistas y centros de recursos especializados como estrategia de inclusión para niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad.

El objeto de esta medida es fortalecer el trabajo intersectorial, recuperando la experiencia y conocimiento desarrollados por las organizaciones de la Sociedad Civil que durante largo tiempo han trabajado con esta población. 177

708. Las Escuelas Especiales también deben ser objeto de profundas reformas, particularmente, los programas formativos con miras a una futura inserción laboral. Los actuales talleres laborales no tienden a la especialización ni cuentan con perfiles basados en demandas efectivas del mercado. Los estudiantes, por tanto, egresan a los 26 años sin mayores competencias para ingresar al mundo del trabajo o inclusive para desenvolverse de manera autónoma en la vida cotidiana. 709. Por todo lo anterior, a largo plazo, se debería avanzar hacia un sistema educativo inclusivo que entienda que las necesidades de todos los alumnos son contextuales. Aquello implica, entre otros cambios, una modificación en la formación docente desde el pregrado asociados a los programas de mejora. Para tales efectos, de manera inicial, se construirán colegios inclusivos modelos, a la usanza de los Liceos Bicentenario. 710. A nivel superior, la Ley 20.422 establece que las instituciones educativas deben contar con «mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes carreras». Sin embargo, no se reglamentan mecanismos específicos que aseguren el acceso y participación de aquellos estudiantes en situación de discapacidad, dejándolos a la discrecionalidad de las distintas instituciones. Para cambiar esto, se propone que uno de los requisitos para la obtención de acreditación y financiamiento público sea la existencia de Unidades de Apoyo en Inclusión. Estas unidades, además de aportar con materiales y tecnología, deben asegurar el acompañamiento a lo largo de toda la carrera. 711. Inclusión Laboral: El 29 de mayo del año 2017 se promulgó la Ley 21.015 que “incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral”, estableciendo que todas las instituciones con una dotación anual de 100 o más trabajadores deberán contar con un 1% de funcionarios en situación de discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Ciertamente, la aplicación de la ley ha permitido la generación de más de 20.000 contratos en el sector privado, siendo las cifras del sector público más difusas y poco claras. Esto obedece, al menos en parte, a que las instituciones del sector privado son fiscalizadas y sancionadas si no dan cumplimiento a la normativa, mientras en el sector público no existe fiscalización ni sanción, solo la obligación de informar las contrataciones realizadas en el año. A lo anterior, se suma la ausencia de un enfoque local por parte de la normativa. En los pequeños poblados, es difícil hallar empresas con más de 100 trabajadores.

En otros casos, grandes compañías como las empresas del retail con sucursales a lo largo de todo el país, concentran su cuota de 1% exclusivamente en las grandes ciudades. 712. Para lograr la inclusión laboral, se propone un sistema de incentivos tributarios, vía franquicia, para que las empresas financien adecuaciones arquitectónicas, 178

ayudas técnicas y medidas de apoyo que eventualmente requieren las personas en situación de discapacidad en el trabajo. 713. Institucionalidad: Creada en virtud de la Ley 20.422 del 2010, la institución gubernamental dedicada a promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas en situación de discapacidad es el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS). Cuando cumple una década exacta de funcionamiento, SENADIS exhibe un pobrísimo desempeño, resultados deficientes derivados de su institucionalidad. 714. Se propone reemplazar el actual Servicio por una Subsecretaría de la Discapacidad, organismo encargado de asesorar técnicamente y coordinar a todas las instituciones a las distintas reparticiones estatales a fin de construir políticas públicas tendientes a permitir una inclusión y accesibilidad universal. Evidentemente, aquello implica vincular a los distintos ministerios con instituciones de la sociedad civil y actores privados, siempre en aras de adecuar procesos, servicios e infraestructura a las necesidades de todos los individuos, independiente de sus características físicas, psíquicas y morales. 715. Asimismo, todas las municipalidades deberán contar con una Oficina de Discapacidad. Si bien muchas comunas cuentan con programas de discapacidad o personas encargadas de las ayudas técnicas, estas no se encuentran estandarizadas. Estas Oficinas de Discapacidad deberán contar con estándares de funcionamiento mínimos para todas las comunas, con los consiguientes procesos de selección basados en criterios técnicos y no políticos. De esta manera, los organismos comunales tendrán la doble función de fortalecer el rol de la comunidad y proveer de información a la Subsecretaría de la Discapacidad, fortaleciendo la institucionalidad y política pública nacional desde la perspectiva local. 716. Finalmente, se debe optimizar el sistema de recolección de datos e información sobre personas con discapacidad, modernizando el registro y los sistemas de información. Paralelamente, se fortalecerá el Registro Nacional de Discapacidad (RND), permitiendo realizar diagnósticos precisos de la situación y contexto de personas con discapacidad –edad, sexo, tipo de deficiencia, pertenencia étnica, localización geográfica, entre otras–, determinando los desafíos de las políticas públicas para garantizar el goce efectivo de sus derechos. En el desarrollo de estos procesos se recomienda la consulta con organizaciones de personas con discapacidad. 717. Transporte y Accesibilidad: El 4 de marzo de 2016, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo publica el Decreto N° 50 que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción para efectos de incorporar los criterios de accesibilidad y diseño universal establecidos en la Ley 20.422.

La normativa, entre otras materias, regula las normas y condiciones para que las obras y edificaciones existentes se ajusten a las exigencias de accesibilidad, criterios para 179

las viviendas y estacionamientos de personas con discapacidad y acceso a medios de transporte público, bienes nacionales e instituciones estatales. 718. Velar porque el país sea apto para todos no se reduce a asegurar el desplazamiento, criterio de deambulación que afecta entornos y situaciones, sino también la capacidad de aprehender o alcanzar objetos físicos u obtener información de carácter auditiva (señales de alarma, avisos de megafonía) o visual (señalética, tamaño de textos) por aquellas personas con algún tipo de discapacidad sensorial o cognitiva. La localización implica que las personas deben hallar en todo momento información para encontrar algo o alguien. Finalmente, la comunicación se refiere al proceso de emitir, recibir o intercambiar información a través de los distintos canales disponibles (oral, escrito, visual, auditivo). La nueva regulación, acorde a los estándares internacionales, deberá implementarse en todos los poblados del país, estableciendo el concepto de accesibilidad universal en espacios públicos en un plazo no superior a los 10 años. 719. Para hacer efectiva la accesibilidad universal en el transporte público, se creará un fondo especial del Ministerio de Transporte para financiar modificaciones como rampas y accesorios. 720. Asimismo, se crearán nuevas licitaciones e incentivos para que empresarios del transporte renueven sus máquinas. 721. Sobre el transporte particular, las personas en situación de discapacidad tienen la posibilidad de comprar un vehículo usado en zona franca o importar uno directamente desde el extranjero. El beneficio contempla el pago del 3%, en vez del 6% tradicional del valor del vehículo. Mas, no se informa que a ello se debe agregar el 19% de IVA, además del costo de flete y el uso del puerto, el que es cobrado por kilos. En estricto rigor, el beneficio está hecho de tal manera para que no pueda ser aprovechado por quienes más lo necesitan. Es por esta razón que se debe eliminar el cobro del referido impuesto, así como costos de flete y uso de puerto. 722. Participación Política y acceso a la Justicia: Se crearán Escuelas de Liderazgo para la formación política de personas con discapacidad. Estas tendrán cursos dictados, además de miembros del partido en situación de discapacidad, por profesionales capacitados en teoría y práctica política, así como educadores diferenciales, psicopedagogos y psicólogos. En última instancia, el objetivo es capacitar a los jóvenes para ocupar cargos públicos. 723. Respecto a las fundaciones, dada su dependencia financiera de las donaciones privadas y/o fondos públicos, se deben crear mecanismos que faciliten ambos. Respecto a las donaciones privadas, la actual normativa retribuye con el 50% de los impuestos.

Proponemos aumentar ese porcentaje, sumando beneficios anexos tales como el reconocimiento público. Otro cambio imprescindible es la simplificación de la legislación: en el presente, la donación de un bien mueble difiere de uno inmueble, entorpeciendo la entrega de beneficios concretos. 180

724. Sobre los recursos fiscales, el Estado debería contar con un fondo importante para que las distintas organizaciones de la sociedad civil postulen. Este fondo, a diferencia del actual criterio, debe financiar proyectos operacionales a largo plazo (2, 3 o 4 años), por supuesto, sujeto a fiscalización y severas sanciones para aquellos que incumplan. 725. Además de la participación política, otra esfera en que las personas en situación de discapacidad se ven en evidente desventaja es en el acceso a la justicia. Para enmendar esta grave situación, se requiere adoptar medidas concretas para establecer un modelo de toma de decisiones con apoyo que respete la autonomía, voluntad y preferencias de las personas con discapacidad. A modo de ejemplo, nuestro Código Civil establece el concepto de interdicción, propiciando la representación por parte de un apoderado. No es inusual que algunos familiares, abogados o psiquiatras declaren interdicto a una persona para quitarle su patrimonio. 726. Para evitar tales prácticas, se creará un sistema intermedio entre la interdicción y no interdicción. Aquello implica un sistema de apoyo en la toma de decisiones tales como la existencia permanente de traductor de lengua de señas. 727. SENADIS deberá contar con una unidad de “Defensoría de la Inclusión”, de forma de potenciar sus facultades de coordinación, protección y fiscalización. 728. Ayudas técnicas y compras públicas: El segundo gasto más importante de SENADIS, después de las remuneraciones de sus trabajadores, corresponde al financiamiento de ayudas técnicas a través de distintos programas existentes en la actualidad. Entre las personas con discapacidad, en general, existe disconformidad por las largas esperas para recibir la ayuda técnica y la oferta deficiente que no incorpora nuevas tecnologías y aparatos. Se observa una generalizada mala gestión en el proceso de compras públicas, así como licitaciones viciadas. Se debería considerar un ítem exclusivo para accesorios, pudiendo ser entregados en un tiempo más corto, haciendo innecesario el reemplazo total del equipo. A modo de ejemplo, en las sillas a motor suele fallar solo las baterías y el cargador. Con reemplazar estos bastaría, mas, el incentivo es el reemplazo de la silla en su totalidad, exigiendo nuevas postulaciones con el tiempo de espera que este requiere. 729. Maternidad o paternidad: La maternidad o paternidad por personas con ciertas discapacidades se ven actualmente cuestionadas por la sociedad y, principalmente, por el Estado, a tal punto que ha habido personas, con plenas capacidades para estos efectos, a las cuales se han visto vulnerados en sus derechos.

En este punto creemos que no se debe discriminar, si no que apoyar a estos padres y madres y fortalecer sus capacidades para realizarlo de una manera lo más autónoma posible. 181

730. Propuestas enfocadas en salud y cuidado de Adultos Mayores: A medida que las personas envejecen, sus necesidades de salud se tornan más crónicas y complejas, lo que implica un altísimo riesgo de dependencia e institucionalización, peores resultados a los tratamientos, elevada mortalidad y mayores costos en recursos médicos. Esta aproximación reactiva se refuerza ante un sistema de salud creado para curar enfermedades y/o síntomas agudos, tratando los problemas de salud de manera fragmentada y sin coordinación entre los distintos tipos de prestadores y ámbitos de atención. 731. Debemos avanzar hacia un modelo de salud preventivo que identifique, diagnostique y trate precozmente las afecciones crónicas relacionadas con la edad. Aquello incluye una atención integrada, construida en torno al objetivo común de optimizar las trayectorias de la capacidad funcional, con especial énfasis en desarrollar al máximo la capacidad intrínseca. 732. Servicios médicos centrados en las personas mayores: Avanzar desde un modelo centrado en patologías aisladas hacia uno que aborde la concomitancia de múltiples morbilidades y síndromes geriátricos requiere individualizar los manejos considerando el estado clínico, el nivel de fragilidad, funcionalidad, sobrevida y preferencias de los adultos mayores, sus familias y la comunidad en general. Para lo anterior, crucial resulta la integración entre los distintos niveles de atención y cuidados a largo plazo, para lo que se propone: (i) Todos los adultos mayores contarán con evaluaciones completas independientes de sus planes de salud. (ii) Se crearán servicios cercanos a los domicilios de las personas mayores para efectos de una atención domiciliaria y comunitaria. (iii) Se promoverán servicios de atención con equipos multidisciplinarios. (iv) Asegurar la disponibilidad de los productos médicos, las vacunas y las tecnologías que sean necesarios para optimizar su capacidad. 733. Investigación clínica geriátrica: Un sistema de prestaciones de servicios sanitario abocado a las necesidades de los adultos mayores requiere modificar la información médica y administrativa que los sistemas recogen, la forma en que supervisan el desempeño, los mecanismos de financiamiento y los incentivos que utilizan, la capacitación que ofrecen y los comportamientos que recompensan. Para lo anterior, se sugiere: (i) Promoción de investigación prospectiva para efectos de realizar un diagnóstico adecuado de la situación de salud y tendencia en el tiempo de los adultos mayores. Para tales efectos, se podría crear una cohorte a partir de una muestra representativa de todo el país. (ii) Promover la investigación cualitativa para entender las necesidades y preferencias de las personas mayores y otros actores involucrados en el proceso de atención sanitaria (cuidadores, prestadores de salud, personal administrativo, investigadores y académicos). (iii) 734.

No basta con implementar programas sanitarios dirigidos a adultos mayores, también se requiere una evaluación permanente de su efectividad al interior del sistema. Esta evaluación deberá realizarse a través de un equipo autónomo y externo de especialistas en evaluación de programas de salud que entregue 182

resultados válidos y oportunos a las autoridades y agencias pertinentes. (iv) Debemos capacitar equipos científicos en investigación geriátrica que realicen estudios biomédicos reconociendo las necesidades y particularidades de los adultos mayores. 735. Programa de cuidadoras: La inmensa mayoría de las personas a cargo del cuidado de adultos mayores son mujeres (86%), labor de enorme importancia familiar, mas, poco valorada a nivel social. La sobrecarga y el aislamiento de la cuidadora inciden en una mayor probabilidad de maltrato ante el agotamiento emocional, la despersonalización, frustración y/o sensación de baja realización personal. Lo anterior hace necesaria la creación de un programa de cuidadores para adultos mayores dependientes, otorgándole un necesario respiro a sus familiares. En ese sentido, se propone crear una red de cuidadores domiciliarios conformado por personas capacitadas que visiten de manera periódica los domicilios y entreguen los cuidados necesarios de manera multidisciplinaria. Este programa sería voluntario, sumando a la comunidad al cuidado de sus adultos mayores, pudiendo además entregar no solo el cuidado de salud sino también emocional, a través de pasatiempos, juegos, lecturas, etc. 736. Paralelamente, se deben implementar programas de capacitación para el cuidado de adultos mayores y talleres grupales para cuidadoras, dando ayuda psicológica y contención emocional a través de la socialización de experiencias compartidas. En nuestro país, existen iniciativas parecidas como las llevadas a cabo por “Chile Cuida” de la Fundación de las Familias. Otras iniciativas dicen relación con cuidadoras temporales, que permiten entregar cuidados durante vacaciones o temporadas más largas. 737. Estrategia de prevención y autocuidado: Menester resulta educar a la población acerca de la expectativa de vida de los chilenos, las prácticas conducentes a un envejecimiento saludable y la prevención de la dependencia. Educar a la población es necesario, pero no suficiente para generar un cambio sustentable en las conductas. 738. También es importante implementar estrategias a nivel individual y comunitario para promover un envejecimiento activo. Esta estrategia debe desplegarse localmente en coordinación con los municipios, la red de atención primaria y un grupo de profesionales en terreno que lleve los avances. Especialmente se ve la necesidad de fortalecer la atención primaria, de manera que cuenten con los especialistas requeridos y con un sistema de atención de cuidado continuo, que permita hacerse cargo de manera paulatina de las necesidades del adulto mayor a medida que se va perdiendo funcionalidad. Evidentemente, este esfuerzo requiere además de un trabajo integrado con las familias y cuidadoras, para dar un trato adecuado en cada etapa. 739.

Formación de especialistas en Geriatría: Actualmente existe un preocupante déficit de especialistas en geriatría que permitan tratar a los adultos mayores ante los cambios físicos que se ven expuestos con el envejecimiento. Si la 183

recomendación internacional es de 1 especialista por cada 5.000 adultos mayores, nuestro país está en una relación de 1 por cada 60.000, con cerca de 300 especialistas. Este déficit repercute de manera dramática en aquella población situada en zonas geográficas aisladas. Para enmendar esta carencia, se propiciará un fomento disciplinar mediante el aumento de becas de especialidad, así como la mejora en salarios y condiciones laborales. 740. Propuestas de apoyo económico: Aunque fundamental, los cambios en el sistema previsional no bastan para asegurar la seguridad material de los adultos mayores del país. Por lo mismo, además del aumento en los montos y cobertura del Pilar Solidario, financiamiento realizado de manera progresiva y sustentable a través de impuestos generales, se implementará de manera gradual un seguro social de dependencia para personas mayores que requieran ayuda de terceros, incluyendo un mecanismo de apoyo para los cuidadores familiares y formales. 741. Respecto a la vivienda, por un lado, promoveremos la corrección y fortalecimiento del Programa Condominio de Vivienda Tutelada (CVT) del SENAMA, proyecto gubernamental dirigido a personas mayores autovalentes en situación de vulnerabilidad para que acceder a una vivienda dentro de un condominio habitacional, con espacios y áreas comunes en donde se les entrega también apoyo psicosocial. Actualmente, existen 48 CVT a lo largo del Chile y, si bien han poseído relativo éxito, poseen problemas en la gestión necesarios de ser subsanados. Uno de estos problemas, quizás el principal, versa sobre la total ausencia de relación con la necesidad y concentración de adultos mayores y los sectores de emplazamiento, explicando que muchos CVT se hallen en terrenos apartados. Para solucionar esta situación, es fundamental que los terrenos en donde se emplacen queden bien ubicados, con accesibilidad alta a servicios y transporte público. 742. Una propuesta para promover que se entreguen buenos terrenos es generar el incentivo de dar a las municipalidades cupos asegurados para adultos mayores de sus comunas. Además, las viviendas deben estar adaptadas y cumplir con las condiciones necesarias para ser habitadas por personas mayores. 743. Para aquellos adultos mayores propietarios, se proponen tres programas diferentes, a saber, (i) la generación de un subsidio de mejoramiento y adaptabilidad de las viviendas con miras a la mantención del entorno, preservando su identidad en una comunidad con un entorno reconocible y en un contexto social intergeneracional; (ii) la generación del “Envejecer en Casa”; y (iii) fomento del programa de Co-Housing consistente en la incorporación de un estudiante universitario que requiera vivienda en un hogar de persona mayor a cambio de asistencia en trabajos específicos como aseo, preparación de alimentos y/o compras. 744.

Finalmente, en materia de vivienda, una manera de aumentar los ingresos es a través de la hipoteca revertida. A través de este mecanismo, el propietario de la casa constituye una hipoteca revertida (contrato de mutuo hipotecario) que será 184

vitalicio, mediante el cual la entidad bancaria irá abonando el monto de dinero mensualmente, con cargo de ir disminuyendo el valor de la vivienda. Una vez fallecido el beneficiario, los herederos tendrán la posibilidad de liquidar el remanente o pagar lo transferido para recuperar el inmueble. 745. Dado que el transporte constituye uno de los principales gastos de los adultos mayores, urge avanzar hacia una rebaja de la tarifa, que sea un reconocimiento universal para que los adultos mayores puedan acceder a un pago diferenciado mediante la Tarjeta Nacional del Adulto Mayor, simplificando el sistema de acceso, para que más personas puedan optar a este beneficio. 746. Por último, y al igual que en el caso de las personas en situación de discapacidad, se propenderá en aumento en la participación laboral de las personas mayores, permitiéndoles acceder a los programas de capacitación de SENCE e implementando nuevos subsidios para la contratación de adultos mayores. 747. Participación social y comunitaria: Dada su capital importancia en el mantenimiento de la autonomía y lucha con la soledad, se crearán incentivos tendientes a fortalecer las organizaciones y clubes de adultos mayores. Asimismo, se mejorará la infraestructura de las ciudades y sistemas de transportes, adaptándolas a las necesidades de movilidad de los adultos mayores. También se extenderá el programa de vacaciones para la tercera edad a un mayor número de beneficiarios, diversificando los destinos al interior del país. 748. Reformas institucionales: Alcanzar una Política Integral de Vejez requiere, forzosamente, una institucionalidad fuerte que tenga las facultades y atribuciones necesarias para fomentar el envejecimiento activo y el desarrollo de servicios sociales para las personas mayores, fortaleciendo su valoración y participación en la sociedad, por medio de la coordinación intersectorial, el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas. Coherente con lo anterior, se reforzará institucional y presupuestariamente al SENAMA. 749. Históricamente, una de las labores más descuidadas por parte del SENAMA es la fiscalización de los centros de larga estadía para adultos mayores, tarea que requiere una atención preferencial. Para ellos, se creará un reglamento que regule de manera especial la fiscalización a estos centros, la cual debe hacerse por profesionales especializados, contando con criterios claros sobre los estándares de calidad que deben cumplir, facultados para establecer sanciones que puedan significar el cierre del establecimiento. 750. También se creará la “Defensoría del Adulto Mayor”, instancia capaz de hacerse ejercer acciones judiciales que garanticen el pleno goce de los derechos humanos de los adultos mayores, representándolos en casos de abuso y teniendo la capacidad de tomar medidas de protección con sus facultades respectivas.

adultos mayores, especialmente a aquellos más vulnerables, que viven en hogares y establecimientos de larga estadía, y que no cuentan con los recursos para defenderse apropiadamente. 751. Prevención y cuidado del maltrato, abuso y negligencia infantil: Como sociedad tenemos el imperativo ético de propender hacia la total eliminación del maltrato y la negligencia infantil, con especial atención en los niños menores de 5 años. Para ello, debemos dar acceso a servicios e intervenciones y apoyos que mitiguen en daño, apoyando a niños y familiares. 752. Proveer acceso a información relevante sobre prevención y cuidado del maltrato, abuso y negligencia infantil. 753. Apoyar la oportunidad de acceso a programas apropiados para el acompañamiento, tratamiento u otras acciones que sean pertinentes para los casos de niños que han sido víctimas. 754. Aumentar la coordinación y colaboración entre las organizaciones públicas y privadas: todo el sistema debiera trabaja de manera colaborativa y centrados en el niño. 755. El niño tiene la oportunidad de acceder al sistema de manera oportuna. Para ello se proponen dos aproximaciones: a corto plazo, se creará una estrategia para que, dentro del sistema existente, se satisfagan las necesidades de intervención, tratamiento y respuesta a los niños de manera oportuna. A largo plazo, la estrategia consta de robustecer el sistema mediante acciones de prevención e intervención. 756. Promoveremos una agenda de prevención del abuso sexual infantil y acompañamiento a las víctimas y sus familias. Entre otras, avanzaremos en la implementación de las entrevistas video-grabadas, potenciaremos los programas de acompañamiento y la red pericial para darle coherencia a la oferta estatal y analizaremos modificaciones en los plazos y condiciones de prescripción de estos delitos y sus penas. 757. SENAME: Una medida urgente es el término inmediato del SENAME y su reemplazo por dos nuevas instituciones, el Servicio de Protección de la Infancia y Adolescencia y el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente. Este último, además, deberá segregar a aquellos infractores que se encuentren con pena de régimen cerrado, semicerrado y controlado. Para evitar el contagio criminológico, se propone crear un servicio social destinado a atender niños y jóvenes vulnerables, capacitándolos en oficios útiles. En tales menesteres, resulta imprescindible la colaboración de actores privados, sean instituciones educativas como empresas. 758. Por supuesto, la modificación institucional no basta para la mejora del sistema, debiendo sumarse cambios sustanciales tanto en términos económicos como 186

institucionales. Respecto al primero, urge elevar la subvención entregada a los organismos colaboradores. La atención residencial, en particular, presenta altos costos y, considerando que se quiere avanzar en la desinstitucionalización de los niños, es esperable que quienes permanecen en el sistema sean quienes requieran de un tratamiento más especializado. Sin embargo, a fin de evitar incentivos perversos tendientes a institucionalizar o desinstitucionalizar antes de tiempo, la subvención deberá estar condicionada a la matrícula en establecimiento educacionales y controles médicos al día. 759. Para promover la participación de más organismos colaboradores, se recomienda separar la provisión de infraestructura de la gestión. En principio, el Estado podría suministrar la infraestructura de los centros residenciales en futuras licitaciones, lo que disminuiría los costos de entrada para organismos que pueden entregar un buen servicio y el adecuado cuidado pero que no cuentan con los recursos suficientes para invertir en la infraestructura que un centro residencial requiere. Por supuesto, estos cambios irán aparejados con un sistema de acreditación y evaluación permanente de organismos colaboradores. 760. Institucionalidad: A las anteriores propuestas, se suma la modificación de la Ley de Adopciones para que cuando no sea posible que el niño vuelva con su familia, buscando la mejor familia adoptiva en función de su interés superior, asegurando un proceso rápido amparado en una nueva y moderna regulación. 761. Por último, se creará un sistema integrado y articulado de información para el seguimiento, monitoreo, evaluación y atención. Dicho sistema consolidará información de los ministerios y servicios públicos, la Fiscalía, los Tribunales de Familia, entre otras instituciones del Estado. Ello para realizar una intervención oportuna y reparadora ante la detección de casos de deserción escolar, ante el primer contacto con el sistema penal o ante el consumo problemático de drogas o alcohol, entre otros. 187

Atrévete a Recuperar nuestra Cultura Durante siglos, las políticas culturales, entendiendo por estas el conjunto de instituciones y acciones gubernamentales destinadas a contribuir a la protección del patrimonio material e inmaterial, creación artística y difusión cultural, fueron objeto de poco interés por gran parte de las autoridades políticas. Esto, a pesar de la capital importancia de la cultura en la realización personal, progreso económico y estabilidad democrática de las naciones. Probablemente, parte importante de la desvalorización y hostilidad al concepto de cultura emana de definiciones abstrusas, fruto de un intrincado desarrollo histórico en varios idiomas y múltiples usos por parte de disciplinas e ideologías distintas e incompatibles. Sin desmedro de lo anterior, el origen etimológico de la palabra cultura, del latín colere, otorga bastantes luces de su significado primigenio: habitar, cultivar, proteger, honrar con veneración. Entendemos por cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias heredadas de nuestros antepasados. A su vez, este conjunto de bienes materiales y espirituales que constituyen nuestro acervo histórico y cultural recibe el nombre de “Patrimonio”. En tanto origen a nuestra particular sociedad, el patrimonio es indisoluble del concepto de patria, derivando ambas de la misma raíz etimológica: pater (padre en latín). A nivel individual, la cultura otorga a todos los seres humanos la capacidad de reflexionar sobre sí mismos, el entorno social y el universo en su totalidad. A través de esta se expresa y toma conciencia, en una eterna búsqueda por la autorrealización, nuevas significaciones y la trascendencia. En tanto piedra angular y fundamento de toda sociedad, la persona humana y su herencia familiar, histórica y cultural, deben ser defendidas de todas aquellas fuerzas y doctrinas deconstruccionistas tendientes a cuestionar su naturaleza trascendente. La propia existencia humana tiende a la persecución del bien, la vida y la belleza. Sin embargo, en los últimos sesenta años, tanto Chile como el mundo han sido asolados por sistemáticas políticas de erradicación material y valórica que rechaza el legado de la patria, su historia y costumbres.

El reemplazo de la historia nacional por relatos interesados, la pérdida de lazos familiares y olvido de vetustas tradiciones, ha repercutido en un exacerbado materialismo, fractura de la amistad cívica, irresponsabilidad en los roles familiares y una generalizada desesperanza y pérdida de sentido individual. La defensa y promoción de la cultura, una cultura surgida de los propios chilenos provenientes de todos los rincones de esta tierra, sus recuerdos y esperanzas, dolores y alegrías, constituye la principal defensa de la comunidad en su conjunto. Nuestra historia patria y sus costumbres constituyen un legado trascendente, valores estables que constituyen la herencia más preciosa para el bienestar espiritual de la nación. Creemos que son las personas los titulares del derecho a participar de la vida cultural de la nación, debiendo contar con la libertad de producir y/o elegir a qué bienes y servicios 189

culturales acceder. La labor del Estado es asegurar tal derecho, promoviendo, difundiendo y cofinanciado el acceso a la cultura de los habitantes del país. De aquello se desprende que las políticas públicas en el ámbito cultural deben velar, de manera primordial, por la existencia de una amplia gama de visiones y proveedores de servicios culturales e industrias creativas en todos los rincones del país. Lo anterior no implica, necesariamente, que el Estado deba involucrarse en la provisión, ni en el financiamiento directo de organizaciones para tal suministro. Ni el Estado, ni las industrias culturales o personas específicas tienen derecho a monopolizar la provisión de bienes culturales. Luego de 20 años de políticas culturales de subsidio a la oferta, oferta totalmente desligada de las necesidades e intereses de la población, menester resulta un cambio radical de paradigma. Para tales efectos, proponemos sendas modificaciones tanto en la creación como la difusión de la cultura y las artes. Urge una profesionalización de la producción artística y cultural. La falta de transparencia en la asignación de fondos ha decantado en el surgimiento de una “élite cultural” dependiente del aparato público y, por ende, altamente politizada. Se propone crear nuevos estándares de asignación de fondos, públicos y basados en la trayectoria, méritos e impacto real en la población. Sobre la difusión y el foco sociodemográfico, se debe poner particular énfasis en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad: niños, ancianos y sectores populares. Se crearán mecanismos eficientes y focalizados que permitan crear audiencias y subsidiar la demanda. A lo anterior, se suman medidas tendientes a proteger la identidad nacional, el patrimonio y fomentar la participación de actores privados en el financiamiento de la actividad cultural. Algunas propuestas: 762. Tenemos la certeza que la población se conmueve y moviliza ante la cultura de calidad. Por tanto, la baja asistencia a los distintos espectáculos obedece primordialmente a la baja calidad de estos. Para remediar este déficit, se proponen crear incentivos para producciones de mayor nivel, entregando fondos a programas audiovisuales edificantes, financiamiento de exposiciones de categoría internacional, entre otras medidas. 763. Asimismo, se crearán mecanismos de asignación de recursos estatales destinados a cultura que incluya como criterio el interés de la población manifestado en asistencia a eventos, participación y otros similares. Especialmente importante resulta el involucramiento de aquellos grupos sociales más vulnerables, quienes actualmente no tienen mayor acceso a la vida cultural de la nación. Debe transitarse desde un modelo de financiamiento cooptado por grupos de interés hacia uno abierto a la comunidad, única garantía de un acceso universal a la cultura. 190

764. Se revisarán los mecanismos de financiamiento que tiene el Museo de Bellas Artes para efectos de aumentar significativamente su presupuesto con miras a desarrollar exposiciones de nivel internacional, acordes a la importancia que debería tener este museo. Paralelamente, se considerará un presupuesto especial para la adquisición de obras de arte que puedan enriquecer las pinacotecas nacionales con trabajos tanto de artistas nacionales como internacionales. 765. Se crearán concursos nacionales de distintas categorías para encontrar y promover nuevos talentos o consagrar talentos omitidos. 766. También se desarrollarán concursos nacionales de arquitectura con la misma modalidad para los proyectos emblemáticos, como museos regionales, salas de concierto o teatro, danza o bibliotecas. 767. Debe terminarse todo financiamiento desde el Ministerio de Cultura a organizaciones enfocadas a materias distintas a la difusión artística, cultural y patrimonial. No son materias de este ministerio, entre otros: (i) ONGs, proyectos u actividades de corte político partidista o ideológico (por ejemplo, Fundación Salvador Allende, Fundación Eduardo Frei). (ii) Organizaciones de Derechos Humanos. Estas deberán buscar financiamiento privado o en la Subsecretaría de Derechos Humanos, entidad dependiente del Ministerio de Justicia. 768. La mayor parte de los fondos de cultura deben ser otorgados mediante concursos públicos anónimos, otorgando la posibilidad de una verdadera competencia entre instituciones. Solo así podrán terminarse prácticas que laceran la fe pública como preferencias, cuotas preasignadas y los denominados “pitutos” de cualquier tipo. 769. Parte significativa del financiamiento cultural se destinará al rescate de nuestras tradiciones. 770. Urge una reivindicación de la verdad histórica en museos, instituciones, bibliografía especializada y textos de enseñanza culturales e historiográficos. 771. Reivindicar el idioma castellano, eliminando el lenguaje de género y de incitación a la lucha de clases, étnica o cualquier doctrina tendiente a la división nacional. 772. Velar porque todo el material cultural y científico dirigido niños y jóvenes esté sustentado en evidencia empírica comprobable, diferenciándolo claramente de argumentos ideológicos sin sustento científico o racional. 773. Recuperar los feriados nacionales, sean estos productos de efemérides republicanas, religiosas o internacionales, en sus días conmemorativos respectivos, para efectos de profundizar el conocimiento de nuestra historia y herencia cultural. 191

774. Se deben reasignar fondos estatales hacia museos e instituciones estatales, monumentos nacionales, sitios arqueológicos, sitios históricos e iglesias patrimoniales, cuya asignación de recursos ha sido precaria comparada con otros ámbitos de la cultura. 775. Fomentar la creación de espacios culturales, a través de concursos públicos abiertos y anónimos, donde se integren las distintas disciplinas artísticas, procurando que los edificios posean una infraestructura adecuada, a saber, camarines, salas de ensayo, escenarios, entre otras. Del mismo modo, se abrirán salas de exposiciones para dar mayores posibilidades tanto a artistas emergentes como a autores nacionales consagrados. 776. Seguir con todos los programas de restauración y conservación del patrimonio cultural a lo largo de Chile, instando a que el CNCR (Centro Nacional de Conservación y Restauración) otorgue asistencia a los museos a lo largo de Chile, propósito por el cual fue creado. 777. Potenciar la creación y difusión cultural, a partir de las propias comunidades indígenas, para recopilar cuentos, tradiciones, cantos e idiomas. Lograr que esta recopilación encuentre una bajada en todas las áreas tales como la publicación de libros, material audiovisual, teatro, música, danza y pintura, sin sesgo político, para dignificar nuestra herencia, poniendo énfasis en la primera infancia. 778. Promover una visión país del arte y la cultura, que recoja también nuestra identidad dentro de toda su riqueza occidental y precolombina. Recuperar y promover libros, películas, obras de teatro, música, danza, pintura y documentales, que son parte de la tradición chilena y universal. También se debe recuperar y difundir nuestra historia, héroes y personajes notables a través de medios novedosos y atractivos, entiéndase, series, películas, plataformas online, etc. 779. Mejorar la infraestructura de los lugares con declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, junto con agilizar los procesos de conservación pues los reglamentos impiden a las comunidades hacer las reparaciones y mantenciones necesarias, dejándolos en riesgo. 780. Se sancionará severamente los daños infringidos al patrimonio, tanto a los individuos perpetradores como a las autoridades cuya obligación es preservarlo 781. En relación a los concursos públicos, se revisarán los procesos de asignación de fondos para la cultura, tanto en las comisiones calificadoras como en los jurados. Estos últimos deberán tener un currículum destacado, así como una trayectoria sólida de trabajo. Los nombres de los que integren estas comisiones y sus votaciones deben ser conocidos públicamente.

Respecto al proceso de selección propiamente tal, se deberá velar por el cumplimiento cabal de las políticas de transparencia estipulados en el reglamento del Ministerio, así como la 192

investigación de eventuales conflictos de intereses al momento de entregar un fondo. 782. Deben existir fuertes sanciones para los artistas o los agentes culturales que no cumplan con las condiciones exigidas en las bases para la realización de los proyectos y los plazos estipulados. 783. Se propone crear una nueva ley de mecenazgo que facilite las iniciativas culturales de los privados, sean empresas o personas naturales que quieran desarrollar una actividad económica en torno a la cultura. Esta ley, además, deberá incentivar la creación, construcción y mantención de infraestructura arquitectónica (teatros, bibliotecas, museos, galerías o salas de concierto), a través de incentivos tributarios de hasta un 100% deducibles sobre una base imponible, dependiendo del impacto social que tengan a nivel de barrio, comuna, ciudad, región o país. Menester resulta que esta nueva ley elimine la obligatoriedad de gratuidad de los espectáculos, libros o cualquier actividad financiada vía donación. Por supuesto, aquello no implica la eliminación de cuotas de gratuidad. 784. Con miras a velar por la calidad de los proyectos beneficiados, la nueva ley de mecenazgo deberá contar con un jurado externo y cláusulas específicas. Asimismo, se sugiere la creación de sistemas más simplificados de financiamiento para fomentar la filantropía y mecenazgo. 785. Se debe facilitar la reglamentación, eliminando aquellos trámites que involucran al Ministerio. En los casos que fuera necesario, aplicar un sistema abreviado de emisión de los certificados para proyectos, mediante un sistema digital, tal como se hizo para las Donaciones con Fines Sociales. 786. Promover, apoyar y expandir el sistema de pasantías y residencias, para desarrollar actividades en conjunto con las comunidades en Chile. Flexibilizar la duración de estas, ya que los plazos de tres meses estipulados de residencias, hace inviables muchos proyectos. 787. Promover, apoyar y expandir programas de becas y pasantías internacionales en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y ProChile. Difundir e impulsar la Beca Chile Crea. 788. Se deberá trabajar profundamente las comunicaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, promocionando a los artistas que representan a Chile en el extranjero, sus creaciones y las diversas manifestaciones de la cultura chilena. También se continuará y aumentará la promoción de los artistas nacionales en las bienales y ferias de arte internacionales, concursos musicales, festivales de cine, etc. Esta labor debe ser ejecutada por embajadas y consulados, limitando la figura del “agregado cultural” a destinos estratégicos, a saber, Nueva York, París, Buenos Aires y Beijing. 193

789. Corresponderá al Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. Lo anterior implica una especial dedicación del Estado al rescate y difusión de la cultura y lenguaje indígena, tradiciones campesinas y urbanas y preservación del patrimonio arquitectónico colonial, religioso y republicano. 790. Se creará un sistema de vouchers destinados a jóvenes, ancianos y familias vulnerables que cofinancien bienes o servicios culturales. 791. Creación y formación de audiencias para las artes escénicas, música y cine en juntas de vecinos, asociaciones gremiales y comunidades educativas municipales. Esto siempre en respuesta a la opinión e intereses de la comunidad. 792. Ampliar la participación de personas en los programas sociales que tengan relación con la creación de artesanías o la recuperación de sus culturas locales. Muchos de estos programas están actualmente restringidos a personas que califiquen a segmentos socioeconómicos bajos, obviando el legítimo interés por parte de personas que han superado la barrera de la pobreza de participar en los talleres gubernamentales de capacitación. Creemos que se podría estar atentando contra el derecho a igualdad ante la ley y el derecho a la cultura. Esto les permitiría tener competencias que les podrían posibilitar hacer un emprendimiento, mejorando su nivel de vida cultural y económica. 793. Difundir de manera más eficiente las actividades que se realizan a lo largo del país por medio de calendarios u otros medios, tanto para el turismo, los colegios, las instituciones, universidades, municipalidades, aeropuertos etc. 794. Masiva incorporación de tecnología al mundo de la cultura. En primera instancia, se propone crear aplicaciones que den cuenta de todas las actividades artísticoculturales circundantes. Además, se implementará de manera masiva una red nacional de fibra óptica en todos los espacios culturales, permitiendo la transmisión en línea de grandes eventos y la circulación de contenidos. 795. Ante el crónico déficit presupuestario presentado por Televisión Nacional de Chile (TVN), sumado al continuo financiamiento por parte del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de iniciativas político-ideológicas ajenas al interés público, se propone una radical modificación del rol estatal en la difusión, financiamiento y regulación de la televisión pública. Respecto a los fondos audiovisuales, el financiamiento se enfocará de manera exclusiva en la creación de contenidos de altísima calidad. Para tales efectos, se crearán propuestas de licitación con contenidos específicos (por ejemplo, pueblos andinos, astronomía, vida silvestre, etc.).

Tal como en el caso de los concursos antes referidos, las propuestas serán anónimas, mientras los jurados estarán conformados por profesionales con una sólida experiencia laboral y académica. 194

796. Por su parte, TVN deberá constituirse en un agente activo en la difusión y promoción de la cultura en nuestro país, cumpliendo un papel de promoción, respeto y valoración de la cultura chilena y su desarrollo, junto con el fortalecimiento de la familia, el conocimiento de la tierra en que vivimos, sus habitantes y logros científicos, artísticos, deportivos, culinarios y arquitectónicos. Alternativamente, TVN será privatizada vía venta directa o a través de un sistema de capitalismo popular en que el Estado haga socios accionarios a todos los ciudadanos del país, pago de dividendos mediante. 797. La función de las bibliotecas a nivel nacional es crucial. La promoción de la creación de estas por parte de los municipios, universidades, colegios y privados es fundamental para el crecimiento cultural del país. El diseño arquitectónico debería ser atractivo y amable para que pueda transformarse en un centro cultural acogedor. Es clave incentivar iniciativas como Bibliotecas Infantiles en los distintos pueblos de Chile, donde se genere la cultura de la responsabilidad del cuidado del libro prestado, haciendo al primer lector parte de la comunidad 798. Generar proyectos creativos como, por ejemplo, las Bibliotecas Flotantes en pequeños barrios. Para tales efectos, se deberá hacer una fuerte inversión en autores clásicos y traducciones de obras notables, ampliando el stock existente y haciendo accesible a producciones representativas de la diversidad de opiniones existentes en el país. 799. El amor por la lectura empieza desde la más temprana edad. Para tales efectos, se incorporará al currículum de la educación preescolar y primer ciclo básico actividades que lleven a los niños en forma natural a la lectura utilizando herramientas tales como los cuenta cuentos, teatro, dibujo, entre otros. Del mismo modo las escuelas deben tener libros que incentiven la curiosidad y la facilidad de leer. 800. Es de suma importancia revisar el tipo de diseño de los textos escolares, ya que la aproximación que tengan con la lectura en el colegio va a tener una directa implicancia en su amor, disfrute y consumo de lectura durante toda su vida. La elección de los libros del currículum escolar deberá priorizar autores clásicos, ya que han sido cautivadores de audiencias probadas. 801. Proponer sanciones severas y ejemplificadoras a quienes incurran en vandalismo, destrucción y grafitis sobre edificios patrimoniales, fachadas, monumentos, parques y todo espacio público. Paralelamente, se debe incorporar en el currículum preescolar y del primer ciclo básico programas de formación orientados a la valoración, cuidado y respeto de todos los espacios públicos y privados. 802.

Difundir de manera más eficiente las actividades que se realizan a lo largo del país por medio de calendarios u otros medios, tanto para el turismo, los colegios, las instituciones, universidades, municipalidades, aeropuertos etc. 195

803. Generar alianzas estratégicas que permitan a las audiencias de televisión a acceder a las distintas producciones artísticas hechas en Chile y el extranjero como ópera, conciertos, teatro, danza, exposiciones y otras actividades relacionadas con la cultura chilena, el folklore, zarzuela, escuadras ecuestres y rodeo entre otros. 804. Promover la agenda cultural a través de canales nacionales y regionales de televisión, radios, diarios y revistas donde se informe sobre becas, fondos, concursos, residencias, pasantías y audiciones que hoy se pierden por falta de difusión. 805. Se propone cambiar el nombre del Ministerio de las Culturas, de las Artes y del Patrimonio por Ministerio de Cultura. Resulta poco sensato que, en tanto encargado de salvaguardar el acervo cultural del país, sea incapaz de utilizar el lenguaje en forma eficiente. La “cultura chilena” se conforma de la convivencia de distintas culturas, provenientes de distintas etnias, tanto de las indígenas, mestizas como de las nuevas olas migratorias. Resulta más que evidente que el mero concepto de “Cultura” engloba “Patrimonio” y “Artes”. 806. La Ley 21.045 que dio origen al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio exhibe una preocupante adhesión a los conceptos culturales definidos por la ONU. 807. Creación de un consejo asesor de Pueblos Indígenas. Se debe precisar que los integrantes no deberán pertenecer a ningún partido político, ni haber participado en movimientos subversivos, siendo representantes efectivos de sus comunidades en el quehacer cultural. Estos representantes deben ser electos en elecciones democráticas directas, transparentes y representativas. 196

Atrévete a Recuperar la Paz Social Desde el 18 de octubre de 2019, las principales plazas de las ciudades del país y los puntos de concentración tradicionales, se han convertido en un carnaval de violencia permanente. No solo fue un estallido antisocial que destruyó decenas de estaciones de metros, vandalizó cientos de comercio y tuvo al país al borde de una crisis social irrecuperable, sino que, principalmente, inauguró un estilo de protesta violenta que no ha terminado desde entonces. El gobierno, en conjunto con las fuerzas policiales, ha intentado todo tipo de estrategias para enfrentar los desafíos de la reimposición del orden público. Pero ninguna de las tácticas empleadas ha tenido efecto: todos los viernes, luego de haber recuperado cierta normalidad de las restricciones de la pandemia, ha terminado con incidentes graves y una amenaza importante a la Plaza Italia, sectores de la Alameda y otros lugares emblemáticos de nuestro país. Promesas más, promesas menos, el Gobierno ha sido incapaz de controlar la violencia y la ciudad de Santiago y otras ciudades de Chile, reaccionan inertes, frente a esta vulneración regular. ¿De qué sirven las querellas contra quienes resulten responsables? ¿De qué sirven las grandilocuentes condenas a la violencia por parte de autoridades y dirigentes políticos? El mensaje, para cada agitador de la violencia, es categórico: vengan todos los viernes que nada les va a pasar. Ni las amenazas ni el lenguaje fuerte de condena han servido para atenuar la violencia. Se ensayan decenas de tácticas y estrategias para anticipar los problemas, pero siempre se llega al resultado similar. Es una fiesta, de odio e intolerancia, que va consumiendo el alma de Chile. El punto final de la incapacidad del gobierno quedó de manifiesto, al informar que la estatua del General Baquedano fuera removida de su lugar, lo que implica una verdadera capitulación frente a la violencia y una renuncia total a las convicciones más básicas de un estado democrático. Han pasado muchos meses y la estatua aún no vuelve, demostrando la incapacidad del Gobierno de reponer el orden y la autoridad. Si un gobierno no es capaz de controlar el orden público a diez cuadras de La Moneda, menos va a ser capaz de conducir un país. Que una vez te tome por sorpresa es tolerable, que sea todos los viernes es inaceptable. El Gobierno debe combatir lel terrorismo urbano con fuerza y sin ambigüedad; debe elegir estar del lado del estado de derecho y no del vandalismo; el Estado debe proteger la seguridad de sus ciudadanos; el Estado debe defender la democracia, con todo el rigor de la ley.

Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y el desarrollo, con la ley y el orden, y hacemos un llamado al Gobierno, al Congreso y al resto de las instituciones a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para reponer el Estado de Derecho que ha sido 198

vulnerado en Santiago, Valparaíso, Antofagasta y decenas de ciudades en el resto del país, con todas las herramientas que dispone la ley. Hacemos un llamado concreto al Gobierno para que disponga de la coordinación efectiva de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública con los medios militares de las Fuerzas Armadas si es que son necesarios, y todo el apoyo material posible, para hacer efectiva la vigencia de la ley en todo el país y ponerle fin a los grupos violentistas que están asolando las calles de Chile en total impunidad. Finalmente, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a condenar con fuerza y sin ambigüedades ni excusas a estos grupos violentistas y a comprometer su apoyo político y legislativo para sacar adelante la agenda de seguridad que permita elevar las penas y entregar más atribuciones a Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas para cumplir su rol en la recuperación del Estado de Derecho en el país. No es aceptable, bajo ningún punto de vista, que se siga vulnerando el estado de derecho y se ejercite la violencia en total impunidad. Llegó la hora de frenar el vandalismo, llegó la hora de recuperar la paz social. En esa línea, proponemos como medidas y acciones urgentes: 808. Revisar completamente los protocolos e instructivos de acción de Carabineros para actuar en materia del orden público, teniendo como referencia el modelo Miami de Estados Unidos para poder hacer más efectiva la intervención policial. Para ello, se requiere el compromiso de apoyo total de la autoridad civil a las actuaciones de Carabineros de Chile, la autorización para el uso de escopetas antidisturbios y todo tipo de instrumentos de disuasión efectiva. 809. Zonas de Exclusión de Protestas aplicables a los ejes tradicionales de conflicto que se han presentado en los últimos dos años a lo largo del país. Para ello, se deberá hacer un estudio y evaluación permanente de los perímetros que deberán cerrarse y los horarios y fechas en que éstos cierres se llevarán a cabo, de manera de no afectar a las personas que viven, trabajan o ejercen el comercio en estos lugares. 810. Cierre Estratégico de sectores cercanos a lugares de protesta que permita controlar e impedir el acceso de personas que vayan solo a provocar desórdenes. Los lugares de control y acceso serán evaluados permanentemente, así como también los horarios y días en que se impondrá esta medida. 811. Equipo Especial de la Fiscalía en lugares estratégicos, como en el lugar del Monumento del General Baquedano en Santiago o en la Plaza Aníbal Pinto en Valparaíso, preparado para reunir evidencia y coordinar acciones conjuntas con Carabineros. El anunciado equipo deberá emplazarse en el centro de las acciones vandálicas para monitorear in situ las acciones a realizar. 199

812. Reforma Legal que obligue al Instituto de DDHH, mientras siga vigente, para documentar y perseguir la responsabilidad de los agresores de Carabineros y un Equipo especial del Instituto de DDHH en cada uno de los lugares de mayor vandalismo, de manera de situarlos directamente del lado de las fuerzas policiales y potenciar la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos, civiles o policiales. Durante los últimos años, el INDDHH ha cumplido el inadecuado rol de tomar partido por los violentistas y no por los ciudadanos honestos y las fuerzas policiales que lo protegen. 813. Fondo para Víctimas del Terrorismo Urbano entendida como los daños, perjuicios y lesiones atribuibles a la acción de manifestantes y vándalos que ocurre en la inmediación de las protestas violentas. Especialmente enfocado en los emprendimientos y comercios que han visto afectada, severamente, su capacidad de trabajar. 814. Reforma Legal para obligar a imputados a responder por daños producidos en desórdenes públicos, incluyendo reparar y repintar destrozos en la ciudad. El producto de las multas será destinado al fondo de víctimas y el trabajo comunitario se concentrará en las zonas más afectadas por las protestas. 815. Aumento de sanciones para grafitis que permita disuadir la realización de estos actos que ensucian la ciudad. Hoy las ciudades de Chile están sucias y las calles llenas de rayados e insultos. 816. Aumento de Sanción Civil para padres de menores involucrados en desórdenes públicos que permita ampliar la responsabilidad de los participantes en desordenes públicos a su familia. 817. Registro y Empadronamiento de Manifestantes y Protestantes violentos, para que los agresores recurrentes sean identificados públicamente y se facilite su condena en caso de reiteración de hechos graves y su exclusión de zonas donde podrían generarse protestas. 818. Prohibir el emplazamiento de vendedores ambulantes ilegales en los ejes principales de los centros cívicos del país, como por ejemplo Alameda/Providencia, con el objeto de reducir los espacios de ilegalidad, la venta de drogas y de elementos utilizados en las protestas violentas. 819. Aumentar significativamente la dotación de personal de seguridad municipal, redestinando recursos a los municipios más afectados por las olas de violencia en el último tiempo y habilitación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos para ayudar a conseguir evidencia en contra de los manifestantes violentos. 200

Atrévete a Frenar la Inmigración Ilegal Desde hace años, y en particular en los últimos meses, en el norte de Chile, se ha venido gestando una catástrofe humanitaria de proporciones que aún estamos a tiempo de contener y resolver. Por una parte, miles de migrantes provenientes de distintos países que realizan una travesía inhumana y que pone en riesgo las vidas de adultos, niños y ancianos en medio de las condiciones extremas del altiplano. Por otra parte, se pone en riesgo la vida, seguridad y tranquilidad de millones de chilenos y extranjeros que en Colchane, Iquique, Santiago o tantas ciudades, han visto como el aumento desorbitado de migrantes hace colapsar los territorios, servicios básicos y condiciones mínimas de vida de quienes llegan o quienes viven en un lugar. Desde la elite política y social, se repiten frases genéricas de aceptación como “todos somos migrantes” o se replican cifras y datos sobre baja criminalidad, alta escolaridad y supuesto aporte impositivo de los migrantes a la comunidad nacional que justificarían su inclusión total a nuestro país. Pero esa visión parcial, y a veces equivocada, desconoce por completo la realidad de quienes son impactados directamente por la llegada de migrantes a sus territorios; del impacto que tiene el uso de servicios básicos proveídos por el Estado; de los aumentos de precios en los arriendos; o la disminución de los salarios y disponibilidad de empleos en medio de la crisis económica actual. “Son muy amables” dicen algunos, mientras otros agradecen “su aporte multicultural” a nuestro entorno. Nada de eso está en cuestionamiento, sino que en el centro de una política migratoria seria y responsable, debe analizarse el impacto cuantitativo de las olas migratorias recientes provenientes de República Dominicana, Haití y Venezuela, y la tensión significativa que surge a partir de la llegada, cada vez más masiva, de inmigrantes a nuestro país. Junto con ello, no hay que olvidar el problema fundamental: la ilegalidad que cometen quienes cruzan la frontera de manera clandestina y que, no solo vicia de origen su ingreso al país, sino que es un vicio que permanece en el tiempo y que los condiciona en el acceso a servicios y apoyos básicos, y los somete a abusos permanentes en sus condiciones de habitabilidad, laboral y en su integración social.

Precisamente, donde la afectación a los derechos humanos es mayor es en el abuso que grupos de traficantes de personas realizan al engañar a los migrantes que vienen a Chile; los abusos que cometen los intermediarios que los trasladan al interior de Chile; los abusos de quienes los contratan informalmente y los explotan en condiciones indignas; lo abusos, finalmente, de quienes les arriendan departamentos, habitaciones e incluso colchones, a precios exorbitantes y en condiciones infrahumanas. Desde 2014, cuando asumió el Gobierno de Michelle Bachelet y ante la omisión cómplice del Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz y la Jefa de Gabinete de Bachelet, luego Ministra Vocera de Gobierno, Paula Narváez, más de 1.000.000 de migrantes han entrado a Chile pasando a configurar desde un 2% del total de la población en el país, a más del 8%, en tan solo seis años. Pero en realidad, todos saben que las cifras en verdad superan el 10% de la población y a pasos agigantados nos acercamos a los 2.000.000 de 202

extranjeros viviendo en Chile. Más de 30 mil, según lo que se ha podido registrar, han ingresado ilegalmente por pasos fronterizos no habilitados. Solo en último mes, ya se contabilizan más de 2.000 ingresos ilegales lo que ha llevado al límite la capacidad de Colchane para enfrentar este problema. Frente a esta realidad, algunos se quedan cómodos en su posición y pontifican sobre el derecho a migrar como un derecho humano y la apertura de fronteras total, sin controles ni requisitos. Otros, en tanto, prometen soluciones y anuncian medidas, sin que éstas se hagan efectivas y establezcan límites reales a una situación incontrolable. Desde el Partido Republicano, reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos de todos los chilenos y extranjeros que están en nuestro territorio, pero hacemos un llamado concreto a respetar la ley y hacerla respetar con la mayor rigurosidad posible para evitar una catástrofe humanitaria. Hacemos un llamado concreto al Gobierno a que acelere las medidas para detener el ingreso de inmigrantes ilegales por los pasos fronterizos no habilitados; para frenar el traslado de inmigrantes ilegales desde las localidades fronterizas a ciudades como Arica, Iquique y Antofagasta; y para ponerle fin al desplazamiento de los migrantes hacia Santiago y otras ciudades del sur. Finalmente, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a contribuir a resolver esta crisis y no a exacerbarla, y comprometer el apoyo político y legislativo a las medidas que tiene que tomar el Gobierno en esta materia y que permitan implementar las soluciones urgentes que se requieren. En esa línea, proponemos como medidas y acciones urgentes: 820. Establecimiento de un Recinto Transitorio de Inmigrantes Ilegales, que permita darle alojamiento, comida y atención de salud a las personas que crucen a Chile por pasos no habilitados y que se encuentren de manera irregular en nuestro territorio, con el solo objeto de preparar su expulsión del país. Este recinto deberá construirse en el altiplano, con módulos, carpas y todos los implementos necesarios para acoger adecuadamente a las personas y asimismo, contar con apoyo de personal de salud, legal y de seguridad suficientes para evitar el incumplimiento de cuarentenas y se adopten medidas que aseguren los procedimientos de expulsión del país. 821. Elaborar un Estatuto de Expulsión de Inmigrantes Ilegales que contenga – y sean adaptadas – todas las medidas administrativas y legales que permitan expulsar del país a las personas extranjeras que ingresen ilegalmente a nuestro territorio, evitando los recursos judiciales y administrativos que se utilizan para obstaculizar este proceso en la actualidad. 822.

Asignar los recursos e implementar soluciones concretas que permitan reforzar los puestos fronterizos en los pasos habilitados y los pasos informales que ya se encuentran identificados que incluyan la construcción de zanjas en los 203

perímetros cercanos a estos pasos, torres de vigilancia y habilitación de apoyo tecnológico (drones, visión nocturna) para anticiparse al cruce ilegal de personas por la frontera. 823. Habilitación de Cordones Migratorios en las rutas cercanas a la frontera y en el camino hacia Huara e Iquique, para impedir el traslado de migrantes ilegales en vehículo o a pie desde Colchane. Asimismo, incorporar controles entre Iquique y Antofagasta; y entre Antofagasta y Copiapó. Las personas que sean controladas y que no cuenten con documentación regular deberán ser trasladadas al Refugio Transitorio para proceder a su expulsión. 824. Instalar un Campamento Militar Temporal en la zona de Colchane que permita aumentar significativamente la dotación militar para asegurar un adecuado control de las fronteras mientras dure la emergencia. 825. Crear una Unidad Especializada de la Policia de Investigaciones que replique el modelo de la Unidad de Inmigration and Customs Enforcement (ICE) de Estados Unidos, con el objeto de buscar activamente a los inmigrantes ilegales en territorio nacional (de Arica a Punta Arenas) y proceder a su expulsión de Chile en el más breve plazo. 826. Proponer una Agenda Administrativa y Legislativa contra el Abuso de Inmigrantes que establezca sanciones concretas a conductas específicas de abuso en contra de migrantes y eleve las penas aplicables a todas las personas que abusan de migrantes ilegales en materia de arriendos, traslados, contratación y jornadas laborales informales, y otros relacionados. 827. Exigir a los Gobiernos de Bolivia, Perú y Argentina que refuercen sus fronteras y se hagan cargo de las caravanas de migrantes ilegales que provienen de sus territorios y que terminan en Chile por su negligencia y falta de control. Utilizar todas las herramientas diplomáticas disponibles y estudiar las alternativas que el derecho internacional dispone para enfrentar el incumplimiento de estos Gobiernos en materia de derecho humanitario. 828. Convocar a las instancias multilaterales a nivel regional y mundial que permitan visibilizar la grave crisis humanitaria que enfrenta Venezuela y exigir a ese país el control de sus fronteras y que haga los aportes financieros necesarios para dar refugio temporal a los inmigrantes y el posterior traslado a los expulsados de los distintos territorios. 829. Identificar, investigar y sancionar a las Organizaciones No Gubernamentales y entidades de la sociedad civil que están prestando ayuda y orientación a los inmigrantes ilegales para burlar la acción de la justicia y evitar su expulsión del país.

Considerar sanciones específicas y la cancelación de la personalidad jurídica a las instituciones y personas naturales que participan de estos procesos irregulares. 204